lunes, 30 de octubre de 2017

Flavia Liberona: “Los ecosistemas no votan y a los políticos les importan los votos”

P. López y C. Medrano |Lunes 30 de octubre 2017 12:52 hrs.
liberona
La directora ejecutiva de Fundación Terram criticó la ausencia de una institucionalidad que resguarde la biodiversidad chilena y se refirió a la propuesta de diversas organizaciones de crear una “agencia de áreas protegidas”.
“El diagnóstico es fatal, Chile no tiene un servicio público que reúna las competencias para el resguardo de la biodiversidad”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona respecto de la necesidad de crear una institucionalidad que se aboque a esta materia en nuestro país.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ambientalista explicó que durante esta administración se han ampliado las áreas de conservación en nuestro país, pero eso no se condice con lo que se ha hecho a nivel administrativo y de financiamiento.
Por lo mismo, y al ver que proyectos relativos a la conservación de la biodiversidad duermen en el Congreso, diversas organizaciones sociales presentaron una propuesta que busca crear una “agencia de áreas protegidas”, que vendría a solucionar en parte este problema “esto tiene que ver con lo que hemos vivido en este mandato que es el aumento de las áreas protegidas, que ha puesto el tema de la conservación a un primer nivel, pero eso tiene que tener un correlato en una institución pública y en el financiamiento”, señaló.
Respecto de la demora que ha experimentado nuestro país para adaptarse a las exigencias que a nivel internacional se van adoptando en materia de conservación, Flavia Liberona explicó que tiene que ver con el poco rédito que ve la clase política al focalizarse en estos temas “finalmente que los seres humanos sigamos siendo parte de este planeta es cada vez más relevante, pero creo de verdad que este es un trabajo largo, porque los ecosistemas no votan y a los políticos les importa los votos”, sentenció.
La directora de Fundación Terram, responsabilizó además al ministerio de Hacienda por los sucesivos recortes presupuestarios que ha sufrido Conaf para resguardar las áreas protegidas y acusó que con el actual financiamiento no alcanza ni siquiera para costear el sueldo de los guardaparques.
Respecto de su propuesta de crear una Agencia de áreas protegidas, Flavia Liberona recalcó en la importancia de que sea una entidad autónoma y por lo mismo la figura de la Agencia sirve para trabajar en los aspectos más urgentes hasta que se consolide una institucionalidad más robusta.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

El negro historial de políticas de Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta

