Plataforma para consulta pública reúne antecedentes de los gabinetes de Piñera y Bachelet
CIPER crea base de datos con el patrimonio declarado por los presidentes y ministros
La ley exige que presidentes y ministros, entre otras autoridades, presenten una declaración de patrimonio al asumir y al dejar el cargo, y que la modifiquen ante cualquier cambio relevante. Pero no hay un organismo encargado de fiscalizar que efectivamente cumplan ni menos alguien que confirme que lo declarado es verídico. Por eso, en la práctica, no hay sanciones. Acá reunimos y presentamos de manera clara la información entregada por todos los ministros de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Navegue por gobierno, por cartera, por ministro. Compare y fiscalice.
Nadie fiscaliza las declaraciones de patrimonio de las autoridades. Los presidentes, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, intendentes, gobernadores, alcaldes y todos los funcionarios públicos obligados por ley a declarar su patrimonio e intereses, pueden, eventualmente, omitir u ocultar información sin arriesgar sanciones. Queda a la buena fe de las autoridades cumplir el trámite con rigurosa veracidad, porque en Chile no existe institución ni un equipo de funcionarios encargado de verificar que aquello que está escrito en las declaraciones corresponde a la verdad. Así lo constataron dos series de investigaciones -sobre las declaraciones de senadores y alcaldes- difundidas por CIPER entre mayo y octubre de 2008. Y así lo reconfirmó otro reportaje de CIPER, de abril de 2010, acerca de las declaraciones de los ministros del presidente Sebastián Piñera.
Cinco años y medio después de nuestras primeras publicaciones sobre este tema clave de probidad, transparencia y de combate a la corrupción, todo sigue igual. Por eso, CIPER entrega a sus lectores una completa plataforma digital que reúne los datos declarados por los presidentes y ministros de la administración de Sebastián Piñera y del actual gobierno de Michelle Bachelet (vea el especial aquí). Este proyecto está inspirado en la aplicación interactiva que La Nación Data hizo con las declaraciones juradas de las autoridades argentinas (ver sitio).
La plataforma de CIPER concentra y presenta de manera clara toda la información contenida en las declaraciones de cada uno de los ministros que tuvo Piñera y de los que ha nominado Bachelet, además de las que suscribieron los propios presidentes. En el caso de los ministros de Piñera, se pueden consultar también, mes a mes, los sueldos que percibieron mientras estuvieron al mando de sus carteras. Este último dato no pudo ser incorporado en las fichas de los actuales ministros de Bachelet, debido a que al momento de reunir la información aún no había registro de sus salarios.
En todo caso, esa información sobre sus ingresos regulares, así como cualquier otro cambio relevante en el patrimonio o áreas de interés de las autoridades que incluye nuestra plataforma, será periódicamente actualizada.
Aunque las declaraciones de patrimonio del Presidente y de los ministros se pueden descargar desde las páginas web de las instituciones que encabezan, esta información se pierde cuando son reemplazados en el cargo. En otras palabras, sólo se publica la declaración del Presidente o ministro en ejercicio. De las que llenaron sus antecesores, no queda rastro. Tampoco se publican las declaraciones que hacen las autoridades salientes. Si usted desea consultar alguna, debe pedirla en la Contraloría General de la República, donde son almacenadas. Por lo mismo, CIPER ha creado esta base de datos de fácil navegación para mantener un registro histórico y de acceso permanente, a objeto de que los ciudadanos puedan fiscalizar a quienes han ejercido como principales autoridades del Poder Ejecutivo aun cuando ya hayan dejado sus cargos.
El objetivo principal de este nuevo archivo público es que cualquier ciudadano pueda ejercer una labor de fiscalización, pues le permitirá comparar el patrimonio con que un ministro o Presidente de la República ingresó al gobierno, con los bienes e inversiones que tiene cuando abandona la función pública. Este control ciudadano es importante porque la Ley 18.575, promulgada en 2006, que estableció la obligatoriedad de las declaraciones de patrimonio; y el Decreto Nº 45 de la Secretaría General de la Presidencia, que reglamenta la confección de estos documentos, no determinan quién es responsable de verificar lo declarado. Aunque estas normas establecen sanciones de 10 a 30 UTM ($418.000 a $1.254.000) por la no presentación oportuna de la declaración (hasta 30 días tras asumir el cargo y el mismo lapso después de dejarlo), o por incluir datos inexactos u omitir antecedentes relevantes, no indican mecanismo alguno para constatar los eventuales incumplimientos.
En la Contraloría General de la República informaron a CIPER que, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, ese organismo no puede hacer un examen crítico de las declaraciones. Solo está facultado para recibirlas, almacenarlas y ponerlas a disposición de la consulta pública. Si una autoridad no presenta a tiempo su declaración, tampoco puede exigirle que cumpla el trámite. Y si ese incumplimiento se produce cuando el funcionario ya dejó su cargo para incorporarse al mundo privado, no hay forma de apremiarlo para que presente el documento, por lo que en este tipo de casos la sanción que establece la ley no es más que letra muerta.
