Presidentes FECh-FEUC piden a Contraloría investigar posible lucro de ministro de Justicia
El vínculo entre el Ministro
Ribera, la Universidad Autónoma y la Inmobiliaria Gaudí S.A., y la
posibilidad de lucro a partir de este, motivó la presentación de un
requerimiento a Contraloría por parte de los Presidentes FECH y FEUC,
Andrés Fielbaum y Diego Vela.
El nombre del actual ministro de
Justicia, Teodoro Ribera Neumann, ha estado en el ojo del huracán los
últimos días. Esto a partir de la revelación de cinco correos entre el
personero de gobierno y el ex presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, actualmente formalizado y
detenido por cohecho y lavado de activos junto a los ex rectores de la
Universidad del Mar (Héctor Zúñiga) y la U. Pedro de Valdivia (Ángel
Maulén).
Dichos correos datan del año 2010,
período en el cual Ribera ejercía como Rector de la Universidad Autónoma
de Chile (UA), y pondrían eventualmente al titular de Justicia como un
implicado más en un caso que ha remecido a la opinión pública. De
acuerdo a un reportaje publicada por CIPER el pasado día Lunes, entre
otras cosas, se investigan los nexos entre Ribera y Díaz que habrían
implicado un intenso lobby a favor del segundo para asumir la testera de
la CNA, y su posterior contratación en gendarmería este año 2012 ya con
Ribera en el Ministerio.
Pero este podría no ser el único
antecedente a considerar respecto al Ministro Ribera. La vinculación
entre este, la Universidad, y la empresa “Inmobiliaria Gaudí S.A.”, y la
eventual posibilidad de lucro a partir de estos nexos, es lo que motivó
el requerimiento a Contraloría presentado esta mañana por los
presidentes FECH y FEUC, Andrés Fielbaum y Diego Vela, respectivamente
(click aquí para leer la solicitud completa)
La red de la U. Autónoma
La Universidad Autónoma fue fundada como
una S.A. familiar por el clan Ribera el año 1989. Según un reportaje de
la revista “Capital” que data de Octubre del 2009, en aquel entonces la
entidad además contaba con inversiones en la Clínica del Maule, en el
Canal 2 Autónoma Televisión en Temuco y en el colegio particular George
Chaytor English College de la misma ciudad. Además, se encontraba
explorando nuevas posibilidades de inversión en el sector de la salud
privada, evaluando posibles alianzas con el Grupo MasVida (controlador
de la Clínica Las Lilas) y con la Clínica Cordillera).
Junto con lo anterior, el año 2010 la UA
compró la totalidad del Instituto INCACEA, con sedes en Santiago y Viña
del Mar. La acreditación de este instituto es uno de los procesos
cuestionados en el marco del caso de la CNA, a lo que corresponde
agregar además que el anuncio de cierre de la sede de Viña ocasionó una
serie de conflictos tras el anuncio del cierre de esta última asociado a
su baja rentabilidad, generando situaciones incómodas de diversa índole
que retrató una crónica de Bello Público durante el pasado mes de
Junio.
La UA y la “Inmobiliaria Gaudí”
En su declaración de interés tras asumir
el Ministerio, Teodoro Ribera señala ser “socio” de la UA, pero sin
participar en el capital de la institución. Sin embargo, tanto en el
documento mencionado, como también en su declaración de patrimonio, el
titular de Justicia aparece como accionista de Inmobiliaria Gaudí S.A.,
creada por el patriarca de la familia (Teodoro Ribera Beneit) y
propietaria de los terrenos de la Universidad, de acuerdo a la
investigación realizada por la periodista María Olivia Mönckeberg en su
libro “El negocio de las Universidades en Chile”.
En el sitio de la Municipalidad de San
Miguel es posible encontrar un contrato que data de Julio del 2010,
entre el municipio y la Inmobiliaria, a partir del cual se entregaban
una serie de becas a estudiantes de la UA, utilizando para ello a la
Inmobiliaria Gaudí como intermediaria, cuestión que pone de manifiesto
la relación directa entre dicha sociedad y la Universidad.
Según la investigación de Mönckeberg,
dicha sociedad inmobiliaria sería utilizada “con la finalidad ilícita de
perseguir fines lucrativos en una actividad que, por definición legal,
está prohibida”, como lo señala el requerimiento presentado por Fielbaum
yVela a la Contraloría. De ser así, y siendo el Ministro Ribera
partícipe del capital de esta Sociedad Anónima, “estaríamos ante una
seria infracción al principio de probidad, consagrado en el artículo 8
de la Constitución Política de la República”, como agrega la misiva
presentada al órgano fiscalizador.
Fuente: Radio del Mar
FUENTE: EL CIUDADANO
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