Las reformas de Bachelet que rompieron los consensos
Publicado el 28 Mayo 2014
Escrito por Paul Walder
Escasos dos meses han concentrado las tensiones de más de dos décadas, fenómeno aun cuando previsible su sola mención fue descartada por especulativa, alarmista o agorera. La polémica por la reforma tributaria que hoy enciende la agenda política, proceso ya clásico registrado en varios otros países latinoamericanos que han modificado el modelo neoliberal, no era aplicable con la presente intensidad en el Chile modélico, en el país de los consensos y de la transición ejemplar. Pero la historia, con todas sus contradicciones y tensiones, avanzaba con su propio ritmo bajo aquel decorado binominal y de estadísticas macroeconómicas. Un proceso lento pero de gran intensidad que ha hecho saltar por los aires desde el pensamiento único, la fe en los mercados como dogma económico a las políticas de los consensos.
Tal como durante los primeros meses del 2011 la intensidad de las manifestaciones estudiantiles y la profundidad de su discurso desenmascararon las contradicciones del modelo, la actual estridente discusión sobre la reforma tributaria confirmaría en gran parte ese diagnóstico, en cuanto estaríamos observando los primeros trabajos para su ajuste o moderación. Un proceso de reformas económicas que tendrá como efecto el repliegue neoliberal, en estos momentos anunciado para el sector de la educación pero que podría extenderse hacia la salud, el código de aguas o el régimen laboral. Una fase que tiene molestos a empresarios, ejecutivos de corporaciones, fundadores, voceros y administradores del modelo de mercado.
Desde el inicio del periodo postdictatorial, hace ya casi 25 años, no se observaba una reacción empresarial tan atronadora ante una política económica. Porque al atender a la intensidad de la polémica, ésta no tiene una relación proporcional con la causa, que es una moderada propuesta de reforma tributaria que en su núcleo principal eleva el impuesto de primera categoría al 25 por ciento y pone término al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), de manera que las empresas paguen realmente por las utilidades que obtienen. De forma adicional, el gobierno ha propuesto cambios en algunos impuestos indirectos, como a las bebidas alcohólicas y a aquellas con alto contenido de azúcar, aumento de la tasa de timbres y estampillas y aplicación del IVA a los bienes inmuebles de alto precio. Otros cambios se relacionan con el fin del Decreto ley 600 a la inversión extranjera, mecanismos para evitar la elusión y evasión y fortalecimiento de las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos. Un conjunto de medidas que tiene como objetivo aumentar la recaudación en aproximadamente tres puntos del PIB, o su equivalente a 8.200 millones de dólares, recursos que se destinarán principalmente a la reforma de la educación, además de mejorías en el sistema público de salud, reajuste de las pensiones mínimas y ajustes a las cuentas fiscales. Es una reforma tributaria discreta que si bien le aplica un mayor recorte tributaria a la gran empresa, no toca a la gran minería del cobre ni lo más esencial del modelo neoliberal, que es una institucionalidad basada en el mercado y cuyo mayor cerrojo es la Constitución de 1980 en tanto su guardián el Tribunal Constitucional. Desde el inicio del debate la mano empresarial en el Congreso, representada por la UDI, anunció que los cambios tributarios, si no los logra frenar el conservador senado, pasarán por ese colador.
De la economía a la ideología
El debate actual ha trascendido el alza de impuestos y se ha instalado en el mismo modelo. De económica, la discusión ha derivado en ideológica y de contingente ha mutado en histórica. Quienes han hecho declaraciones en la prensa, invitados todos por el duopolio, han sido no solo los originales forjadores de las bases del modelo, como el ministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, sino los exministros de Hacienda de la Concertación, todos desnudados hoy en cuanto sus políticas no solo fueron de consenso con la otra cara del binominal sino todas refrendadas por el empresariado y sus representantes en el legislativo. Alejandro Foxley, ministro de Patricio Aylwin, Eduardo Aninat, de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Andrés Velasco, del anterior gobierno de Michelle Bachelet, son hoy, además de férreos detractores de los cambios tributarios propuestos por la Nueva Mayoría, los mejores representantes del modelo impugnado por gran parte de la ciudadanía.
