jueves, 30 de junio de 2011

Observatorio Político UDI y la Iglesia cierran el paso a la unión gay


Autor: MANUEL SALAZAR SALVO
La comunidad gay chilena, estimada por sus propios miembros en cerca de un diez por ciento de la población del país, es uno de los grupos sociales más desencantados con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, luego de que éste ha postergado una y otra vez el cumplimiento de su compromiso de campaña para legislar sobre las uniones de hecho, de homosexuales y lesbianas.
El emblema de aquella promesa, el ingeniero civil Luis Larraín Stieb, de 30 años, quien apareció en un spot de la mano de otro hombre acompañado por Piñera, trabajaba desde marzo de 2010 en la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular, Cristián Larroulet, es el encargado del tema. Sin embargo, decidió -muy frustrado- renunciar a su trabajo en La Moneda y marcharse a París a cursar un magíster en ciencias políticas. Larraín Stieb, cumplía funciones de coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa y había colaborado con el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional, en el proyecto de Acuerdo de Vida en Común (AVC) que el hoy titular de Defensa presentó en junio del año pasado con el apoyo transversal de parlamentarios de RN y de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia.
El proyecto de AVC, resistido por la mayoría de los dirigentes y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y por el presidente de RN, el ahora senador Carlos Larraín, quien reemplazó a Allamand en la Cámara Alta, pretende regular los derechos de herencia y previsión social de las parejas de hecho y que los firmantes, además, asuman deberes comprendidos en la Ley de Matrimonio Civil.
En el oficialismo han convivido hasta ahora posiciones disímiles. Como la del ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, partidario de que se apruebe el matrimonio de homosexuales y lesbianas, hasta las más conservadoras, representadas por quienes se resisten incluso a debatir el tema, entre otros los presidentes de la UDI y de RN, Juan Antonio Coloma y el mencionado Carlos Larraín, junto a José Antonio Kast, jefe de la bancada de diputados de la UDI. En medio, están el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, Larroulet y el propio Piñera, que desean cumplir la promesa presidencial pero que no desean incrementar la ya muy notoria pugna, no sólo valórica, con la mayoría del partido gremialista.
La Iglesia presiona
Parece evidente que los grupos ultramontanos de la Iglesia Católica -probablemente los mismos o similares a los que convergían en la parroquia El Bosque, dirigida por el cura Fernando Karadima- están ejerciendo fuertes presiones sobre el oficialismo para que se dilate indefinidamente la iniciativa legal prometida por el jefe de Estado. La ciudadanía, no obstante, ya sabe que varios de los principales representantes de los mayores grupos económicos imperantes en Chile, no sólo están tratando de imponer sus negocios, sino que desde el Opus Dei, los Legionarios de Cristo o parroquias como la de El Bosque, buscan dominar la educación, la enseñanza sexual e incluso, la moral de los chilenos.
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha afirmado que la tendencia homosexual no es comparable a una raza o una etnia, las que no pueden ser discriminadas. Y si bien homosexuales y lesbianas tienen todos los derechos de las demás personas, “esos derechos no son absolutos y pueden limitarse legítimamente con motivo de un comportamiento externo desordenado, siendo ello, en algunas ocasiones, no sólo lícito sino obligatorio”.
Los senadores Coloma y Carlos Larraín pidieron que no se incluyera en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo la iniciativa para normar las relaciones de hecho y sugirieron, en cambio, que se efectuaran anuncios para robustecer la familia, como algunas rebajas tributarias, viviendas sociales más amplias para las familias numerosas y beca universitaria completa para el tercer hijo de cada matrimonio. Todo ello, claro está, desde la óptica católica más ortodoxa, la que prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Este criterio, el mismo que discrimina a negros, indios, judíos, musulmanes o asiáticos, o a razas y religiones, atenta contra la principal institución que ellos mismos dicen defender: la familia, cuya conformación no es unívoca sino cada vez más multifacética y diferente, y no por ello menos feliz o funcional a la sociedad moderna.
El ex presidente Ricardo Lagos, el más admirado de sus predecesores por Sebastián Piñera, señalaba que “la gobernabilidad de la democracia no es un consenso permanente y sobre todo, es algo que no existe en país alguno, sino la aceptación común de modalidades de participación y de decisión”. Ese es el derecho que se les debe a homosexuales y lesbianas, aunque Lagos, hay que decirlo, tampoco se atrevió a legislar sobre el asunto.
La Comisión Nacional de la Familia, que a fines de los 90 presidió la ex ministra Josefina Bilbao, estableció que la familia es un concepto amplio y abierto, que no supone necesariamente el vínculo matrimonial legalmente establecido. Es un concepto pluralista, que tiene en consideración la diversidad de formas en que la gente se organiza para vivir su vida cotidiana, criar a los hijos y cuidar a los ancianos.

Los otros motivos
La segregación de los gays, que se extremó durante la dictadura militar, comenzó a cambiar lentamente a partir del retorno a la democracia. En 1993, el entonces jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones, el prefecto José Barrera, afirmaba que el noventa por ciento de los delitos que allí se investigaban los cometían los heterosexuales; y que era un error vincular a la homosexualidad con el tráfico de drogas o el alcohol. En esos años, en 1991, surgió el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) que tenía sólo sesenta socios y que dirigía y dirige hasta ahora Rolando Jiménez, y que por ese tiempo no tenía personalidad jurídica porque sus fines, según las leyes, no eran lícitos.
Casi todos los integrantes del Movilh se resistían a identificarse, pues corrían el riesgo de perder sus trabajos. Incluso los echaban porque podían “fatalizar” la empresa, o porque iba “contra los principios de la Iglesia”, como le pasó a uno que despidieron de la Vicaría de la Solidaridad.
Así, muchos de ellos habían terminado recluyéndose en verdaderos guetos laborales donde no eran rechazados por los heterosexuales; otros, en cambio, los más, debían ocultar su condición e incluso aparentar matrimonios estables. La discriminación más brutal se producía a nivel social y carecía de cualquier tipo de normas, desde el uso como ofensa de la palabra “maricón”, hasta extremos como el que comprobó la sicóloga Soledad Larraín contra un obrero de la construcción al cual sus compañeros le echaron ácido en el ano.
Dinamarca fue, en 1989, el primer país donde se aprobó el matrimonio gay y se concedió a las parejas de homosexuales o lesbianas los mismos derechos que a los heterosexuales.
La aparición del sida provocó una ola de terror, pero paradojalmente permitió que empezara a mirarse de otro modo una realidad que para muchos era culturalmente compleja, aunque inevitable, especialmente en los países más religiosos y sobre todo en los formados dentro de la moral judeo-cristiana.
Poco a poco, los homosexuales se abrieron camino y optaron por “salir del clóset”. A partir del año 2000, (...)
(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)

Cadena estadounidense suspende a reconocido analista político por insultar a Obama

Mark Halperin llamó "dick" (que se traduce como idiota), al Presidente en referencia a su desempeño durante la conferencia de prensa que brindó ayer en la Casa Blanca.

 

La cadena estadounidense MSNBC suspendió hoy de manera indefinida al reconocido analista político Mark Halperin, quien calificó al presidente de  Estados Unidos, Barack Obama, de "dick", una palabra que puede ser traducida como "idiota" o "tonto presuntuoso". 

Halperin, también periodista del semanario Time y autor de  varios libros, se refirió en esos términos al desempeño de Obama durante la conferencia de prensa que brindó ayer en la  Casa Blanca.  Muchos medios informativos señalaron que el Presidente tuvo una actitud "peleadora" o "desafiante" contra la oposición  republicana, en especial en su reclamo por una aprobación  parlamentaria del aumento del techo de endeudamiento y de la eliminación de los alivios impositivos para los más ricos. 

Pero nadie había llegado tan lejos como Halperin. Durante el programa "Morning Joe", del ex diputado Joe Scarborough , Halperin primero preguntó si estaba funcionando el "delay" de siete segundos, el mecanismo de sonido del director de cámaras que le da tiempo suficiente  para eliminar palabras procaces durante una trasmisión en vivo. Después de que los conductores le aseguraron que el "delay"  estaba funcionando, Halperin dijo creer que el presidente "fue en cierta forma un 'dick'" durante la conferencia de prensa. 

El propio Halperin salió después a reconocer su error y hasta  se declaró "completamente de acuerdo" con la sanción que le  impuso la MSNBC. 

Tras el incidente, la cadena convocó a una reunión para analizar lo sucedido y posteriormente a través de un comunicado informó de la suspensión "indefinida" de su puesto de analista a Halperin. "Los comentarios de Halperin de esta mañana fueron totalmente inapropiados e inaceptables (...) Pedimos disculpas al Presidente, la Casa Blanca y todos nuestros espectadores. Nos esforzamos por un alto nivel de discurso y comentarios como estos no tienen lugar", según citó The New York Times.

