Observatorio Político UDI y la Iglesia cierran el paso a la unión gay

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

La comunidad gay chilena, estimada por sus propios miembros en cerca de un diez por ciento de la población del país, es uno de los grupos sociales más desencantados con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, luego de que éste ha postergado una y otra vez el cumplimiento de su compromiso de campaña para legislar sobre las uniones de hecho, de homosexuales y lesbianas.
El emblema de aquella promesa, el ingeniero civil Luis Larraín Stieb, de 30 años, quien apareció en un spot de la mano de otro hombre acompañado por Piñera, trabajaba desde marzo de 2010 en la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular, Cristián Larroulet, es el encargado del tema. Sin embargo, decidió -muy frustrado- renunciar a su trabajo en La Moneda y marcharse a París a cursar un magíster en ciencias políticas. Larraín Stieb, cumplía funciones de coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa y había colaborado con el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional, en el proyecto de Acuerdo de Vida en Común (AVC) que el hoy titular de Defensa presentó en junio del año pasado con el apoyo transversal de parlamentarios de RN y de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia.
El proyecto de AVC, resistido por la mayoría de los dirigentes y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y por el presidente de RN, el ahora senador Carlos Larraín, quien reemplazó a Allamand en la Cámara Alta, pretende regular los derechos de herencia y previsión social de las parejas de hecho y que los firmantes, además, asuman deberes comprendidos en la Ley de Matrimonio Civil.
En el oficialismo han convivido hasta ahora posiciones disímiles. Como la del ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, partidario de que se apruebe el matrimonio de homosexuales y lesbianas, hasta las más conservadoras, representadas por quienes se resisten incluso a debatir el tema, entre otros los presidentes de la UDI y de RN, Juan Antonio Coloma y el mencionado Carlos Larraín, junto a José Antonio Kast, jefe de la bancada de diputados de la UDI. En medio, están el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, Larroulet y el propio Piñera, que desean cumplir la promesa presidencial pero que no desean incrementar la ya muy notoria pugna, no sólo valórica, con la mayoría del partido gremialista.

La Iglesia presiona

Parece evidente que los grupos ultramontanos de la Iglesia Católica -probablemente los mismos o similares a los que convergían en la parroquia El Bosque, dirigida por el cura Fernando Karadima- están ejerciendo fuertes presiones sobre el oficialismo para que se dilate indefinidamente la iniciativa legal prometida por el jefe de Estado. La ciudadanía, no obstante, ya sabe que varios de los principales representantes de los mayores grupos económicos imperantes en Chile, no sólo están tratando de imponer sus negocios, sino que desde el Opus Dei, los Legionarios de Cristo o parroquias como la de El Bosque, buscan dominar la educación, la enseñanza sexual e incluso, la moral de los chilenos.
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha afirmado que la tendencia homosexual no es comparable a una raza o una etnia, las que no pueden ser discriminadas. Y si bien homosexuales y lesbianas tienen todos los derechos de las demás personas, “esos derechos no son absolutos y pueden limitarse legítimamente con motivo de un comportamiento externo desordenado, siendo ello, en algunas ocasiones, no sólo lícito sino obligatorio”.
Los senadores Coloma y Carlos Larraín pidieron que no se incluyera en el Mensaje Presidencial del 21 de mayo la iniciativa para normar las relaciones de hecho y sugirieron, en cambio, que se efectuaran anuncios para robustecer la familia, como algunas rebajas tributarias, viviendas sociales más amplias para las familias numerosas y beca universitaria completa para el tercer hijo de cada matrimonio. Todo ello, claro está, desde la óptica católica más ortodoxa, la que prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Este criterio, el mismo que discrimina a negros, indios, judíos, musulmanes o asiáticos, o a razas y religiones, atenta contra la principal institución que ellos mismos dicen defender: la familia, cuya conformación no es unívoca sino cada vez más multifacética y diferente, y no por ello menos feliz o funcional a la sociedad moderna.
El ex presidente Ricardo Lagos, el más admirado de sus predecesores por Sebastián Piñera, señalaba que “la gobernabilidad de la democracia no es un consenso permanente y sobre todo, es algo que no existe en país alguno, sino la aceptación común de modalidades de participación y de decisión”. Ese es el derecho que se les debe a homosexuales y lesbianas, aunque Lagos, hay que decirlo, tampoco se atrevió a legislar sobre el asunto.
La Comisión Nacional de la Familia, que a fines de los 90 presidió la ex ministra Josefina Bilbao, estableció que la familia es un concepto amplio y abierto, que no supone necesariamente el vínculo matrimonial legalmente establecido. Es un concepto pluralista, que tiene en consideración la diversidad de formas en que la gente se organiza para vivir su vida cotidiana, criar a los hijos y cuidar a los ancianos.

Los otros motivos

La segregación de los gays, que se extremó durante la dictadura militar, comenzó a cambiar lentamente a partir del retorno a la democracia. En 1993, el entonces jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de Investigaciones, el prefecto José Barrera, afirmaba que el noventa por ciento de los delitos que allí se investigaban los cometían los heterosexuales; y que era un error vincular a la homosexualidad con el tráfico de drogas o el alcohol. En esos años, en 1991, surgió el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) que tenía sólo sesenta socios y que dirigía y dirige hasta ahora Rolando Jiménez, y que por ese tiempo no tenía personalidad jurídica porque sus fines, según las leyes, no eran lícitos.
Casi todos los integrantes del Movilh se resistían a identificarse, pues corrían el riesgo de perder sus trabajos. Incluso los echaban porque podían “fatalizar” la empresa, o porque iba “contra los principios de la Iglesia”, como le pasó a uno que despidieron de la Vicaría de la Solidaridad.
Así, muchos de ellos habían terminado recluyéndose en verdaderos guetos laborales donde no eran rechazados por los heterosexuales; otros, en cambio, los más, debían ocultar su condición e incluso aparentar matrimonios estables. La discriminación más brutal se producía a nivel social y carecía de cualquier tipo de normas, desde el uso como ofensa de la palabra “maricón”, hasta extremos como el que comprobó la sicóloga Soledad Larraín contra un obrero de la construcción al cual sus compañeros le echaron ácido en el ano.
Dinamarca fue, en 1989, el primer país donde se aprobó el matrimonio gay y se concedió a las parejas de homosexuales o lesbianas los mismos derechos que a los heterosexuales.
La aparición del sida provocó una ola de terror, pero paradojalmente permitió que empezara a mirarse de otro modo una realidad que para muchos era culturalmente compleja, aunque inevitable, especialmente en los países más religiosos y sobre todo en los formados dentro de la moral judeo-cristiana.
Poco a poco, los homosexuales se abrieron camino y optaron por “salir del clóset”. A partir del año 2000, (...)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 735, 10 de junio, 2011)