El argumento usado esta semana por los ministros de Sebastián Piñera para privatizar las acciones del Estado chileno en empresas sanitarias (34,98% en Aguas Andinas; 29,43% Esval; 45,46% Essal, y 43,44% Essbio) carece de credibilidad.
Al anunciar la venta de la propiedad pública en las sanitarias el año pasado, el Gobierno esgrimió la necesidad de recursos frescos para la reconstrucción post terremoto; hoy declara que usará los recursos para solventar nuevas líneas del Metro y apoyar a las Pymes.
Esta explicación, ha sido refutada públicamente por la ciudadanía y por parlamentarios de distintas tendencias, entre los cuales destacan algunos de la propia Alianza como el senador Antonio Horvath quien expresó que para financiar el Metro ya se había realizado una reforma en el Congreso, siendo innecesario privatizar la fracción estatal de las sanitarias.
También parece un contrasentido financiero, en un gobierno de economistas y empresarios, que primero se anuncie que las sanitarias se venden porque son “pasivos prescindibles”, mientras que el vicepresidente de Corfo, Hernán Cheyre, “confiesa” que la venta es muy atractiva porque las sanitarias son un negocio tremendamente rentable.
¿Quien se beneficia con el negocio?
Aunque el Estado recibirá casi mil millones de dólares, por la venta de las sanitarias, nada se ha dicho sobre lo que dejará de percibir en el futuro.
La retención del 5% de propiedad del Fisco tampoco permite incidir sobre las decisiones o vetar iniciativas como el posible aumento de tarifas o la venta de aguas servidas tratadas, ambas en perjuicio de los consumidores. Si el Estado reduce en tal magnitud su capacidad de maniobra para procurar el bien público, entonces ¿quién velará por los chilenos frente a las sanitarias?
Además de la renta que deja de percibir el Estado para inversión social a futuro, la liquidación de estos bienes públicos dificulta aún más el resguardo del interés publico en la gestión hídrica ante las decisiones del mercado. Hoy, la carencia de agua afecta a comunidades rurales y economías locales de todo el país.
Nos preocupa como ciudadanos el traspaso a los privado de roles públicos irrenunciables, como garantizar el derecho al agua como una derecho humano (consagrado hoy por Naciones Unidas). El Gobierno chileno avanza en sentido contrario a las instituciones internacionales y al clamor popular ante la escasez hídrica. El reciente referéndum en Italia contra la privatización del agua es un ejemplo relevante a tomar en cuenta. El presidente Piñera debería poner mas atención a las demandas de la mayoría de la población que claramente está pidiendo criterios de bien común en las decisiones políticas.
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