La JDC y los intereses de los senadores DC en la Ley de Pesca
- Juan Carlos Cárdenas
- Médico veterinario. Director del Centro Ecocéanos.
A raíz del llamamiento de Jorge Cash,
Presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana (JDC), a la
dirigenta estudiantil Eloísa González, vocera de la ACES, a que deje su
cargo, debido a que habría tenido una “actitud irresponsable” al llamar a
los jóvenes a no votar, como ciudadano perteneciente a una coalición de
organizaciones para la defensa del mar, solicito al presidente de la
JDC que se pronuncie sobre el papel que está jugando su partido, al
respaldar políticamente el proyecto de la nueva Ley de Pesca, impulsado
por Pablo Longueira, actual ministro de Economía. Este proyecto de Ley
pretende entregar la propiedad de los peces del mar chileno de manera
gratuita y a perpetuidad a siete clanes familiares, los cuales ya
controlan el 92 % de las cuotas anuales de pesca industrial.
El presidente de la JDC, refiriéndose a Eloísa González, señaló
públicamente: “Le pido que renuncie y deje su organización en manos de
dirigentes responsables y serios. Su liderazgo ha sido nocivo para el
movimiento estudiantil, no ha sumado, no ha convocado, como ha ocurrido
con otros dirigentes”.
Debido a que organizaciones ciudadanas habíamos solicitado a Jorge
Cash, sin resultados positivos hasta la fecha, que se pronunciara
públicamente sobre el proyecto de nueva Ley de Pesca, que impulsa de
manera express, autoritaria e inconsulta, el ministro de Economía y el lobby
pesquero industrial, aprovecho la oportunidad que el representante de
los jóvenes demócratas y cristianos se encuentra pronunciándose sobre la
contingencia política, para solicitarle que manifieste públicamente su
posición sobre el papel que está jugando el Partido Demócrata Cristiano
(PDC) en el viciado y excluyente trámite senatorial del proyecto de “ley
Longueira”.
Como es sabido, los diputados y senadores del PDC, —con la excepción
de la senadora Ximena Rincón—, han jugado un papel clave en el avance
parlamentario de este cuestionado proyecto de Ley, dejando en evidencia
las consecuencias que tiene para los derechos de la ciudadanía y las
comunidades locales, los acuerdos cupulares adoptados por la clase
política bajo el actual sistema binominal.
Lo anterior ha sido evidente en las Comisiones de Pesca y las
sesiones de los plenos,—tanto de la Cámara de Diputados como del
Senado—, donde los parlamentarios de la Alianza y de la Concertación han
respaldado con escasas excepciones, la idea de legislar este proyecto
de Ley, y la eliminación en su articulado de la indicación que señala
que el Estado de Chile tiene la propiedad inalienable e imprescriptible
sobre los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas
jurisdiccionales chilenas.
A su vez, parlamentarios han apoyado transversalmente mañosas
redacciones que buscan entregar a perpetuidad las licencias de pesca al
pequeño grupo de empresas beneficiadas, permitir que continúe la
destructiva pesca de arrastre en aguas nacionales, y consolidar las
destructivas “perforaciones” de la flota pesquera industrial a las cinco
millas de exclusividad de las actividades pesqueras artesanales.
Como es sabido, los diputados y senadores del PDC, —con la excepción de la senadora Ximena Rincón—, han jugado un papel clave en el avance parlamentario de este cuestionado proyecto de Ley, dejando en evidencia las consecuencias que tiene para los derechos de la ciudadanía y las comunidades locales, los acuerdos cupulares adoptados por la clase política bajo el actual sistema binominal.
Es así que el 17 de octubre en el pleno del Senado, los
senadores Ignacio Walker, Patricio Walker, Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
Andrés Zaldívar Larraín, Hossaín Sabag, Soledad Alvear, Jorge Pizarro,
Mariano Ruiz-Esquide votaron a favor de legislar este proyecto de Ley
que continúa impulsando el ministro de Economía del Presidente Sebastián
Piñera.
Importante es recordar que la senadora Rincón al momento de votar en
contra señaló que “esta discusión no es solo sobre la administración
sustentable de recursos pesqueros, sino que debe marcar cómo los
políticos manifestamos con nuestros votos, la mirada que tenemos sobre
los recursos naturales y el reparto de la riqueza del país”. Al
respecto, indicó que “los recursos naturales deben ser protegidos y
administrados por una regulación que garantice el bien común, como
expresión de justicia y equidad social”.
En ese sentido, la senadora hizo “reserva de constitucionalidad al
proyecto toda vez que se están vulnerando principios de libertad
económica y no discriminación arbitraria” en lo relativo a la manera de
asignar los recursos que se contempla, indicando que “es inaceptable que
a los industriales se le entreguen cuotas a perpetuidad”, como lo
plantea dicho proyecto de Ley.
La senadora Rincón también cuestionó la denominada “mesa de
negociación pesquera” impuesta por el ministro Pablo Longueira en
septiembre de 2011, donde se coludieron y firmaron el traspaso de cuotas
de pesca desde la industria hacia los propietarios (armadores) de las
embarcaciones artesanales representados por las confederaciones Conapach
y Confepach. Estas cuotas según el propio ministro Longueira, poseen un
valor de mercado de 34 millones de dólares anuales. El objetivo de este
traspaso de recursos es obtener el apoyo político del sector pesquero
artesanal a la privatización de las pesquerías nacional, sumado a
su rechazo a la licitación de las cuotas de pesca del sector industrial.