También fustigaron lo sucedido el vocero de la Casa Blanca y el semanario Time, que mandó una advertencia al periodista por su comportamiento.

FUENTE: LA TERCERA

 

Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento del gobierno por votación del posnatal

El pleno del organismo adelantó sorpresivamente la decisión, prevista para el próximo martes. La resolución fue unánime.

Esta tarde, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento que presentó el gobierno ante el organismo por el proyecto del posnatal, presentación que buscaba declarar inconstitucional el rechazo al tope del beneficio durante su tramitación en la Cámara.

Si bien estaba previsto que el organismo se pronunciara al respecto el próximo martes, los ministros adelantaron sorpresivamente la decisión para el día de hoy. La resolución fue unánime.

El próximo 14 de julio, en tanto, el tribunal deberá ver el expediente presentado por el Ejecutivo, con el objetivo de analizar el fondo de la presentación.
Si el organismo finalmente se pronuncia a favor de la posición defendida por el gobierno, aún no hay claridad respecto a los escenarios que se abren en la tramitación del posnatal. Esto, ya que lo que se impugnó fue únicamente la decisión de los parlamentarios opositores de dividir la votación -por un lado, la ampliación de tres a seis meses, y, por otro, el tope del subsidio- y rechazar el límite de UF 30 para los tres meses adicionales del beneficio, manteniendo el monto de UF 66 que actualmente cubre los primeros tres meses.

El principal argumento que utilizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al momento de anunciar la medida, fue que cualquier iniciativa que implique un aumento en el gasto fiscal corresponde que sea vista únicamente por el Presidente de la República. A su juicio, el Parlamento sólo puede rechazar o mantener el desembolso estipulado para un proyecto, postura que ha sido refutada por la oposición y por abogados constitucionalistas.

FUENTE: LA TERCERA

 

 

Las otras andanzas del grupo Southern Cross en los segmentos bajos El nexo de La Polar con la Universidad del Mar y el lucro en la educación privada

En marzo de 2011, el argentino-japonés Norberto Morita y el chileno Raúl Sotomayor, con suculentas ganancias provenientes –entre otras cosas- de los negocios efectuados en La Polar, jugaron otra carta: adquirieron para el Fondo de Inversiones Southern Cross la populosa Universidad del Mar que reparte sus débiles sedes universitarias a través de todo el país. Los cerca de 20 mil alumnos a los que se les imparte educación profesional y técnica constituyeron un especial atractivo, más aún cuando tras años de ser rechazada, obtuvo en diciembre de 2010 su acreditación por dos años ante la Comisión Nacional de Acreditación. Se trata de un logro mínimo, y sólo en docencia y gestión educacional, pero aunque precaria, esta acreditación implica el pase para obtener el Crédito Fiscal con Aval del Estado.

Un ilustrativo cruce de intereses entre el escándalo de La Polar y el polémico lucro de las universidades privadas concebidas a partir de los años ‘80 muestra que ambas situaciones pueden ser caras de una misma moneda.

Al revisar lo ocurrido, aparece que quienes han estado detrás de las fraudulentas operaciones de La Polar, hoy ampliamente cuestionadas, pero que hasta hace un mes ocurrían a vista y paciencia de directorios y superintendencias eran reputados personajes de ese ambiente.

La justicia tiene a su cargo determinar las responsabilidades civiles y criminales de directores y ejecutivos y establecer quiénes eran los engañados y quiénes los estafadores. Entretanto, de lo mucho que se pudiera extraer del caso La Polar saltan al menos dos dimensiones en las que vale la pena detenerse: la estrecha vinculación con el gobierno y con los grupos económicos que manifiestan quienes desde los directorios tenían bajo su responsabilidad el negocio de La Polar, para seguir incorporando al mercado –como suele decirse- vía deudas con altos intereses a los sectores que apenas tienen para comer.

Meses antes de que estallara el escándalo los mismos que hace unos años trajeron el modelo de negocios para atraer a los sectores “C3 y D” – como se dice en términos de marketing para referirse a los sectores de clase media para abajo- habían protagonizado una nueva compra rodeada de expectantes augurios de bonanza. Esta vez era en el sector de la educación superior.


La acreditación institucional fue, no obstante, un arduo proceso. Y su historia se ha visto complicada por severos conflictos como el de 2008 con la Facultad de Medicina de la sede Viña del Mar, cuando los alumnos denunciaban que no contaban con los elementos básicos para la docencia ni con campos clínicos donde practicar.

El Fondo de Inversiones Southern Cross, que en 1999 tomó el control de La Polar cuando la tienda estaba al borde de la quiebra y que colocó al economista Pablo Alcalde Saavedra como gerente general, vendió sus acciones de La Polar en 2006. Pero los fundadores del Fondo de Inversiones, el argentino-japonés Norberto Morita y el chileno Raúl Sotomayor, continuaron como presidente y vicepresidente de La Polar hasta junio de 2009.

En marzo de 2011, Morita y Sotomayor, con suculentas ganancias provenientes –entre otras cosas- de los negocios efectuados en La Polar, jugaron otra carta: adquirieron para el Fondo de Inversiones Southern Cross la populosa Universidad del Mar que reparte sus débiles sedes universitarias a través de todo el país. Los cerca de 20 mil alumnos a los que se les imparte educación profesional y técnica constituyeron un especial atractivo, más aún cuando tras años de ser rechazada, obtuvo en diciembre de 2010 su acreditación por dos años ante la Comisión Nacional de Acreditación. Se trata de un logro mínimo, y sólo en docencia y gestión educacional, pero aunque precaria, esta acreditación implica el pase para obtener el Crédito Fiscal con Aval del Estado, lo que posibilita la llegada de más estudiantes ávidos del cartón universitario.

Hasta ahora no se manifiestan cambios en la junta directiva de la Universidad del Mar fundada en 1990 por Raúl Baeza Aspée, Mauricio Villaseñor Castro y Sergio Vera Muñoz, sus “propietarios” desde esa época. Pero al iniciar el año académico en marzo las autoridades hicieron el formal anuncio a través de una videoconferencia transmitida hacia sus sedes regionales.

Simbólica coincidencia


Justo cuando debía cumplirse el proceso de adquisición de la Universidad del Mar por parte de Southen Cross –en junio de 2011- estallaba la situación de La Polar. La multitienda que tenía más de un millón de endeudados con su tarjeta plástica abría sus secretos y se empezaron a encontrar extrañas figuras de negocios inflados para evitar reconocer cuantiosas pérdidas y “sincerar” las deudas impagas de miles de consumidores. Para que esas carteras impagas no fueran reconocidas en los balances recurrieron a la insólita fórmula de la “repactación unilateral” con intereses usurarios.

Las víctimas que llegaron hasta el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, espantadas por sus deudas “repactadas” por la casa comercial denunciaron lo que les ocurrió y provocaron el estallido: por haber “sacado” un televisor que les costaba a lo más 200 mil pesos hoy deben tres o cuatro millones, sin que ellos siquiera hubieran firmado un papel. Según se ha ido conociendo después, esta especial fórmula hacía aparecer en la columna de las utilidades los miles y millones de pesos “renegociados” de tal modo que las utilidades –ficticias por cierto- de la empresa aumentaban a pasos agigantados.

Pero de esto se beneficiaron ejecutivos que recibían premio por utilidades, mientras los miembros de directorio –a sabiendas o no- obtuvieron suculentas dietas, y accionistas que vieron subir los precios de acciones y supieron vender a tiempo. Los rezagados se quedaron, en cambio, con la desilusión de ver rodar por los suelos los castillos de papel a los que habían apostado.

Las comparaciones con la crisis de 1982 en Chile o con la subprime de Estados Unidos de 2009 saltaban a la memoria, mientras rápidamente los miembros del directorio renunciaban, tratando de explicar lo inexplicable, de afirmar que nada supieron.

El nombramiento del economista César Barros, el negociador tras la crisis de los salmones, llegó como respuesta desesperada de los bancos y las Administradoras de Fondos Previsionales para tratar de infundir calma y evitar una quiebra que arrastrara al sistema financiero. La apuesta de Álvaro Saieh, dueño entre sus numerosas pertenencias del banco y la Compañía de Seguros Corpbanca, que anunció la semana pasada que había logrado ya el diez por ciento del deteriorado capital de la tienda para ampliar su imperio económico, financiero y comunicacional puede ser una señal en el mismo sentido. Además, que si le resulta efectiva, habrá engrosado su línea del retail donde ya tiene puestas numerosas fichas: además de la cadena Unimarc, controla parte de centros comerciales.

