El Minvu siempre ha estado capturado por la industria de la construcción

Publicado el 31 Diciembre 2013

Escrito por Patricio Herman

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Causaron revuelo las denuncias públicas de unos cuantos conocidos arquitectos porque el Minvu modificó el 12/12/13 la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para facilitar la construcción de grandes equipamientos comerciales en cualquier lugar de las ciudades.

Ese ministerio en forma absolutamente arbitraria y discrecional reemplazó la palabra “enfrentar” por “relacionarse” en una disposición vigente desde el año 1992 en esa reglamentación de carácter nacional. Con este traje a la medida de los constructores, ahora sus edificaciones de altas cargas de ocupación no enfrentarán las vialidades que, por sus características, estaban en condiciones de soportar los nuevos flujos vehiculares derivados, como se entenderá, de esas intervenciones en la trama urbana.

Y no solo eso, también para posibilitarse el emplazamiento de unos hoteles y apart hotels en el Club de Golf Los Leones, localizado en la comuna de Las Condes, cuyo uso de suelo es área verde, frecuentado por aquellos que residen en la cota 1.000 y ejercen a sus anchas el poder, en el mismo decreto se hizo un cambio normativo para esos dos mencionados destinos. Trucando los artículos 2.1.4 y 2.1.5 de la OGUC en lo que respecta a los conceptos “residencial” y “equipamiento”, a partir de ahora tales lucrativas edificaciones comerciales se podrán llevar a cabo.

 

Se trata de 11 edificios que levantará en el sector poniente de esa área verde privada una empresa norteamericana para que así los encumbrados socios de ese club social obtengan por 99 años unos millonarios ingresos por el arrendamiento de una parte de su valioso terreno, por el cual, dicho sea de paso, nunca han pagado contribuciones de bienes raíces.   

 

En el vespertino La Segunda del lunes 30/12/13 la arquitecta Pilar Jimenez, jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese díscolo ministerio,

respondiendo a los enojados arquitectos señaló “En nuestra legislación las normas urbanísticas las fijan las autoridades comunales y no un reglamento de alcance nacional. Así son los Planes Reguladores los que tienen la facultad de definir los usos de suelo y el tamaño de las construcciones en los distintos sectores de su comuna”, a pesar de que ella sabe que cuándo hay reclamos por parte de las comunidades por infracciones a los Planes Reguladores, los Secretarios Regionales Ministeriales (seremis) recurrentemente imparten instrucciones a los Directores de Obras Municipales (DOM) para que, violando sus propios instrumentos urbanísticos, cursen permisos de edificación viciados.

 

En todo caso ella en su respuesta oficial enfatizó que el cambio decidido por su organismo de la administración central buscaba el bien común (sic). La contestación publicada en ese medio fue muy poco convincente y sabemos muy bien que esta modificación fue sugerida por el sector económico que se desenvuelve en la explotación del recurso suelo.   

 

Ahora bien, esto mismo sucedió hace unos 3 años con el mall Costanera Center, ya que por tratarse de un equipamiento mayor, necesariamente tenía que enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía, asunto que el suscrito le representó formalmente al Seremi respectivo de la época. Ante tal delicada situación, la misma habilidosa DDU del Minvu modificó la OGUC permitiéndose ahora que este tipo de equipamientos podían enfrentar indistintamente vías expresas o troncales : Costanera Center, como se entenderá, enfrenta una vía troncal y así de rápido se arregló el entuerto.     

 

En el conocido episodio de la planta de gas propano que la empresa Metrogas instaló en una zona de preservación ecológica en la comuna de Peñalolén, proyecto que resultó ser ilegal por dictamen de la Contraloría General de la República, también la misma pícara DDU del Minvu modificó extemporáneamente la OGUC, de tal forma que ahora esa riesgosa instalación ya es legal, pero a la chilena.

 

Con la termoeléctrica Campiche de la compañía AES Gener, localizada en un terreno área verde y por lo tanto no apto y por ende más barato, en la contaminada comuna de Puchuncaví, sucedió otro tanto, con el agravante de que en este caso intervino un ex embajador norteamericano para que las autoridades centrales chilenas hicieran los forzosos cambios reglamentarios para que esa planta continuara construyéndose, a pesar de que ya existía un categórico dictamen de la Contraloría que declaró la ilegalidad del proyecto, lo que fue corroborado por un fallo de la Corte Suprema. Según los cables secretos dados a conocer por WikiLeaks, esa embajada motejó a los magistrados que integraron la Sala del alto tribunal como “activistas judiciales”, lo que nos motivó a denunciar esta bravuconada ante la OCDE.

