Amplia polémica ha generado el proyecto del Gobierno de monitorear las redes sociales y los flujos de mensaje por Internet. Si bien es rechazado por la oposición, el año pasado parlamentarios de ese sector intentaron aprobar un proyecto destinado a hacer responsables a los administradores de sitios web de cualquier insulto que aparezca en sus páginas.
Luego de haber presentado públicamente el domingo 19 de junio un sistema de monitoreo de las redes sociales, el Gobierno se enfrentó a varias reacciones y recelos, respondiendo que su propósito es recoger el parecer de los ciudadanos.
El consultor web del Presidente, Pablo Matamoros, justificó la decisión por la “responsabilidad [que tiene el Gobierno] de escuchar lo que sucede en las redes sociales digitales”.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y concedida a la empresa Brandmetric S.A., por un monto de $ 14.388.000.
Mediante una plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en Internet, el Ejecutivo podría recoger en tiempo real cualquier contenido vinculado a las autoridades, y los temas y entidades de interés nacional en las redes sociales –como Facebook o Twitter-, blogs, y foros. Tal software también permite la ubicación geográfica de quien emita el contenido.
Según un estudio realizado por ComScore en diciembre del 2010, el 88% de los usuarios de las redes sociales en Internet pertenecían a Latinoamérica. En la región, Chile ocupaba el cuarto lugar del alcance de la red social Twitter y primero en Facebook.
Manuel Baquedano, miembro del Consejo Directivo del Consejo de Defensa de la Patagonia destacó el rol central de las redes tuvieron en el surgimiento de las protestas contra el proyecto Hidroaysén, diciendo que “fueron las que hicieron pasar estas demandas ambientales en demandas ciudadanas. En esto, indudablemente, lo que hacen las redes sociales es poder articular en forma rápida un conjunto muy grande de pequeños colectivos u organizaciones. Sin ellas hubiera sido muy difícil reaccionar de forma tan rápida”.
Agregó que “la medida del Gobierno es muy desafortunada porque plantea el tema del poder vigilar lo que pasa en la red como el ‘Gran Hermano Que Te Observa’. Es un atentado a la libertad que tienen los ciudadanos de poder libremente concordar o conectarse por medio de las redes sociales. Sin embargo no va a poner trabas a las próximas movilizaciones porque hay una indignación muy grande de la gente, y porque las redes sociales son una forma de cómo la ciudadanía se organiza, un medio y no el espíritu de las movilizaciones”.
EL CONTRA ATAQUE CIUDADANO
Las primeras reacciones ciudadanas se hicieron a través de la concernida red social Twitter bajo las etiquetas #Gobiernosapo y #frasespalmonitoreo entre otras. Cuentas Facebook similares, con el mismo título, también contraatacaron.
Ante el anuncio, la agrupación ciberpiratas Anonymous lanzó una operación llamada “Andes Libres”, cuya primera etapa se implementó: El Colectivo inhabilitó el sitio web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena hace pocos días.
Por su parte, el senador Pedro Muñoz (Partido Socialista) solicitó a la Contraloría declarar ilegal la plataforma de monitoreo propuesta por el Gobierno por su violación a la intimidad de las personas.
En efecto, la Organización No Gubernamental (ONG) Derechos Digitales, mediante la voz del investigador José Ignacio Gallardo advirtió sobre la eventual “amenaza a la libertad de expresión” que implica esta medida.
Según Gallardo “es legítimo pensar el peligro que puede crearse con el cruce de informaciones y tratamiento de datos, lo que permite generar perfiles, por ejemplo políticos, de las personas que están en la red”.
“No es lo mismo utilizar las redes sociales para hacer sondeos de opinión y generar perfiles de las personas que generan las actividades sociales o políticas. Por ejemplo, el software que puede ser utilizado es capaz de asociar la dirección IP de un computador con coordenadas geográficas”.
Derechos Digitales afirmó que la protección de la privacidad por la ley es insuficiente. “Si los datos en las redes sociales son de acceso público eso no significa que los usuarios den autorización al Gobierno. La medida del Gobierno debe contar con algún respaldo legal que darán mención de cuáles serán las atribuciones constitucionales que les permiten realizar el monitoreo” -añadió el experto.
El Gobierno, mediante la voz de la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, se declaró dispuesto a asistir a la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara para ahondar las explicaciones oficiales al respecto de la propuesta del oficial.
La vocera Von Baer añadió que “lo único que estamos haciendo es leer y escuchar las redes sociales, tal como lo hacemos con otros medios de comunicación y que nosotros creemos, y yo estoy segura que ellos van a compartir, que es muy importante escuchar y estar viendo qué sucede en las redes sociales, porque las personas que participan en las redes sociales, lo hacen finalmente, porque quieren de alguna forma ser escuchados”.
ANTECEDENTES AL MONITOREO DE LAS REDES SOCIALES
En agosto del año pasado, un proyecto de ley, conocido como “Ley mordaza”, fue propuesta por los senadores socialistas Pedro Muñoz y Camilo Escalona, y el independiente Carlos Bianchi.
Buscaron con tal proyecto proteger a los/as chilenos/as reglamentando el vacío de la red, aprovechado por algunas personas para ofender a la gente “desde el anonimato de la web”. Concretamente, este proyecto pretendía sancionar a administradores por ofensas en sitios web.
A la sazón, ya tal iniciativa generó discusiones y debates. Varias páginas web, grupos en Facebook y cibernautas la calificaron de “ley mordaza” por la censura que iba a implicar. Más allá de proteger a los ciudadanos, se denunció la posible censura del legítimo derecho a opinar y expresarse.
Finalmente, tras haber sido objeto de tantas críticas, se retiró la iniciativa de ley. El senador Muñoz declaró algo ofuscado que “hemos resuelto retirar este proyecto porque al parecer Chile aún no está preparado para esta regulación y parece que hay gente que le gusta escudarse en el anonimato para insultar”.
EN CONTRA DEL SAPO DE LAS REDES SOCIALES
Considerando el papel que desempeñaron Internet y las diversas redes sociales en la organizaciones de las llamadas Revoluciones Árabes, y sobre todo en la de Egipto, el periódico español El Mundo destacó iniciativas que se han configurado con el objeto de que Internet no esté sujeto a los controles gubernamentales.
El medio subrayó la existencia de redes descentralizadas que, al no depender de un nodo central o de un punto de acceso, permiten “crear un Internet a prueba de gobiernos”. Estas redes alternativas son preferibles para garantizar la libertad de expresión y la comunicación horizontal en situaciones de bloqueo, censura o catástrofes.
Son siete las maneras de llegar a este Internet alternativo: Entre ellas las redes Openet, Netsukuku, FreakNet, Openmesh, Daihinia, Freifunk y Wan ljubljana.
Openmesh, por ejemplo, es un foro diseñado para acoger a voluntarios interesados en la creación de redes. Su creador, el inversor Shervin Pishevar, lo pensó durante las protestas iraníes del 2009: El software es destinado a lugares en los que sea complicado el acceso a Internet o esté sometido a represión. Lanzó el proyecto bajo el lema “el último bastión de la dictadura es el ‘router’”.
Otro proyecto por ser destacado es Daihinia. La iniciativa provee un software que “convierte un PC con Windows en un repetidor inalámbrico”, o sea pretende permitir a quien lo utiliza “saltar” a un punto de acceso aunque esté fuera de su rango, mediante la tarjeta de red corriente de un computador.
Por Mélissa Quillier
El Ciudadano
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