LA BATALLA DE AURORA DE CHILE: LOS CLANES, LA GENTE Y LA TIERRA EN DISPUTA
“AURORA DE CHILE”, UN CASO EN LA COLONIZACIÓN DEL CONCEPCIÓN RIBEREÑO
La historia de Aurora
de Chile es la conocida secuencia de usurpación de los bienes
comunitarios por parte de grupos de poder económico y político. Una
historia repetida mil veces y que va desde la construcción de una
comunidad, el desinterés o el olvido de los gobernantes y de las capas
sociales privilegiadas, a la expulsión y segregación de la comunidad por
parte de los privilegiados y sus representantes políticos, para
convertir la tierra en un bien exclusivo o de capitalización privada.
La construcción de las poblaciones de la
ribera norte del Bio Bio, ha sido una maratón dramática de sacrificios y
fuerza de voluntad. Hay pobladores históricos que aún recuerdan sus
infancias en viviendas precarias que arriesgaban continuamente su
existencia, obligados a rescatar sus bienes o a huir de las subidas de
río, incluso encaramados en los árboles para sobrevivir. Así aparecieron
palafitos y rellenos improvisados. Fueron los terremotos del
39 y del 60 los que les dieron recursos preciados para la
estabilización del suelo. Los escombros de la ciudad, usados por ellos
en un trabajo lento y dificultoso, les permitieron elevar el terreno y
crear la franja actual del río, desde el cerro Chepe, ubicado hacia la
desembocadura, hasta la Mochita, aguas arriba del río.
Entre los barrios ribereños de Pedro del
Río Zañartu y Pedro de Valdivia, se encuentra Aurora de Chile,
población levantada en el transcurso del siglo XX y que, al igual que
sus vecinos, es el fruto de la colonización de trabajadores pobres,
damnificados de terremotos y emigrantes del campo. Estos se asentaron en
un sector que en esos años era la periferia de la ciudad de Concepción,
detrás de la línea férrea y en los terrenos inestables del río Bio Bio.
Pero su particular ubicación en esta franja costera, muy cerca del
centro penquista, ha determinado que sus suelos adquieran una plusvalía
extraordinaria con el crecimiento urbano. En estas circunstancias, se
reeditará, una vez más, la lucha clásica entre David y Goliat.
LA HISTORIA QUE SE INICIÓ CON UN “PUENTE CALLAMPA”
La
ciudad ha crecido mucho en 100 años y, en consecuencia, se hace
necesaria la instalación de nuevos puentes en el río. La historia que
narramos va de la mano del cierre del Puente Bio Bio, más conocido como
“Puente Viejo”, inaugurado en 1943 y cerrado en 2002,
y que conectaba San Pedro con Concepción, a la altura de la
intersección de las poblaciones Pedro de Valdivia con Aurora de Chile.
El terremoto de 2010 vino a ser la justificación necesaria para llevar a
los hechos un nuevo proyecto de construcción, pero es, a la vez, la
“punta de flecha” con que pretenden ingresar y apoderarse de esos
terrenos las empresas inmobiliarias.
Con el
daño que sufrieron los puentes Llacolén y Juan Pablo II, que limitó sus
capacidades de tránsito, el gobierno adoptó la opción de construir un
nuevo puente y adquirió como solución vial provisoria un sistema mecano
de tipo militar, el que fue comprado a la empresa estadounidense Acrow
Corporation, instalándolo junto al ex Puente Viejo. Esa compra,
encabezada por el Ministro de Defensa Jaime Ravinet, fue cuestionada
porque el resultado de la licitación favoreció a una empresa que cobró 5
millones de dólares más que su competidora inglesa. No fueron las
propias autoridades del país –golpeado por las pérdidas de una
catástrofe natural- las que dieron cuenta de este daño a las arcas
nacionales, sino que fue la empresa inglesa perdedora en esta licitación
la que denunció públicamente el fraude. El ministro tuvo que renunciar,
pero el daño hecho (y sus pormenores) quedaron en el olvido.
El
ministro y ex dirigente del PDC, durante una reunión de la comisión
investigadora, acosado por el cruce de acusaciones, exclamó molesto: “el
puente vale callampa”.[1]
Entre las opciones que se discutían antes de 2010 para un viaducto permanente, se destacaron dos: el
Puente Industrial, que se ubicaría cerca de la desembocadura del río y
fuera del centro urbano, y el Puente Chacabuco, que entraría
directamente al centro urbano. La decisión gubernamental de construir el
Puente Chacabuco se anunció en medio del shock de 2010, con la postal
impactante de las estructuras colapsadas del “puente viejo”.
