Un correo electrónico con el asunto “honorarios” recibieron en la penúltima semana de febrero los 23 ministros que asumirán el próximo 11 de marzo. Remitido por el presidente electo Sebastián Piñera, el mensaje contenía un documento adjunto, titulado “Criterios para la contratación de personal a honorarios en ministerios”, con una clara instrucción sobre el monto de los salarios que se podrán pagar a quienes concentran los mayores sueldos del aparato público.
En la minuta, Piñera pidió a sus ministros tener una “especial consideración” respecto de las ofertas salariales a jefes o encargados de prensa o comunicaciones, periodistas o asesores comunicacionales, jefes de gabinete, asesores de gabinete de ministros o subsecretarios, coordinadores de asesores o áreas, asesores legislativos, asesores en general y directores de programas. Ello, con el fin de evitar que se repitan las críticas por los altos salarios pagados a quienes ocuparon esos cargos durante su primera administración, entre 2010 y 2014.
Sebastián Piñera
En el documento de página y media, el presidente electo instruyó a sus ministros a rebajar hasta en 10% el gasto en contratación de personal a honorarios. Y les ordenó además, que los sueldos ofrecidos “en ningún caso” superen el 90% de la remuneración bruta mensual del jefe o superior de servicio.
Está por verse si la instrucción de Piñera será cumplida. De ser así, se estaría poniendo freno al aumento sin control de los sueldos de los principales cargos de confianza en el gobierno y en la administración pública en general. Según estudios especializados, ello reproduce la desigualdad en Chile.
Según datos de Transparencia analizados por CIPER, en 2017, 109 funcionarios del gobierno central percibieron sueldos iguales o superiores a $6 millones mensuales. A la cabeza del grupo figuran profesionales y directivos de la Presidencia y de los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Educación, Secretaría General de Gobierno y Defensa. En este equipo titular de los empleados públicos mejor pagados de Chile, aparecen precisamente los cargos a los que aludió Piñera en la minuta a sus ministros.
En el estudio “Desiguales”, publicado a fines de 2017 por el PNUD, los investigadores Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga sostienen que el Estado chileno replica en sus sueldos la disparidad de ingresos existente en la economía. Mientras el aparato público paga a unas 400 personas de diversas reparticiones y entidades fiscales una remuneración mensual sobre $5,9 millones, el sueldo promedio de los 5,5 millones de trabajadores que cotizan en una AFP alcanza apenas a $753.477 mensuales.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son claras: la mitad de los trabajadores chilenos recibe un ingreso mensual de $350 mil o menos y sólo el 1,2% alcanza un salario superior a los $3 millones cada mes. Es en ese 1% donde se ubica gran parte de los mandos medios de la administración pública.
CIPER revisó las remuneraciones mensuales brutas pagadas a los empleados de planta, contrata y honorarios de 19 ministerios y subsecretarías del gobierno central en diciembre de 2013 y junio de 2017, correspondientes al último año de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente. De la nómina se excluyó a los ministros y subsecretarios, cuyos sueldos están fijados por ley (Escala Única de Remuneraciones) y que van incrementándose cada año según los reajustes que negocia el sector público, además de algunos bonos.
LOS MINISTERIOS DE LOS “TOP”
Las cifras analizadas por CIPER revelan que, mientras en junio de 2017, en pleno gobierno de Bachelet, había 109 trabajadores del Estado recibiendo sueldos por $5,9 millones o más, en los últimos meses del primer gobierno de Piñera (diciembre de 2013) 119 funcionarios registraban un ingreso de ese monto o superior ($5,1 millones de entonces, dinero que a junio de 2017 equivale a $5,9 millones). Las conversiones se hicieron utilizando el valor de la UF para cada período.
Michelle Bachelet
Las cifras llaman la atención, ya que en marzo de 2014 el entonces recién asumido ministro de Hacienda de Bachelet, Alberto Arenas, envió un oficio a todas las reparticiones públicas fijando un tope de sueldo para los asesores de gobierno. El texto, distribuido a ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicio, establecía que los montos brutos mensuales de los honorarios “no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior”.