Renuncias a granel


El gobierno, entretanto, ha buscado con energía separar aguas de quienes han sido tan cercanos y que tras las investigaciones no podrán ocultar algún grado de responsabilidad. Y no debe haber sido algo fácil porque esta historia que recién se está escribiendo abarca a lo más granado de la “elite” empresarial chilena, entroncada con el actual gobierno. La presteza para pedir la renuncia a cinco prominentes directores de empresas públicas vinculados con La Polar -cuatro de ellos directores de la tienda al momento de estallar el escándalo- que eran a la vez miembros de directorios de empresas del Estado fue un síntoma de ese afán: había que alejar lo más posible de La Moneda las réplicas de este escándalo mayúsculo que afecta la confianza pública y los cimientos del modelo económico en aplicación.

Heriberto Urzúa Sánchez, quien alcanzó a estar diez días de presidente de La Polar, llevaba cinco años como miembro del directorio –desde 2007- y era vicepresidente desde 2009. Ingeniero comercial de la Universidad Católica, Urzúa es un antiguo conocido de Piñera: pertenece al grupo de economistas que fue incubado por el actual presidente en el semillero del Citibank a comienzos de los años 80, apodados los goldens boys. Tuvo que renunciar a la presidencia de la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, donde había sido nombrado por el gobierno. Urzúa es socio de Alfonso Swett Saavedra en la empresa Forum, el que a su vez es primo hermano de Pablo Alcalde, quien aparece como el probable principal implicado en el escándalo.

El ingeniero industrial Manuel Francisco Gana Eguiguren estaba en el directorio de La Polar desde 2010 y había sido designado por el gobierno en dos empresas estatales: era director de Trenes Metropolitanos, donde se desempeñaba como vicepresidente y de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP; a la vez, en el sector privado es director de Viña Santa Rita del grupo Claro.

Martín Costabal Llona, ex ministro de Economía y último titular de Hacienda de Augusto Pinochet, militante de la UDI y activo director de empresas, recién había entrado a La Polar en abril de 2011 en reemplazo de María Gracia Cariola. Costabal también debió dejar el cargo de director de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), en la que había sido designado por el gobierno en 2010.

La abogada de la Universidad Católica María Gracia Cariola Cubillos, hija del ex senador de la UDI Marcos Cariola, estuvo en el directorio de La Polar entre noviembre de 2010 y abril de este año. Ella reemplazó en el directorio al ingeniero comercial René Cortázar, actual presidente de Canal 13 de televisión, quien pasó por el directorio de La Polar entre abril y noviembre de 2010, cuando renunció para asumir su cargo en la televisión, tras la compra del grupo Luksic.

María Gracia Cariola, quien durante el año pasado presidió la comisión de gobierno para el estudio del postnatal, debió dejar el directorio de la empresa sanitaria Esval, donde estaba desde mediados de 2010. En medio del vendaval, María Gracia permanece en los directorios de las empresas de su familia: Inversiones Pathfinder –el núcleo del grupo del ex senador- y sus filiales Agrofruta y Vidrios Lirquén. Asimismo, desde 2005, María Gracia Cariola es dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la agrupación empresarial que reúne a los representantes del agro en Chile.

Más connivencias


También debió dejar su cargo como consejero del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) el ingeniero civil de la Universidad Católica Luis Hernán Paul Fresno, casado con Ximena Ossandón, la ex vicepresidenta de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junji, que se hizo famosa por su sueldo “reguleque”. Paul quien fue uno de los últimos en llegar al directorio de La Polar –en abril de este año- es cercano al ministro de Defensa, Andrés Allamand, a quien desde enero asesora en su gabinete, en particular en lo que se refiere a las empresas ligadas al sector: Famae, Enaer y Asmar.

Además, este ingeniero con master en administración en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), era socio hasta marzo de 2010 del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine en la oficina Fontaine y Paul Consultores Asociados S.A. Quizá la proximidad con Paul fue la que hizo decir a Fontaine en el primer momento que lo ocurrido en La Polar era solo un “accidente”.

Paul era director del Centro de Gobierno Corporativo UC, y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile, cuando reventó el escándalo. Además, es investigador Asociado del Centro de Estudios Públicos (CEP), el conocido think tank de la derecha liberal.

Uno de los directores de más larga trayectoria en La Polar está también muy vinculado a la Universidad Católica: el director de la Escuela de Administración, Andrés Ibáñez Tardel. Ingeniero comercial de la UC con postgrado en Kellog y en Harvard, Ibáñez estaba en el directorio de La Polar desde el año 2004, poco después de que la empresa debutara en La Bolsa. Ante la grave situación que lo afecta, tuvo que “pedir permiso especial” en la UC para concentrarse en su defensa ante los tribunales.

Otro de los antiguos es Fernando Franke García, ingeniero comercial y master en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue gerente general de Duncan Fox, empresa matriz del grupo Izquierdo Menéndez y actualmente es director de Colbún. Era miembro del directorio de La Polar desde 2004 y según ha publicado El Diario Financiero habría sido el que encendió la luz de alerta dentro del directorio.

El mismo tiempo llevaba en La Polar Baltazar Sánchez, el brazo derecho del fallecido empresario Ricardo Claro y actualmente presidente del canal de televisión Megavisión, de Ediciones Financieras –que publica la revista Capital y el Diario Financiero- y vicepresidente de Elecmetal, entre otras responsabilidades en el grupo Claro. Sánchez integra el directorio de La Polar desde que esta se transformó en sociedad abierta y empezó a transar sus acciones en la Bolsa en 2004.

Entre los “recién llegados” a La Polar está Fernando Tisné Maritano, uno de los socios del Fondo Moneda Asset Management que se autodefine como el fondo de inversiones mayor de América Latina. Tisné, quien fue elegido director en abril último, es ingeniero comercial de la Universidad Católica y es socio de Moneda Asset desde 2006. Además, es presidente de Acafi, Chile, Asociación de Fondos de Inversión y miembro del directorio de otras empresas como David del Curto S.A. y Chiletec S.A; Energía Latina S.A. y Termocandelaria Power. Antes, durante siete años había sido miembro de la junta de la sociedad de inversiones Pampa Calichera, matriz de Soquimich.

El vínculo “espiritual” de Alcalde


Capítulo aparte merecerá en las investigaciones Pablo Alcalde Saavedra, el ingeniero que fue llevado en 1999 como gerente general por Norberto Morita y Raúl Sotomayor a hacerse cargo del negocio de La Polar. Durante años en el ambiente económico local se le calificaba de ejecutivo estrella. Su elocuencia quedó registrada en grabaciones, cuando mostraba las maravillas de La Polar: “Este núcleo familiar” –decía refiriéndose a los clientes de la tienda– “mucho más que como una multitienda, la ve como una opción de vida. Uno lo que tiene en síntesis es esto: confianza, que es lo más difícil de lograr en la vida. Cuando uno logra que la gente tenga confianza, pasó la barrera del sonido: yo creo en La Polar y como creo en La Polar voy a comprar, voy a pagar, tomo mi seguro etc. etc. etc., y ahí se produce un vínculo casi espiritual con el cliente”, señala en un video que ha circulado profusamente en Youtoube y redes sociales.

Después de una década en la gerencia general de la tienda, Pablo Alcalde asumió como presidente en 2009, cuando dejó el cargo el anterior presidente Norberto Morita, después del alejamiento de Southern Cross.

Las “repactaciones” unilaterales y la inflación de créditos y utilidades falsas, por lo menos se remonta hasta 2003, de acuerdo a lo que se ha establecido hasta ahora. En esa época el gerente de la multitienda era Pablo Alcalde, quien en 2009 ganó el título del más destacado gerente del año otorgado por el diario La Tercera.

Alcalde mantenía su oficina en un edificio en El Golf que compartía con Hans Eben, el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo y el ex consejero de esa entidad, Jorge Desormeaux, marido de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.

Southern, Morita y Sotomayor


Se ha repetido que La Polar “no tenía dueño”, es decir, que no tenía un grupo de control conocido. De acuerdo a las informaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, en marzo de 2011, los principales accionistas eran fondos de inversiones del Banco de Chile, del Banco Santander, del BCI, del Itaú, los fondos de pensiones de las AFP Provida, Habitat y Cuprum; las corredoras Larraín Vial y Celfin Capital y el fondo Moneda Asset. Eso en cierto modo hacía que sus ejecutivos, encabezados por Pablo Alcalde fueran los reales dueños y señores, aunque el lo negó en una entrevista a El Mercurio el domingo 26 de junio en la que insiste en que nada sabía, aunque fue el gerente general durante una década y era presidente desde junio de 2009.

