portada-colegios Cada año el Fisco entrega $420 mil millones a los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana. Usando datos que el Ministerio de Educación nunca ha sistematizado y un exhaustivo trabajo en terreno, CIPER levantó el catastro de la estafa y pudo demostrar cómo la falsificación de las asistencias de los alumnos se ha vuelto parte del negocio de los sostenedores. Un forado por donde desaparece el dinero destinado a la educación de más de un millón 800 mil hijos de la clase media baja a costa del lucro de unos pocos. Busque aquí su colegio y sepa los métodos para burlar la exigua fiscalización.
Cada año el Fisco entrega más de $420.000 millones a los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana. Lo paga sin saber si ese es de verdad el dinero que corresponde cancelar. Lo transfiere, literalmente, a ojos cerrados. Los datos y testimonios recopilados, sistematizados y analizados por CIPER, indican que gran parte de los colegios particulares subvencionados han integrado a su negocio la alteración constante de las asistencias para cobrar más subvenciones. Y que están dispuestos a pagar las exiguas multas que les cursan porque no alteran su margen de utilidades. Y que frente a eso, el Fisco es un ciego y puntual pagador.
En 2010, un cuarto de los casi 2.000 colegios particulares subvencionados bajo la supervisión de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, cometió “faltas graves” relacionadas con cobros de la subvención. El cuadro estadístico lo levantó CIPER con el registro de cada caso ya que este catastro no existe en el Ministerio de Educación (MINEDUC). Son 488 colegios en los que sus sostenedores adulteraron la información de los alumnos para obtener más dinero fiscal del que les correspondía. De esos establecimientos, 119 recibieron alguna multa que en promedio superó levemente $1.100.000. Así, la recaudación en multas fue de $131 millones en 2010 (Ver tabla de multas cursadas en 2010).
¿Qué pasó con los otros 388 establecimientos que también fueron sorprendidos falsificando instrumento público? No es posible precisarlo por el desorden de los datos que tiene el organismo fiscalizador. “Se supone” que unos 166 sostenedores también debieron pagar multa. Y “se supone”, porque según explica a CIPER Miguel Zárate, jefe jurídico de la Unidad Regional de Subvenciones del MINEDUC, con anterioridad al segundo semestre de 2010, “no había registro de las multas pagadas”.
-Yo creo que esas multas se cobraron, pero es que antes se operaba informalmente. Se abría un proceso administrativo, se notificaba, se llevaba a firme y eso se mandaba a la sección de pago. Y en la sección de pago se cobraba pero no se registraba en ningún lado.
-¿Entonces no hay manera saber el monto de las multas cobradas en el primer semestre de 2010?
-No. Salvo que en la sección de pagos hagan un ejercicio tremendo de revisar el sistema computacional, que además no va a ser efectivo y va a ser un enredo gigantesco. Todo el mundo sabe que antes no se hacía el registro.
De lo que sí hay registro es que 222 colegios a los cuales los inspectores sorprendieron en “faltas graves” fueron sobreseídos. ¿Por qué? Miguel Zárate explica que para castigar por una “falta grave”, era necesario acreditar dolo: la voluntad deliberada de hacer el daño. “Pero los sostenedores le echaban la culpa al profesor, decían que él se había equivocado y habitualmente aportaban declaraciones jurada del docente echándose la culpa. Incluso mostraban que le habían hecho descuentos en la liquidación de sueldo. Y no había más que hacer”, dice Zárate.
Evidentemente el testimonio de esos profesores podía interpretarse como resultado de presiones laborales. Es por eso que, según dice Zárate, ese tipo de testimonios ya no se consideran. “Si fue intencional o fue un error, eso ya no se toma en cuenta. Hoy los sostenedores tienen la obligación de llevar un registro de asistencia fidedigno y real. Si no lo tienen son sancionados”.
De los establecimientos multados sólo 46 colegios, fueron castigados con la restitución del dinero público que obtuvieron de manera irregular. Y en apenas dos casos se aplicaron las penas más duras. El primero afectó a la Sociedad Educacional De Javig, dueña de la Escuela Especial de Lenguaje de Javig, ubicada en la comuna de El Monte, la que presentó cuatro incumplimientos graves en un mismo año: registrar como presentes a alumnos ausentes, mantener sus libros de clases incompletos, no tener registrada la asistencia en los días anteriores a la fiscalización y no tener tomada la asistencia después de la segunda hora de clases el mismo día de la inspección. El ministerio prohibió a la sociedad y a sus socios volver a incursionar en el negocio educativo.
El segundo castigo grave afectó a la Escuela Básica Andrés Alberto. En ese caso se aplicó la “revocación del RBD”, que en la práctica significa que la sostenedora (María Inés Campillay Jeraldo) no puede operar más el colegio por el que fue sancionada. Pero sí puede seguir en el negocio de la educación en un nuevo establecimiento.
En resumen, en 2010 el Fisco entregó $420 mil millones en subvenciones a colegios administrados por privados en la Región Metropolitana; detectó que un cuarto de los beneficiados falsificaba los datos para recibir más dinero y al final del año sancionó a un número desconocido de sostenedores por un monto que no es posible cuantificar con claridad.

