SERVIU ordena reprimir con violencia desproporcionada a damnificados y sin casa: 12 detenidos y 3 lesionados
La llamada “Reconstrucción pos terremoto”, ha pasado a ser otra demostración de que los intereses privados dirigen la política
El día de ayer, miércoles 11 de diciembre, medio centenar de pobladores de Villa Futuro, Chiguayante, se hizo presente en las oficinas de SERVIU y ocupó su acceso principal. La causa de ello: demandar que el SERVIU termine de aplicar la lógica de “guerra silenciosa” contra los habitantes de esta villa. El desenlace de esta situación fue una inusitada y desproporcionada violencia de Fuerzas Especiales, cuyas correas fueron soltadas para cobrar venganza a nombre del SERVIU, es decir, de parte del órgano oficialmente encargado de la reconstrucción.
La forma en que se realizó el operativo indicó que no existía interés alguno en convenir una fórmula para llegar a satisfacer lo solicitado por los pobladores: simplemente una reunión con los directivos del SERVIU. Muchas veces y por más de tres años, los mismos pobladores han hecho ejercicio de su derecho a manifestarse con acciones similares, sin que haya existido violencia; pero la respuesta del gobierno esta vez se salió de todo margen racional. Las mujeres fueron forzadas, golpeadas y arrastradas, las familias –con niños incluidos- fueron atacadas con el cañón de agua del “guanaco”, hubo detenciones selectivas contra la presidenta de la junta vecinal, Bárbara Orrego, y otros dirigentes de la Red Construyamos. La consecuencia: una gran conmoción pública, cierre de las vías de tránsito (que nunca fueron intervenidas por los pobladores), al menos dos mujeres seriamente lesionadas por el exceso de fuerza que aplicó la violenta FFEE; 12 detenidos, de los que ocho fueron mujeres, trabajadoras y dueñas de hogar. Además, tras provocar con ese forcejeo la rotura de un vidrio, un policía se hizo un corte en la mano y terminó denunciando a un poblador como causante de esa lesión, razón por la que este vecino de Villa Futuro ha quedado en detención y el día de hoy ha pasado a fiscalía como agresor a las "fuerzas de orden".
La historia de Villa Futuro es conocida. Hace más de 20 años, la población de 1300 familias obtuvo sus títulos de propiedad en este sector, que correspondía por entonces a los márgenes más periféricos del Gran Concepción. El conjunto de bloques habitacionales siguió una historia de luchas para mejorar sus viviendas y lograr el establecimiento definitivo; hasta el terremoto 2010, cuando la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, auspiciada directamente por el gobierno de Piñera, inició un proceso de fraudes contra la propiedad del vecindario.
Es de público conocimiento que la Intendencia, desde el primer día del terremoto de 2010, comenzó a ejecutar un plan consistente en engañar a la población, calificarla de “damnificada” sin que exista tal condición y luego expulsarla de sus tierras, cediendo de esta manera el camino a la especulación inmobiliaria, es decir, a nuevos negocios y construcciones para estándares de mayores ingresos. Para las autoridades políticas, los 20 años de alojamiento de la población de Villa Futuro no ha tenido el más mínimo valor, ni tampoco han respetado el sagrado derecho a la propiedad, principio que profesan como los máximos fanáticos del credo capitalista.
La razón para todo esto se encuentra a la luz del día: esos terrenos actualmente han cobrado un valor inmobiliario extraordinario. Su vista junto al río Bio Bio, la construcción de una directa y rápida carretera que une las ciudades, proyectos públicos para la construcción de parques y, además, la proyección de un futuro puente que enlazará el lado norte y sur del río en ese sector, conforman un cuadro de ventajas que para estas autoridades no pueden ir a la mejora de las condiciones de vida de los legítimos habitantes. Por el contrario, la consigna del gobierno es: segregar a los pobladores para beneficiar a los negocios inmobiliarios, que ven una suculenta expectativa de ganancias. ¿Cómo no va a ocurrir esto si los funcionarios políticos del Estado tienen relaciones estrechas con los dirigentes empresariales? Es decir, y no cabe la menor duda en ello, esta violencia del Estado no es otra cosa que parte de una invasión conjunta de los intereses inmobiliarios y políticos.
Si repasamos las relaciones personales de los directores del SERVIU que han ocupado el puesto en los últimos años, fácilmente hallaremos los lazos que les unen al gremio de empresarios de la construcción y de las inmobiliarias. Sebastián Salas debió renunciar debido a la utilización de su poder para vender y comprar tierras de damnificados para beneficios familiares. El ingeniero Sergio Jara llegó desde el mundo de las constructoras para salir nuevamente hacia los directorios de empresas constructoras. Y hay que preguntarle al actual director del SERVIU, Francisco Merino, cuáles son sus relaciones personales con la Cámara Chilena de la Construcción, el gremio de los empresarios, o si acaso es irrelevante el cargo que ha ocupado como egerente de proyectos del grupo inmobiliario Patagual. Lo otro que es evidente, son los vínculos de estos funcionarios con el clan van Rysselberghe. Lazos que no se han roto y se mantienen, a pesar de que JVR debió abandonar el cargo de intendenta tras escandalosas manipulaciones de intereses públicos y después de que se destaparan los engaños a miles de pobladores para que cedan sus tierras en Aurora de Chile.
Sin embargo, no son pocos los que se han resistido al fraude. Y hoy la gente de Villa Futuro está repudiando estos engaños y abusos. Al gobierno se le agota el gran fraude de la reconstrucción y su reacción ahora es esa violencia tan propia del que no tiene argumentos.
Eduardo Ampuero
Red Construyamos
Concepción, 12 de diciembre de 2013
Fotografía del portal www.metiendoruido.com
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