“Con mucho respeto- dijo Aninat a El Mercurio- pero este nuevo Ministerio de Hacienda es una pared que abre algunas ventanitas pero no hay diálogo efectivo”, para agregar que “eliminar el FUT a cero drásticamente aunque sea a tres años es a lo menos imprudente”. Foxley fue aún más político y nostálgico de los años noventa: “Quiero reivindicar la política de los acuerdos, la necesidad de tomar en cuenta a todas las personas que hay que tomar en cuenta para que se sientan parte de la solución”. ¿A los estudiantes o pobladores? Ninguna duda. Foxley habla por el empresariado.
La defensa que estos exministros hacen del modelo no ve ni toma en cuenta lo que ha sucedido en Chile en los últimos cinco años. Es una defensa del modelo, la que hoy les juaga como paradoja. Foxley, Aninat y Velasco defiende un espacio político y económico derrumbado y desprestigiado tras los abusos, el lucro, la desigualdad y la concentración económica. Una realidad reconocida hasta por Roberto Méndez, director de Adimark, que hace unas semanas afirmó que la imagen del empresariado pasa por un mal momento. Si hace diez o veinte años era un especie de héroe de la innovación y los negocios, hoy es un abusador. Para Méndez, el caso de La Polar afectó esa imagen. Pero también ha sido el lucro en la educación, la Universidad del Mar, el cartel de las farmacias y los pollos, Cencosud y el Bancoestado más una larga lista. Defender hoy el modelo es hacer una impúdica defensa del lucro y el abuso.
Política sin partidos
El rechazo a la reforma tributaria es una estrategia política con un diseño comunicacional. Una estrategia política generada desde el corazón de las grandes corporaciones que no tiene esta vez necesidad de los partidos. Los escogidos para armar argumentos contra la reforma no son parlamentarios como Coloma o Melero, sino voces históricas de la economía de los consensos, dirigentes gremiales, empresarios y líderes de opinión. En las páginas de El Mercurio han desfilado todos los gremios y sectores de la economía y el comercio que se sienten tocados por las propuestas tributarias, economistas de todo el espectro neoliberal, lo que no deja mucho margen de discusión, políticos defenestrados como Camilo Escalona, citados exministros de Pinochet y la Concertación y otros viejos próceres de los sobrestimados años de la postdictadura.
No tiene necesidad de partidos porque pese al lobby y presiones, el empresariado ya perdió la batalla en la Cámara y es muy posible que también sufra una derrota en el senado porque el gobierno no puede prescindir de los 8.200 millones de dólares adicionales para la reforma de educación. El empresariado puede presentar un plan alternativo que recaude una cantidad similar, que parece no tener, pero no puede negar la necesidad del alza. Este es el punto que el gobierno no está dispuesto a negociar. Ni tampoco los estudiantes, que el 8 de mayo en una marcha que reunió a 150 mil personas, según los diarios del duopolio, le recordaron a Bachelet que observan atentamente este proceso.
Este proceso de crítica, que tiene ya características de campaña al observar panfletos, lienzos y videos que circulan por las redes sociales, es una táctica política sin políticos. Sus orígenes, más que un gremio, grupo o partido, parecen estar ocultos bajo la línea editorial de la prensa más conservadora. Como dijo en estas mismas páginas en la edición de marzo el documentalista Ignacio Agüero, El Mercurio es la verdadera casa de la derecha, es el lugar donde están las cosas claras. Hoy derecha dispara desde esa casa. El Mercurio vuelve a ser la cara más visible y característica de la derecha chilena.
Se trata de una estrategia muy peligrosa. Ya lo vio el periodista Ignacio Ramonet en la década pasada en otros países latinoamericanos cuando advirtió que los medios de comunicación conservadores se habían convertido en verdaderos partidos políticos. En Chile, con una derecha derrotada y sin posibilidades de frenar efectivamente la reforma en el Congreso, el empresariado y aquellos poderes en la sombra comienzan a utilizar métodos clásicos para ablandar e influir en la opinión pública. Para eso la oligarquía es propietaria de todos los medios de comunicación de circulación diaria.