Tal decisión trajo críticas de diferentes sectores sociales, incluyendo juicios técnicos de académicos y profesionales del área[2].
Pero el verdadero estorbo para la concreción de este proyecto vial
serían los habitantes del barrio Aurora de Chile en la ribera norte.
Justamente, un bullado escándalo en este barrio a principios de 2011,
protagonizado por la máxima autoridad del gobierno regional, la ex
intendenta van Rysselberghe, detonó un combate por la tierra que es
digno de estudiar, no sólo porque descubre las verdaderas razones que
determinan la construcción de este puente, sino que, sobre todo, porque
revela la verdadera dinámica de la actual política de construcción
urbana y de propiedad del suelo.
UN ESCÁNDALO EN AURORA DE CHILE
Luego
del terremoto de febrero de 2010, en este sector de casi 600 familias,
se vivía una tensa situación interna, la que trascendería al ámbito
nacional en 2011. La organización vecinal de Aurora de Chile –como
muchas otras de la ciudad- se hallaba dominada por dirigentes adictos a
la que fuera alcaldesa y luego intendenta del gobierno de Piñera, la
militante UDI Jacqueline van Rysselberghe (JVR).[3]
La
intendenta ofrecía amistosamente beneficios extraordinarios a sus
seguidores, casas nuevas e, incluso, beneficios extras, lo que se
tradujo en un primer momento en la donación de mediaguas a cuenta de los
damnificados del terremoto, simplemente por simpatías y, naturalmente,
por colaboración con ella. Conocedora de lo inaceptable de estas
acciones, más aún bajo circunstancias de catástrofe, la intendenta
solicitó al grupo de pobladores que conservaran la información bajo
reserva y que mantuvieran la “historia” para no perder los beneficios.
Hasta allí, celebraciones y alegres concurrencias para alagar a la que
más tarde sería la figura de un escándalo de proporciones. Una frase
recurrente de la intendenta quedaría grabada en la memoria de la
población: “Ustedes son mis regalones”.
¿Cuál
era la justificación oficial para tal fraude político? Durante el caos
que siguió al terremoto, el gobierno regional levantó el argumento de inhabitabilidad
de las viviendas, haciendo cómplices de esta farsa a un grupo de
vecinos. ¿Con qué propósito? Conseguir que la población abandone el
terreno. El mismo modus operandi
lo empleó en Centinela, Villa Futuro y Camilo Olavarría, prometiendo
grandes beneficios que dependían de que la gente dejara sus casas e,
incluso, de que las destruyeran, entregando sus terrenos a cambio de un
mínimo valor (10 millones de pesos o, en algunos casos, menos de 2
millones). Pero este fraude no contaba con los correspondientes
certificados de inhabitabilidad. En otras palabras, eran sólo promesas
para personas vulnerables a la manipulación del poder.
Entre
la gente que no se dejó adular por esta “benefactora”, había
preocupación. Veían cómo un grupo de pobladores –por lo general los más
pobres y sin la tradición de los colonos o fundadores- cedían a los
deseos de una mujer de la elite que, embestida en títulos de poder, les
convertía en sus clientes políticos. Estos grupos sin conciencia se
habían hecho del control del barrio y pasaban a entregar, sin más que
promesas y pequeñas ofrendas, todo el esfuerzo de generaciones.
Entonces, decidieron tomar cartas en el asunto y un día grabaron en
vídeo las promesas que la intendenta hizo en una de esas reuniones. La
grabación fue puesta en manos de un Senador de la República, quien
destapó el escándalo público y colocó a JVR en una crisis política.
Cuestionada ahora por la oposición política y también por sectores de la
propia derecha, incluso dentro de su partido, la intendenta tuvo que
renunciar. Lo hizo, pero no sin antes aferrarse largamente al cargo y
sin reconocer –ni ser investigada por- la seguidilla de irregularidades y
estafas políticas.
LA BATALLA POR EL PUENTE
Bajo
estas circunstancias, los vecinos buscaron aliados: se acercaron a la
agrupación Red Construyamos e hicieron lazos con organizaciones que
sufrían amenaza de expropiación en Villa Futuro y Centinela. Formaron un
Comité Pro Defensa, a la vez que otro se formaba en Villa Futuro[4], siendo los primeros en combatir la enajenación de sus hogares.
