En estos días de revuelta estudiantil y popular, en que la legitimidad del gobierno se pone en duda constantemente, ha surgido, con gran apoyo entre algunos sectores del movimiento rebelde (heterogéneo y multiforme), una moción que, a nuestro juicio, es por lo menos riesgosa. Moción que no ha sido lo suficientemente discutida y que puede convertirse en un elemento que eche por tierra toda la acumulación de fuerzas lograda por el movimiento estudiantil. Hablamos de la iniciativa de pedir la renuncia al ministro de educación Joaquín Lavín Infante.
Hoy se torna imperioso, mucho más que antes, comprender que el Estado como aparato represivo constituye mucho más una lógica de relaciones de poder entre clases, que entre individuos o que entre individuos y una clase. Con un parlamento en funciones y una estructura jurídica que ha asegurado, desde los 90, la prosperidad de los propietarios de los medios masivos de producción, resulta un ejercicio torpe intentar personalizar en una sola figura (nuestro señor ministro) al “enemigo”. Ya no estamos peleando contra una dictadura militar, ahora lo hacemos contra su forma evolucionada: la democracia burguesa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, en términos fácticos, hoy el poder reside mucho menos en un sujeto particular y mucho más en el conjunto de los aparatos del Estado, en que los gobernantes cada vez son más síntoma que enfermedad, en que la dominación ya no tiene un sustantivo propio (aún cuando, en el caso de Chile, la dictadura militar tenía perfectamente claro su contenido de clase, la porción de poder que detentaba el Pinochet era mucho mayor que la que hoy detenta el Presidente) y su rostro se ha difuminado en cientos de rostros (cada uno más déspota e hipócrita que el anterior).
Ciñéndonos a la cuestión del presente escrito, aquí el problema no es quien encabeza el ministerio, sino el modelo sociopolítico que puso a esa cabeza ahí. Una vez comprendido esto, la demanda por la renuncia del jefe de cartera se vuelve una pelea a hachazos contra la Hidra de Lerna. Veamos por qué…
Al pedir la renuncia del ministro, se aduce que este está facultado para responder a las demandas por la educación. Se apela a algo así como a “su voluntad” o a la posibilidad política del mismo para dar razón y acción al petitorio de los demandantes, sino ¿para qué y quién se tomaría la molestia de emplazarlo a dimitir? Pero la historia nos habla, nos enseña y si la miramos desde abajo veremos que un cambio tan profundo, como por el que se lucha hoy, JAMÁS será iniciativa de un Estado que es en esencia burgués. Para un cambio social de la magnitud esperada sólo nos queda, sino una revolución (de la cual estamos muy lejos aún, por lo menos en “nuestro” país), acorralar, con el pueblo en su conjunto – a través de la comprensión generalizada de que el problema educativo es un problema transversal – al poder político, de manera tal, que le salga más caro reprimirnos e ignorarnos, que modificar sus instituciones. Y eso no pasa por un ministro en particular, sino por nuestra capacidad de intervenir de forma eficiente en el escenario político, con una ciudadanía organizada, con claridad y esperanza en la victoria; pasa por nuestra capacidad para modificar el marco legal en el que se mueve el ministerio, no por cambiar su rostro.
No estamos diciendo, bajo ningún punto de vista, que en la dinámica de la lucha cotidiana (quizás la más decisiva) el nombre del ministro da lo mismo, no lo da. Estamos señalando que en un sentido histórico y estructural (que es hacia dónde se dirige el movimiento) el problema no reside, ni converge en él.
Apostamos a que la estrategia para lograr nuestros objetivos y para el triunfo de la rebelión es golpear al gobierno con la densidad de un peso pluma, con las limitaciones que un poder que no busca la reestructuración de las relaciones de propiedad (que no busca la revolución) tiene, pero con la ventaja de una fuerza amplia que si bien no tumbará al Estado ni al Capital le soltará los derechos que le niega, con las ventajas de una fuerza que ganará por la insistencia de sus golpes. Para eso es fundamental no dar descanso a nuestro adversario. Poner a otro ministro significaría comenzar nuevamente un proceso que ya está bastante avanzado.
Ante la eventual abdicación del ministro, en respuesta a nuestra petición, podemos proyectar algo así: 1) Joaquín Lavín renuncia, algunos hablarán de una victoria importante del movimiento estudiantil en particular y de los movimientos sociales en general, otros seguiremos sosteniendo que no resolverá nada. 2) Llegará un nuevo ministro de educación, un rostro desconocido, que contará con el beneficio de la duda ante la opinión pública, y en un tono, quizás amigable, llamará a deponer las movilizaciones, dirá que ahora las cosas van a ser distintas y que nos sentemos a conversar sin medidas de presión. 3) Ante eso tendremos dos salidas posibles: 3.a) Deponemos las movilizaciones, y comenzamos un nuevo proceso de negociación que no conducirá a nada diferente de lo que se ha obtenido hasta ahora (ya que, como hemos visto, el gobierno no cederá por voluntad los derechos expropiados que hoy reclamamos), nos enojaremos y nos volveremos a movilizar. Sólo que esta vez será con un mes de movilizaciones en el cuerpo, con la gente cansada y desgastada, por lo que los ánimos y la moral no serán iguales (y vuelta a esperar tres años más para que se produzca una reposición de fuerzas y un renuevo generacional). O 3.b) Se hará caso omiso al llamado a deponer las movilizaciones, pero aún así se tendrá que comenzar un nuevo proceso de negociación, perdiendo tiempo valioso y doloroso para toda la base del movimiento.
Además de esto, suceda “3.a” o suceda “3.b”, aparte de comenzar un nuevo proceso de negociación, tendremos que darnos nuevamente el trabajo de deslegitimar ante la opinión pública a la nueva autoridad de gobierno (trabajo que está bastante avanzado y en el que contribuye activamente nuestro ministro), ya que sin ella las condiciones para el cambio serán mucho más adversas.
En resumen, nuestra opinión es que pedir la renuncia de Joaquín Lavín es un GRAN ERROR, ya que salta a la vista que el problema aquí no es el ministro sino el sistema económico, político y social que lo puso ahí (así como pudo poner a muchos otros). Que para lograr nuestro propósito es indispensable contar con el apoyo de un amplio porcentaje de la ciudadanía, de manera que el acto de no atender nuestra demanda sea un acto de no atender la demanda de la sociedad en su conjunto (que se expresa mediante la rebelión estudiantil), y que para lograr dicho objetivo resulta más eficaz, en términos mediáticos, negociar con una persona que ya ha perdido credibilidad y seriedad, que hacerlo con alguien cuya exposición en los medios respecto al tema ha sido baja o nula y que al menos contará con el beneficio de la duda ante la opinión pública. Y que el movimiento debe avanzar como avalancha, creciendo a cada paso, para golpear fuerte no sólo al gobierno, sino al Estado y su estructura jurídica, lo que en términos estratégicos no admite perder el tiempo en revanchismos de poca monta.
Por Jamadier Uribe
con colaboración de Ana María Olivera
27 de junio del 2011, Chiloé.
FUENTE: EL CIUDADANO
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