FISCALIZACION DE UN DIA

Hay que precisar además que buena parte de los 488 colegios que cometieron faltas graves fueron sorprendidos durante el único día del año en que se fiscaliza a los establecimientos obligatoriamente: la llamada “visita integral”, que se realiza entre abril y junio.
La Seremi Metropolitana tiene 45 inspectores y no pueden cubrir a los 1.936 colegios que reciben la subvención fiscal. Por ello en 2010 los funcionarios lograron fiscalizar solo 1.688 colegios (el 87 % del total). Solo a algunos de ellos se les hizo una segunda visita para inspeccionar la veracidad de la asistencia que informaban. También se visitó a los que el año anterior habían sido sorprendido falsificando las listas de alumnos. Muchos volvieron a ser sorprendidos y por eso el recuento final de “faltas graves” de ese año fue de 1.497, cometidas por 488 establecimientos.
El hecho de que durante dos jornadas de fiscalización, se detecte a un tercio de los 1.688 colegios visitados adulterando un documento público, indica que se está frente a una práctica habitual. Para las decenas de profesores y ex directores entrevistados, es lógico que así sea. Si en un mes de invierno faltan tres alumnos por curso (piense en un colegio de 12 niveles y de dos cursos por nivel), adulterar la asistencia de esos alumnos todo el mes reporta $2.300.000 mensuales. Y eso si sólo se trata de una subvención básica por alumno de $ 32.000; pero la subvención sube dependiendo de las características de los alumnos hasta los $152 mil por niño al mes.
Si el inspector del MINEDUC fiscalizó un determinado colegio durante el primer semestre y no encontró nada, el sostenedor tiene la relativa certeza (no hay negocio sin riesgos, por supuesto) de que no volverá a visitarlo. Pero aún sabiendo que volverá, el costo de dos multas es menor que el ingreso de varios meses de asistencia completa. Así lo saben los fiscalizadores y profesores, y lo saben los mismos alumnos. Y cada día cientos de profesores inician la jornada formativa falsificando, por orden de su sostenedor, la lista de clases.
Frente a eso el Fisco es un ciego que no quiere ver. Los antecedentes que aparecen en este reportaje están sacados de las bases de datos del propio Ministerio de Educación obtenidas a través de la Ley de Transparencia. Con ellos se pudo construir, por primera vez, el mapa de los sostenedores que cometen faltas graves (Vea el mapa interactivo con la ubicación de estos colegios y las fichas con las irregularidades descubiertas en cada uno de ellos). Para configurarlo hubo que realizar un riguroso trabajo de cruce de datos que el MINEDUC nunca ha hecho, entre otras cosas, por el grado de desorden histórico que lleva a funcionarios a comentar: “hay infracciones que desaparecen del sistema”.
De hecho, al revisar esas bases oficiales este medio constató incoherencias tales como que 6 colegios particulares subvencionados figuren a la vez en la lista de multados y sobreseídos.
A pesar de la gravedad de las irregularidades constatadas, no existe en el Ministerio de Educación un cuadro que informe públicamente de las faltas y las sanciones impuestas, lo que permitiría a los padres saber qué clase de faltas se cometen en los establecimientos donde estudian sus hijos. El mapa elaborado por CIPER muestra gráficamente la masividad del engaño al Fisco, pues cada punto indica un lugar donde los dineros públicos no fueron bien usados.
A nivel nacional el Fisco invirtió en 2010 $ 2,6 billones en subvencionar la educación municipal y la particular. Eso representó el 54% del presupuesto destinado a Educación. A nivel país, la fiscalización de la correcta entrega de estos recursos a los sostenedores privados es igual que la que se ha descrito aquí para Santiago.