En 2006  Norberto Morita y Raúl Sotomayor vendieron la parte de Southern Cross pero siguieron hasta 2009 como presidente y vicepresidente del directorio respectivamente.

Heriberto Morita –dirigente nacional de la Agrupación de Empresarios argentinos- apareció en la escena económica chilena envuelto en pergaminos académicos de prestigio internacional y tras haber echado a andar otras versiones de su fondo en países latinoamericanos. En Argentina ha incursionado en la industria de jabones, en la farmacéutica, en la energía y en la cerveza.

Raúl Sotomayor Valenzuela, ingeniero comercial de la Universidad Católica, presidente de Gas Atacama y de Supermercados del Sur, fue nombrado presidente del Club Monetario de la Universidad Finis Terrae, donde efectúan análisis económicos y financieros.

Ellos junto a otros dos socios –el argentino Horacio Reyser y el cubano estadounidense Ricardo Rodríguez- crearon el fondo de inversiones Southern Cross en 1998. Al año siguiente instauraron un nuevo “modelo de negocios” de La Polar que permitió sacarla de la quiebra en que se encontraba.

Un artículo publicado en el diario argentino elcronista.com hace justo un año –el 29 de junio de 2010- señala que una característica de los fondos de Southern Cross es “comprar, gestionar, crear valor y vender, con alta rentabilidad, posiciones mayoritarias en empresas de diferentes sectores de países de la región como Argentina, México, Chile, Brasil y a partir de ahora también en los Estados Unidos”. Y agrega que Southern Cross controla empresas que operan en mercados tan disímiles como los de retail, energía, farmacéutico y construcción.

En Chile, Southern Cross está presente en la energía en la planta termoeléctrica Campanario Generación, en la región del Bío-Bío, y a través del 50 por ciento de Gas Atacama que adquirió en 2007 a Endesa. Southern Cross ha intentado, asimismo, ampliar su participación en ese sector con la construcción de una nueva central termoeléctrica en la zona de Puchuncaví-Ventanas. Pero en mayo último el proyecto Río Corrientes, fue rechazado por el consejo regional de Valparaíso.

Mejor suerte ha tenido con los Supermercados del Sur, la empresa que preside Raúl Sotomayor y que en los dos últimos años ha tenido un crecimiento espectacular. Orientada, igual que La Polar, a los estratos C3 y D pretende abrir sus acciones a la Bolsa de Comercio en 2012. A las numerosas compras de locales en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, se agregó una avanzada sobre Santiago, y ciudades del centro y norte del país. Todos van sumándose a la cadena bajo la marca Bigger.

La Universidad del Mar


Sus casi 20 mil alumnos provenientes de los sectores a los que están orientados los negocios detallistas de Southern Cross constituyen la apetecida “cartera” que adquirió el grupo en marzo de 2011 a sus fundadores.

Cuando se anunció la adquisición, Raúl Sotomayor señaló: “Nos integramos a un proyecto educacional que ha cumplido históricamente un rol social y, por lo mismo, vamos a apoyar y reforzar ese rol”. Destacó que los objetivos de la “alianza estratégica” con los antiguos dueños son “potenciar el proyecto educativo y convertir la Universidad del Mar en una institución superior líder a nivel nacional”.

En número de estudiantes es la tercera mayor universidad privada, después de las dos del grupo Laureate –Las Américas y Andrés Bello- y cerca de la mitad de los alumnos proviene de colegios municipales, y del resto la mayor parte de colegios subvencionados.

La Universidad del Mar tiene su casa central en Reñaca y más de una docena de sedes de norte a sur del país en las que imparte carreras profesionales en horarios diurnos y vespertinos y también algunas de índole técnico. Y en su sitio web se anuncia con orgullo la acreditación obtenida por dos años y una lista doce carreras acreditadas.

La acreditación institucional fue, no obstante, un arduo proceso. Y su historia se ha visto complicada por severos conflictos como el de 2008 con la Facultad de Medicina de la sede Viña del Mar, cuando los alumnos denunciaban que no contaban con los elementos básicos para la docencia ni con campos clínicos donde practicar.

El último Examen Nacional de Medicina –cuyos resultados se conocieron en marzo de 2011- mostró que sus egresados estuvieron entre los peor evaluados de todo el país: de los 50 que se presentaron 24 salieron mal. No fue mejor el resultado para los profesores titulados en la U. del Mar que rindieron la prueba Inicia. De acuerdo a los resultados entregados en marzo de 2011, sólo alcanzaron 41 puntos en escala de uno a cien y ocuparon el penúltimo lugar entre todas las universidades que rindieron ese test.

¿Qué objetivo puede tener un fondo de inversiones tan versátil como Southern Cross en una universidad? Sus propios directivos han reconocido más de una vez que a ellos les interesa quedarse cinco o seis años en una empresa. La incursión de Southern Cross en este negocio es sin duda un reflejo del interés por obtener utilidades. Un claro ejemplo de la búsqueda del lucro. Difícilmente otro podría ser el objetivo de un fondo de inversión que busca tener rentabilidad en plazos relativamente cortos. Para eso está el pago de los aranceles de los estudiantes y los créditos que ellos estén dispuestos a contraer. Como en La Polar. O si se quiere en alguna otra tienda del retail. Difícilmente en este juego la educación puede ser concebida como bien público. El problema es que justamente la “oferta” de esta empresa que se llama universidad apunta específicamente a los sectores que debieran ser atención preferente del Estado.

Por ahora, la Universidad del Mar ofrece a quienes quieran matricularse, el Crédito con Aval del Estado y para eso cuenta con un “gerente” especializado. Y es nada menos que Rodrigo Lasen, el ex jefe de gabinete de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, que incluso llegó a ser jefe interino en los primeros días del gobierno de Sebastián Piñera hasta que fue destituido por el escándalo de las becas Valech.

Pero lo mismo que la Universidad Las Américas, que se orienta a un público similar, ofrece también otra posibilidad: un crédito directo que lo anuncia en su sitio web a 0,48 por ciento mensual. Los alumnos podrán elegir la forma de endeudarse que más le acomode.

FUENTE: EL MOSTRADOR

El timonel mandó el mensaje a La Moneda Carlos Larraín vuelve a la carga por cambio de gabinete

Aunque algunos intentan bajarle el perfil al difícil momento del gobierno, también están los que, como Carlos Larraín, no pueden evitar un análisis frío. El jefe de la tienda de Antonio Varas lo hizo y buscó la forma de hacer llegar al Ejecutivo su conclusión: es necesario modificar lo antes posible la actual composición del equipo del Presidente Sebastián Piñera para enfrentar de mejor forma las vicisitudes por las que pasa el gobierno de la derecha.