 

Cuando Jaime Ravinet ejercía el cargo de ministro, se introdujo en la OGUC el mañoso artículo 6.1.8 que permite aumentar las alturas de las edificaciones consideradas viviendas económicas DFL2 en los sectores de baja densidad de todas las comuna del país, asunto que durante mucho tiempo le objetamos al arquitecto Luis Eduardo Bresciani, entonces titular de la famosa DDU del Minvu. Este funcionario, en las postrimerías del gobierno de Bachelet, encontrándonos finalmente la razón en nuestra objeción, envió los antecedentes a la Contraloría para dejar sin efecto ese mendaz artículo, pero el gobierno de Piñera, ¡era que no!, lo retiró del ente fiscalizador y hasta hoy en día se utiliza por la industria inmobiliaria para construir más pisos que los contemplados en las regulaciones comunales.     

 

La antojadiza expansión urbana, conocida como PRMS100, que cambia el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en 8 comunas periféricas de esta saturada región, figura que otorga ingentes plusvalías a los dueños de los terrenos que habían pedido dicho cambio, también obedece a la decisión del Minvu, con el agravante de que su texto, recientemente publicado en el Diario Oficial, contiene innumerables inconsistencias legales y reglamentarias conocidas por todos aquellos que se relacionan con la materia. Recordemos que el operador en el Consejo Regional (CORE) de esta resolución administrativa fue Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción y dilecto amigo de Sebastián Piñera.   

 

Existen cientos de otros casos tan impúdicos como los relatados, pero como en unas horas más estaremos celebrando el nuevo año, dejemos por ahora a un lado las reiteradas malas prácticas de nuestros gobernantes y disfrutemos de una buena comida con champagne, mirando desde la distancia los atractivos fuegos artificiales.

 

A todos los lectores un abrazo con la esperanza de que las cosas van a cambiar, ya que desde hace un mes disponemos de una maravillosa y bien concebida   Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU, instrumento con el cual se originarán los espacios para que en Chile tengamos ciudades al nivel de las que existen en los países serios.

 

FUENTE: CLARIN

Observatorio Judicial y conflicto de interés en la Corte Suprema

  

El gobierno de Piñera, disconforme con ciertos fallos judiciales por delitos comunes cometidos por gente pobre, propuso la creación con fondos públicos de un “Observatorio Judicial” cuya misión sería analizar por qué las penas son tan bajas. Lo anterior produjo un revuelo en la judicatura y en ciertos sectores de la opinión pública porque, entre otras cosas, la Administración ya había suscrito un convenio ad hoc con la Universidad Adolfo Ibáñez para implementar esta figura de control y fiscalización.

El magistrado Sergio Muñoz, recién nombrado presidente de la Corte Suprema, persona muy inteligente, lúcido y transparente en sus actuaciones, contestando consultas periodísticas ha dicho que como todas las sentencias son de carácter público no pone objeciones para la existencia de tal “Observatorio Judicial” y coherente con ese enfoque a continuación nos referiremos a un reciente y abusivo fallo de la 3ª Sala del máximo tribunal del país. 

Pues bien, el artículo 27º de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, con ánimo preventivo, establece que sobre las calles angostas de su territorio jurisdiccional no se pueden construir edificios que contemplen más de 15 estacionamientos, ello como se entenderá, para evitar los colapsos en los flujos vehiculares. Esta norma protectora de carácter local es conocida por las comunidades de los distintos sectores de densidad baja que tienen vialidades estrechas y la industria inmobiliaria la ha respetado porque entiende su trasfondo y además porque sabe que sería perder el tiempo tratar de solicitar permisos en estas zonas ya que en los Certificados de Informaciones Previas (CIP), primer trámite para iniciar un negocio, la municipalidad le informa con claridad esta restricción.

Luego, los vecinos que residen en viviendas unifamiliares que enfrentan ese tipo de vialidades, al conocer las reglas del juego urbanístico que los rigen, se sienten salvaguardados de posibles aumentos del parque automotor en sus barrios. A esto se le denomina derechos urbanos garantizados por el instrumento normativo llamado PRC.          

Ahora bien, sobre la muy estrecha calle El Retiro de esa comuna una cierta empresa, conocedora de la regulación ad hoc, creyendo que la normativa general no le era aplicable, compró y demolió algunas casas con la abusiva pretensión de construir un edificio con más de 90 estacionamientos. No sabemos quiénes son los dueños de esa sociedad ni menos conocemos los nombres de los arquitectos, pero evidentemente ellos han querido pasarse de listos posiblemente porque se consideran importantes. Han debido suponer que, por la alta inversión que están haciendo, la institucionalidad se iba a allanar a pasar por alto la orden contenida en ese artículo 27º. 