El
primer problema de la comunidad estaba en el control de la junta vecinal
Siglo XX por Heriberto Montecinos, hombre de oscuros antecedentes. A
pesar del temor, la gente enfrentó a los “regalones” de JVR. Montecinos
no pudo contener la exigencia de una nueva elección vecinal, la que lo
terminó sacando del cargo. Sin embargo y
hasta la fecha, el ex dirigente no entrega la sede vecinal ni los
libros de la organización comunitaria, y registra agresiones y amenazas
contra pobladores[5].
La nueva directiva –presidida ahora por Alfonso Vera- no sólo se
enfrenta a estas dificultades, sino que también debe hacer frente a la
atomización social producto de la dictadura y los sucesivos gobiernos
neoliberales.
En el
contexto caótico dejado por JVR, el gobierno inició el proceso de
licitación del puente y señaló el año 2013 como plazo de entrega de
obras[6],
acercando el fantasma de la erradicación. Y lo hizo a sabiendas que los
pobladores se resisten a una expulsión. Por lo mismo, aunque el
discurso oficial diga lo contrario, ha optado por la desinformación a la
comunidad y la negación de cualquier forma de participación, sobre todo
de la junta vecinal, representativa del deseo de la población fundadora
de mantener sus terrenos. Ante ellos, la actitud del gobierno ha sido
prepotente y ha pretendido deliberadamente confundir.
Por ejemplo, el director del SERVIU, Sebastián Salas[7], el 2 de diciembre de 2010, afirmaba al periódico El Sur que “a todas las familias que habitan el sector se les entregará vivienda definitiva en la misma área”. Las 568 familias “deberán
abandonar sus casas mientras dure la construcción del proyecto, que
permitirá edificar igual número de casas y departamentos en el barrio”.
Agregaba la nota: “Ante la necesidad de estas familias de encontrar un
alojamiento provisorio por los 18 meses que serían afectados, Salas
afirmó: es
un sacrificio que deberán hacer, pero que es en su propio beneficio, ya
que recibirán un título de dominio de una vivienda, que actualmente no
poseen, porque todos los terrenos que habitan son propiedad del SERVIU”. Esto constituye, dijo, “una importante transferencia patrimonial” del Estado a los vecinos, ya que “el sector tiene una alta plusvalía, en que el metro cuadrado de terreno se vende a 15 UF”, valor debido a la cercanía del centro de la ciudad, “sumado al futuro mall que construirá el Grupo Plaza en el sector[8].
Las familias para acceder a esta vivienda definitiva sólo deberán pagar
un ahorro previo de 10,5 UF y recibirán una vivienda que estará
valorizada, comercialmente, en cerca de 1.500 UF, debido a este alto
valor del suelo”.
La prensa se refería también a la oposición de las familias, las que Salas calificó de “un grupo muy minoritario”, y les advertía que: “si no quieren viviendas, se iniciará el proyecto en otro sector”.
Amenazas mezcladas con promesas, ilusiones, cuentas a medias o mal
sacadas; características habituales de una estafa. Los hechos luego
probarán que Salas mentía.
Pero
fue recién en 2012, cuando el gobierno regional anunció un plazo de 600
días para concluir las obras, que se crisparon los ánimos y se reactivó
la movilización del barrio. La vecindad comenzó a protestar. Sus
dirigentes recobraron los nexos con el movimiento social y –después de
haber llevado una conducta bastante protocolar- finalmente reaccionaron,
sobre todo ante la actitud prepotente y descalificadora del gobierno
(como cuando el director del SERVIU, Sergio Jara, hizo pública alusión a
las casas de Aurora de Chile diciendo que sacarían a la gente de sus
“jaulas”).
En
agosto las autoridades realizaron una reunión extraordinaria con H.
Montecinos, quien ahora encabeza un comité de vivienda. De esta reunión
salieron conjuntamente declarando que los pobladores y el gobierno
habían llegado a un acuerdo[9]. La junta vecinal desconoció públicamente tal acuerdo y criticó que se pasara por sobre ella[10]. La protesta incomodó al gobierno, que entendía que su acción constituía una nueva irregularidad de procedimiento[11].
