Algunos Ciudadanos son más iguales que otros
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Ángel Flisfisch*
El tema de la desigualdad y los desafíos que plantea están en la agenda. No obstante, la atención tiende a focalizarse principalmente en uno de sus aspectos: la desigualdad de la distribución del ingreso. Ciertamente, una de sus dimensiones más importantes, pero no la única. En términos de visibilidad pública, probablemente la sigue el conjunto de desigualdades que se asocian a los procesos educacionales, los grandes distribuidores de gratificaciones materiales, status, desarrollo intelectual, sensibilidad estética y otros bienes, destrezas y capacidades de larga enumeración. Lo que usualmente se pasa por alto es que también existe algo así como desigualdades políticas, que quizás logran usualmente pasar desapercibidas en razón del carácter universal que el orden normativo que regula la vida política asigna a los derechos que constituyen el núcleo central de la condición de ciudadana o ciudadano.
El poder, entendido en su sentido político, puede estar tan desigualmente distribuido como el ingreso o el acceso a una educación de calidad. Considerando los derechos básicos que constituyen la ciudadanía, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, hay de partida una clara desigualdad respecto del segundo, que es inherente a la naturaleza misma de la democracia representativa. Respecto del total de ciudadanas y ciudadanos, los cargos de elección popular son una más que pequeña minoría. Si elegimos al azar a una persona del total de la población nacional, la probabilidad de que ella haya desempeñado, esté desempeñando o vaya a desempeñar uno de esos cargos es bien cercana a cero. Para casi el 100%, el derecho a ser elegido es simplemente una posibilidad que no pasa de ser mera abstracción. A ello hay que añadir la existencia de diferencias fácticas que operan como otras tantas fuentes de desigualdad respecto del ejercicio de ese derecho. La más publicitada de ellas es hoy la de género. La actual Cámara de Diputados está integrada sólo por 17 diputadas—un 14.2% del total de diputados—y el Senado por cuatro mujeres, después de la renuncia de la actual Ministra Matthei. Si se desplaza la atención a los municipios, se puede constatar que en la elección del 2008 la probabilidad de una mujer de ser elegida concejala fue de alrededor de un 5%. No es la única diferencia fáctica que se traduce en una desigualdad en este ámbito. Aún cuando el autor no dispone de datos sobre la materia, es seguro que existen correlaciones altas entre probabilidades de esa naturaleza y niveles educacionales, orígenes familiares, tipo de trabajo, y así por delante. La distribución de las chances de ejercer con éxito el derecho a ser elegido es importantemente desigual.
En lo que no se para en mientes es en que algo similar acontece con el derecho a elegir. Se puede argumentar que la gente es libre de ejercer o no ese derecho, como lo reconoce ahora la ley chilena. Por consiguiente, mal cabe hablar de una desigual distribución de algo que en definitiva es tan personal—tan privado, se está tentado de decir—como la decisión de comprar yogurt con o sin sabor, para hacer el símil con un producto al alcance de todos, o de casi todos: la constitución y la ley le reconocen al elector o electora el derecho a elegir, y ejercerlo o no es materia de la soberanía del elector. El argumento podría ser persuasivo en una situación en la que no existieran diferencias fácticas relevantes que condicionaran las chances de ejercicio del derecho. Por ejemplo, si la probabilidad de votar de una persona dado que ha alcanzado un determinado nivel educacional fuera la misma que esa probabilidad en el caso de una persona de un nivel educacional más bajo, la diferencia en educación no sería relevante. No obstante, si esas probabilidades difieren, y de hecho lo hacen, a favor de una mayor educación, hay una diferencia relevante operando que afecta la distribución de poder en la sociedad. Se puede alegar que se trata de lo mismo que en el caso de la decisión de comprar yogurt. Después de todo, los gustos o preferencias por tipos de yogurt pueden estar correlacionados con educación, y son hechos que entre otras cosas explican que hay personas que se ganan la vida en investigaciones de mercado. Aquí hay claramente una opción: o se considera que distribución de poder social y distribución de preferencias por tipos de yogurt son igualmente relevantes o irrelevantes, o se está de acuerdo en que se trata de asuntos de muy distinta jerarquía. En lo que sigue, se ha optado por lo segundo.
