No aceptarán 'ataques' de otras autoridades a sus funciones jurisdiccionales
Jueces rechazan declaraciones de Piñera sobre reforma al proceso penal
"Una reforma como la anunciada
no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado
estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores
del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales", sostuvo la
Asociación Nacional de Magistrados a través de un comunicado de prensa.
La Asociación Nacional de Magistrados
manifestó su absoluto desacuerdo con las declaraciones del Presidente
de la República, Sebastián Piñera, y del ministro de Justicia, Teodoro
Ribera, expresadas el día 11 del presente, donde anunciaron un proyecto
de ley de reforma al proceso penal e indicaron como uno de sus ejes el
aumento de los controles a los jueces de garantía.
Tras concluir la cuadragésima convención de la agrupación, reunida en
la ciudad de Talca, este fin de semana, los jueces aseguraron: “Un
anuncio de esa índole puede inducir a error a la opinión pública, al
instalar la idea de que los jueces penales no cuentan con mecanismos
adecuados para controlar sus decisiones, en circunstancias que la
Constitución y la ley vigentes sí consideran medios de impugnación
concretos que procuran evitar el error judicial. En efecto, nuestro
sistema jurídico contempla un conjunto de recursos procesales para dicho
fin, única vía legítima de modificar el sentido de las resoluciones
judiciales en un Estado de Derecho, sin perjuicio de las
responsabilidades funcionarias y políticas en que pudieren incurrir”.
“Sabemos que en democracia las instituciones públicas están sometidas
a un constante escrutinio de parte de la ciudadanía, en razón del
ejercicio que realicen de sus funciones estatales, por ello resulta
fundamental que la información no se distorsione en procura de una
opinión determinada. En consecuencia, los representantes de los órganos
estatales deben ser cuidadosos al momento de manifestar sus puntos de
vista respecto del quehacer de otras entidades públicas, en especial si
ellas son concebidas constitucionalmente como poderes independientes.
Menos aún podemos aceptar ataques puntuales de otras autoridades a las
funciones jurisdiccionales soberanas, sobre todo si éstos denotan el
propósito de trasladar a los tribunales las responsabilidades vinculadas
a la investigación de delitos y a la persecución penal, toda vez que
los jueces resuelven de acuerdo a los antecedentes que los
intervinientes les proporcionan en el proceso, con absoluta
imparcialidad y con sujeción a la ley”, agregaron.
“Finalmente, aun cuando es facultad del Ejecutivo presentar los
proyectos de ley que estime pertinentes, una reforma como la anunciada
no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado
estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores
del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales y sin que
signifique un retroceso desde el punto de vista de los derechos y
garantías de las personas”, concluyeron.
FUENTE:CAMBIO21
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