Esto es exactamente lo que ocurrió con el empresario Jaime Ravinet, ex ministro de Defensa del presidente Sebastián Piñera, quien a pesar de haber dejado su cargo el 13 de enero de 2011, aún no presenta la declaración con el patrimonio que tenía al abandonar el sector público. La Contraloría confirmó el 25 de abril a CIPER que “no consta el ingreso de la declaración del ex ministro Ravinet”.
En todo caso, aun cuando un funcionario cumpla con todos los requisitos establecidos por la Ley 18.575, no es posible conocer la totalidad de su patrimonio o las áreas en las que tiene intereses económicos. Y esto, porque las normas no establecen la obligatoriedad de explicitar el monto en que están avaluados los bienes del declarante. Así, el documento permite saber cuántos inmuebles o vehículos tiene el funcionario, pero no el valor de esos bienes. Respecto de las sociedades comerciales en las que participa, también queda a voluntad del declarante consignar el patrimonio que tiene en ellas y el rubro de negocios en que éstas operan. De esta forma, se anula el objetivo original de la ley respecto de que se puedan detectar los eventuales conflictos de interés entre la función pública de las autoridades y sus negocios privados.
A pesar de todas estas inconsistencias normativas que permiten mantener en la nebulosa el patrimonio y los intereses de los declarantes, CIPER considera valioso que sus lectores al menos conozcan lo que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo -las que están en ejercicio y sus antecesoras-, han declarado de manera oficial.
Entre los antecedentes llamativos detectados al preparar esta base de datos, se cuenta el millonario negocio realizado por el subsecretario de Deportes del gobierno anterior, Gabriel Ruiz Tagle. En su declaración de 2012 anotó ocho sociedades comerciales y tres inversiones en valores e instrumentos transables. Estas últimas por un total de $443 millones. En su posterior declaración (2014) ya no figuraban dos sociedades: Papeles Industriales S.A. (PISA) y Distribuidores de Papeles Industriales S.A. Efectivamente, Ruiz Tagle vendió su participación en PISA en abril de 2012 a la papelera Sueca SCA en US$78 millones (equivalentes a más de $38 mil millones, al cambio de la época). En su declaración de 2014, y aunque cumplió con las normas que regulan estos documentos, resulta imposible detectar dónde reinvirtió ese dinero y sólo se aprecia un aumento de alrededor de $554 millones en sus inversiones en valores y títulos transables, las que sumaron $997,4 millones.
Entre los ministros más “austeros”, de acuerdo con lo que consignan en sus declaraciones, están los actuales titulares de Interior, Rodrigo Peñailillo; del Sernam, Claudia Pascual, y de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Este último no registra inmuebles, vehículos ni sociedades y ni siquiera deudas. Su declaración está prácticamente en blanco. La ministra del Sernam tiene en copropiedad un departamento en Santiago con una tasación fiscal de $34,4 millones, una deuda hipotecaria por 960 UF (unos $22,8 millones) y un Chevrolet Corsa del 2003. Y en el caso del jefe de gabinete, declara un departamento inscrito en Santiago, un sitio eriazo inscrito en Limache, una deuda hipotecaria por $42 millones y una inversión de $35 millones en un fondo mutuo.
En el polo opuesto, el ministro con más patrimonio del actual gabinete es el titular de Energía, Máximo Pacheco, quien declara una inversión en acciones del Banco de Chile por $230 millones y participación en fondos mutuos y otros instrumentos transables por $4.632 millones. Además, Pacheco tiene el 44,8% de la sociedad Inversiones Pushkin Limitada (el porcentaje restante está en manos de su esposa e hijas), la que acumula un patrimonio total de $7.754 millones. A su vez, inversiones Pushkin es propietaria de Inversiones Chejov S.A., sociedad que tiene un patrimonio de US$10,2 millones. El ministro consignó en su declaración tres contratos por los que entregó la administración de su patrimonio -calculado en unos US$20 millones- a un “fideicomiso ciego”, cuyos detalles comentó en una entrevista concedida a revista Qué Pasa.
Otros ministros que han ocupado la figura del “fideicomiso ciego” son el ex titular de Hacienda, Felipe Larraín, y el ex canciller, Alfredo Moreno; ambos de la administración de Sebastián Piñera. El primero utilizó está fórmula para la gestión de sus acciones en diversas compañías por un valor total de $74,5 millones. Moreno entregó al fideicomiso inversiones por un total de $30.400 millones, según consignó en su primera declaración (2010). Esa suma bajó a $29.249 millones en su segunda declaración (2011) y volvió a bajar en la tercera: $22.231 millones (2014).
FUENTE: CIPERCHILE