La suspensión del comité político del martes recién pasado, sin previo aviso, molestó a unos más que a otros en el oficialismo. Uno de los más preocupados con la inconsulta decisión fue el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, porque está conciente, aseguran en la tienda, del mal momento que atraviesa el gobierno y que dada la contingencia era necesario juntarse para coordinar la mejor forma de enfrentar el complicando momento político. Así y todo, el timonel no perdió el tiempo y aprovechó para dejar bien en claro su inquietud durante una conversación que sostuvo con el subsecretario de la Segpres, el UDI Claudio Alvarado, quien debió comunicar a quienes alcanzaron a llegar a la cita, que ésta no se efectuaría. En la ocasión, el jefe de RN le habría mandado a decir a quien corresponda que es “partidario” de un cambio de gabinete.
Si algo quedó claro en enero es que el “ajuste” que realizó el jefe de Estado, integrando al equipo ministerial a al menos dos políticos, como son Evelyn Matthei y Andrés Allamand, no fue suficiente y no dejó satisfechos a quienes habían venido presionando por el cambio. Adicionalmente, explican en RN, la situación que se generó ahora en que hay diversos flancos que enfrentar y que “hay ministros que no están haciendo su pega”, requiere de una evaluación seria respecto de que el gabinete no estaría respondiendo a la altura que requiere el actual escenario.
Fue en este contexto, en una conversación informal en la que también estaban presentes el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el secretario general de RN, Mario Desbordes, que Larraín habría planteado a Alvarado que “esta cuestión ya no da para más”, manifestando abiertamente ser “partidario de que todos los ministros pongan sus cargos a disposición y el Presidente los tome y cambie a unos tres de ellos”.
En la tienda de Antonio Varas admiten que en la evaluación que ellos hacen internamente hay varios ministros que no lo han hecho bien o no han hecho nada, que para la situación que enfrenta el gobierno vendría siendo lo mismo, sostiene una fuente del partido. Al punto, que en la colectividad incluso mencionan nombres de ministros y subsecretarios que debieran salir. El nombre en el que coinciden varios de los consultados es el de la ministra de Medio Ambiente, la UDI María Ignacia Benítez. En RN aseguran que “no ha hecho nada” y en el actual escenario en que los temas medioambientales están marcando la pauta, estiman que debiera haber alguien que “sintonice más” con el área.
Fue en este contexto, en una conversación informal en la que también estaban presentes el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el secretario general de RN, Mario Desbordes, que Larraín habría planteado a Alvarado que “esta cuestión ya no da para más”, manifestando abiertamente ser “partidario de que todos los ministros pongan sus cargos a disposición y el Presidente los tome y cambie a unos tres de ellos”.
Si bien en RN reconocen que su timonel quiere “un cambio para ahora, ya”, también admiten que eso puede ser difícil para el Presidente Sebastián Piñera. Un observador del partido asegura “compartir plenamente” la aspiración de su timonel, porque “creo que Piñera no ha sido capaz de transmitir que realmente escuchó la voz de la gente y tengo la sensación que sigue no entendiendo cómo tiene que hacerlo. Su discurso es ambiguo aún”. Y añade que el mandatario debería “hacer algo como lo que hizo Bachelet cuando tenía la escoba. Cambió el gabinete e hizo un reconocimiento ante la ciudadanía”.
En los pasillos de la casona de Antonio Varas estiman que la mejor forma que tiene el jefe de Estado para demostrar que escuchó es “con un cambio de gabinete”. “Es la forma más fácil de demostrar que hay disposición a enfrentar lo que se está haciendo mal; a demostrar que verdaderamente se busca un diálogo con la oposición, por ejemplo”, dice otro militante que tiene la convicción de que hay varios ministros que no han sabido transmitir no sólo lo que se está haciendo, sino “lo que el gobierno quiere para que el país esté cada vez mejor”.
Pese a las aspiraciones de Renovación Nacional, también hay quienes especulan que Piñera debe estar conciente de la necesidad del cambio, pero que podría dilatarlo por múltiples razones que, siempre, sólo él conoce. Por un lado, dice un parlamentario, podría deberse a que pretende “aguantar el cambio hasta la primavera para no quemar de entradita a los nuevos ministros y poner su capital político en riesgo en pleno invierno que, como todos sabemos, es la etapa más difícil del año”. Pero existe consenso dentro del partido del mandatario que un nuevo cambio es indispensable y que “no debería pasar de septiembre”, dadas las condiciones actuales en el ambiente político.

FUENTE: EL MOSTRADOR

Cerca de 400 alumnos se encuentran en ambos recintos Universitarios se toman sedes del PS y la UDI y escalan conflicto hasta la clase política

Pasadas las 18:30 horas los jóvenes irrumpieron en los inmuebles para protestar planteando que “la política tiene que ser entendida de una manera más amplia y eso es lo que los políticos no están entendiendo”.

Estudiantes de la Universidad de Chile de distintas carreras hicieron ocupación este jueves de las sedes partidarias de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en calle Suecia, y del Partido Socialista (PS), en calle Paris, rechazando que la Concertación y el oficialismo “de manera oportunista suplanten al movimiento estudiantil”.
De acuerdo a una declaración emitida por el grupo, respecto a la serie de demandas sociales expresadas el último tiempo “deben decidir las grandes mayorías del país y no los políticos que en los últimos años se han restringido a oír solamente a los empresarios y sus bolsillos”.
“Ya nos cansamos y nos aburrimos de esperar, por eso estamos aquí, no para que los parlamentarios y mercaderes de la educación de la Concertación y de la derecha de manera oportunista suplanten al movimiento estudiantil, luego de que hace un par de semanas en el
Congreso hayan omitido el voto para abrir una comisión investigadora sobre el Lucro, estamos aquí porque creemos que nosotros, la mayoría de Chile, es quien tiene que decidir sobre los temas importantes y no creemos como dice el ministro Lavín que estos temas no le competan a los estudiante”, manifestaron.
Loreto Fernández, presidenta de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, dice que los estudiantes están “cansados de que los partidos políticos no representen la voz de la mayoría. Queremos que se hagan cambios profundos al modelo educacional. Somos un movimiento que sí tiene ideas, que estamos cansados de los partidos y no queremos que nos criminalicen por ello”, señaló en medio de otros 200 manifestantes que llegaron hasta las oficinas del PS cerca de las 18:30 horas.
Constanza Martínez, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile y quien se encuentra junto a cerca de 150 personas en ocupación pacífica en la sede de la UDI, señala que “el objetivo es que hoy nos dimos cuenta de que salieron cientos de miles de personas a las calles para exigir educación al país y lo que ha señalado Lavín es que éste es un movimiento politizado. Lo que queremos decirle es que los políticos se han encargado de cuidar la billetera de algunos empresarios y la política tiene que ser entendida de una manera más amplia y eso es lo que los políticos no están entendiendo”.

FUENTE: EL MOSTRADOR

Organizadores hablan de 400 mil manifestantes en todo Chile Movimiento estudiantil da sólida demostración de poder y gobierno acusa fines políticos

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, destacó que la de hoy fue una jornada “histórica” y aseguró que no van a deponer las movilizaciones “porque nos traten de dividir o aunque traten de desgastarnos”.

Sobre las 16:00 horas la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de profesores realizaron un balance de las manifestaciones convocadas en el marco del Paro Nacional de Educación realizado este jueves junto a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.
Según los organizadores hubo al menos 200 mil personas en la marcha del mediodía por la Alameda  y sobre 196 mil asistentes en masivas manifestaciones que se replicaron en ciudades como Valparaíso y Concepción.
“Ésta fue una jornada grandiosa y monumental. Esto nos da una señal y nos deja establecido que éste es un movimiento ciudadano por la educación pública”, afirmó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
Uno de los voceros de la Confech, y presidente del a Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, destacó que quienes se congregaron esta jornada en el centro capitalino fueron más del doble de los que llegaron a la manifestación de hace una semana
Ya la marcha de la semana pasada había sido catalogada como la mayor de los últimos 20 años. El cientista político Patricio Navia, escribió en su cuenta en Twitter que “nunca en democracia (hubo) tantos opositores en la calle desde que la derecha lideraba marchas contra Allende”
“Es algo histórico y fue absolutamente exitosa, el único problema es que éramos muchos y avanzábamos lentos, pero fue sumamente importante en la historia de Chile y esto marca un punto de inflexión y llamo a la clase política para que asuma como política de Estado fortalecer la educación pública”.
Jackson también señaló que este fin de semana se reunirá la Confech para analizar los pasos a seguir, sin embargo advirtió que lo que no está en cuestionamiento es que seguirán movilizados. “No depondremos las movilizaciones porque nos traten de dividir o aunque traten de desgastarnos. Nos vamos a mantener firmes hasta que logremos lo que queremos”, dijo Jackson.
La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer,  cuestionó la manifestación planteando que “a nosotros nos encantaría que toda la energía que vimos hoy en las calles se canalizara para sentarse y trabajar por mejorar la calidad de la educación, el Gobierno ha mostrado fuertemente su voluntad para llegar a un consenso, pero esto va a ser muy difícil si es que los estudiantes siguen extremando sus posiciones. La verdad es que la intransigencia no le sirve a nadie”
Asimismo, la vocera del Ejecutivo acusó a los estudiantes de estar politizados, y dirigió sus dardo a la Concertación asegurando que “gran parte de la responsabilidad por la situación de la educación en el día de hoy es de ellos”, llamando al bloque opositor a que “escuchen un poco más lo que dicen los estudiantes”.

FUENTE: EL MOSTRADOR

miércoles, 29 de junio de 2011

El Ciudadano cubre en directo la movilización del 30 de junio


Desde las 10 de la mañana, este jueves 30 de junio, el equipo periodístico de El Ciudadano hará cobertura especial cada 5 minutos de la movilización que han convocado estudiantes y organizaciones sociales, ambientalistas, de trabajadores y trabajadoras a un paro nacional y la marcha que se realizará desde Plaza Italia hasta La Moneda.
La convocatoria es a reunirse en Plaza Italia a las 10:30 de la  mañana. Y si no puede sumarse en la calle, comente en www.elciudadano.cl desde donde podrá escuchar una cobertura de audio en directo y donde se estarán actualizando los pormenores de la marcha permanentemente.
Haga circular este mensaje. Si no nos puede leer ni escuchar, tanto mejor, porque es señal de que está donde debe estar ¡En la calle!
Si quiere seguir los pormenores de la protesta en Valparaíso, siga a la Radio Placeres.
¡Difunda!
El Ciudadano: Rompiendo el cerco informativo.