Ante ello, el gobierno citó a una nueva reunión en el MOP, a la que
esta vez no concurrió Montecinos. Una treintena de pobladoras y
pobladores le dio un rotundo no a la propuesta SERVIU-MOP. Más tarde,
una masiva consulta vecinal llevada a cabo por la junta vecinal
confirmaría esta negativa.[12]
Las
evidencias de una ausencia básica de información se encuentran en esta
reunión: La presentación entregada el 6 de agosto en el MOP[13],
de la que los dirigentes vecinales exigieron una copia, es la primera
“propuesta” que se registra después de un año de anunciado el proyecto.
La presentación exhibe un mapa de Concepción donde una línea azul
representa el trayecto vial y donde se marcan las áreas a intervenir,
más las supuestas ubicaciones para emplazar las viviendas sociales.
Respecto de éstas últimas, no se presentó informe de factibilidad ni
otros antecedentes relativos a los nuevos emplazamientos, entre ellos un
humedal. De palabra, los representantes del MOP-SERVIU comprometieron
departamentos y algunas casas, las que, sin embargo, no serían materia
de ellos, sino que de la EGIS municipal, con lo que se desentiende el
Estado de toda responsabilidad. Los vecinos tendrían que firmar un
acuerdo y pasar a formar comités de vivienda que postulen a subsidios
habitacionales; pero, en lo principal, con este acuerdo comprometerían
el abandono de sus viviendas mientras su situación es gestionada por la
entidad municipal.
Pero
algo llama la atención sobre manera: las áreas del mapa identificadas
como de intervención, se extienden a toda la población. Es decir, para
construir el puente, los especialistas del gobierno afirman que debe
desaparecer Aurora de Chile.
EL “CABALLO DE TROYA” DE LAS INMOBILIARIAS
Pero
el antecedente clave de esta pugna entre gobierno y pobladores, intenta
pasar oculto en medio del conflicto. Se trata de los intereses
inmobiliarios, cuya influencia sobre lo público les convierte en los
verdaderos articuladores urbanos detrás del poder político.
Circula
ágilmente entre oficinas públicas y empresas el nombre del proyecto
“Terrazas del Bio Bio”: Costosos hoteles, edificios de negocios, centros
comerciales, mezclados con plazas cívicas y bandera Bicentenario[14]. Un conjunto de edificios comerciales que se apropia de la vista del río para su exclusivo entorno.
El diario El Sur,
que actúa regularmente como informador público de las iniciativas
empresariales a nivel local, ha dado cuenta de este proyecto. Al revisar
sus noticias se puede observar la coincidencia entre proyectos públicos
y privados, en este caso entre el puente Chacabuco y el mega proyecto
inmobiliario Terrazas del Bio Bio.
El 23 de septiembre de 2010, este periódico del consorcio El Mercurio anunciaba: “se busca la concesión para rellenar 14 hectáreas que hoy son parte del afluente borde río”, bajo el título: “El proyecto que podría transformar Concepción en la ciudad soñada”[15]. El
artículo compara este futuro “polo de encuentro comercial” con los
grandes centros de Barcelona, Puerto Madero, Australia, Dubái, y señala
que para este plan existían avances políticos en la obtención de la
calificación de “obra de interés público”. El 13 de agosto de ese año
del terremoto, el Comité Concesional Regional había llegado a acuerdo
con el Ministerio de Bienes Nacionales sobre este tema, lo que quiere
decir que los impulsores del proyecto y las autoridades trabajaban en
este plan privado a full
inmediatamente el terremoto, muy a la par o incluso antes de los
trabajos de demolición y recuperación de puentes para Concepción.
Finalmente,
en el mes de marzo de 2011, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina
Parot, anunció que el proyecto privado había sido declarado de interés público. A su lado celebraba el gestor de la iniciativa: el diputado de la República Enrique van Rysselberghe[16].
¿A QUIÉN PERTENECE EL BORDE DE LA RIBERA NORTE DEL BIO BIO?
Este
conflicto pasa en todo momento por un tema que no ha sido abordado con
seriedad. El gobierno señala que los pobladores no son dueños del suelo
donde habitan, lo que les llevó en un momento a declarar que la
población era un campamento. La historia y los hechos le contradicen.
Existe una amplia discusión internacional del problema de los
asentamientos humanos que apunta a reconocer el derecho humano a
conservar la tierra que habitan y el llamado “derecho a la ciudad”. Es
evidente que hablamos de una realidad social indiscutible, sobre todo
porque atañe a la existencia de masivas comunidades obreras y pobres.