Con esa medida, el gobierno de Bachelet le dio sustento a la fuerte crítica que desplegó la Nueva Mayoría durante la administración de Piñera a los altos sueldos pagados por su gobierno para lograr atraer personal altamente capacitado desde el sector privado. Pero lo prometido se quedó en las intenciones. Porque el análisis de CIPER muestra que en 2017 los salarios de los funcionarios públicos se asemejaron bastante a los de 2013.
Y como en política hay amnesia, durante la última campaña presidencial los altos sueldos y el aumento de los empleos públicos fueron un blanco frecuente de la coalición que apoyó a Sebastián Piñera.
Las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que consideran sólo al gobierno central, muestran que mientras en 1995 el Estado empleaba a 130 mil personas, en 2010 la cifra había dado un salto a 203 mil y para 2018 se considera una planta de 250.664 funcionarios, casi el doble en 23 años. “Este incremento corresponde principalmente al programa de traspaso de personal de honorarios a contrata, destacando además un importante aumento de la dotación (2.544 personas) asociado a la puesta en marcha de nuevos jardines infantiles”, se explica en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) incorporado en la Ley de Presupuestos de este año. El monto total destinado a este aumento de personal fue cifrado en US$12.765 millones.
Solo en 2017 la Encuesta Nacional de Empleo del INE evidenció que el sector público generó 71.109 puestos de trabajo a través de sus diversas reparticiones, oficinas y programas.
REGALÍAS DE LAS QUE SE HABLA POCO
Cada año el número máximo total de empleados que tendrá cada ministerio, tanto en planta como contrata y honorarios, lo fija el Ministerio de Hacienda a través de la Dipres. En la misma operación se determina la cuantía de bonos y asignaciones. Un acápite que es mirado con mucha atención por los funcionarios y su gremio (ANEF), ya que en el sector público tienen un carácter relevante: las regalías pueden llegar a representar el 76% del sueldo.
Según publicó
La Tercera en noviembre de 2017 (
ver artículo) entre enero y septiembre de 2017 la suma de los casi 50 incentivos de remuneraciones que existen para los distintos servicios del aparato público implicó un desembolso para el Estado de unos
US$5.841 millones. Solo entre bonos y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad los funcionarios recibieron unos
US$795 millones adicionales, un alza de 16,6% (unos US$107 millones) respecto de lo que se pagó durante el gobierno de Sebastián Piñera.
EL PAGO DE CHILE
Usualmente, el fichaje de personal a contrata y a honorarios permite a cada gobierno incorporar su sello ideológico al aparato estatal. Una facultad del sistema presidencial imperante que se ha transformado en un importante coto de caza político ya que los sueldos que se pagan son de los mejores.
Maria Luisa Brahm
En las 24 reparticiones analizadas durante ambas administraciones se encontraron funcionarios de alto rango que recibieron ingresos por más de $7 millones: 42 personas en la administración Piñera (sueldos de más de $6,1 millones de diciembre de 2013) y 14 durante el actual gobierno.
En 2013, el mayor monto correspondió a los honorarios de la abogada y jefa de asesores del gobierno, María Luisa Brahm. La actual ministra del Tribunal Constitucional, cuyo voto fue clave para la aprobación del proyecto de ley de aborto en tres causales, registró un ingreso de $8.041.635 (325 UF, equivalentes a unos $9,1 millones).
En el actual gobierno de Bachelet, el salario público más alto corresponde al abogado Óscar Sandoval Navarrete, contratado en planta de la Presidencia como director administrativo con un sueldo mensual de $7.765.742 (291 UF).
Si se cotejan esas cifras con el sector privado, un estudio de la consultora Mercer informó en 2016 que su última encuesta de remuneraciones arrojó que el sueldo base de un gerente en Chile es de al menos $6 millones mensuales. El estudio añade que los ejecutivos locales de ese nivel son los mejor pagados de la región entre sus pares.
“SÚPER SUELDOS” PARA ABOGADOS E INGENIEROS
Al analizar los mejores sueldos de la administración central reportados por Transparencia, CIPER constató que en 2013 estos corrieron por cuenta de los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Energía, además del área de la Presidencia. En 2017 el ranking lo lideran tres carteras: los ministerios de Educación, Energía y nuevamente la Secretaría General de la Presidencia.