Trabajadores del Consorcio El Mercurio votaron ir a huelga


En horas de la tarde se desarrolló la votación de los trabajadores del mayor Consorcio mediático de Chile, quienes evaluaron la posibilidad de sumarse a una huelga en demanda de mejoras laborales. El resultado fue 310 votos a favor, 6 en contra y un voto en blanco, sellando con este resultado la huelga de Las Últimas Noticias, de El Mercurio y La Segunda.
Poco después  de las 18.00 horas de este miércoles, el Sindicato de Trabajadores de El Mercurio informó a través de su cuenta de Twitter el resultado del conteo de votos que determinó la voluntad de los trabajadores de irse a huelga, que abarca desde la “negociación del contrato colectivo, hasta bonos por trabajo de fin de semana y aumentos de sueldo”, según indicó Isabel Plant en un twitt.
En horas previas, el mismo Sindicato indicó la decisión de Las Últimas Noticias de validar la huelga también con 103 votos a favor y sólo dos en contra de la medida. Estas cifras, están ampliamente validadas, según informaron los trabajadores del Consorcio medial, ya que se requerían 205 votos y finalmente fueron 310 quienes aprobaron la medida, dando una “linda señal de fuerza”.
El proceso que se viene ahora, es el denominado de “buenos oficios”, donde se dará la negociación al detalle, ya que la huelga implica que existe un rechazo a los ofrecimientos de la empresa. De no fructiferar esta medida, el paro se haría efectivo desde este viernes  1° de julio. Cabe destacar que se sumarían a la huelga, los periodistas, diseñadores y fotógrafos del “Decano” de la prensa chilena.
El Ciudadano

Ley Antiterrorista, baldón para Chile



CONOCIDO el fallo de la Corte Suprema que condenó a los mapuches, se inició una marcha de protesta hasta La Moneda que fue disuelta con violencia por carabineros.
En Chile, el Estado vulnera los derechos humanos mediante la Ley Antiterrorista, promulgada por la dictadura militar para controlar la oposición al régimen y que los gobiernos de la Concertación mantuvieron con similar propósito. En este momento, cuatro comuneros mapuches sufren el rigor de esa ley y protestan con una dramática huelga de hambre por las injustas condenas que les han aplicado. El denominado “caso bombas”, por otra parte, en el que catorce jóvenes fueron imputados por la colocación de artefactos explosivos, demuestra que la aplicación de esa ley de excepción constituye una violación al debido proceso y que se utiliza para criminalizar la protesta social.
Así lo aseguran el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Gonzalo Taborga Molina, vicepresidente del Partido del Socialismo Allendista e integrante del Movimiento Amplio de Izquierda (Maiz); y el ex vicario de la Pastoral Obrera y de la Pastoral Social, monseñor Alfonso Baeza Donoso, activo defensor de los derechos humanos en nuestro país.
Para Taborga, “un aspecto importante que muestra el grado de descomposición del Estado de derecho a partir de la forma como se hace la política gubernamental, está en que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche nunca se resuelven por vía de la negociación, siempre terminan en los tribunales”.
Monseñor Baeza, a su vez, afirma que “la situación de los derechos humanos en Chile es precaria, en particular por los procesos con la Ley Antiterrorista, que vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales que contempla la Constitución Política, además de transgredir normas internacionales sobre derechos humanos”.
Mapuches demandan juicio justo
Monseñor Alfonso Baeza asegura que “la aplicación de la Ley Antiterrorista ha puesto en evidencia la discriminación que sufre el pueblo mapuche. A los cuatro comuneros condenados, la Ley Antiterrorista les fue aplicada durante el proceso investigativo y en el desarrollo del juicio oral en Cañete, por lo que no tuvieron debido proceso”.
Tras dos años en prisión preventiva y tres meses de juicio oral, el tribunal de Cañete absolvió a trece de los comuneros mapuches, dictando sentencia condenatoria contra cuatro miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco por delitos comunes. Sin embargo, a lo largo del proceso, el Ministerio Público se valió de procedimientos de la Ley Antiterrorista, como  las declaraciones de una treintena de “testigos sin rostro”, para acusar a los mapuches. Asimismo, desconociendo un acuerdo tomado en una mediación con  la Iglesia Católica, que puso fin a una huelga de hambre de 86 días, el Ministerio Público no se desdijo explícitamente de la utilización de la Ley Antiterrorista.
El ex vicario de la Pastoral Obrera señala que “la Ley Antiterrorista permite la prisión preventiva en las peores condiciones, mientras dura la investigación. El Ministerio Público puede comprar testimonios, interferir comunicaciones y suprimir el derecho a la presunción de inocencia. Hay denuncias respecto a que delincuentes condenados por narcotráfico fueron inducidos a declarar contra los mapuches mediante la promesa de disminuir sus condenas u obtener beneficios penitenciarios”.
El sacerdote asegura que “la penalidad de la Ley Antiterrorista es tres o cuatro veces más dura que en la justicia penal. Esto ha quedado claro en casos de violaciones de los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad perpetrados por militares. Ellos han sido procesados por la ley común; incluso algunos gozan de pena remitida. Esos crímenes de lesa humanidad son tan graves que no se comparan con un robo de madera o el supuesto intento de atacar a un fiscal, por los cuales los comuneros mapuches fueron condenados”.
Gonzalo Taborga enfatiza que la condena de los cuatro mapuches -confirmada parcialmente por la Corte Suprema- pretende silenciar a “los mejores representantes del pueblo mapuche en su demanda por la recuperación de su territorio histórico, usurpado por el Estado y particulares chilenos”.
El Estado -agrega- tiene la obligación de respetar los tratados internacionales suscritos, como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, etc., y debe poner fin a la represión contra los dirigentes mapuches. El abogado Taborga,  junto a representantes políticos y sociales, se reunió hace algún tiempo con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para manifestarle su preocupación por el caso de los comuneros mapuches.
El ministro Milton Juica también criticó la Ley Antiterrorista porque -aseguró- no guarda relación con un Estado democrático, y “debiera ser modificada y atenuada en sus efectos, asegurando el debido proceso”. En opinión de ese magistrado, debe ser modificada por el Parlamento. Monseñor Baeza también señala: “Si hay leyes injustas, las sentencias también serán injustas. Por eso es urgente movilizar a los legisladores y partidos políticos para que se jueguen en defensa de los derechos humanos y modifiquen de una vez  la Ley Antiterrorista”.
La Concertación y el terrorismo de Estado
La Ley Antiterrorista se promulgó durante la dictadura militar, pero fueron las reformas que se introdujeron durante el gobierno de Patricio Aylwin las que permitieron utilizarla contra el pueblo mapuche. Los juristas de la dictadura militar habían tratado el terrorismo como un delito político e ideológico. Pero las reformas de Aylwin eliminaron sus connotaciones políticas y lo tipificaron simplemente como un delito violento, gravísimo, contra las personas. (1)
A partir de la década de 1990, las comunidades mapuches iniciaron ocupaciones de territorios ancestrales usurpados por el Estado. Para reprimir ese movimiento, el gobierno aplicó la Ley de Seguridad Interior. Luego, frente a la quema de algunos predios forestales y la ocupación de tierras, los presidentes Lagos y Bachelet recurrieron a la Ley Antiterrorista.
Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, “el terrorismo de Estado se desarrolló al interior del régimen militar, que necesitaba gobernar por el temor. Durante los gobiernos de la Concertación subsistieron elementos del terrorismo de Estado, como la represión a los mapuches y a las demandas sociales  en los centros urbanos”. Agrega Taborga que esta situación la fomentó el modelo económico neoliberal, al generar un colosal endeudamiento que sirvió de base de la judicialización de la protesta social.
Gonzalo Taborga afirma que “Ricardo Lagos introdujo el concepto de represión sobre la base de la judicialización, pero quien le dio brío con violencia institucionalizada proveniente del Ministerio del Interior, fue el gobierno de Michelle Bachelet. Durante su administración se registraron los mayores índices de represión masiva y se militarizó la Región de La Araucanía”. Monseñor Baeza agrega que “la principal responsabilidad de la Concertación es no haber derogado la Ley Antiterrorista, como correspondía”.
Piñera y su estilo
represor
Monseñor Baeza asegura que “en cualquier momento una protesta social de algún grado de violencia, llevará al gobierno a recurrir a la Ley Antiterrorista. Si esto ocurre, se esfumarán una cantidad de derechos de las personas. Con el ambiente que existe contra el proyecto HidroAysén, temo que el gobierno intente convertir esa movilización en una pretendida ‘acción terrorista’ para criminalizar la protesta ciudadana”. Para monseñor Baeza, “la lógica del gobierno responde al eslógan de campaña: ‘A los delincuentes se les acabó la fiesta’, que anunciaba un régimen que terminaría con la ‘puerta giratoria’ de los tribunales. La principal meta de este gobierno es el crecimiento económico, sin distribución de la riqueza ni justicia social. Eso requiere políticas de seguridad basadas en una represión institucionalizada”.
El abogado Gonzalo Taborga añade que “el gobierno de Piñera es, efectivamente, otro gobierno de la Concertación. Respecto a la política de privatizaciones de la Concertación, la actual administración está haciendo lo mismo con una pachorra insensible a los reclamos. Cuando existe protesta, no la escuchan y nadie la conoce porque nada se publica”.
“Caso bombas” recuerda a la dictadura
El ex vicario de la Pastoral Social, monseñor Baeza, reitera su denuncia respecto al montaje, en el “caso bombas”. “Me reuní -dice- con los jóvenes imputados. Ellos fueron interrogados en tiempos del ex fiscal Xavier Armendáriz y quedaron en libertad por falta de méritos. Pero luego, esas mismas personas fueron procesadas por el fiscal Alejandro Peña, actual funcionario del Ministerio del Interior. Cuando existe impunidad, los agentes del Estado pueden hacer lo que quieran,  fabricar un montaje y hasta colocar bombas. La Ley Antiterrorista permite comprar ‘testigos’ y presentarlos encubiertos. Con dos o más ‘testigos’ se puede lograr una sentencia”. El sacerdote  asevera que el gobierno debe “pedir perdón por haber calificado de terroristas a estas personas sin someterlas a juicio justo, y haciendo un montaje para justificar esas arbitrariedades”.
En el mismo sentido, el abogado Taborga señala que “estos hechos me recuerdan a la Dina y a la CNI. Si el ‘caso bombas’ no fuera un montaje, los jóvenes procesados serían unos aprendices chapuceros de terroristas, porque no saben siquiera armar una bomba de verdad”.
De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención al gobierno de Chile por la vaguedad de la definición de terrorismo en nuestra legislación, lo que permite que la Ley Antiterrorista sea invocada en múltiples situaciones de conflictividad social.
Monseñor Baeza asegura que, además, “el duopolio de la prensa maneja la información conforme a sus intereses. En la cobertura periodística del caso de los cuatro mapuches en huelga de hambre y en el ‘caso bombas’, el abultamiento de supuestos delitos ha sido tremendo. La manipulación de la información permite que quienes reclaman justos derechos aparezcan como violentistas”
ISABEL DIAZ MEDINA
(1) “Indebido proceso: los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los mapuches en Chile”, Human Right Watch (2004).

