Frente Amplio Unitario

Estrictos con civiles, benévolos con uniformados: Tribunales Militares están en entredicho

25/05/2014 |

Por Mario López Moya

Hasta hoy siguen los cuestionamientos a la justicia militar, que tuvo conductas lesivas durante la dictadura. Sus juzgados siguen procesando a civiles, mientras los uniformados a los que juzgan reciben leves penas. Ha llegado el momento de reformas profundas.

La justicia militar ha estado cuestionada en los últimos decenios, en materias asociadas a derechos humanos. Juicios sumarios sin derecho a la debida defensa que terminaron en muchos casos en fusilamientos, sanciones que eran cambiadas por órdenes superiores sobrepasando a jueces militares -como en la Caravana de la Muerte-, oficiales de menor rango juzgando a superiores jerárquicos a quienes debían obediencia y defensa corporativa de pares que siempre terminaban en perjuicio de los civiles, fueron la tónica.

Estamos en tiempos de paz y sin embargo algunos de esos síntomas del pasado dictatorial siguen presentes. Bastantes casos de excesos policiales han sido sobreseídos de manera misteriosa por tribunales militares e incluso, en aquellos casos en que se han dictado condenas, éstas han sido casi una burla para las víctimas y la sociedad.

Uniformados agresores y agredidos

A la par, en manifestaciones se observa a pequeños grupos generalmente encapuchados que atacan a diestra y siniestra a manifestantes pacíficos, bienes nacionales de uso público como semáforos y señalética, bienes privados de gente que generalmente no recibe indemnización alguna por el daño que se le ha ocasionado de manera injusta y por supuesto a miembros de las fuerzas de orden, agredidas con bombas molotov y distintos artefactos que les son lanzados.

También vemos a menudo excesos policiales en contra de personas que no son agresivas y sólo están manifestando legítimamente su derecho a protestar, como el caso de una periodista violentamente agredida por un oficial de Fuerzas Especiales sin que existiera relación alguna entre los reclamos de la profesional y la violencia ejercida por el policía. ¿Quién tiene competencia para juzgar estas situaciones en tiempos de paz? ¿Serán los juzgados militares los llamados a resolver sobre estas materias? ¿O la justicia civil es capaz de entregar suficiente garantía de respeto a los derechos de las partes independiente de su investidura o grados?

Hoy es tiempo de cambios

 

Pese a que la justicia militar ha sufrido transformaciones en los últimos años, aún continúan las críticas en torno a su parcialidad y al hecho que, en su competencia, aún puedan ser sometidos civiles, lo que para muchos constituye una aberración jurídica. Otros van más allá y manifiestan que en caso alguno se justifica un tribunal militar en tiempo de paz. Menos el que pueda sancionar a civiles, aunque se trate de materias en que intervengan uniformados.

 

A este respecto, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, ha sido claro en señalar que dentro de las prioridades del gobierno, está "la decisión de enviar un proyecto que cree una nueva justicia militar, reconociendo la existencia de la justicia militar en tiempos de guerra y en tiempos de paz, pero acotada y muy dedicada a lo militar, no a lo policial, en el ánimo además de que los procedimientos se sometan a la legislación nacional, a la constitución y a los tratados internacionales, y eso es un trabajo largo, profundo", señaló.

Manifiesta el ministro que no es tarea de un solo gobierno, sino que ha sido un tema que se ha ido madurando desde hace tiempo. "Hay algo avanzado de los anteriores gobiernos, incluido el anterior; espero tener a comienzos del próximo año el proyecto -indica-. Se trata de elaborar una reforma integral que impida aberraciones jurídicas y que se ajuste a la reforma procesal penal y al derecho internacional", dijo.

 

Respaldo a la idea de legislar

 

La abogada Pamela Pereira, experta en derechos humanos y que tuvo innumerables juicios ante tribunales militares, indicó a Cambio21 este es un momento adecuado para hacer cambios. "El ambiente no está condicionado por la contingencia y es posible sostener una discusión tranquila. Me parece que hoy hay tiempo, voluntad y recursos para hacer estas modificaciones", manifiesta.

El diputado Jorge Tarud (PPD) señaló a nuestro medio que "el ministro Burgos hace bien en impulsar una reforma en el sentido que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares. Tenemos una muy mala experiencia en el pasado, sobre todo en la dictadura, por lo que, salvo que sean estrictamente delitos militares, ellos deben ser juzgados en tribunales militares, pero no en otros casos".

Por su parte el diputado UDI Jorge Ulloa dijo que no le sorprendía que el gobierno vaya a legislar sobre el tema. "Cuando el ministro (Burgos) fue colega nuestro, éste tema fue recurrente. Tal es así, que nosotros iniciamos una ronda de conversaciones con los Auditores Generales de las distintas ramas de las FFAA, y todos coincidieron en hacer una reformulación, modernizar la justicia militar y al efecto se han realizado varias revisiones con respecto a lo que es la legislación comparada", informa.

"Ellos mismos (las FFAA) han sido parte de proyectos que en términos prácticos se encuentran en estudio, con el propósito de ver cuál sería la mejor alternativa para modificar y modernizar la justicia militar", agrega Ulloa, que es miembro de la comisión de Defensa de la Cámara.