Cuando solicitaron el permiso de edificación se encontraron con la ingrata sorpresa de que la Directora de Obras Municipales no era una simple comparsa, ya que ella haciendo valer la disposición mencionada rechazó el intento y acto seguido el inversionista reclamó airadamente ante el solícito Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) alegando que la excesiva burocracia impide la generación de riqueza y la absorción de mano de obra calificada. El asunto fue resuelto rápido por el Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Minvu quién, ¡era qué no!, con rebuscadas interpretaciones, impartió a la autoridad municipal una perentoria instrucción, según él, conforme a la atribución que le otorga el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en orden a que no aplicara (sic) ese fastidioso artículo 27º.

Se desprende entonces que un vehemente funcionario de la administración central se transformó mágicamente en legislador, en circunstancias que dicho artículo 4º de la LGUC solo le permite interpretar las normas. Los lectores tienen que saber que los PRC son elaborados por los asesores urbanos de las distintas municipalidades y aprobados por los Concejos Municipales presididos por los Alcaldes y si se enmarcan en todos los cuerpos legales, incluyendo los Planes Reguladores Intercomunales, son autorizados por los Seremis de Vivienda y Urbanismo, con posterior toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial. Como vemos, con esta impúdica práctica centralista, mediante un simple oficio, se derogó de una plumada un PRC que tiene una muy superior jerarquía a ese papelito del aludido Seremi.

Ante este inverosímil escenario los vecinos contrataron a un abogado para que se impidiera la arbitrariedad en ciernes y para ello el profesional interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que después de un período de tiempo, en sentencia unánime, acogió la presentación judicial de quienes estaban siendo vulnerados en sus derechos. El Minvu apeló ante la Corte Suprema y, ¡oh nueva sorpresa!, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en los alegatos apoyando a ese servicio de la Administración y por ende, apuntalando el negocio del privado.            

Finamente el 16 de diciembre de 2013, rol Nº 8358-2013, en fallo dividido (tres por dos) la 3ª Sala de la Corte Suprema revocó dicha sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago y quienes concurrieron con sus votos para desestimar el recurso de protección de los vecinos fueron los ministros Héctor Carreño y Pedro Pierry, además del abogado integrante Alfredo Prieto. Los 2 votos disidentes, es decir, quienes confirmaron la sólida sentencia unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron el ministro Juan Eduardo Fuentes y el abogado integrante Guillermo Piedrabuena.

En todo caso, nos llamó mucho la atención que el CDE decidiera intervenir en un conflicto entre privados, apoyando la posición del más influyente y rechazamos de plano que el abogado integrante Alfredo Prieto, ex ministro de Pinochet y uno de los firmantes de la ilegítima Constitución Política de 1980, no se hubiera inhabilitado en esta causa ya que él, en sus actividades particulares se relaciona con la industria inmobiliaria, lo que se observa en la página web de su Estudio Jurídico. Por estas razones vislumbramos que no hubo un debido proceso.

Ante el antiestético conflicto de interés de Prieto, entendemos que el nuevo Presidente de la Corte Suprema, en el transcurso de estos días ordenará la casa analizando en su mérito lo ocurrido. Si ello sucede, como estamos seguros, esta voluntaria desinteligencia de ese abogado integrante nunca más se repetirá y así los futuros fallos del máximo tribunal del país serán estrictamente apegados a derecho.

Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad

Asbestosis: El drama de los trabajadores de Pizarreño

El genocidio ambiental del asbesto en Chile: 300 fallecidos y 25 enfermos con Mesotelioma Pleural y Asbestosis, sólo la punta de un iceberg denunciado y advertido por años por organizaciones como Unidos Contra el Asbesto (UCA) y la Asociación Chilena Víctimas del Asbesto (Achva). Este sábado las víctimas y sus familiares se reunieron en una velatón de reflexión ante la responsabilidad de la empresa Pizarreño, responsable de la muerte de trabajadores, ex trabajadores y pobladores de la villa cercana, y la complicidad de un Estado que aún no ampara ni repara.

Este sábado, en la misma pared de la empresa Pizarreño, principal proveedora de asbesto en el país desde los años ‘30 y a quien se le acusa del genocidio ambiental más grande de Chile, se realizó la velatón en conmemoración de todas las víctimas que se han ido a causa de la irresponsable utilización de este material. La actividad fue convocada por Unidos Contra el Asbesto (UCA) y la Asociación Chilena Víctimas del Asbesto (Achva), y la idea del encuentro fue la reflexión ante el actual estado de normalización de las numerosas muertes de trabajadores y vecinos afectados.