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)
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El ejemplo mapuche


LAS madres, hermanas y esposas de los comuneros mapuches se sumaron a la huelga de hambre instalando un campamento frente al hospital de Victoria, donde estaban los cuatro prisioneros antes de ser dispersados en hospitales de Concepción, Los Angeles y Nueva Imperial. Al cierre de esta edición, en el hospital de Victoria permanecía Héctor Llaitul, sedado y
esposado para ser sometido a alimentación forzada.

Con el escenario político-social copado por las movilizaciones contra el proyecto HidroAysén y las protestas estudiantiles, han tenido escasa resonancia las condenas contra los comuneros mapuches sentenciados a brutales penas de presidio por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y luego por la Corte Suprema. Esta última recalificó el delito de “homicidio frustrado” en contra de un fiscal por “lesiones menos graves”, y rebajó las penas por robo de madera. Pero en definitiva, Héctor Llaitul fue condenado a 15 años y Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche a ocho años cada uno.
Ni siquiera la huelga de hambre de casi 90 días de estos presos mapuches parece haber impresionado a la opinión pública y mucho menos a la inmutable “clase política”, absorta en los próximos juegos electorales. La sentencia de la Corte Suprema deja fuera de lugar cualquier otra iniciativa en el plano judicial. Tiene razón el presidente del tribunal, Milton Juica, cuando devuelve la iniciativa de solución al campo político. Los mapuches seguirán encarcelados si no hay una decisión en contrario del Poder Ejecutivo, vía indulto presidencial. Desde luego, ellos no dejarán de luchar porque no están dispuestos a rendirse ante la injusticia. Así lo indica la historia de ese pueblo que enorgullece a la nación chilena. En síntesis, la condena de Llaitul y sus compañeros es una vergüenza que debe ser corregida en el espacio que controla el poder político.
La sentencia judicial ignora el compromiso asumido por el gobierno en orden a no aplicar la Ley Antiterrorista. Aunque no se reconozca, se les está aplicando, ya que se aceptaron como pruebas las declaraciones de testigos “sin rostro” y las confesiones obtenidas mediante tortura. También el fallo deja en incómoda posición al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que avaló el acuerdo para poner fin a la huelga de hambre de 86 días que los comuneros mapuches mantuvieron el año pasado. El acuerdo apuntó a que un proceso “normal” exoneraría de culpa a los comuneros que reclamaban precisamente un juicio regular.
En el Tribunal Oral de Cañete el voto de minoría, de la magistrada Paola Schisano, estuvo por absolver a los imputados, por falta de pruebas. A juicio de la defensa, el proceso ha vulnerado la presunción de inocencia y la normativa internacional de derechos humanos que, conforme a la Constitución, es obligatoria para Chile. En este orden, tampoco la sentencia ha considerado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en caso de sanciones a integrantes de pueblos originarios señala que se deben privilegiar penas que no sean privativas de libertad.
La pregunta entonces es ¿cómo se ha llegado a este punto, que sólo puede radicalizar un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche cuyas raíces son más que centenarias? ¿Ha sido el fallo producto de un engaño del gobierno para no modificar la Ley Antiterrorista -que apoyan las empresas forestales y la derecha política-, y se prefirió que la Corte Suprema hiciera el trabajo sucio? ¿O fue la propia Corte Suprema la que prefirió actuar apegada a la letra y formalismo de la ley, desentendiéndose de su obligación de hacer justicia con cabal discernimiento de la verdad? ¿Qué papel ha jugado el Ministerio Público en este caso, y cómo responde a las acusaciones de manipulación de pruebas y testigos?
Florencia E. Mallon, historiadora norteamericana, estudiosa de temas indígenas, escribía a fines de los años 90, a propósito de los mapuches, que “cuando la memoria se impone con sangre, el abuso se hace costumbre”. Argumentaba: “Se reclama a los empresarios y usurpadores la racionalidad y la civilización y también se legitiman sus acciones, al integrarlas a la corriente superior de la historia llamada la modernidad. Los únicos propietarios de la modernidad, los empresarios wingkas -en realidad ladrones veloces y violentos (eso significa la palabra escrita en cursivas, N. de PF)- fácilmente construyen a los mapuches como neolíticos ignorantes que resisten el curso de la historia, pero tal construcción es la de una amnesia que se creó con sangre y abusos entre 1883 y 1990”.
La apelación frecuente a huelgas de hambre por los presos mapuches y sus familiares, demuestra la profundidad del problema. Ahora repiten la protesta porque entienden que frente a la injusticia e insensibilidad del poder político y económico, sólo pueden poner en la balanza sus propias vidas. En 1981, la primera ministra conservadora de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, llevó a la muerte con obstinación criminal a diez irlandeses en huelga de hambre en la cárcel de Maze, entre ellos al joven Bobby Sands. A pesar de esa crueldad, los ingleses no avanzaron un milímetro en la solución del conflicto de Irlanda del Norte.
La huelga de hambre de los comuneros mapuches ha dejado de ser un tema judicial. Es un problema político y social, como siempre lo ha sido. Nada tiene que ver con el terrorismo. El mapuche es un pueblo que lucha pacíficamente por su tierra y por su identidad. El presidente de la República tiene pues la obligación de honrar su palabra y dejar en libertad a los presos, impulsar la modificación de la Ley Antiterrorista y negociar con el pueblo mapuche una solución para la deuda histórica del Estado.
El conflicto mapuche se suma a la acumulación de problemas que afectan al gobierno. La mayoría no tiene origen en su mandato y se arrastran desde los gobiernos de la Concertación. Pero la derecha ha demostrado no estar en disposición de escuchar las demandas populares. Prefiere el autoritarismo y las soluciones tecnocráticas que mantengan intactos sus intereses. Lo dejan en evidencia las decisiones adoptadas en política educacional y ambiental, que han provocado la movilización social.
La vertical caída de la popularidad del gobierno inquieta al empresariado. La Concertación, que a su vez aparece en las encuestas en situación calamitosa con 65% de rechazo, no está en condiciones de imponer sus criterios, nada distintos por lo demás a los de la Alianza derechista. El problema de fondo es que se registra una creciente desafección ciudadana respecto a la institucionalidad, sobre todo a los partidos políticos.
Debido a la inesperada irrupción de grandes manifestaciones públicas no controladas por los partidos, las estructuras institucionales se revelan carcomidas y resquebrajadas. Sus crujidos han llevado a resucitar a defensores profesionales del sistema. Es el caso del ex ministro y actual lobbista Enrique Correa, que -por cuenta de El Mercurio- propone un entendimiento gobierno-oposición que daría mayor gobernabilidad al país. Los afanes de Correa y otros especialistas en gobernar desde las sombras, entrenados para ello durante los 20 años de la Concertación, reflejan la preocupación de la clase dominante por la acumulación de conflictos sin cauce aparente de solución. Incluso sectores empresariales -como los exportadores de frutas- dan señales de malestar. Ortodoxos defensores del mercado libre, por obra y gracias del debilitamiento del dólar, se convierten en mendigos del Estado. Por eso El Mercurio, sempiterno padrino del modelo, desempolva a oxidados gestores políticos para que acudan en auxilio del sistema debilitado. Lo que ahora viene es el intento de crear un eje articulador -Democracia Cristiana-Renovación Nacional- que restablezca el imperio del binominalismo institucional, asegurando la alternancia de la Alianza y la Concertación. Mientras no surja una alternativa de poder que desafíe ese ordenamiento institucional, promoviendo más democracia y más derechos sociales, la suerte de este país -incluyendo al castigado pueblo mapuche- seguirá en manos de un puñado de empresarios que se valen de oscuros operadores para sus maniobras políticas y financieras. La firme actitud de los comuneros mapuches para rechazar la injusticia, debe ser un ejemplo inspirador de la lucha por una alternativa liberadora.
PF