LA CALIDAD

Los datos recopilados por CIPER dejan en evidencia un hecho en el que se pone poca atención. No sólo hay una exigua fiscalización para saber si a un sostenedor le corresponden los recursos que se le entregan; tan importante como eso es que una vez que el Fisco traspasa el dinero público, el uso que el sostenedor hace de éste es asunto privado. Salvo el cumplimiento de acotadas obligaciones laborales y de infraestructura, el sostenedor puede hacer lo que quiera y el Fisco carece del derecho a fiscalizar, por ejemplo, si la educación que está financiando para los niños de clase media baja cumple con ciertos estándares mínimos de calidad.
En la práctica (salvo los colegios que reciben recursos a través de la Ley SEP, respecto de la cual Contraloría acaba de publicar un durísimo informe), la calidad de lo que se enseña en Chile no tiene otro control público que la medición del SIMCE. Y como es de conocimiento público, no se cierran colegios que arrojan malos SIMCE.
La teoría con la que se construyó el sistema sostiene que esos colegios deberían cerrarse solos, castigados por el mercado (las familias). Los economistas y técnicos explican que las familias dejarán los malos colegios y emigrarán a los buenos (llaman a eso “votar con los pies”). Como se verá en este reportaje, esa idea no puede sino provocar una sonrisa en los sostenedores que reciben recursos fiscales. Y ello porque en la mayor parte de los colegios particulares subvencionados los padres están atrapados pues solo pueden acceder a instituciones de similar calidad: deficiente.
Eso explica por qué en todos los establecimientos particulares subvencionados de la Región Metropolitana que visitó CIPER, la entrega de malos resultados SIMCE no provoca ni olas de protestas de apoderados ni reuniones de emergencia entre el sostenedor y los profesores como ocurre en una empresa ante un problema que pone en peligro el negocio. En este rubro, el día en que se entrega el SIMCE, se hace lo mismo de siempre y eso incluye partir la jornada falsificando la asistencia.
-En todas las reuniones que tuve con Jorge Cifuentes (uno de los sostenedores adulteradores detectados en esta investigación), nunca nos preguntó por el SIMCE ni qué pensábamos hacer para revertirlo. Lo único que hacía era preguntar cómo iba la asistencia -dice el ex director de uno de los colegios de este sostenedor.
La ceguera del Fisco no solo implica pérdida de recursos. Genera también ganadores y perdedores de carne y hueso. Víctor Aguilera Vásquez, con su cadena de colegios particulares subvencionados, es uno de los grandes ganadores del sistema. Mariela y su hijo, como se verá a continuación, son de los que pierden.