¡No a la impunidad de la empresa Pizarreño!, es el grito de rabia e indignación de toda esta gente que ha tenido que ver partir a tantos sin el apoyo y justicia del Estado. Adrián Prieto, dirigente del movimiento UCA, cuenta, “hoy hemos venido a recordar a nuestros caídos y a reafirmar nuestra convicción de nuestro objetivos: que no existan más muertes por asbesto en Chile, que haya una compensación seria y suficiente para con las personas y familias afectadas y la debida limpieza industrial por parte de Pizarreño tal como lo han debido hacer otras empresas en otros países. A más de treinta años de que se descubrió todo esto, demostramos que seguimos más firmes que nunca”.

Adrián es uno de tantos que han perdido familiares y cercanos, su padre y cuatro tíos, sin contar a tantos vecinos y amigos de barrio. “Aquí hay un Estado que debe garantizar el vivir en un ambiente libre de contaminación y no lo ha hecho, se ha quedado en el decreto de ley que prohíbe la importación, exportación y uso de asbesto en procesos productivos, pero no ha regulado respecto a quiénes se van a ser responsables de las consecuencias que aún se seguirán viendo hasta cuarenta años después”.

Según la información recabada y comprobada por estas organizaciones y movimientos, se manejan datos que alertan los niveles de exposición de la población chilena, muchas veces ignorante del asunto, “…desde los ‘50 en adelante la utilización del asbesto se masificó a tal punto en el país que casi el cincuenta por ciento de las viviendas en Chile contienen este material en su estructura. Es así como el Estado de Chile no sólo es cómplice y responsable por omisión de la muerte de cientos de trabajadores sino que de la posible afectación en la salud y orígenes de cáncer de quizás cuántos pobladores a lo largo del país.” En Chile, luego de que el año 2001 se prohibiera el uso de este material, no se ha impulsado ninguna política nacional de erradicación de asbesto en viviendas y acueductos, lo que significa que el número de víctimas en potencia perfectamente podrán seguir apareciendo hasta el año 2030.

La gravedad a la que han llegado los números y las proyecciones de Chile, no sólo han sido posibles gracias a la irresponsabilidad de una empresa, sino también a la complicidad del Estado chileno. Actualmente son alrededor de 300 los fallecidos por enfermedades decantadas por la exposición a este material, todos en la comuna de Maipú donde se ubica Pizarreño, además de 25 enfermos con Mesotelioma Pleural y Asbestosis. “Nosotros hacemos la pega que no hace el Estado, concientizamos a las personas”, dice Adrián Prieto y agrega “parece ridículo oír esto cuando se sabe que este problema parte de los años sesenta”.

Tania Muñoz, autora del libro Fibras grises de muerte e integrante de UCA, explica “en este país y en América Latina en sí, sucede que se ha tratado de invisibilizar de forma maléfica el tema del asbesto relacionándolo a que esto sólo le afectó a quienes trabajaron en dichas empresas, sin embargo estamos ante un problema de un país entero que está construido de asbesto, un mineral que cuando se deteriora o se remueve se liberan sus fibras altamente peligrosas y contaminantes.” Chile, un país entero que bebe agua con asbesto, inhala asbesto, y vive en ambientes a base de este material. “Es un problema país que nadie quiere resolver y nadie quiere asumir”, dice Muñoz quien ya colocó su vela en la larga hilera que recuerda a las víctimas que fallecieron sin justicia ni reparaciones al alero de un Estado cómplice y de omisión.

Por María Jesús Ibáñez Canelo

El Ciudadano

El despoblamiento del mar chileno

En una situación de crisis total se encuentra la actividad pesquera en Chile fruto de la sobreexplotación de los recursos. Esta situación es particularmente dura para los cerca de cien mil pescadores artesanales que hay en el país. Aunque hay muchos que, abandonando la actividad pesquera, migran a otros rubros (cuando pueden), hay quienes han optado por defender el derecho a vivir de esta antiquísima actividad, como lo hicieron sus padres y abuelos.

En las últimas semanas se han verificado grandes y violentas protestas en numerosas comunas y regiones del sur de Chile. Este martes 24 cientos de pescadores artesanales coparon el primer piso de la Intendencia (Gobernación) de Los Ríos, en Valdivia, exigiendo se ponga coto a la depredación que provocan los barcos industriales.

El presidente del sindicato de tripulantes cerqueros, pescadores artesanales y ramas afines de Los Ríos, Sergio Vera, vociferó (en la ocasión) que la principal demanda de su organización “es regular el funcionamiento de la pesca industrial en la zona, cuya actividad está afectando el fondo marino”.

