La FNE le recordó que es el Congreso el que debe aprobar la repartición de cuotas. Este miércoles la comisión de pesca sesiona en secreto con el titular de Economía.
No siempre la lógica de los consensos llega a buen puerto. La mesa pesquera que organizó en septiembre de 2011 el ministro de Economía, Pablo Longueira, para buscar un acuerdo entre representantes de la pesca industrial y la artesanal para repartirse la torta es un ejemplo de ello.
El pasado 3 de mayo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se pronunció ante la denuncia de posible colusión entre pesqueros —a instancias del ministro— presentada por el abogado Marcelo Drago, e hizo una clara advertencia a Longueira sobre estas prácticas consensuales.
El documento firmado por el subfiscal de la FNE, Jaime Barahona, reconoció que “en principio”, la reunión entre competidores para pedir al gobierno reformas regulatorias, o para expresar una opinión sobre un proyecto de ley, “debiera ser una actividad legítima”.
Esto, porque para hacerse efectivas dichas propuestas dependen de la decisión del poder legislativo.
Sin embargo, y aun cuando la FNE recalca que el proyecto de ley ingresado en diciembre por Longueira, recoge “gran parte” de las propuestas que le hizo para favorecer la competencia, la fiscalía advierte que este tipo de instancias a llegar a un acuerdo son riesgosas .
“Se advierte que las mesas de trabajo que reúnen a competidores pueden hacer surgir riesgos de coordinación, dependiendo de los temas y de los mercados de que se trate, de manera que las autoridades que las congregan y quienes asistan a ellas podrían llegar a incumplir la normativa de libre competencia”, afirma.
Agrega que en dicho caso la FNE tiene la facultad para solicitar, cuando así lo estime necesario, al TDLC que recomiende al Presidente de la República, la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia.
Para el abogado Marcelo Drago, la sugerencia de la fiscalía revela el riesgo que implica la mesa organizada por Longueira, la cual dio origen a un proyecto de ley que en la práctica, a su juicio, impide la competencia y sólo divide la torta de peces.
El profesional cuestiona las intenciones de Longueira, asegurando que terminará dejando las cosas tal como están hoy y sin permitir la licitación de cuotas de pesca, como era la idea original de su antecesor Juan Andrés Fontaine (apuntaba a licitar el 50% de las cuotas), iniciativa que era respaldada por el Presidente Piñera y que fue duramente cuestionada por los grandes industriales que dominan el negocio de anchovetas, jurel y merluza.
Las principales empresas son Corpesca, del grupo Angelini, Alimar de Roberto Izquierdo, Camanchaca de las familias Stenger y Fernandez, e Itata, de las familias Yaconi-Santa Cruz y Sarquis. Se estima que el negocio de la pesca en Chile factura cerca de US$ 2.000 millones.
Sus dudas las comparte el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, sobre todo luego que la comisión de Economía de la Cámara de Diputados —donde se tramita el proyecto— acordara escuchar en sesión secreta mañana las indicaciones que ingresará el Ejecutivo.
Tales indicaciones buscan zanjar la polémica, pues hay numerosas organizaciones de pescadores artesanales que cuestionan el acuerdo de la mesa y el proyecto de ley. Según Montenegro, el 50% de los pescadores artesanales no estuvo representado en tal instancia.
El dirigente señala que la iniciativa del Gobierno hace prácticamente imposible que se liciten cuotas pesqueras, pues abre esa posibilidad sólo cuando queden excedentes, lo que, a su juicio, genera incentivos perversos para que las empresas pesqueras no generen espacio para excedentes que puedan luego ser licitados. El Ejecutivo planea ingresar indicaciones al proyecto el 5 de junio próximo.
FUENTE:EL MOSTRADOR
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