Frente Amplio Unitario

Nuevas y masivas condenas a Contreras, Krassnoff y a agentes de la DINA se explica porque se pone fin a torturas y asesinatos

27/12/2013 |

Por María Kovacz

Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Manuel Contreras recibieron nuevas condenas. Con esto, se acrecientan los casos que están cerrando y las condenas que se han ido dictando en temas de graves violaciones a los derechos humanos; y sin duda la curiosidad es porqué se está generando esta situación.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una sentencia por el delito de tortura en contra de Miguel Krassnoff, uno de los ex integrantes la cúpula de la DINA, informó el Poder Judicial.

La Corte confirmó en un fallo, publicado por el Poder Judicial en su página web, la condena de 541 días de presidio contra Krassnoff por las torturas a que fue sometida Guacolda Raquel Rojas, simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en septiembre de 1975 en el centro clandestino Villa Grimaldi.

Sin embargo no es el único. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en segunda instancia una nueva condena contra los ex líderes de la DINA, encabezada por el general (r) Manuel Contreras. El fallo corresponde a la causa por el asesinato de Luis Arias Pino, un tornero mecánico y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en 1975.

Contreras fue condenado a 15 años de cárcel como autor de homicidio calificado y a otros 3 años por asociación ilícita. Con las mismas penas y por iguales delitos fueron sancionados el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy García, todos integrantes de la cúpula de la DINA.

Con esto, se acrecientan los casos que están cerrando y las condenas que se han ido dictando en temas de violaciones a los derechos humanos; y sin duda la curiosidad es porqué se están generando esta situación.

Frente al tema, el abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, aseguró que "indudablemente se pueden producir nuevos procesamientos a medida que se van investigando los casos, y sin duda algunos casos de ellos puede afectar a nuevas personas".

 

"Cada proceso tiene su propia dinámica, y cada juez actúa de acuerdo a su criterio y según su información. Por ello puede ser muy variado lo que suceda, en algunos casos quizás no hayan resultados, pero también puede existir una especie de hemorragia de procesamientos", mencionó el profesional.

 

Por otra parte, dijo a Cambio21 que "una de las cosas que hemos ido mejorando es la profundización de los casos. Ell trabajo que se ha realizado ha podido revelar gran parte de la situación criminal que se vivió durante la dictadura".

Muchos casos pendientes y que estarían por cerrar

 

Quien también tuvo palabras para poder explicar esta situación, fue el abogado Eduardo Contreras, quien dijo que "todo lo conseguido no es mérito del gobierno, es mérito de las agrupaciones que hemos sacado adelante cada caso. Los casos comenzaron en 1998 y recién ahora están saliendo a la luz, estamos muy atrasados, no es que se hayan presentado ahora los casos y ahora hayan salido", agregó el abogado.

Por último dijo a Cambio21 que "ahora están en juicio la querella por golpe de Estado, la cual es muy importante porque por primera vez logramos sentar en el banquillo de los acusados a los que cranearon el golpe".

Por su parte, el también abogado Nelson Caucoto tiene una opinión distinta, y aseguró que "si bien se han dictado varias condenas, para tener un avance de las causas de derechos humanos y una resolución de las mismas mucho más ágil, habría que volver a la designación de jueces con dedicación exclusiva".

 

"Este tema lo planteamos alguna vez, que pudieran restituir esta figura, que -según su juicio- ha sido una de las más exitosas en derechos humanos, y ahora pudo haber sido igualmente porque existe un número alto de casos pendientes", explicó el profesional.

 

Además, el defensor dijo que "igualmente los jueces tiene una sobre carga de trabajo al ser ministros. Pero si queremos avanzar realmente, necesitamos jueces que estén 24 horas pendientes del caso".

 

El abogado agregó a Cambio21 "esperamos que le dediquen tiempo porque realmente es agotador llevar este tipo de causas. Aunque reconozco que es una medida positiva".

Los casos que se verán

 

Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría son emblemáticos y llevarían más de 100 nuevos detenidos en Punta Peuco.

Caso Calle Conferencia: Entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976 la DINA desarrolló un procedimiento de detención y desaparición que tenia como objetivo la cúpula del Partido Comunista de Chile

Entre estos días un grupo de agentes de las fuerzas represivas de la dictadura militar se encontraban en dos casas ubicadas en calle Conferencia una y en la casa ubicada en la calle Alejandro del Fierro 5113, esperando por los 5 dirigentes comunistas que permanecen hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos.

En ese contexto se ha procesado a más de medio centenar de ex agentes de la DINA, quienes permanecen detenidos en diversos recintos militares, dado que la Corte de Apelaciones ha rechazado en diversas oportunidades otorgarles la libertad provisional, esgrimiendo que por los delitos que están procesados constituyen un peligro para la sociedad.

Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González. Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil.

Caso Torres San Borja: El día 25 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520 2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.

Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

 

Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos (USD 210.000) a cada uno de los familiares querellantes de la causa.

Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Caso Comando Conjunto: - La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.

La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 en contra de 6 ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos condenados y sobreseyendo a uno por fallecimiento. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.

Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company.

 

Por fallecimiento fue sobreído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.

 

FUENTE: CAMBIO 21