Martín Espinoza C |Lunes 30 de octubre 2017 13:04 hrs.
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La polémica ordenanza municipal que multará con 5 UTM a quien pernocte en las calles de Antofagasta desató una nueva controversia en torno a Karen Rojo, la alcaldesa de la ciudad. Con sus explicaciones no ha aclarado el objetivo de la política, que se suma a una serie de declaraciones en contra de la inmigración y los campamentos.
Una multa de hasta $250.000 podrían llegar a pagar los antofagastinos que pernocten en la vía pública de su ciudad. Esto, debido a la ordenanza que aprobó el consejo municipal de Antofagasta, liderado por la alcaldesa Karen Rojo.
Una medida polémica en una región donde, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, los índices de cesantía son los más altos del país. Además, un 40% de las personas en situación de calle de la región habita precisamente en la comuna de Antofagasta, lo que abre un escenario controvertido en la zona.
La alcaldesa ha sido enfática en señalar que se ocupará el criterio a la hora de aplicar las multas, y que no es una medida que busque perjudicar a la población en situación de calle, sin embargo el juicio quedaría a cargo de funcionarios de Carabineros, por lo que no existe certeza efectiva sobre el filtro que se ocupará. La alcaldesa, además, es poco clara a la hora de explicarlo. En entrevista con CNN Chile, la edil señaló que “en ningún caso el objetivo es multar a la gente en situación de calle. Si hay una persona que toma con frecuencia dormir en la calle, se va a utilizar el criterio para hacerle entender que no puede acampar en los espacios públicos, para eso tiene otro domicilio. Si no entiende, esa persona será multada. Hoy no existe ninguna institución del Estado que pueda rehabilitar a esas personas. Las personas en situación de calle están con temas de drogadicción fuerte, salud mental grave. No puedo esperar a que ocurra otro homicidio producto de que nadie está haciendo visible esta realidad”.
La ordenanza de Rojo se pone a la cola de una serie de controvertidas declaraciones y medidas que ha decidido impulsar la alcaldesa durante sus dos mandatos.
Rojo llegó al sillón edilicio de Antofagasta en 2012, luego de derrotar, como independiente pro Chile Vamos, a Marcela Hernando, la hasta ese momento alcaldesa de la ciudad. Karen Rojo había sido Seremi de Salud en la misma región, cargo que tuvo que abandonar por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley para asumirlo. No contaba con estudios de salud pública. A pesar de eso fue en ese cargo en el que adquirió la popularidad que pronto la haría la máxima autoridad de Antofagasta.
Ya en el municipio, Rojo comenzó a urdir sus primeras políticas. Hace un par de años la realidad de los campamentos en Antofagasta sufrió una explosión inédita. Hoy son más de 60, según cifras entregadas por TECHO-Chile, y todo indica que el fenómeno suma y sigue. Ante este escenario, en septiembre de 2015, la alcaldesa firmó un oficio en el que ordenaba el desalojo de 26 asentamientos informales, uno de ellos el Luz Divina, lugar donde reside hasta el día de hoy el sacerdote jesuita Felipe Berríos. La alcaldesa respaldó su decisión argumentando que el muncipio había recibido un sinnúmero de denuncias “por los problemas de seguridad y afectación de la calidad de vida de los vecinos de los campamentos”. “¿Qué ha hecho la intendencia con respecto a los campamentos? ¿Organizarlos? No necesito que los organice, sino que se les dé una solución definitiva de sus viviendas”, concluyó.
Berríos, en tanto, tildó la medida como un error: “Desalojar los campamentos es una locura porque son seres humanos, familias que adónde van a ir. Hay un error. Desde el punto de vista de justicia social, de respeto a la persona, desde un punto de vista práctica, esta es una medida inaplicable”.
La ciudad de Antofagasta también se caracteriza por su riqueza y diversidad cultural. La inmigración ha sido un rasgo propio de la región durante los últimos años y, según información de la encuesta Casen a fines del años pasado, un 5,3% de la población de la ciudad es inmigrante.
En ese contexto Karen Rojo ha dejado entrever su propia perspectiva en relación al tema de inmigración. Fue precisamente a fines del año pasado, cuando en entrevista con Emol la autoridad señaló que “la población que está llegando está generando serios problemas”. En una presentación expuesta en el Congreso Nacional, Rojo detalló la situación que vive la comuna de la cual es autoridad: “No quiero en la comuna de Antofagasta guetos de pobreza y lamentablemente la población que está llegando está generando serios problemas, que si no los tocamos a tiempo, esta situación va a ser irreparable”.
En un video publicado en septiembre de 2015, la jefa comunal expresa su preocupación por los altos niveles de delincuencia que vive la ciudad. En el material, Rojo asegura que “los índices de homicidios y los actos delictuales están aumentando, y lo más grave aún, es que varios de ellos han sido cometidos por ciudadanos extranjeros con órdenes de detención”. Acto seguido hace un llamado al gobierno para impulsar, cuanto antes, una ley migratoria: “al gobierno regional, le pido en nombre de toda la región, que ejecute ahora mismo las órdenes de expulsión y que nos diga cómo nos va a garantizar que estas personas no vuelvan a ingresar de manera ilegal como normalmente lo están haciendo y se están dedicando a actividades delictuales”.
Hoy, con la ordenanza de las multas a quienes pernocten en la calle, Karen Rojo da nuevamente de qué hablar. La normativa comenzará a regir este mes de noviembre.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