(Editorial de Punto Final, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)
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Así me gustaría la Izquierda

Autor: Ricardo Candia
Que no se quede en el molde hecho sino que construya los que sean necesarios para este año, para este siglo y para el otro. Que destierre el arreglín, la cuchufleta y el acuerdo bajo cuerda. Que haga lo posible por poner la carreta y los bueyes en su justo lugar, de manera que los esfuerzos que siempre terminan haciendo los que ponen el trabajo duro, y de vez en cuando el pecho a las balas y el lomo a las torturas, sea coronado con algunos éxitos, aunque sean pequeñitos. Que se proponga arreglar el descalabro que hay en el mundo, partiendo por nuestro propio país, y en ese esfuerzo distinga la aritmética de la matemática, la agitación de la movilización y el fin de los medios. En particular, valorar la coherencia entre estos últimos. Sea cual sea la forma que adopte, debe ser democrática, condición sin la cual jamás podrá proponer ni menos construir una sociedad de verdad con esa misma característica, y que practique esa manera de ser en su organización, en la cama, el bar, el trabajo, en la calle y en donde pille la necesidad de tomar partido.
El mundo que queremos en esas utopías soñadas, cantadas, recitadas se parecerá mucho a la manera en que vivan los que la construyan. Nadie será disminuido por su orientación sexual, origen, tamaño, color, nacionalidad, peso, belleza, conocimiento, textura, vestimenta, ocupación, ni por ninguna característica impuesta por la voluntad de cada uno, por la naturaleza o por la brutalidad del capitalismo. El más humilde de los adherentes debe valer tanto como el más empingorotado, y nadie deberá repetirse el plato por más bien plantado que sea.
Cuando se dice de lo adicto a las costumbres que es el humano, se olvida agregar que lo es con mayor razón a las que proveen un buen pasar y generan algunos niveles de obesidad y prepotencia. Cada persona que haga un esfuerzo en su forma y medida por el resto de los humanos, merecerá el reconocimiento de sus compañeros y habitará en la memoria de todos cuando ya se haya ido, pero en especial, cuando todavía esté. Que la Izquierda sea respetuosa de la historia y no olvide a sus héroes y mártires, los que han sido y los que serán; ya sabemos lo duro que de tarde en tarde resulta ser zurdo.
La Izquierda en este siglo tendrá la risa desplegada por la alegría de hacer el esfuerzo de construir una sociedad en que la medida sea la felicidad de todos. La autoflagelación y el sufrimiento como manera de exorcismo contra los flagelos y sufrimientos del mundo, y el martirologio como instrumento para la construcción de un país sin martirizados, no tendrían cabida. Sufrir sólo por el amor no correspondido. Indignarse en donde haya injusticia. Y vivir la vida disfrutando sus ofertas.
Una nueva Izquierda requiere de nuevos izquierdistas. Una nueva dirigencia de Izquierda requiere de nuevos dirigentes de Izquierda. Si la edad no es un tema, con mayor razón no lo es la poca edad. Quienes han caminado por muchos años en la Izquierda deben compartir el espacio con los que recién se integran. Los viejos deben dar cabida a los jóvenes, los hombres a las mujeres, y ambos, a todos el que quiera y pueda.
La revolución cantada y contada no necesita cantores y contadores para que se hagan millonarios y después canten o narren para quienes puedan pagar. El arte debe dar paso a una manera de comunicar la belleza para todos, y que no sea condición el dinero para disfrutarlo.
Soñar con los ojos bien abiertos debería ser una de las consignas para una Izquierda que se precie de nueva. Soñar, para ser capaces de imaginar la sociedad que construiremos para preservar la humanidad sobre la tierra. Y los ojos bien abiertos, para ver que los errores que se van cometiendo no se parezcan a los que ya se cometieron. Y para que veamos en qué quedó todo. Y sobre todo, que bajo ninguna condición se obligue a nadie a no ver.
Una Izquierda contemporánea debe asumir la pluralidad propia de los seres humanos, de los cuales no hay uno igual a otro. Unidad no es uniformidad y confundir una y otra es el origen de la tontera. Y llegados a esas circunstancias, mejor nos vamos a casa.
Que al vino se le llame vino, al pan como pan y a la mentira, mentira. Decir la verdad deberá ser la norma. Y la consecuencia, es decir el actuar en la verdad, también.
Que no haya personas, ni libros, ni íconos sagrados. Toda vida que lo sea porque sí no más.
Sólo el humano se equivoca y se ríe. Para ser mucho más humanos requerimos reírnos mucho más y equivocarnos a cada rato. Sin que haya razón alguna para que estas categorías sean motivo de escarnio o punición, sino estímulo para volver a intentarlo.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)
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Coloma responde a RN y pide "deponer actitud crítica contra Lavín"

El presidente de la UDI rechazó los cuestionamientos de Mario Desbordes al manejo del ministro de Educación en el conflicto estudiantil. "Sus dichos no ayudan al gobierno, ni al Presidente, ni a la Coalición", dijo.

 

El presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, salió hoy a responder los cuestionamientos por parte de RN al manejo del ministro de Educación, Joaquín Lavín, en el conflicto estudiantil.

Esto, luego de que el secretario general de RN, Mario Desbordes, afirmara esta mañana que la gestión del secretario de Estado en el conflicto "no ha sido buena", y pidiera un rol más activo por parte del Ministerio de Educación.

Tras esto, el timonel gremialista entregó esta tarde su total respaldo al ministro UDI, y emplazó esta tarde a RN a "deponer su actitud crítica en contra de Lavín".

"La unidad es el camino de la Coalición y  todo aquello que la desdibuje o la perturbe va en contra del proyecto del  Presidente Piñera (…) no comparto para nada los planteamientos del dirigente de RN (…) sus dichos no ayudan al gobierno, ni al Presidente Piñera ni a la Coalición", dijo.

Además, Coloma dijo que "no cabe duda que el ministro Lavín, desde el inicio, ha tenido una gran capacidad de diálogo, de oír y de implementar las urgentes transformaciones que se requieren" 

"Las transformaciones que el ministro Lavín está buscando, en la educación superior, requieren de la voluntad de todas las partes, de ponerse de acuerdo", añadió.

Finalmente, el timonel gremialista dijo que "sabemos perfectamente que el ministro Lavín ha hecho todos los esfuerzos por mejorar las actuales condiciones (…) hacemos un llamado a los estudiantes a deponer las tomas, en la lógica que la mesa de diálogo es la mejor fórmula para realizar los cambios que la educación superior, por tantos años, ha esperado".

FUENTE: LA TERCERA