El pleno del organismo adelantó sorpresivamente la decisión, prevista para el próximo martes. La resolución fue unánime.
Esta tarde, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento que presentó el gobierno ante el organismo por el proyecto del posnatal, presentación que buscaba declarar inconstitucional el rechazo al tope del beneficio durante su tramitación en la Cámara.
Si bien estaba previsto que el organismo se pronunciara al respecto el próximo martes, los ministros adelantaron sorpresivamente la decisión para el día de hoy. La resolución fue unánime.
El próximo 14 de julio, en tanto, el tribunal deberá ver el expediente presentado por el Ejecutivo, con el objetivo de analizar el fondo de la presentación.
Si bien estaba previsto que el organismo se pronunciara al respecto el próximo martes, los ministros adelantaron sorpresivamente la decisión para el día de hoy. La resolución fue unánime.
El próximo 14 de julio, en tanto, el tribunal deberá ver el expediente presentado por el Ejecutivo, con el objetivo de analizar el fondo de la presentación.
Si el organismo finalmente se pronuncia a favor de la posición defendida por el gobierno, aún no hay claridad respecto a los escenarios que se abren en la tramitación del posnatal. Esto, ya que lo que se impugnó fue únicamente la decisión de los parlamentarios opositores de dividir la votación -por un lado, la ampliación de tres a seis meses, y, por otro, el tope del subsidio- y rechazar el límite de UF 30 para los tres meses adicionales del beneficio, manteniendo el monto de UF 66 que actualmente cubre los primeros tres meses.
El principal argumento que utilizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al momento de anunciar la medida, fue que cualquier iniciativa que implique un aumento en el gasto fiscal corresponde que sea vista únicamente por el Presidente de la República. A su juicio, el Parlamento sólo puede rechazar o mantener el desembolso estipulado para un proyecto, postura que ha sido refutada por la oposición y por abogados constitucionalistas.
El principal argumento que utilizó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al momento de anunciar la medida, fue que cualquier iniciativa que implique un aumento en el gasto fiscal corresponde que sea vista únicamente por el Presidente de la República. A su juicio, el Parlamento sólo puede rechazar o mantener el desembolso estipulado para un proyecto, postura que ha sido refutada por la oposición y por abogados constitucionalistas.
FUENTE: LA TERCERA
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