Es un
hecho histórico que la población se formó y alojó en el sector por más
de 80 años. Pero además hay que precisar que la población se asentó en
lechos de río, de dominio de Bienes Nacionales. La ocupación del
asentamiento derivó en los rellenos, consolidando el sector como un
terreno habitable. La situación de los terrenos no fue regularizada sino
hasta mediados de la década del 90, durante el gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle. En aquel entonces, se prometió reconocer al barrio su
derecho sobre el suelo y otorgar títulos de propiedad. Pero los terrenos
sólo fueron inscritos a nombre del SERVIU, maniobra en la que
participaron alcaldes, funcionarios de gobierno y el propio presidente.
Actualmente,
el sector Aurora de Chile comprende 6 hectáreas rellenadas por la
comunidad. La existencia de irregularidad en la tenencia del suelo por
larga data, la que terminó con el dominio jurídico del SERVIU, solamente
revela el desinterés y abandono por parte del Estado respecto los
asentamientos humanos obreros y el crecimiento urbano.
EL CLAN POLÍTICO-EMPRESARIAL Y LOS DESAFÍOS DE AURORA DE CHILE
Los
adversarios de Aurora de Chile son los grupos con intereses
inmobiliarios, cuyo poder se basa en el control económico y político,
con cierta complicidad de la “clase política”. Las claves del actual
conflicto de Aurora de Chile se encuentran, evidentemente, en los
intereses del clan van Rysselberghe, el que conforma una suerte de cartel político empresarial en la región.
Todo
el mundo conoce la relación del padre de JVR y de su propio marido con
los negocios areneros e inmobiliarios. Notoria es la participación en el
clan de personas influyentes, ya sea en puestos políticos o en ámbitos
empresariales. No es coincidencia que el ingeniero Sergio Jara asuma el
cargo de director del SERVIU tras la caída de su antecesor, el inefable
Salas. Jara había sido asesor directo de JVR durante su periodo
alcaldicio. No hay que olvidar al alcalde saliente, Patricio Kuhn, a
quien JVR cedió el cargo cuando ésta abandonó el puesto para asumir como
intendenta[17].
En la actualidad, Emilio Armstrong (UDI) postula a la sucesión de Kuhn.
No debe extrañarnos a esta altura que el nombre del director del
proyecto Terrazas del Bio Bio sea nada menos que… Emilio Armstrong.
Al
equipo personal de la ex intendenta y ex alcaldesa, hay que incluir
dirigentes sociales como el mencionado Heriberto Montecinos, reclutados
en el campo vecinal después de la dictadura. Estos le permitieron a la
UDI entrar en las poblaciones adoptando un lenguaje “popular”. Todo este
cuadro se expresa en plenitud cuando la derecha asume el gobierno y el
clan obtiene el respaldo necesario para llevar a cabo sus ambiciones
económicas y políticas.
Lo
señalado sería material suficiente para que la Concertación juegue un
papel diferente y combata en el terreno estos apetitos de poder
absoluto. Pero esta oposición política guarda silencio y no moviliza
esfuerzos en apoyo a este barrio ni a otros sectores afectados por los
negocios del cartel van Rysselberghe. ¿Por qué? No está claro, pero se
sabe que el adversario de la UDI en las municipales, el demócrata
cristiano Álvaro Ortiz[18], ha mencionado informalmente que este caso “ya está cocinado”.
La
lucha que han decidido dar los vecinos se libra en distintos planos, que
van desde el interior del barrio hasta el plano externo. Resulta
estratégico que exista conocimiento público de lo que ocurre. La mayoría
de la sociedad no conoce el sector y se refiere a él a partir de los
mitos impuestos por los medios y las autoridades de turno. La
información es un factor clave.
Al
interior de la población, los dirigentes tienen una enorme tarea para
unir y activar al vecindario. Aún impera el temor y la inseguridad.
Comprometer más al sector pasará –entre otras cosas- por adoptar una
política que abarque a toda la población con sus particularidades y sus
distintas realidades; también significa superar el individualismo y la
desconfianza, que tienden al arreglo privado y al asistencialismo.
El
conflicto central de Aurora de Chile es de toda la sociedad y, por ello,
el desafío de la unidad trasciende al barrio. Enfrentar el problema
conduce necesariamente a su raíz y descubre que esta lucha sólo la puede
llevar hasta el final una fuerza mayor, la que, además, está llamada a
desarrollar la conciencia de la población. En este sentido, es un buen
paso el que se constituyera la Mesa Social de apoyo a Aurora de Chile en
julio de este año, instancia en la que convergen la junta vecinal y
agrupaciones como el MTP, la Red Construyamos, el FAU, diversos
dirigentes sociales, agrupaciones de cristianos, humanistas, entre
otros.