En medio de esta campaña conservadora, durante las últimas semanas han ocurrido dos eventos que apuntan al inicio de una nueva etapa contra la reforma. Es su internacionalización. Chile, como una economía abierta, con decenas de tratados de libre comercio, con libre flujo de capitales y apertura total a la inversión extranjera, es también materia de opinión de periodistas, políticos y agentes externos. El primero de estos eventos fue la publicación en The Wall Street Journal de una columna de opinión de Mary Anastasia O'Grady con el título “Asalto al Milagro Chileno”, en la que con un lenguaje virulento descalifica hacia el mundo a la Nueva Mayoría. Calificativos como “envidiosos”, populistas” e intransigentes” pueden hallarse en la columna. El otro episodio fueron las declaraciones de Mike Hammer, embajador de Estados Unidos en Chile, que ante una audiencia de empresarios chilenos se sumó a las críticas a la reforma tributaria. Hammer pidió reglas claras para las empresas estadounidenses en Chile. Bachelet le respondió tímidamente y solo Guillermo Teillier alzó la voz para denunciar lo que consideró una intromisión en asuntos internos. Teillier recordó la larga serie de intervenciones estadounidenses en la historia de nuestras repúblicas, esbozó lo que fue el golpe de Estado y el papel de la CIA, pero también ató cabos: esto no es casual ni espontáneo; esto respondería, dijo, a una estrategia más fina.
Sin vuelta atrás
Pese a todos estos antecedentes, el escenario político chileno no tiene capacidad de volver atrás. Hay un proceso en marcha que expresa la expansión de nuevos discursos basados en los derechos, desde la educación, la salud, las pensiones, la calidad de vida libre de contaminación a la recuperación de los recursos naturales. Una fase de auge de nuevas ideas instaladas por los estudiantes y organizaciones sociales y, a la vez, de repliegue y pérdida de poder convocante del modelo basado en el individualismo y el predominio del lucro y los mercados. Tanto, que el jueves 8 de mayo los senadores por Santiago de la Nueva Mayoría, Girardi y Montes, pero también los RN Allamand y Ossandon, se comprometieron a revisar la ley de concesiones hospitalarias después de observar el mal funcionamiento del hospital de Maipú, inaugurado por Sebastián Piñera bajo esa modalidad.
La marcha de los estudiantes de aquel mismo día, con una convocatoria similar a las más masivas del 2011, es una señal que cohesiona el movimiento estudiantil pero también una evidente demostración de fuerza hacia el gobierno y a la clase empresarial. Una movilización en las calles en la que participaron todos los diputados que provienen del movimiento, quienes durante la víspera difundieron una declaración, suscrita por decenas de otros dirigentes, que llama a los estudiantes y al país a permanecer alerta al actual proceso político. Una carta que llama a la atención, pero no hacia la actual campaña del empresariado contra la reforma tributaria, sino a las posibilidades de incumplimiento por parte del mismo gobierno. Veinte años de Concertación, de políticas de los consensos con la derecha, mantiene intactas las sospechas: “La posibilidad de cambio es real. Pero todavía puede ser revertida por la acción de una minoría social y política que se pretende por encima de la democracia, y que ha hecho de la educación, gracias al modelo instaurado por la dictadura y profundizado en los años posteriores, un ámbito fundamental para su enriquecimiento económico e influencia cultural”. ¿A quienes se refiere? Al empresariado, por cierto, pero también a los administradores del modelo, repartidos todavía entre los partidos de la Nueva Mayoría?
Los 150 mil estudiantes que estuvieron en la calle el jueves 8 de mayo se apoyan en sí mismos. Aprendieron de aquel acuerdo durante el anterior gobierno de Bachelet que mutó la LOCE en LEGE, episodio que pese al engaño inicial y al aparente triunfo de las fuerzas conservadoras, con el correr de los años se convirtió en un fantasma que avergüenza de tiempo en tiempo a toda la clase política. Por ello, en la carta dijeron: “Debemos actuar con la máxima responsabilidad histórica. Ya antes, en 2006, el movimiento social ha puesto en el centro de la discusión nacional el problema educativo. Pero no fue capaz de proyectarse de forma permanente, mientras la clase política optó por un acuerdo de espaldas a la sociedad, que manipuló y desvirtuó los contenidos planteados. Esa historia no se puede repetir”.
El gobierno está entre dos fuerzas. Por un lado el empresariado y su campaña comunicacional; en la calle, centenares de miles de estudiantes que claman por el fin del lucro en la educación. Dos fuerzas, pero una sola salida.
Fuente: El Ciudadano
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