Lo más sorprendente en esta acción que pone en jaque el papel del
Parlamento, es que los sectores que se supone son los regulados del
sistema pesquero, con el aval del ministro de Economía, se reparten
recursos pesqueros que no le pertenecen, al ser éstos hasta la fecha,
bienes de todos los chilenos. Sin embargo, lo que oculta esta maniobra
colusiva, es el traspaso por parte del Parlamento del goce monopólico
de las rentas pesqueras por valor de 740 millones de dólares anuales a
estos 7 clanes familiares. Sería muy interesante conocer la posición de
la JDC ante estos inéditos e impresentables situaciones al amparo de la
propia institucionalidad política.
El 11 de octubre, la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y
Contra la Privatización del Patrimonio Pesquero, le entregó en forma
anticipada al presidente de la JDC información sobre los conflictos de
interés que afectaban a cuatro senadores, entre ellos el senador Andrés
Zaldívar Larraín. Los otros senadores denunciados eran Carlos Larraín,
presidente de Renovación Nacional (RN), Jovino Novoa y Alejandro
García-Huidobro, debido a su tenencia de acciones o la existencia de
familiares con vínculos de dependencia con la industria pesquera
extractiva y comercializadora de productos marinos. Hasta la fecha no ha
existido ningún pronunciamiento de la JDC sobre esta evidente violación
del artículo 5° B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el
artículo 8° del reglamento del Senado.
En el caso del Senador Zaldívar Larraín, la Ley establece que la
inhabilidad alcanza a aquellos asuntos que interesen directamente a
parientes “colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad”. Este es
el caso del hermano del senador, Sr. Manuel Zaldívar Larraín, pariente
colateral en segundo grado, es director de Corpesca, una de las
principales empresas pesqueras beneficiadas por el proyecto de ley
(fuente: www.svs.cl). A su vez, su
sobrino Felipe Zaldívar Prado, es miembro de tres filiales de la empresa
pesquera Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini, otra de los clanes
familiares beneficiados.
La misma situación ocurre para el senador Jovino Novoa, quien
participa en la empresa Inversiones y Mandatos S.A. y en la Comercial
Nahuelbuta S.A. sociedades dedicadas a la exportación de productos
pesqueros. Por su parte, su hijo Jovino Novoa es el actual gerente de finanzas de la Comercial Nahuelbuta Ltda.
Por su parte, el senador Carlos Larraín indica en su declaración
patrimonial contar con 48.653 acciones en la empresa COPEC, de propiedad
del grupo Angelini. A su vez declara poseer 13.813 acciones en la
pesquera Coloso, del grupo Lecaros-Menéndez. Ambos grupos se han
fusionado, constituyendo el conglomerado Orizon, el cual controla cerca
del 90 por ciento de las cuotas de pesca pelágica en la zona norte del
país.
Finalmente, el senador Alejandro García-Huidobro en su declaración de
patrimonio indica su participación en la sociedad Navarino S.A., la
cual tiene por objeto el desarrollo, ejecución, explotación y/o
participación, en forma directa o indirecta, en actividades pesqueras. (www.svs.cl).
Es importante recordar que el artículo 5º B de la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso Nacional dispone expresamente que “los
miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún
asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges,
ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de
consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas
ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate
advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas
mencionadas, tengan en el asunto”.
Lo anterior debería haber inhabilitado a dichos senadores para seguir
participando en el proceso parlamentario, ya que uno de los efectos
económicos directos que generará la aprobación del proyecto de “ley
Longueira”, será el aumento del patrimonio de los senadores propietarios
de acciones, así como de las empresas y filiales donde participan sus
familiares.
Finalmente, solicitamos a la JDC manifestarse públicamente sobre la
violación de la legislación nacional y de acuerdos internacionales
suscritos por el Estado chileno, como es el caso de la no consulta que
obligatoriamente debería haber realizado el Ejecutivo y el Parlamento de
manera previa al envío del proyecto de Ley, a los pueblos Rapa-Nui,
Mapuche, Lafkenche, Huilliche y Kaweskar, tal como lo exige el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el
Estado chileno, y vigente como Ley de la República el 2009.
Por lo anteriormente expuesto, exigimos a la JDC a pronunciarse ante
la opinión pública, en momentos que solicitan votos a los ciudadanos,
especialmente los jóvenes, sobre estos graves hechos que afectan
derechos ciudadanos y de los pueblos originarios, vulneran el principio
de libertad económica y no discriminación, expropian bienes de la Nación
y amenazan la sustentabilidad de la biodiversidad marina.
Igualmente emplazamos al presidente de la JDC, Jorge Cash, a respetar
la autonomía e independencia de las organizaciones sociales frente al
Estado y los partidos políticos. Los dirigentes sociales —como Eloísa
González— sólo deben responder ante quienes los han designado en cargos
de responsabilidad o para ser sus voceros. No tienen por qué dar cuenta
de sus actos ante las cúpulas políticas tradicionales. No basta
declararse demócrata y cristiano. Es necesario dar pruebas de un
comportamiento cotidiano de apego a los valores democráticos, cuestión
que la generalidad de la clase política que pretende monopolizar la
representación ciudadana de nuestro país, está muy lejos de lograr.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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