Aunque
el gobierno, MOP, SERVIU y la municipalidad evaden la entrega de
información pública, pronto deberán dar cuentas de la existencia de los
proyectos que se han usado como argumento, entre ellos los referidos a
soluciones habitacionales y al mismo puente Chacabuco. En los próximos
días, las demandas de Red Construyamos por Ley de Transparencia darán
cuenta de que las versiones oficiales se han sustentado en falsedades o,
es más, en proyectos inexistentes. Por ahora, la persistencia del
movimiento ha forzado a que la situación de Aurora de Chile sea un tema
público y ha obligado a los candidatos
a alcalde a pronunciarse, a lo que ha ayudado el pronunciamiento del
humanista “Pancho” Córdova, que le ha sacado la voz a Ortiz y Armstrong
en cada debate, quienes, a última hora y “para la TV”, se han pasado al
lado de los pobladores.
El desenlace de una primera batalla –que puede ser decisiva- puede estar cerca.
--
Eduardo Ampuero, integrante de Red Construyamos
[1] http://www.theclinic.cl/2012/01/03/cde-acuso-a-ravinet-de-ejercer-presiones-indebidas-contra-el-ejercito-para-comprar-el-puente-vale-callampa/ . La pregunta es: ¿Ravinet sabe de otros desfalcos?
[2]
Radio Bio Bio, en mayo de 2010, informaba de las críticas que juzgaban
prioritario el Puente Industrial y que acusaban fallas en el diseño del
Chacabuco. http://www.biobiochile.cl/2010/05/25/expertos-aseguran-que-es-un-error-construir-el-puente-chacabuco-sobre-el-rio-bio-bio.shtml
[3]
Jacqueline es hija del antiguo alcalde Enrique van Rysselberghe,
empresario del sector arenero. Está casada también con un empresario del
sector. La familia, entre otras curiosidades, extrajo arenas por años
del lecho del Bio Bio al precio irrisorio de $2.- el metro cúbico,
asignado por el propio municipio de Concepción. Jacqueline promovió la
candidatura a diputado de un deslavado Enrique, su hermano, quien desde
este cargo sería uno de los impulsores del proyecto inmobiliario
“Terrazas del Bio Bio”.
[5] Vea entrevista de Collao TV: http://www.redconstruyamos.org/index.php/videos/150-aurora-de-chile
[7]
Sebastián Salas, director del SERVIU de la región, renunció en mayo de
2011 debido a otro escándalo. Con la finalidad de adquirir terrenos para
la reconstrucción de Dichato, el SERVIU había comprado un terreno
(ubicado a 50 metros de la costa) a una tía de Salas, por el valor de 2
millones de dólares. A pesar del escándalo, no hubo sanciones para la ex
autoridad. Entrevista a Salas en: http://www.biobiochile.cl/2011/05/19/director-del-serviu-del-bio-bio-se-defiende-de-grave-denuncia-en-su-contra-sobre-compra-de-terrenos.shtml
[9] Radio Bio Bio, 4 de agosto de 2012: http://www.biobiochile.cl/2012/08/04/vecinos-de-aurora-de-chile-acogen-propuesta-de-erradicacion-por-construccion-del-puente-chacabuco.shtml
[10] Radio Bio Bio, 6 de agosto de 2012: http://www.biobiochile.cl/2012/08/06/junta-de-vecinos-de-aurora-de-chile-niega-acuerdo-con-autoridades-por-plan-de-erradicacion.shtml
[12]
Los resultados de esta consulta fueron cuestionados por el gobierno, a
pesar de estar debidamente registrados en libros públicos. Resultados
del proceso en: http://www.redconstruyamos.org/index.php/movilizaciones/comunicados/132-pobladres-dan-claro-rechazo-a-la-intencion-del-gobierno-de-erradicar-la-poblacion-aurora-de-chile
[14] http://www.elcachondeo.cl/foro/f100/2090599-polemica-400-millones-por-bandera-bicentenario-en-la-region-del-bio-b/ ;
http://www.biobiochile.cl/2012/08/20/bandera-del-bicentenario-que-se-licitara-en-concepcion-sigue-causando-controversia.shtml . Tras la polémica, el gobierno desistirá de su proyecto.
[16] Portal de difusión del diputado van Rysselberghe. http://www.evr.cl/blog/?p=1628
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