Terminar con el subsidio a la demanda, fin al lucro, democratización y un sistema educativo con hegemonía pública son las principales deudas que, según los líderes del movimiento, aún tiene el Gobierno con la educación chilena. Son estos puntos pendientes, más la nula cercanía por parte de las autoridades, las que mantienen el mal clima entre el Ejecutivo y los estudiantes en una nueva jornada que marcará el ambiente previo al discurso presidencial del 21 de mayo.
El lunes en la mañana, después de que el ministro de Educación Harald Beyer terminara un punto de prensa luego de asistir a un seminario sobre los nuevos convenios de desempeño para los planteles, el presidente de la Fech, Gabriel Boric, lo interpeló delante de los medios de comunicación presentes y le preguntó si los fondos abiertos irían a las instituciones que el ministro había reconocido —alguna vez— estaban lucrando en el sistema. Tras la insistencia del dirigente estudiantil, la breve conversación terminó con esta respuesta del ministro: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”.
Esta escena se gestó casi de forma natural. Boric estaba en la Fech, se enteró de la charla y partió a escuchar. No le gustó lo que dijo el ministro y lo emplazó.
Sin embargo, esa tensión vista ante las cámaras, es la misma que cruza al movimiento estudiantil hoy, cuando se realiza la segunda marcha que convoca a los estudiantes a caminar desde Plaza Italia hasta la Estación Mapocho, a partir de las 11:00 hrs.
El ministro Harald Beyer no se ha sentado a conversar aún con los estudiantes, pese a que ya terminará mayo. Y aunque el Gobierno creyó poner la mayor parte del asado sobre la parrilla cuando dio a conocer su proyecto para dejar fuera del Crédito con Aval del Estado a la banca y reducir su grosera tasa de interés, aún hay puntos pendientes que hacen que los estudiantes no sólo sientan estar igual que el año pasado —o casi igual—, sino que tampoco se ha gestado un diálogo con las autoridades que permita avanzar en temas fundamentales para los estudiantes.
Puntos pendientes
“El Gobierno pretende instalar la idea de que cualquier propuesta que presente tenemos obligación de aceptarla y si no la aceptamos somos intransigentes, independiente del contenido de la propuesta”, asegura Gabriel Boric. Esto en la misma línea de lo que piensan los demás dirigentes estudiantiles, quienes ven entre las principales falencias de las propuestas del Ejecutivo una serie de puntos pendientes.
Aún hay consenso al interior del movimiento en la falta de regulación en el sector privado; un hecho que se hizo claro nuevamente la semana pasada cuando se dio a conocer la investigación de Contraloría por malversación de fondos públicos en relación a la subvención preferencial.
Titelman dice que no ha habido ningún llamado al diálogo, y “hemos leído que la estrategia sería invalidarnos como interlocutores. Creemos que es peligroso, porque las políticas públicas que se hacen entre cuatro paredes, sin ninguna participación de aquellos que experimentan las consecuencias de estas decisiones, terminan mal, terminan como el Transantiago. Son grandes elefantes blancos”.
Para los estudiantes sigue existiendo un sector privado extremadamente desregulado, precarizado y con financiamiento que se entrega a la demanda. Uno de esos ejemplos es el financiamiento compartido. “Las universidades siguen elitizándose más debido a las brechas entre el arancel de referencia y el arancel real, y la solución que ha propuesto el Gobierno es que las mismas instituciones se hagan cargo de estas brechas. El problema es que las instituciones donde hay más estudiantes de los primeros quintiles, tienen que pagar por estas diferencias, por lo tanto es un castigo a las instituciones por tener estudiantes de menores recursos”, comenta un dirigente estudiantil.
Otro dirigente suma datos: “Nos preocupa que no haya un sistema de acreditación de verdad para las universidades que reciben estos fondos. Los resultados de la prueba Inicia han revelado que estas instituciones en verdad lo que tienen es un plan de negocios. Se trata de atraer estudiantes en base a la publicidad y seguir lucrando, aunque la ley diga lo contrario”.
Uno de los temas que molesta a los estudiantes es, además del proceso de acreditación ineficiente —que el Ejecutivo ha prometido reformar mediante un proyecto—, la despreocupación en cuanto a fortalecer el sector público de educación. “No hay nada para fortalecer instituciones en regiones, por ejemplo, no hay ninguna respuesta a la problemática de Aysén”, reclama Noam Titelman, presidente de la FEUC. “El movimiento en esa zona reclamaba por un centro de desarrollo local en regiones extremas y en la propuesta del Gobierno se sigue manteniendo la lógica que incentiva a los estudiantes a migrar a otras zonas”, afirma el dirigente de la Universidad Católica.
Uno de los puntos en que los estudiantes se concentraron en poner el acento el año pasado fue en la reforma tributaria que se dio a conocer hace un par de semanas. No obstante, tampoco lograron influir en ella. “El contenido de las propuestas van en una dirección contraria al espíritu que ha movilizado a la gente en la calle, que es terminar con el subsidio a la demanda, democratización, fin al lucro y un sistema educativo con hegemonía pública. Todo eso se va a las pailas con la propuesta del Gobierno”, se queja Boric.
El hecho de que aún no haya una invitación formal por parte de las autoridades también enciende las luces de alerta al interior del movimiento. Titelman dice que no ha habido ningún llamado al diálogo, y “hemos leído que la estrategia sería invalidarnos como interlocutores. Creemos que es peligroso porque las políticas públicas que se hacen entre cuatro paredes, sin ninguna participación de aquellos que experimentan las consecuencias de estas decisiones, terminan mal, terminan como el Transantiago. Son grandes elefantes blancos”.
La falacia del CAE
Una de las cartas bajo la manga del Gobierno fue la propuesta para terminar con el CAE, rebajar una tasa de interés que bordeaba el 6% a un 2% y sacar a los bancos del negocio, por el que recibieron US$ 550 millones sin arriesgar nada.
Con todo, esta es también una deuda pendiente para los estudiantes.
La presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Central, Daniela López, señala que en el sector privado, los estudiantes aún sienten que no se ha hecho nada. Y que ni siquiera el CAE fue un avance. “La propuesta de Beyer lo único que hace es consolidar el endeudamiento y el sobrendeudamiento, porque no tiene regulación de aranceles. Acá el privado tiene tanta desregulación y tanta autonomía para hacer y deshacer… Al final el negocio de ellos es ir subiendo los aranceles y de esta manera ir cubriendo la brecha”.
Daniela asegura que pasa lo mismo con el crédito Corfo, sobre el que aún no hay siquiera una propuesta como en el caso del Crédito con Aval del Estado.
Al descontento de los estudiantes universitarios, también se suman las peticiones de los secundarios, los más ignorados en la movilización de 2011 y que este año, con líderes fuertes, intentará reposicionar los temas de ese segmento de la población.
“Finalmente se trata de cómo una mirada ideológica es la que está sosteniendo este enfoque en que el Estado se desliga de su deber de defender derechos sociales como la educación”, señala Titelman.
Es por todo esto que, aunque la evaluación del año pasado fue que las tomas no eran el mejor mecanismo para expresar el descontento, ninguna de las medidas de presión están aún descartadas”, declara un dirigente.
Después de la marcha de hoy, los pasos siguientes son el Confech que se realizará el sábado en Viña del Mar. En esa reunión se abordarán principalmente los escenarios que se generen postdiscurso del 21 de mayo —día en que los estudiantes marcharán por las calles de Valparaíso—. Los estudiantes esperan que la Cuenta Pública incluya una propuesta para incorporar a la ciudadanía en el debate educacional, sobre todo de financiamiento.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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