Chile, segundo país latinoamericano que más militares envía a la Escuela de las Américas

Rodrigo Barrera |Domingo 29 de octubre 2017 18:47 hrs.
Organizaciones de Derechos Humanos exigen al Estado suprimir los recursos que hacen posible el envío de militares al centro de entrenamiento ubicado en los Estados Unidos.
Apelando a la Ley de Trasparencia, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile dio a conocer los recursos y la cantidad de contingente que las Fuerzas Armadas siguen enviando al centro de entrenamiento.
Según cifras dadas a conocer por la organización de Derechos Humanos, presente en toda Latinoamérica, entre 2012 y 2016 se entrenaron más de mil militares chilenos, convirtiéndose en el segundo país después de Colombia que más personal envía a esta escuela de formación en técnicas de tortura, inteligencia y contrainteligencia.
El vocero del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, Pablo Ruiz, denunció que la subsecretaría para las Fuerzas Armadas sigue entregando decretos de autorización para asistir al lugar donde los militares chilenos son adoctrinados bajo las orientaciones políticas y militares del Ejército de los Estados Unidos.
“En muchos sentidos, las Fuerzas Armadas siguen teniendo una autonomía enorme para tomar decisiones que debería tomar el Ejecutivo, porque en este caso obviamente existen intereses involucrados. Es erróneo seguir insistiendo en estos compromisos con los Estados Unidos conociendo la historia de nuestro país, donde existe un vínculo estrecho no sólo por el entrenamiento que recibió la DINA y la CNI, sino que también la historia demostró que la CIA y el gobierno de dicho país hicieron todo lo posible para que se terminara con la democracia chilena y se llegara a un golpe de Estado”, argumentó.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), precisó que por años se han reunido con las autoridades políticas de turno para plantear el término de esta especie de asociación con las fuerzas armadas del país norteamericano.
La dirigenta aseveró que, en pleno 2017, es un retroceso seguir enviando militares nacionales a la Escuela de las Américas, ubicada en Georgia.
“Ellos están preparados no para la defensa de las fronteras del país, sino que para la lógica de perseguir al pueblo organizado. Por años nos hemos reunido con los ministros de Defensa de distintos gobiernos, hemos exigido no más envíos de uniformados a la escuela por lo que significa, una lógica del enemigo interno, la tortura. Para nosotros esto es un retroceso”, afirmó.
Según datos proporcionados por el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, el costo y gasto anual para el Estado en este propósito, en el periodo 2015 al 2017, fue de casi dos millones de dólares.
Para el diputado y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, la discusión de la Ley de Presupuesto es una buena instancia para reducir completamente los recursos públicos destinados a la instrucción de militares en Estados Unidos: “Aún siguen vinculadas las Fuerzas Armadas a la ideología nefasta que provocó el exterminio de opositores a la dictadura, se hace totalmente inaceptable e impresentable que sigamos enviando militares para este tipo de adiestramiento. Creo que esas platas salen del Estado chileno y no del país norteamericano, en consecuencia, creo que es posible que el Presupuesto destinado para estos fines puede reducirse a un peso y ahí terminar con la vocación de uniformados de tener este entrenamiento para la guerra interna”, detalló.
La Escuela de las Américas se fundó en Panamá en 1946, sin embargo, el año 1984 fue relegada por el gobierno centroamericano, instalándose en Georgia, apoyando desde ahí a dictadores de países latinoamericanos durante la Guerra Fría.
Hasta el 2017, se calcula que Chile ha enviado a más de siete mil militares al centro de entrenamiento que instruyó a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, entre otros militares acusados de violaciones a los Derechos Humanos.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE

domingo, 29 de octubre de 2017

Ley Antiterrorista en la cornisa

Vocera de machi Francisca Linconao advierte “guerra de baja intensidad” en La Araucanía

