Pronto nos van a llamar a “enfrentar a la derecha”
Publicado: 26.12.2012
Anticipándose
al año electoral, Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), prevé que la Concertación
convocará pronto al movimiento estudiantil a “enfrentar a la derecha”.
El dirigente contesta desde ya que a los que hay que enfrentar es a los
defensores del lucro en la educación, que están en todos los sectores,
pues asegura que “la derecha y la Concertación, que en las elecciones se
presentan como alternativas distintas, en los hechos han convivido
pacíficamente administrando el negocio de la educación”. Fielbaum llama a
no confundir las prioridades, porque es el lucro el tema que está en la
raíz del problema actual en educación y que, según sus estimaciones,
tiene en la incertidumbre a unos 200 mil estudiantes de universidades
que hoy son investigadas por lucro o por pagar sobornos o cuya calidad
ha sido puesta en duda por diversas pruebas.
El grito “la
educación es un derecho, para el gobierno, un privilegio” es uno de los
clásicos cánticos de las marchas estudiantiles chilenas. Hace pocos días
el diario electrónico El Mostrador publicó un reportaje
que mostró por qué el anhelo contenido en aquella consigna, y que
comparten millones de chilenos, no es recogido por nuestra clase
política. El artículo revelaba los vínculos que los atan con la
Educación, entendida esta como nicho de negocio, como oportunidad de
lucrar. Y dejaba claro cómo derecha y Concertación, que en las
elecciones se presentan como alternativas distintas, en los hechos han
convivido pacíficamente administrando ese negocio.
“La Derecha y la Concertación, que en las elecciones se presentan como alternativas distintas, en los hechos han convivido pacíficamente administrando el negocio de la educación.”
La crisis del sistema educativo actual, tanto en el plano de la
calidad como en el de la ética y la legalidad, es el resultado de una
política iniciada en dictadura y que sin interrupciones se ha mantenido
hasta hoy. Durante 30 años los gobiernos han optado por fortalecer el
negocio y el engorde de las billeteras de unos pocos por sobre la
educación y su calidad.
Hoy vemos los resultados: ¿qué está detrás de los millonarios
sobornos que revelan los medios para acreditar instituciones educativas
si no la obsesión de acrecentar más y más la cuenta corriente de los
dueños de esas universidades? No es un problema de las personas
involucradas o de un pequeño vacío de la ley de acreditación. Es el
resultado material de un sistema construido a la medida del mercado.
El reciente caso de la Universidad Autónoma lo vuelve a demostrar.
Teodoro Ribera, su propietario, presentó su renuncia al ministerio de
Justicia. Señaló que lo hacía para proteger su imagen y la de su familia
de acusaciones tendenciosas e infundadas. Sin embargo, se ha demostrado
que Ribera propuso al procesado ex presidente de la CNA Eugenio Díaz
como consultor de Gendarmería -dependiente de su cartera- y, luego, que
Díaz participó de la acreditación del Incacea, instituto profesional del
cual el ex ministro es dueño en un 7,5%. Además, utilizó la
personalidad jurídica de la inmobiliaria Gaudí -dueña del inmueble de la
U. Autónoma- para recibir transacciones monetarias vinculadas a becas,
al menos con la Municipalidad de San Miguel.
El lucro es un corrosivo en nuestra educación. Es inefectivo y
destructivo al mismo tiempo. Impide hablar de proyecto, de calidad, de
programa, de educación a fin de cuentas. El interés primario para el
proveedor es mantener abierto su negocio, no entregar educación.
Utilizan plata de todos los chilenos (vía CAE, Aportes por Desempeño,
etc.) para seguir sumando, lo que se agrava al notar que gran parte de
la iniciativa del Ministerio de Educación ha sido aumentar la cantidad
de dinero fiscal que va a estas instituciones, pese a todas las
denuncias.
Esto es lo que el actual gobierno defiende con dientes apretados. Su
principal exponente es el ministro de Educación, Harald Beyer. Su
iniciativa legislativa ha abarcado varios temas, pero siempre con el
mismo ausente. Habiendo tanta evidencia de cuan pernicioso es el lucro y
existiendo tal consenso a nivel nacional de que es necesario
erradicarlo, la actitud del gobierno de no enfrentar ese tema tiene que
ser denunciada.
GOBIERNO, CONCERTACIÓN Y LUCRO
La
primera respuesta del gobierno a la movilización de los estudiantes fue
el GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) en el cual, sin ningún
doblez, se abría una puerta para permitir el lucro. Luego llegó al
ministerio Felipe Bulnes, quien si no olvidaba el tema, afirmaba que
terminaría con el lucro, pero sin aclarar cómo. Finalmente tenemos al
ministro Beyer, que habla de financiamiento, de nuevas formas de
clasificar las universidades y de nuevas becas. En estos días en que el
escándalo remece las bases del sistema, Beyer saca una nueva propuesta
de acreditación en la que no hay indicios de que haya entendido que el
reclamo ciudadano es respecto del lucro. Y no es que no hayamos gritado
fuerte, sino que derechamente no quiere escuchar. Basta con ver la
respuesta al último emplazamiento, realizado con los dirigentes
estudiantiles (tanto secundarios como universitarios) de los años, 2011,
2012 y 2013: “Uno de las tantas interpelaciones que me hacen”, dijo.