La Tabla 1, construida a partir de datos proporcionados por una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) el año 2011, muestra cómo una diferencia fáctica específica–la pertenencia a un grupo etario determinado–, afecta la probabilidad de estar inscrito en los registros electorales, en esa época un requisito habilitante para votar.
TABLA 1
¿Está Usted inscrito en los registros electorales para poder votar?
| SÍ | NO | TOTAL | |
| Grupo Etario | |||
| 18-24 | (28) 11.2% | (222) 88.8% | (250) 100.0% |
| 25-34 | (135) 43.55% | (175) 56.45% | (310) 100.0% |
| 35-54 | (510) 86.1% | (82) 13.9% | (592) 100.0% |
| 55 y + | (370) 94.1% | (23) 5.9% | (393) 100.0% |
El efecto de la edad sobre estar o no inscrito no es en absoluto menor: la probabilidad de estar inscrito aumenta importantemente a medida que se salta de un tramo a otro. En otras palabras, a la época de la encuesta la distribución de uno de los recursos básicos de poder en un contexto democrático se presenta fuertemente sesgada a favor de los grupos etarios de mayor edad. Un hecho bastante notable es que ese sesgo no se correlaciona con una variable como el interés por la política. En una encuesta similar realizada por CEP en 2010, alrededor de un 57% de los encuestados pertenecientes al grupo etario más joven expresaba estar al menos algo interesado por la política, versus 60%, 52% y 47% para los tres grupos etarios siguientes, respectivamente. Se puede entonces conjeturar que la baja probabilidad de estar inscrito de los más jóvenes no se explica como un factor más de un síndrome más global de distanciamiento, lejanía o apatía respecto de la vida política, sino por características de la arquitectura político-institucional o por las evaluaciones predominantes en ellos respecto de la eficacia del voto o del desempeño de los agentes políticos y representantes en relación con sus intereses.
La Tabla 2, elaborada a partir de datos de la encuesta CEP del año 2011 ya señalada, registra una segunda diferencia fáctica: el nivel socioeconómico de las personas. La probabilidad de estar inscrito en los registros electorales es mucho mayor en el caso del estrato socioeconómico alto, diferencia que se atenúa al comparar los dos niveles socioeconómicos siguientes. La generalización es obvia: considerando el ejercicio del derecho a elegir, la distribución de poder social está claramente sesgada en favor de los más ricos. Ante esta inferencia, se puede responder señalando que ello no constituye ninguna novedad, y que en realidad el sesgo generado por la influencia del dinero en la política en la distribución de poder social se hace efectivo por medios mucho más eficaces que una mayor disposición a ejercer el derecho a elegir, por ejemplo, financiando campañas electorales o gastando en cabildeo para influir en las decisiones de los representantes. No obstante, se puede contra argumentar que frente a la influencia del dinero en la política, uno de los pocos recursos de los más desprovistos de él reside precisamente en movilizar electores apelando simplemente a una suma de decisiones individuales que se oponga y contrarreste esa influencia, esto es, considerando el voto como una contribución a una acción colectiva que genera un bien público consistente en la elección de un candidato o candidata que precisamente representa intereses que no son los del dinero. En consecuencia, el sesgo que introduce el nivel socioeconómico en la distribución de poder afecta negativamente la probabilidad que los más desprovistos de recursos económicos puedan enfrentar exitosamente el conflicto social, canalizando sus demandas a través de un canal institucional básico para le democracia representativa, como lo es la elección de representantes.