Si se examina qué carteras concentraron el mayor número de los “súper sueldos” del gobierno, se verá que en 2013 fueron los ministerios de Educación, Hacienda e Interior (36,98% del total de los mayores ingresos); mientras que en 2017 al inicio de la tabla se ubican los ministerios de Hacienda, Energía e Interior (33,34% del número total de los mejor pagados).
Ministerio de Hacienda
Otro factor que es necesario incorporar en este análisis es si esos sueldos corresponden a funcionarios pagados por planta, contrata o a honorarios. En 2013, el 52,1% de los sueldos altos correspondía a personal de planta. En promedio fueron 62 funcionarios que percibieron un sueldo equivalente a $6,6 millones (llevado a valor actual). La mitad de ellos cumplía labores en las carteras de Educación, Energía e Interior.
Si se examina la planta de junio de 2017, el 59,6% de los funcionarios de altos ingresos -65 personas con sueldos que promediaron $6,6 millones- están adscritos a los ministerios de Agricultura, Secretaría General de la Presidencia y Energía.
Respecto de los funcionarios mejor pagados bajo la modalidad “honorarios”, en la administración Piñera (2013) encontramos a 41 personas repartidas entre los ministerios de Economía, Hacienda y Educación (34,45%), recibiendo un ingreso mensual promedio de $6,3 millones (unos $7,1 millones de junio de 2017). En esa misma condición laboral, bajo la administración Bachelet (junio 2017) había 35 trabajadores con un sueldo mensual promedio de $6,5 millones, ubicados en Presidencia, Hacienda y Economía, principalmente.
A contrata, en tanto, había 16 personas en 2013 con “súper sueldos”, ganando en promedio $5,6 millones (unos $6,3 millones actuales) y se les podía encontrar mayoritariamente en los ministerios de Agricultura, Educación y Energía. En junio de 2017, bajo esa misma condición laboral, había solo nueve “súper sueldos”, con un ingreso promedio de $6,4 millones instalados en Educación, Energía e Interior.
Si se analiza por profesión, los datos de Transparencia arrojan que en ambos períodos los abogados lideraron el ranking de los mejor pagados. No sólo en número, sino que también en montos: en 2013 hubo 38 abogados entre los “súper sueldos” de la función pública, cobrando en promedio $7 millones mensuales (valor actual). La mitad estaba en Agricultura, Defensa y Energía.
Las carteras donde se concentraron los abogados en la administración Bachelet fueron distintas: en junio de 2017 encontramos a 29 abogados repartidos en Hacienda, Interior y Educación , cobrando una remuneración mensual promedio de $6,6 millones.
Las otras profesiones con mayores sueldos pagados por el Estado en 2013 fueron ingeniería civil, sobre todo en los ministerios de Energía y Educación; mientras que en 2017 los ingenieros comerciales se convirtieron en el segundo grupo con mayor participación en los “súper sueldos”, principalmente en Hacienda y Energía.
En ambos períodos también encontramos periodistas entre los “súper sueldos” del gobierno: seis en 2013 con un sueldo mensual promedio de $6,7 millones (valor actual) y siete periodistas en la actual administración, con un ingreso mensual promedio de $6,6 millones.
La discriminación de la que son víctimas las mujeres en sus remuneraciones también se evidencia en este análisis que hizo CIPER de los “súper sueldos” que paga el gobierno de turno. En ambos períodos el porcentaje de mujeres no supera el 25%.
1% MÁS RICO
El análisis realizado por CIPER es solo una muestra de los “súper sueldos” que paga el gobierno. Pero el fenómeno se extiende a toda la administración del Estado. En su estudio “Desiguales”, Cociña, Frei y Larrañaga sostienen que existen al menos 400 funcionarios del sector público que reciben más de $5,9 millones mensuales. Con ese nivel de ingresos, todos ellos pertenecen al exclusivo grupo de casi 99.000 personas que en Chile forman parte del 1% más rico de la población.
En ese listado están la Presidenta de la República ($10,1 millones mensuales) y sus ministros ($9,1 millones mensuales en promedio), además de sus asesores más cercanos con ingresos mensuales iguales o superiores a los $6 millones.