Agresiones a Carabineros

Pareciera existir unanimidad en todo el arcoiris político, acerca no sólo de legislar en la modernización del sistema judicial militar, sino que además en el qué hacer frente a los casos de agresiones a fuerzas policiales en manifestaciones públicas.

Según el diputado Tarud, "en los casos en que personal policial es agredido en manifestaciones, estamos frente a casos que son propios de la vida común. O sea, si una persona agrede a un carabinero, evidentemente debe ser juzgado por la justicia civil y no por la militar. Eso sí, debe revisarse la legislación en lo que respecta a los ataques a las fuerzas de Carabineros. En los últimos años -señala- hemos visto excesos en que incluso se ataca con bombas molotov al personal uniformado, se les golpea en forma indiscriminada y, no obstante que hoy existen sanciones con respecto a aquello, debemos revisar la legislación al respecto".

"No es posible -insiste- que en un país civilizado como Chile, la policía no sea respetada, pero también hay que evitar los excesos de la acción policial. Sería importante que el ministro nos consulte, para poder manifestarle nuestras propias inquietudes".

Añade Ulloa que "hoy vemos con desagradable sorpresa que aparezcan siempre culpables los carabineros en las manifestaciones; no existe la misma vara para medir a los manifestantes que los agraden. A ellos no les pasa nada, y la información se omite en los medios. Es decir, si el manifestante incumple lo establecido, necesariamente va a tener que sufrir una represión".

Sólo para tiempos de Guerra

No se trata de que los tribunales militares desaparezcan, sino de que su competencia se acote a los tiempos de guerra, cuando los haya, y a los de paz, pero sin civiles de por medio.

La abogada Pamela Pereira asegura que "existe una situación excepcional en un conflicto bélico, pero la prioridad es resolver siempre primero los criterios de un país en paz, sobre todo cuando no existe proyección de una situación de guerra o de conflicto de esa naturaleza, lo que no sólo es un tema ideal, sino que es un tema de finalidad política siempre", afirma.

"No pueden estar condicionados siempre los criterios de la justicia militar pensando siempre en una hipotética guerra inexistente, pero si hay que tener una mirada y trabajar sobre esos temas y actualizarlos precisamente en los tiempos que no son de convulsión, sino que de tranquilidad", insiste.

El también abogado y diputado Hugo Gutiérrez (PC), asegura que "la justicia militar se justifica naturalmente en tiempos de guerra, pero eso es una excepcionalidad. Yo creo que a todos los ciudadanos de este país, estén o no dentro de las Fuerzas Armadas, se les debe asegurar un acceso a una justicia expedita e imparcial. Y hoy, eso no ocurre en la justicia militar".

 

El caso de Manuel Gutiérrez

Manuel Gutiérrez, un joven de sólo 14 años, falleció en medio de unas protestas en la comuna de Macul el 25 de agosto de 2011. El hecho ocurrió en la Villa Jaime Eyzaguirre, cuando el menor caminaba por un sector donde se realizaban barricadas. Carabineros realizó tres disparos de los cuales uno dio en el pecho de Manuel Gutiérrez.

"Carabineros dispara y uno (disparo) llega en el pecho, inicialmente dijeron que era perdigones, pero era una bala disparada por Carabineros y en esas circunstancias murió", señalo la familia. El funcionario que resultó responsable del crimen, primero aseguró que había disparado al aire. Luego, resultándole imposible contradecir los peritajes que lo inculpaban, terminó reconociendo que había disparado al bulto.

"El carabinero dice que disparó en forma diagonal, no al aire. Lo que pasa es que acá se le tomó una nueva declaración indagatoria completa, no se le hizo ratificar la declaración que hizo en la fiscalía, y acá declaró que efectivamente él había disparado pero disparó en forma diagonal", aseguró la Fiscalía.

La justicia militar condenó al ex sargento Miguel Millacura como autor del delito de "violencia innecesaria con resultado de muerte" del que fue víctima el estudiante que acompañaba a un minusválido y no participaba de las protestas. El excarabinero permaneció privado de libertad sólo un par de meses y la condena fue a tres años y un día, que puede cumplir en libertad.

El abogado querellante de la familia Gutiérrez, Washington Lizana, recurrió a la Corte Marcial para exigir que la pena a la cual fue condenado Millacura se cumpla de manera efectiva sea de a lo menos cinco años y un día. "Consideramos que de acuerdo a los antecedentes de la investigación, la pena mínima debiera ser de 5 años y un día hacia arriba", dijo Lizana.

 

Crítica de la ONU

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) criticó a las autoridades chilenas en el marco de la muerte de Jorge Aravena Retamales, quien falleció en un furgón policial el pasado 17 de febrero. Como se recordará, Aravena fue "olvidado" dentro del furgón policial falleciendo a causa de asfixia luego de horas encerrado sin auxilio alguno.

 

Juzgados militares no deben juzgar a civiles

El diputado UDI Jorge Ulloa señaló convencido: "Debo ser súper sincero: creo que los tribunales militares no debieran jamás tener que ver cuando hay civiles de por medio. Ese es mi criterio. Tengo una profunda convicción que la justicia militar es efectivamente para temas militares, entre militares particularmente, y cuando un civil ataca a un militar, no es materia de la justicia militar, aunque es necesario definir esa frontera. No va a ser fácil. Tiendo a creerque los civiles jamás tienen que estar vinculados a la justicia militar".

 

FUENTE: CAMBIO 21