El jueves 12, millares de pescadores artesanales cortaron caminos, encendieron barricadas y se enfrentaron a carabineros en las ciudades de Talcahuano y Coronel, y en Caleta Tumbes (ubicadas en la Región del Bío Bío). La razón es la misma: la ausencia de peces. Con el propósito de intentar sofocar el estallido social, el Concejo Municipal de Talcahuano aprobó este jueves 26 el pago de 100 mil pesos (185 dólares) para mil 200 pescadores de dicha comuna afectados por la crisis de los recursos pelágicos. Un pago similar recibirán en los próximos días los pescadores de Coronel y de la empobrecida Provincia de Arauco. El Gobierno nacional ha anunciado que a partir de febrero incorporará a pescadores a programas municipales de mejoramiento urbano, donde recibirán un sueldo de subsistencia. Protestas similares se suceden cada semana e incluso diariamente en numerosas otras zonas del país como las regiones de Aysén y Valparaíso.

Realidad apocalíptica

En la Cuenta Pública 2012 de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) –dada a conocer en abril pasado- se reconoce que “gran parte de las pesquerías nacionales” se encuentran en una “crítica situación”. De acuerdo a este compendio, la extracción de recursos pesqueros del mar ha disminuido (por disminución de los recursos) de 873 mil toneladas en 2007 a sólo 600 mil en 2012. El 2012, en relación al 2011, la caída bordeó el 25%. Se espera que este año que termina la caída en la extracción de los recursos sea aún mayor que la del año precedente.

De acuerdo a lo señalado por la Subpesca -en su web-, relevantes pesquerías como el congrio dorado, la merluza común y el alfonsino se encuentra en estado de sobrexplotación, etapa inmediatamente previa a la de agotamiento del recurso. Según acta de la segunda ronda de sesiones (4 a 6 de diciembre de 2013) del comité científico técnico de Recursos Demersales de Aguas Profundas, la biomasa de las merluza de cola ha registrado un descenso de un 16% sólo en un año. En otras pesquerías la sobrexplotación ha llevado a los recursos casi a la extinción. Es lo que sucede con el besugo. Según el citado comité científico “el stock de este recurso se encuentra reducido a sólo un 6 por ciento de su nivel inicial”. Este recurso fue calificado como “técnicamente agotado”. Con el jurel (Trachurus murphyi), del que Chile era gran detentor y productor, ocurre algo similar. Según un estudio realizado en 2011 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la biomasa de jurel ha disminuido un 90% en aguas meridionales en las últimas dos décadas. Hace 20 años había unas 30 millones de toneladas mientras que actualmente sólo quedan tres millones. De acuerdo al ICIJ, Chile es el mayor responsable de esta situación: en la última década depredó las seis millones de toneladas de jureles que había en su mar. Y se quedó prácticamente sin nada. La ICIJ denunció en su informe que la casi totalidad de jureles, sardinas y anchovetas capturados en el mar chileno son destinados a la producción de harina que se usa para alimentar salmones y chanchos. Estas industrias, por lo demás, utilizan métodos productivos altamente contaminantes que están provocando otras crisis sociales.

El presidente del Sindicato de Pescadores Históricos de Valdivia, Gino Bavestrello, expresó que “las pesquerías vienen en crisis desde hace diez años dada la sobre explotación de los recursos iniciada en 2002 tras la promulgación de la Ley de Pesca”. Esta normativa, que fue promovida por el presidente socialista Ricardo Lagos y por su subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, contó en su momento con el rechazo de los pescadores artesanales, y con el firme respaldo de los grandes grupos económicos abocados a las tareas extractivas. No es para menos: a estos se les entregó en propiedad gran parte de los recursos del mar, por diez años. Por ejemplo: se les dio el 95 por ciento de los derechos de pesca de jurel, en tanto que a los artesanales se les concedió sólo el 5 por ciento.