SERNAC DE LA LECTURA

Mariela (*) vive en una modesta villa de Maipú junto a su madre y su único hijo. Trabaja en un ministerio y su sueldo apenas roza los $300 mil mensuales. Víctor Aguilera Vásquez es uno de los más grandes sostenedores de colegios del país. En 2011 el Estado le confió más de $2.896 millones (**) para que impartiera enseñanza en los 13 establecimientos que administraba a esa fecha como persona natural o a través de sociedades.
Aguilera y Mariela no se conocen, pero sus vidas se cruzaron en 2010 cuando el hijo de ella entró a uno de los colegios de Aguilera, a la escuela básica Lo Errázuriz, que en la entrada tiene desplegado un lienzo antiguo: “Premio a la Excelencia académica otorgado por el Mineduc en marzo de 2002”.
Lo Errázuriz tiene 436 alumnos, todos de clase media baja. En 2010 recibió un aporte público de $177.461.986 por concepto de subvenciones escolares (vea los montos recibidos por todos los colegios particulares subvencionados metropolitanos en 2010 y 2011). Ese año, a Lo Errázuriz le detectaron cuatro faltas graves: “Registra presente a alumnos ausentes”; “libros de clases con enmendaduras en asistencia, registro de materias y otros”; “no registra asistencia en control por asignatura” y “libros de clases incompletos”. Por esas irregularidades pagó una multa de $379 mil.
Pero esos no son los únicos recursos que recibió el colegio. Víctor Aguilera cobra una mensualidad de $27 mil; y si todos los apoderados la pagaran Aguilera podría haber recibido en Lo Errázuriz otros $129.449.000 por concepto de “copago” de las familias de clase media baja. En total, en 2010 podrían haber ingresado a las arcas de su colegio hasta $306.953.986 (***).
Mariela decidió matricular al niño en Lo Errázuriz, confiada en que estaba haciendo algo bueno por su hijo. Los $27 mil mensuales equivalen casi al 10% de sus ingresos y es lo máximo que puede gastar en educación. Por eso, algo se le quebró adentro cuando la profesora le dijo que su niño no aprendería a leer, que no tenía las competencias, que mejor lo llevara a un especialista y que probablemente le darían medicamentos. Pero ya no tenía presupuesto para un especialista. Del dolor pasó a la angustia. Cada día, el chico volvía a casa como si no hubiese ido al colegio.
En su desesperación, se le ocurrió recortar cartones y dibujar letras en ellos. Al retornar del trabajo, apelando a las últimas energías de la jornada, juntaba dos o tres cartones y le enseñaba a su hijo cómo suenan las letras cuando se unen. “La pe con la a… pa”. Lo hizo a pura intuición, sin una pizca de técnica pedagógica.
Contra los pronósticos de la maestra, su hijo aprendió a leer rápidamente, se puso al día y hoy es uno de los mejores de su curso. En sintonía con el credo liberal que considera que la educación es un producto o una inversión, Mariela acusa que pagó $ 27 mil mensuales, con esfuerzo, por un servicio que jamás recibió y donde el trabajo lo terminó haciendo ella. Sin embargo, no hay un Sernac al que puede acudir a estampar su reclamo. Nada hay en las leyes que regulan la enseñanza que cautele que la educación que se imparte con fondos públicos deba cumplir con una calidad mínima. Recién, después de las movilizaciones del año pasado, se discuten en el Congreso normas que aseguren el cumplimiento de estándares de calidad en colegios que reciben dinero del Fisco, recursos que este año se empinan por sobre los $ 3,1 billones.
Es difícil encontrar otro sector de la economía que goce de subsidios estatales vigilados con tanta indolencia como curre con las subvenciones escolares.
-Es como si el Estado le pasara plata a un industrial para que fabrique zapatos. El tipo los fabrica mal: los zapatos se despegan y se pasan de agua, pero el Estado le sigue dando plata, año tras año, para que haga los mismos zapatos. A nadie le importa que no sirvan -dice un profesor que fue jefe de una Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de un colegio particular subvencionado y que pide la reserva de su nombre.

