“Falsos pobres” deberán reintegrar viviendas sociales al Estado
Medida afectará a quienes hayan obtenido beneficios mediante falsificación de documentos a partir de 2010, configurando un fraude que fue denunciado por “Contacto”, programa que grabó in fraganti a los involucrados.
Martes 29 de mayo de 2012| por Nación.cl
No pertenecen a los sectores más vulnerables, pero lograron acceder a un subsidio habitacional de vivienda social, casas que tienen abandonadas o en arriendo, principalmente en balnearios de las regones de Coquimbo y Valparaíso. Pero, esa situación se acabará pronto ya que el Ministerio de Vivienda decidió intervenir.
El ministro de la cartera, Rodrigo Pérez, dijo a “Contacto” -segmento periodístico que reveló el fraude investigando y grabando a los implicados- que se tomará acciones legales para que estos “beneficiados” devuelvan el monto del subsidio habitacional que se les entregó.
“El subsecretario ya envió un oficio en el mes de abril a los directores de los Servius regionales para que emprendan la acciones legales, en este caso es cuando haya habido falsificación en la información requerida para obtener un subsidio, se pida la restitución de. Esto se hace presentando una demanda en un juzgado”, señaló el secretario de Estado.
Esto sólo se podrá hacer en caso irregulares cometidos a partir de 2010, pues en ese año se incluyó una serie de cambios legales que exigen la obligatoriedad de ocupar las viviendas por 5 años.
Estas declaraciones fueron presentadas en la segunda parte del reportaje de “contacto”, ahora un segmento de “Teletrece”, en el que se denunciaba a “falsos pobres” que arrendaban viviendas sociales obtenidas gracias a subsidios para los sectores más desposeídos.
Uno de esos casos es el de Daska Allendes (en la imagen), funcionaria de la Municipalidad de Papudo, a la que incuso se la grabó arrendando una casa de su propiedad a parte del equipo de “Contacto”.
Al respecto, el municipio declaró mediante un comunicado que se despidió a Allendes y desmintió su afirmación de que como entidad municipal haya tenido información respecto a las visitas del Serviu para fiscalizar el uso de las viviendas sociales.
Además, aclara que como municipio no tiene la facultad de “fiscalizar lo que cada dueño de casa haga con sus propiedades” porque eso es responsabilidad exclusiva del Servicio de Vivienda y Urbanismo.
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