El 2012 una normativa de características similares conocida como “Ley Longueira” -por el nombre de su mentor- renovó esta privatización de los recursos marinos, aunque esta vez lo hizo por veinte años (prorrogables). Bavestrello señaló que en las últimas semanas se ha agudizado el problema “puesto que, por tener el jurel colapsado, los industriales mandaron toda su flota hacia la orilla a la pesca de la sardina y la anchoveta, que forman parte de la cadena trófica de muchas especies más como la corvina, la sierra, que son pescadas por artesanales, que sobreviven de estos recursos”. Este pescador denuncia que la institucionalidad está hecha para favorecer a los que lucran con la extracción de peces, y para empobrecer a quienes viven de esta actividad. Como ejemplo de esto, cita el hecho que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) impuso este año una veda a la extracción de sardinas y anchovetas desde las regiones Quinta (Valparaíso) a Octava (Bío Bío) que rige para los pescadores artesanales pero no para los industriales. Bavestrello sostiene “que debido a su gran poder extractivo”, la flota industrial no deja que las sardinas y anchovetas se acerquen a las orillas a cumplir con su ciclo reproductivo (…) como resultado de esto, los pescadores artesanales ni siquiera tenemos recursos para sobrevivir”. Este representante de los pescadores valdivianos informa que las embarcaciones pesqueras de la flota industrial tienen una capacidad de bodega promedio de mil 500 toneladas –que es lo que pueden pescar diariamente- por lo que veinte barcos pescan en dos días más que los siete mil pescadores de las regiones de Los Ríos y Araucanía en un año. Da cuenta que esta depredatoria labor la realizan con muy poca mano de obra: diez trabajadores por barco. Ante este cuadro, Bavestrello concluye que “la crisis hoy día es total”. Por lo mismo, Bavestrello espera que la presidenta electa Michelle Bachelet se reúna con los pescadores artesanales y de soluciones a este sector que –según su parecer- “es el más afectado por la sobrexplotación de los recursos pesqueros”.

“Queremos que se vayan”

Una visión similar a la aportada por Bavestrello es la que entrega otro de los más importantes dirigentes que tienen los pescadores chilenos. Nos referimos al actual vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Cosme Caracciolo. Este, en entrevista con El Ciudadano, afirmó que “la situación actual es crítica: ya casi no nos quedan peces en el mar… y los pocos que quedan, deberían ser cuidados para poder recuperar las pesquerías y Chile vuelva a ser un país pesquero en el mediano plazo o largo plazo”. Caracciolo asegura que esta crisis es percibida por todos los chilenos: “la gente, cuando va a comprar al mercado, se da cuenta que las merluzas tienen el porte de los pejerreyes; que el jurel ya no existe; y que las sardinas y anchovetas que comemos, están enlatadas y provienen de Ecuador y Perú”.

A pesar de lo crítico de la situación, este dirigente de la Condepp –organización que cuenta con 50 mil afiliados- tiene un motivo de alegría: “felizmente el mundo científico transparentó la situación de los recursos pesqueros y se está comenzando a aplicar criterios científicos -de acuerdo con la disponibilidad de peces- en la fijación de cuotas de captura, que es lo que se debería haber hecho siempre”. Hace alusión a una disposición de la Ley Longueira –en su juicio la única positiva de esta normativa- que impide que los industriales puedan determinar las cuotas como ocurría hasta hace un año, dejando esta prerrogativa al mundo científico: “Hasta ahora se estaba utilizando el criterio económico que buscaba que la industria fuera absurdamente rentable por lo que las cuotas propuestas por el mundo científico, a través del Instituto de Fomento Pesquero, eran aumentadas en forma mañosa por los representantes de los industriales que hegemonizaban el Consejo Nacional de Pesca”. Asegura que este proceder fue determinante en el colapso de los recursos.

Para Caracciolo la solución a la crisis pasa por el fin de la actividad pesquero industrial. “Ya le hicieron mucho daño a nuestro país, así que queremos que salgan de la actividad extractiva, que dejen de destruir el fondo marino con sus redes de arrastre, queremos que nos dejen pescar a nosotros que somos los que garantizamos la recuperación de los recursos pesqueros”.
Consultado respecto del destino de los trabajadores de la industria pesquera este vocero manifestó: “la gente que trabaja en la parte de procesos de la industria (enlatados), puede seguir operando con los peces que capturamos los pescadores artesanales” y los que laboran en barcos “pueden tener cabida en la flota artesanal”.

El emblemático líder de los artesanales chilenos remata sosteniendo que el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet debe ingresar un nuevo proyecto de Ley de Pesca donde se reconozca que los peces pertenecen a todos los chilenos y no a un grupo de familias como estableció la Ley Longueira:

“Queremos plantear eso como primera cuestión. Ahora si la presidenta Bachelet y su equipo de Gobierno hacen casos a los alaridos, a los llantos, a las amenazas, a los gritos destemplados de los empresarios pesqueros y decide seguir explotando las especies de forma irracional, Chile estará condenado a tener un mar vacío. Queremos recuperar las especies del mar y para hacerlo estas tienen que volver a manos del Estado”.

Por Francisco Marín
El Ciudadano

Tras conocerse inasistencias parlamentarias se revela que proyecto que las sanciona con descuentos del sueldo "duerme" hace dos años

31/12/2013 |

Por María Kovacz

El diputado Iván Moreira fue el que más ausencias tuvo, mientras que la senadora Ximena Rincón fue una de las que encabeza el ranking de buena asistencia. Proyecto de ley propone restar del sueldo las ausencias no justificadas.