PRIMERA PRIORIDAD: ASISTENCIA

Cada día, los profesores del Complejo Educacional Simón Bolívar, en Quinta Normal, dedican los primeros minutos de la jornada a ubicar a los alumnos que no llegaron a clases. Los llaman a sus casas, a sus celulares, a los de sus padres. Los rastrean para conminarlos a que asistan. Por teléfono los levantan, los meten a la ducha y los ponen camino al aula. Podría pensarse que tal nivel de preocupación es una delicadeza que honra la profesión docente. Pero lo cierto es que el sostenedor del colegio, Víctor Aguilera Vásquez, les paga un bono de $ 17 mil mensuales si mantienen un promedio de asistencia sobre 94 por ciento.
Uno de los profesores cuenta que el sueldo promedio de los docentes es de $480 mil líquidos por 33 horas semanales, así que casi todos se la juegan por obtener el bono:
“Por lo menos nos sirve para pagar la micro. Acá no se pagan horas extra, no hay permisos con goce de sueldo y se descuentan los permisos”, dice uno de los docentes, quien relata que si uno de sus colegas falta, no se contrata un reemplazante a menos que presente una licencia superior a siete días. Y asegura que cuando un curso se queda sin profesor, mandan a otro que esté libre en ese bloque horario a “cuidar” a los alumnos y las horas de esa asignatura sencillamente se pierden -aunque la subvención por esas clases igual se cobra-, tal como se pierden los primeros minutos de cada jornada en la búsqueda y “acarreo” de los alumnos que no llegaron.
Contratar reemplazantes sólo si de por medio hay una licencia médica superior a siete días, es una práctica común en los colegios particulares subvencionados:
-Uno termina presionando a los colegas para que presenten licencias de siete días y después otros siete y otros siete, si la enfermedad es larga -cuenta un profesor que ha sido jefe de UTP en un establecimiento de este tipo.
A partir de su experiencia, asegura que “el equipo directivo de estos colegios, su director, el jefe de UTP, el inspector general y los coordinadores de básica y media, tienen como primera misión mantener los costos bajos y asegurar el flujo de ingresos, es decir, la asistencia de los alumnos. Uno funciona como administrador de una empresa”.
-La primera prioridad era la asistencia. La segunda, que no se formaran sindicatos. La tercera, “aburrir” a los profesores para que se fueran sin pagarles indemnización. La cuarta, recién, era el rendimiento de los alumnos -así describe un ex director de un colegio particular subvencionado los ejes de la misión que desempeñó en ese cargo. Él trabajó para otro de los grandes sostenedores: Jorge Cifuentes Narváez. Filomena Narváez, es otra megaempresaria de la educación subvencionada. Aunque actualmente dos de sus hijos la tratan de declarar interdicta (vea reportaje sobre los problemas que enfrenta), aún está a la cabeza de su universidad, la UNICIT y de su cadena de ocho colegios que son administrados por las sociedades educacionales Investigaciones Pedagógicas Galvarino Limitada e Investigaciones Pedagógicas Los Andes Country Day Collage. Estas sociedades en conjunto recibieron sobre $4.851 millones el año pasado por pago de subvenciones (**).
En 2010, uno de los establecimientos de Cifuentes, el Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa, registró siete faltas graves en las fiscalizaciones del Ministerio de Educación. Entre ellas, una de las irregularidades más serias que pesquisa el sistema: “Registrar presentes a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”.