“Desiguales” también considera en su análisis los ingresos establecidos por ley para los 21 jueces de la Corte Suprema
($9,1 millones), los parlamentarios
($9,1 millones los senadores y
$8,6 millones los diputados); treinta empleados del Banco Central, incluyendo a sus consejeros
($8,7 millones o más cada uno) y algunos funcionarios de las universidades estatales. En total, la investigación de los tres académicos identificó a
230 empleados del sector público que reciben ingresos equivalentes al sueldo base de un gerente de empresa mediana e incluso de algunas grandes, sin contar sus bonos (
ver tabla).
La investigación de Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga detalla un segundo grupo de altos ingresos con $5,9 millones mensuales bruto en promedio. En este segmento se ubican médicos y directivos de hospitales; los presidentes de las Cortes de Apelaciones ($6,7 millones) y los 169 jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones ($6,3 millones). También se incluye a 51 funcionarios del Senado y la Cámara ($5,7 millones).
En los sueldos de este segmento no se contabilizaron las asignaciones complementarias. “En este rango de remuneraciones se ubica la mayoría de los jefes de división ministerial, y algunos altos funcionarios del gobierno central, como fiscales, asesores de primera línea y otros. Su número varía por ministerios, pero en total suman alrededor de 150 funcionarios”, se lee en “Desiguales”.
A ese grupo, los investigadores suman otros 100 profesionales que trabajan en las superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda.
Otro cálculo realizado por
El Mercurio con cifras de Transparencia a diciembre de 2016, indicó que los funcionarios que reciben una remuneración bruta igual o superior a los
$5 millones en la administración central son
600. Señala además,que seis autoridades de gobierno registraron ese año un salario mayor al de Bachelet: la ministra de Educación,
Adriana Delpiano (
$11,4 millones, monto que incluye un bono por modernización) y los subsecretarios
Francisco Díaz (Trabajo) y
Valentina Quiroga (Educación), con
$10,6 millones al mes cada uno. En esa nómina de “súper sueldos” también figura el ministro de Relaciones Exteriores,
Heraldo Muñoz (
$10,5 millones) y la intendenta de Aysén,
Karina Acevedo (
$10,2 millones).
RAYADO DE CANCHA
Determinar si un mismo funcionario hubiera ganado lo mismo, más o incluso menos por una función similar de gestión en el sector privado, es altamente complejo. Quien se lanzó al agua es el próximo director de Dipres, Rodrigo Cerda, quien como director alterno del Instituto Clapes UC, realizó el estudio “Remuneraciones del sector público”. Allí sostieneque, “en promedio, los trabajadores del sector público están mejor remunerados que sus contrapartes del sector privado con similares características observables”.
Rodrigo Cerda
Distinta es la conclusión que hacen en las empresas “cazatalentos”. Desde allí se advierte que no siempre los funcionarios públicos ganan más que sus pares en el sector privado, porque lo que no se contabiliza a la hora de sacar cuentas es la confianza y el compromiso que significa el trabajo público. Un ejemplo claro de ello son las horas extraordinarias que un profesional debe estar a disponibilidad del gobierno. Un cargo de confianza implica también una apuesta personal por horarios y condiciones a veces menos rígidas.
Otro sector que se equipara al menos en el nivel de sueldos con su símil en el sector privado, es Salud. Representantes de los gremios de funcionarios públicos dijeron a CIPER que los sueldos en esta área deben estar alineados con el mercado, ya que se requieren trabajadores de alta experiencia técnica y manejo de personas, y como son escasos, hay que levantarlos del mundo privado.
En las próximas semanas, los ministros, subsecretarios e intendentes recién nombrados por Sebastián Piñera seguirán conformando sus equipos de trabajo con gente de su extrema confianza política. Cada uno de esos movimientos se hará bajo el atento escrutinio de los partidos del nuevo oficialismo. Todos ellos buscan poner allí a su gente, para ganar espacios, influencia y poder en vistas de las próximas elecciones en el horizonte.
Esta vez habrá un manual presidencial sobre la mesa: el instructivo “Criterios para la contratación de personal a honorario en ministerios”. Después de unos meses se verá si el nuevo gobierno llega con el cuchillo del carnicero, cortando de un lado grasa y “súper sueldos” a tajo abierto para engrosar con lo mismo en otro; o con el bisturí del cirujano: terminando con una desigualdad odiosa y ejecutando la reingeniería que el Estado necesita con urgencia.
FUENTE/ CIPERCHILE