Una vez más los parlamentarios están en boga, y esta vez, para no perder la costumbre, tiene relación con el nuevo ranking de asistencia, el que dejó a varios "repitiendo".

 

En la Cámara de Diputados, el que más faltó fue el UDI Iván Moreira, quien se ausentó a 70 de las 126 sesiones, sin presentar justificación. El gremialista no llegó a ninguna de las nueve sesiones que se realizaron en octubre, previo al receso legislativo por motivo de las elecciones, destaca reportaje dominical de La Tercera.

Moreira atribuyó sus ausencias a la compleja campaña senatorial que enfrentó, que comenzó en Santiago Oriente y luego se trasladó a Los Lagos, por decisión de su partido. Desde eso, el legislador tuvo 46 inasistencias.

Otros, como el independiente Pedro Velásquez y el UDI Enrique Estay dejaron de asistir luego que perdieran la elección.

De hecho, en el Congreso existe un proyecto de ley para sancionar las inasistencias de los parlamentarios. Sin embargo, hasta ahora no ha visto la luz dicha moción. El texto, que fue presentado en marzo del año 2011, busca ante la total falta de normas legales que regulan esta materia, modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, más específicamente el artículo 5F, donde se limita a enunciar en términos generales el deber de los parlamentarios de asistir a las sesiones, sin establecer sanciones concretas ante su inobservancia.

Inasistencias y críticas sociales

Hace unas semanas se debió postergar la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, debido a la ausencia de parlamentarios en la sala. Una situación que se ha repetido en reiteradas ocasiones, como ocurrió con la votación el sueldo mínimo y una vez más por falta de quórum se debió suspender la sesión.

Ante esta situación, la senadora Ximena Rincón (DC) quien ha sido la que ha tenido mejor participación con todas sus asistencias al día durante estos cuatro años de gestión, dijo que "supongo que tendrán una razón para no asistir".

"Los parlamentario no solo tenemos el rol de legislar, sino también el de velar por la ciudadanía, el de velar por lo que la gente necesita de nosotros", puntualizó, agregando a Cambio21 que "en todo caso no tengo la facultad de cuestionar a nadie y menos a mis colegas".

Por su parte, el diputado Felipe Ward (UDI), quien presenta la mejor asistencia a nivel regional con un 99,9% durante los últimos ocho años, y el quinto lugar a nivel nacional, declaró que "este registro no es nada más que cumplir con el trabajo para el cual fui elegido, pues parte fundamental de mi mandato dice relación con legislar y eso se hace en el Congreso".

Asimismo, agregó que "esta alta asistencia se debe al compromiso con que he asumido el trabajo, pues son miles las personas que confían en uno, y por ellos, uno debe cumplir con todo lo que se le ha asignado, como lo es en este caso, asistir y participar en las sesiones legislativas de la Cámara".

Respecto a la inasistencia de los parlamentarios agregó que "resulta grave, es netamente responsabilidad de ellos ya que no se levantan temprano y por ende no asumen la responsabilidad de estar en la sala trabajando".

Asimismo, Ward se refirió al proyecto de ley que descontará sueldo de diputados por ausencias, ante lo cual aseguró que "me parece una iniciativa acertada y justa, ya que cualquier ciudadano que no llega a hacer la pega se le descuentan los días o simplemente son despedidos y nosotros con mayor razón debemos dar el ejemplo y estar donde nos corresponde, en el Congreso, donde se legisla y en nuestros distritos los días en que no hay sesiones".

Por su parte, el diputado Fuad Chahín (DC) dijo a Cambio21 que "muchas veces lo más visible es la votación en sala pero es en las comisiones donde se hace el verdadero trabajo legislativo y creo que también debiera considerarse la asistencia y participación. Hay muchos parlamentarios que realmente se destacan por ser personas que asisten, opinan, presentan indicaciones permanentemente en las comisiones y otros que simplemente no van".

 

"La iniciativa me parece necesaria de tomar en cuenta, pero creo que debiera complementarse con otros aspectos más allá que la sola asistencia a la sala. Hay que definir también qué es justificado y que no, ya que hay que considerar el trabajo distrital, porque hay parlamentarios que tampoco asisten a sus distritos y a nosotros nos pagan por venir a nuestros distritos. Creo que eso también podría incorporarse como indicador a la dieta", concluyó Chaín.

Por último el diputado señaló que "creo que si queremos avanzar hacia una dieta que esté vinculada en algunos aspectos al menos al cumplimiento de ciertas metas y obligaciones mínimas, debiera ser bastante más amplio que lo que hoy día tenemos".