TABLA 2
¿Está Usted inscrito en los registros electorales para poder votar?
| SÍ | NO | Total | |
| Nivel Socio-Económico | |||
| Alto | (91) 85.8% | (15) 14.2% | (106) 100% |
| Medio | (560) 67.4% | (271) 32.6% | (831) 100% |
| Bajo | (392) 64.6% | (215) 35.4% | (607) 100% |
En la Tabla 3 se ha procedido a un ejercicio semejante al de las dos anteriores, esta vez considerando el nivel de escolaridad de los entrevistados. Al considerar los dos primeros niveles de escolaridad, los resultados que se presentan son a primera vista bastante
TABLA 3
¿Está Usted inscrito en los registros electorales para poder votar?
| SÍ | NO | Total | |
| Escolaridad (años) | |||
| 0-3 | (71) 86.6% | (11) 23.4% | (82) 100% |
| 4-8 | (271) 80.2% | (67) 19.8% | (338) 100% |
| 9-12 | (358) 52.3% | (278) 47.7% | (636) 100% |
| 13 o más | (337) 70.1% | (144) 29.9% | (481) 100% |
sorprendentes. No obstante, hay que recordar que la tasa de inscripción es muy alta en los niveles etarios mayores de 35 años, tal como se observa en la Tabla 1, y que en el Chile contemporáneo los adultos con 3 o menos años de escolaridad, o los adultos con 4 a 8 años de educación formal, pertenecen más que mayoritariamente a esos niveles etarios[1]. Por consiguiente, el contraste interesante es entre las personas con secundaria incompleta o completa y quienes han cursado 13 o más años de educación formal. En este caso, nuevamente la probabilidad de cumplir con el requisito habilitante para votar es importantemente mayor en los más educados que en los menos educados. Poniendo entre paréntesis la asociación que existe entre los dos niveles más bajos de educación y la edad de las personas—asociación que podría calificarse como una inercia histórica producto de la interacción entre un antiguo sistema electoral caracterizado por el voto obligatorio y un sistema educacional en que el acceso y la permanencia en él no era masiva como hoy–, la diferencia en educación opera también como fuente u origen de una desigualdad relevante en el ejercicio del derecho a elegir.
Si se pidiera englobar los tres hallazgos que aquí se han mostrado en términos de una conclusión más inclusiva, se podría responder conjeturando que, tal como acontece con la economía o en general con las actividades sociales, son ejemplos o aspectos de la operación de sistemas de desigualdades cuyo efecto es que al final del día no todo lo que es verdadero o válido en el universo de las normas resulta ser aplicable en la vida política práctica. Desde el punto de vista del orden normativo, la ciudadanía es un conjunto de derechos cuya titularidad es universal: su ejercicio no está condicionado por diferencias fácticas como las que se han estado examinando, salvo aquellas a las que ese propio orden confiere legitimidad, por ejemplo, estableciendo un mínimo de edad para ejercer algunos de esos derechos. Es precisamente frente a la operación de estos sistemas de desigualdades que adquieren sentido nociones como las de mejorar la calidad de la democracia. En los orígenes modernos del ideal democrático, hay implícita la promesa de una distribución del poder social más equitativa, más justa. Mejorar la calidad de la democracia equivale entonces a extirpar progresivamente esas desigualdades originadas en diferencias fácticas como las aquí examinadas.
Hoy, la pregunta es ciertamente cuánto contribuirá a mejorar la calidad de la democracia chilena la introducción de la inscripción automática y voto voluntario. Obviamente, la eliminación del trámite de inscripción remueve un contexto de generación de desigualdades: si los más educados se inscriben más que los menos educados, y lo mismo sucede con el nivel socioeconómico y la edad, las personas dotadas de las ventajas en cuestión votan más que las desventajadas. El enigma es si ausente el trámite de la inscripción continúan o no jugando factores que hacen diferentes las probabilidades de votar que caracterizan a distintas categorías de la población, en una situación en que el ejercicio de ese derecho no es obligatorio. No es mucho el tiempo que resta para tener una respuesta a esa pregunta.
*Abogado y Cientista político. Director ai. de Flacso-Chile. Miembro del Consejo Editorial de Polítika.cl.
Fotografía:wikipedia.org
[1] Puesto en jerga sociológica o politológica, si se controlara el efecto de la educación por grupos etarios, obtendríamos un cuadro distinto, que disiparía la sorpresa.
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