"Hay persecución y racismo del Estado contra los mapuches” dijo Ingrid Conejeros, quien apuntó al Estado de Chile por querer criminalizar a un pueblo "atacándolo con armas (...) porque hay que hablar que hay una inversión gigantesca del Estado de Chile en armas", sostuvo la vocera.
El caso Luchsinger Mackay sigue generando reacciones tanto entre los familiares del matrimonio fallecido como entre los cercanos a los imputados, quienes fueron absueltos luego de pasar 19 meses en prisión preventiva.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, valoró el trabajo realizado por los abogados defensores de los once involucrados en este caso, labor que calificó como “muy potente”, y que vino a sustentar la convicción que la machi Linconao siempre expresó respecto de su inocencia.

Además, Conejeros manifestó su alegría por el fallo dictado por el Tribunal de Garantía de Temuco y reiteró que todo el proceso judicial fue producto de un montaje en contra de los comuneros acusados del asesinato del matrimonio, ocurrido el 4 de enero de 2013: “La defensa hizo un trabajo muy potente, la defensa de todos los imputados, para establecer lo que nosotros siempre hemos dicho: que esto fue un montaje, que no había pruebas para imputar a ninguno para involucrar a ninguna de las personas que estaban siendo imputados, así que lo tomamos con bastante alegría y sentimos que se hizo justicia”.
La vocera añadió que el juicio en el caso Luchsinger-Mackay, así como otros procesos judiciales abiertos en contra de comuneros mapuches, son parte de una “persecución” de parte del Estado, para lo cual se hace uso de la Ley Antiterrorista, “una ley que viola las garantías legítimas de las personas y de los procesos y que castiga a las personas antes de ir a juicio”, dijo la mujer.
“El tema aquí es una persecución política que, a través de la Ley Antiterrorista, logra castigar a estas personas que son dirigentes, que son autoridades ancestrales, y que están llevando -lo que es muy importante- procesos de protección hacia la tierra, hacia la naturaleza y procesos de restitución territorial en el caso de los dirigentes mapuche”, agregó Conejeros.

Guerra de baja intensidad

Consultada por la situación actual en la zona de La Araucanía, Conejeros indicó que lo que se está viviendo por parte de las comunidades es una “guerra de baja intensidad” entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y que en la base de toda esta confrontación está el “racismo” que se ejerce hacia las comunidades.
“Nosotros decimos que es una guerra de baja intensidad, porque es un Estado que está queriendo criminalizar a un pueblo atacándolo con armas, aquí hay que hablar que hay una inversión gigantesca del Estado de Chile en armas, para aplacar este supuesto terrorismo, entonces hay contingente policial en las comunidades, las comunidades están militarizadas, hay niños que han recibido balas directas de los agentes de la policía”, expresó.
Sobre el caso Luchsinger Mackay en específico, Conejeros dijo que cada uno de los absueltos en este caso analizará los pasos a seguir, no descartando la posibilidad de demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales, recordando de paso que en el caso de la machi Linconao, ella en 2014 ya ganó una demanda en contra del Estado, la cual no ha sido hecha efectiva por la administración.
Ahora, el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien cumple 18 años de cárcel, y cuyo abogado, Jorge Guzmán, señaló que se revisará el fallo íntegro cuando sea publicado el próximo 14 de noviembre para proyectar posibles recursos de apelación.
“Si bien, Celestino Córdova es el único condenado por el crimen Luchsinger Mackay, siempre se ha alegado su inocencia. En consecuencia, siempre que exista la posibilidad de revisar los antecedentes para verificar si existe alguna posibilidad respecto de su caso, se va a hacer. De hecho también, durante el transcurso de este año se inició una investigación por parte de la fiscalía regional de Valdivia, a efectos de poder nuevamente verificar qué pasó con la bala que habría tenido Celestino Córdova, quien aduce que no se produjo en este crimen, sino que fue en otro contexto, en un lugar distinto”, concluyó el abogado de Córdova.

Fuente: Radio Universidad de ChileFUENTE: EL CIUDADANO