 

FUENTE:CAMBIO 21

Acusan a ministro de Salud de actuar al filo de la ley y estar lleno de "martingalas" que engañan a la población

31/12/2013 |

Jaime Mañalich ha sido el ministro peor evaluado de la administración Piñera y sus colegas de profesión acusan una gestión deficiente y que al conseguir que médicos extranjeros especialistas no rindan el Examen Unico Nacional de Conocimientos de Medicina, está poniendo en riesgo a los pacientes.

Estas últimas sin duda han sido las semanas más negras para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien ha sido criticado en reiteradas ocasiones por su mal manejo en la cartera que desempeña desde que asumió Sebastián Piñera.

 

Si bien su historia en la importante repartición que se preocupa del bienestar físico de los chilenos está jalonada desde el comienzo por su forma autoritaria de conducir las políticas públicas al respecto, al parecer con la proximidad de su alejamiento  se han reiterado su formas inadeucadas, incluso para con la gente de su propio sector político.

Hace unos días fue el propio alcalde Puente Alto, Germán Codina (RN), quien disparó contra el jefe de Salud por el retraso en el inicio de las obras del hospital cuya primera piedra fue instalada por el propio presidente Piñera. En dicha instancia el jefe edilicio dijo que "se retiraron las máquinas, se retiraron los trabajadores y lo encuentro inaceptable. Los puentealtinos preguntamos y le preguntamos al ministro qué pasó en estos días", declaró Codina.

Ahora fue el turno del presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, quien aseguró que ya no le queda paciencia que perder con el ministro de Salud, luego de que la Contraloría visara su decisión de permitir a los hospitales la contratación de doctores extranjeros sin necesidad de que rindan el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, siempre y cuando estuvieran en situación "crítica".

 

"Esto es inconcebible. Además, ya me tiene agotado el ministro de Salud y todas las maniobras y todas las martingalas que usan para engañar a la población. Yo pienso que esto es una maniobra que una vez más trata de desprestigiar a los médicos chilenos y al Colegio Médico", dijo en entrevista con radio Cooperativa, al referirse a la salvedad otorgada por la Contraloría.

El dirigente gremial planteó que la nueva medida promovida por Mañalich significa "un problema ya casi legal", puesto que "si hay una ley que dice que se requiere el examen y la Contraloría dice que no, ellos tendrán que asumir las consecuencias si estos médicos cometen algún error y dañan la salud de la población".

Una baja aprobación

 

Sin embargo, Mañalich no solo ha sido el blanco de las críticas por estos tres años y medio, sino también ha sido el peor evaluado por la ciudadanía.

 

Ante este escenario, el diputado y médico de profesión Juan Luis Castro (PS) declaró que "el ministro ha cumplido una mala gestión. Ha tenido mala nota tanto social como políticamente, porque en su mandato solo hay deudas en salud más que logros"

 

A ello, quien también fuera presidente del Colegio Médico sostuvo que "no pudieron terminar con las listas AUGE, no terminaron con las deudas, no terminaron con la brecha hospitalaria, y menos con la construcción de centros de salud".

 

"Hay múltiples áreas de salud que están solo en palabras y nada de hechos", declaró el legislador agregando que "los proyectos que hay en este ámbito no se han podido aprobar no por culpa de los parlamentarios, sino del gobierno, quienes ser han dedicado a aplazar los proyectos".

 

"Es una gestión muy deficiente en cuanto a los resultados, y muy hábil en cuanto a las palabras. Mañalich ha sido un ministro abusivo en su cargo, y quien ha dejado de lado las prioridades de su trabajo", puntualizó a Cambio21 Castro.

 

Por su parte, el diputado Enrique Acorssi (PPD), también colega de profesión de Mañalich, dijo que "el ministro ha tenido mala gestión y reacciona mal frente a los problemas. Tenemos muchos problemas, la evaluación que tiene el ministro ha sido la peor de todos los que han ocupado ese cargo".

 

"Lo más importante en el día a día de la ciudadanía es que el gobierno cumpla con lo que promete, y a eso aún no se ha llegado en tema de salud", puntualizó el legislador.

 

Por su parte, el senador Guido Girardi (PPD) declaró que "Mañalich fue prisionero del lobby y se doblegó ante esta medida, tiene un doble discurso con eso, porque siempre culpó a los parlamentarios de utilizar este método".

 

"El sistema privado está desmantelando al sistema público, y esto no es más que una privatización encubierta del sistema", agregando que "la gestión de Mañalich es débil".

 

"En este gobierno hubo un retroceso importante en tema de salud. Hubo un tema comunicacional tremendo, y que realmente no sirvió de mucho", concluyó el senador.

 

FUENTE:CAMBIO 21