LISTAS CON LÁPIZ DE GRÁFITO

Todos los profesores entrevistados por CIPER reconocieron que, en mayor o menor medida, los presionan para manipular la asistencia. Los métodos se reiteran: se les ordena pasar la lista con lápiz de grafito o que anoten a un costado, o en un papel aparte, a los ausentes. En ambos casos la lista queda firmada por el docente, pero finalmente la “pasa en limpio” el inspector o un administrativo. En algunos colegios donde los profesores se resisten a cumplir estas instrucciones, la lista la pasa directamente un inspector o un funcionario administrativo que recorre curso a curso, lo que está prohibido. En esos casos, de igual forma el profesor debe dejar firmada la asistencia, pero no tiene control sobre la veracidad de los datos que quedan estampados.
Cuando llega un fiscalizador de la Seremi de Educación, cuentan los docentes, es común que lo detengan un rato en la puerta con el cuento de que el director está ocupado, luego lo hacen pasar a una oficina y alguien del equipo directivo se encarga de “entretenerlo”, de “meterle conversa” y ofrecerle “un cafecito”, mientras otros funcionarios salen disparados a las salas avisando que se debe cerrar la asistencia de inmediato. En menos de diez minutos la operación está hecha.
Otros profesores sospechan que sus colegios están “dateados”, porque justo en los mismos días en que se deja caer un fiscalizador a ellos les piden que, inusualmente, cierren y firmen la lista en la primera hora de clases. Un docente relata una anécdota que retrata la vulnerabilidad del sistema de inspecciones:
-Una vez llamaron de la Seremi para preguntar cómo se llegaba al colegio, porque la dirección es enredada. Ahí quedó claro que venía un fiscalizador y todo se hizo de manera correcta.
En medio de las protestas estudiantiles del año pasado, el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, le dio una estocada a la forma en que se manejó el sistema de fiscalización de subvenciones bajo los gobiernos de la Concertación. En un episodio del programa “Contacto”, de Canal 13, Rojas dijo que cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera se encontraron con unas 6 mil a 7 mil infracciones graves, algunas archivadas por más de diez años, que no fueron perseguidas para convertirlas en multas. El subsecretario aseguró que la nueva administración tampoco pudo aplicar esas sanciones porque, a escasos dos meses de haber asumido, la Contraloría “instruyó que todas aquellas (infracciones) que tenían más de seis meses, prescribían”.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), respondió que el nuevo gobierno “tomó como excusa el beneficio otorgado por la Contraloría a un solo sostenedor a comienzos de 2010” para dejar sin efecto las infracciones cursadas en años anteriores. La agrupación calificó el episodio como un “perdonazo dictado por las actuales autoridades” y sostuvo que “involucró un daño al patrimonio nacional por más de $ 5 mil millones”.
En 2006, la misma Andime, en medio de las protestas de los pingüinos, calculó que eran unos $ 6 mil millones por año los que cobran indebidamente los sostenedores. La agrupación acusó que los fiscalizadores habían detectado que las falsificaciones no sólo se hacían con adulteración de asistencia, sino mediante otros artilugios tales como iniciar el año escolar días después de la partida oficial y finalizarlo hasta cinco días antes del término programado, pero igual se cobra la subvención por esas jornadas no trabajadas. Otra fórmula denunciada por Andime es que no se reemplaza a los profesores con licencia, pero el ministerio de todas formas paga por esas clases que nunca se hicieron.
Como una señal de endurecimiento del control, el pasado 3 de abril el nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, comunicó el cierre de 37 colegios por irregularidades. De esa nómina, 19 son metropolitanos. Al cruzar los antecedentes con información proporcionada con anterioridad a CIPER por la misma cartera por Ley de Transparencia, quedó de manifiesto que entre esos 19 colegios había siete que cerraron sus puertas mucho antes del anuncio del ministro: tres no funcionaban desde 2010 (Escuela de Párvulos Villa Nueva, Centro de Educación Integral de Adultos Forjando Futuro y Colegio San Pío de Petrelcina); los otros cuatro desde 2011 (Colegio English Ladies School, Escuela Especial Idelen, Liceo Comercial Gabriela Mistral y la Escuela Especial Hospital De Carabineros).
Además, 12 de los establecimientos que figuraban en la lista de Beyer, ya en 2010 habían registrado faltas graves que involucraban sobrepago de subvenciones y, al parecer, tuvieron otro año de gracia para seguir operando. (Vea la nómina de los 19 colegios y su historial de irregularidades en el cobro de subvenciones y transgresiones a las normas laborales)

HASTA 14 FALTAS EN UN COLEGIO

Al revisar la base de datos del Ministerio de Educación que contiene las faltas graves detectadas en 2010 en colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, uno de los aspectos que resalta es el alto nivel de reincidencia de los sostenedores que incurren en irregularidades. El dato permite aventurar que decenas de empresarios de la educación derechamente han incorporado prácticas dolosas a su modelo de negocios.
Fueron 241 los colegios donde se constataron tres o más irregularidades en el mismo año. De ellos, en 65 establecimientos se anotaron cuatro faltas; en 30 se registraron cinco; en 20 se detectaron seis; en 13 se comprobaron siete; en 15 se constataron ocho y en cuatro colegios se contabilizaron diez faltas graves.
Aunque cueste creerlo, hubo colegios que anotaron más de diez faltas. Los primeros puestos del podium de la adulteración en 2010 fueron ocupados por el Colegio Particular de Adultos Instituto ICEL, de Santiago, que con 12 irregularidades se ubicó en el tercer lugar de este ranking del demérito; la Escuela Básica Particular Continental School, también de Santiago, en el segundo puesto con 13 faltas; y con el récord absoluto se quedó la Escuela Básica 2046 Los Pinitos, de La Florida, con 14 irregularidades en el mismo año.
De estos tres establecimientos, sólo la Escuela Los Pinitos figuró en la nómina de colegios clausurados que entregó el ministro Beyer. (Vea la nómina de todos los colegios metropolitanos con irregularidades en 2010, ordenados por número de faltas detectadas en ellos)
La más grave de las irregularidades descubierta en 2010 fue “registrar presente a alumnos que ya no pertenecen al establecimiento”, falta detectada en cuatro instituciones: Colegio Particular Nº 1 de Ñuñoa (de la Sociedad Educacional San Andrés Limitada, perteneciente a Jorge Cifuentes Narváez); Colegio Polivalente Profesor Guillermo González, de Providencia ( de la sostenedora Anette Alicia González González); Escuela Básica Cimas del Maipo, de San José de Maipo (de la Sociedad Educacional Senderos Limitada), y Escuela Particular Locarno, de La Cisterna (de Adriana Sofía Puelma Loyola).
La segunda falta más seria -“registrar presente a alumnos ausentes”- se constató en 356 colegios (el 20 % del total de establecimientos fiscalizados). La tercera falta en orden de gravedad -“no registra asistencia en los días previos a la visita (del inspector)”- se detectó en 62 establecimientos. Le sigue “libros de clases con enmendaduras en asistencia”, en 34 colegios. “Sin libro de clases”, en dos colegios. “Uso de lápiz de grafito, no permanente y otros en libros de clases”, en 39 establecimientos. “Registro de matrícula incompleto”, en 64 colegios. “A la hora de la visita no estaba tomada la asistencia, después de la segunda hora de clases”, en 189. “No traspasa asistencia a control de subvenciones”, en 39. (Vea la nómina de los colegios con irregularidades en 2010, ordenada por gravedad de la falta)
La base de datos con el total de faltas en 2010 a nivel metropolitano, desmenuzada por sostenedores que acumularon más irregularidades, indica que el primer puesto lo obtuvo la Fundación Belén Educa, con 19 irregularidades repartidas en cinco de sus colegios. Le sigue el sostenedor Patricio Hernán Núñez León, con 14 faltas en dos colegios. Luego se ubica la Sociedad de Instrucción Primaria, con 12 irregularidades en cinco de sus establecimientos.
A continuación se agregan Víctor Aguilera Vásquez (12 faltas en cuatro colegios); las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia (11 faltas en tres colegios); Víctor Manuel González Cisternas (11 en dos colegios); la Corporación Adventista del Séptimo Día (nueve en cinco); la Corporación Educacional Arzobispado de Santiago (ocho en cuatro); las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento (ocho en dos); Orieta Paola Gómez Leyton (siete en uno); la Corporación Unión de Centros Bíblicos (seis en dos); la Sociedad Garrido Hermanos Limitada (seis en dos) Solange Elizabeth Muñoz Avaría (cinco en dos); las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas (cuatro en dos) y, cerrando los primeros 15 casilleros del ranking, la Fundación Paula Jaraquemada Alquilar (tres en dos). (Vea la nómina con los 20 sostenedores que acumularon más faltas en 2010 y sus colegios donde fueron detectadas)
Un dato inesperado es que, de los 15 sostenedores metropolitanos que en 2010 se destacaron por una conducta tan poco pía como acumular la mayor cantidad de irregularidades para cobrar dinero público, siete tienen orientación religiosa (cinco vinculados a la Iglesia Católica y dos protestantes).
(*) El nombre de la apoderada ha sido cambiado para resguardar la identidad de su hijo menor de edad.
(**) Los montos pagados a los sostenedores por concepto de subvenciones en 2011 fueron calculados a partir de la información dispuesta en la web del Ministerio de Educación (www.mineduc.cl), en su apartado “Gobierno Transparente”, sección “Transferencias”.
(***) La cifra total puede ser menor, pues el cálculo no incorpora los eventuales alumnos que estudien con becas u otro beneficio otorgado por el sostenedor.

FUENTE:CIPER CHILE