Autoritarismo, vestido de tecnocracia.
Otras veces se escudan en la superintendencia. El proyecto de
Superintendencia de Educación Superior busca aumentar las herramientas
fiscalizadoras, pero, al mismo tiempo, encubrir la existencia del
negocio educativo, al no permitir a este organismo la posibilidad de
fiscalizar todo incumplimiento a las normas aplicables a las
universidades (la ausencia de lucro, entre ellas) y al permitir
explícitamente las operaciones con personas relacionadas, poniendo sólo
como condición que sean “a precio de mercado”. Peor aún, con la
propuesta de redefinir las categorías de universidades para entregarles
fondos públicos, al desdibujar el sistema basado en la propiedad de las
universidades -estatal o privada-, se deja abierta (y se engrosa) la
llave que pasa recursos públicos a bolsillos privados.
Llama la atención que Beyer, quien en su calidad de investigador del
CEP sostuvo que el lucro imposibilita la calidad (textualmente dijo:
“Las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas
universidades”), hoy no busque prohibirlo efectivamente. Pareciera estar
ahora tan comprometido con el lucro que fue capaz de blindar al
Encargado de la División de Educación Superior (Divesup), Juan José
Ugarte, por asistir a menos de un 30% de las sesiones de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) mientras varias Universidades -acusadas
de lucro- ponían plata bajo la mesa para acreditar su calidad. Escándalo
mayúsculo. Sin embargo, ante cada interpelación, la respuesta ha sido
que el MINEDUC carece de atribuciones para hacerse cargo del problema
del lucro. La pregunta cae de cajón: ¿Cómo entender que el Ministerio de
Educación no se pueda hacer cargo? ¿Es porque no puede o sencillamente
porque no quiere?
“Erradicar el lucro de la educación, significa abrir la posibilidad de construir espacios de encuentro, de interacción y relación que hoy día no existen. Finalmente, hacer de la educación un espacio público, en donde los unos y los otros puedan encontrarse como iguales”
En julio de este año que termina, Patricio Herman, de la Fundación
Defendamos la Ciudad, le solicitó al Ministerio de Educación los
siguientes datos: a) Nombre y RUT de todas las universidades privadas
constituidas como corporación o fundación de derecho privado que existen
actualmente en nuestro país y fecha de autorización de funcionamiento;
b) Nómina de las personas naturales o jurídicas que figuran actualmente
como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General, si
la universidad está constituida como corporación de derecho privado c)
Nómina de los miembros de los directorios de las universidades privadas
que están constituidas como corporaciones o fundaciones de derecho
privado; y d) Razón social y RUT de las empresas y sociedades
relacionadas con las Universidades privadas.
La información solicitada es la información básica para hacerse un
panorama del sistema. No es información secreta ni difícil de conseguir
para una institución pública encargada de este tema.
La respuesta del ministerio al requerimiento de Herman llegó en
septiembre y mostró la voluntad que tiene éste para fiscalizar a las
universidades y transparentar la información a los ciudadanos. “Cabe
señalar que el Ministerio no cuenta con un documento que sistematice los
datos requeridos en la forma solicitada y que confeccionarlo implicaría
la realización de un estudio de las escrituras públicas que han
remitido dichas universidades a esta Secretaría de Estado, lo que excede
el ámbito de la Ley de Transparencia e implicaría distraer al personal
del desempeño regular de sus labores habituales”. Está claro. No
quieren. O si no pueden, no es porque la ley se los impida, sino porque
no tienen la autoridad para enfrentarse a quienes se han enriquecido con
este “negocio”, algunos de ellos parte del propio Gobierno.
La Concertación tiene la misma responsabilidad. Primero, por lo hecho
en los años en los que le tocó ser gobierno: se enfrentó al pingüinazo,
inventó el CAE, el financiamiento compartido y la misma CNA. Segundo,
por lo hecho cuando le ha tocado ser oposición, aprobando un ajuste
tributario que subsidia la educación privada, omitiéndose de la votación
del informe del lucro o declarando estar en contra de la educación
gratuita a través de sus ex ministros de educación, en pleno 2011. Y,
tercero, justamente porque también se han enriquecido con este
negociado: Gutenberg Martínez en la Universidad Miguel de Cervantes;
Ernesto Schiefelbein -ex ministro de Educación de Frei- es rector de la
Universidad Autónoma; la ex ministra Pilar Armanet y la ex subsecretaria
de Educación Pilar Romaguera -del gobierno de Michelle Bachelet- ocupan
altos cargos en la Universidad de las Américas. Y así suma y sigue,
como bien expuso El Mostrador.
Queda claro que el vaso se rebalsó y hace rato. Sin embargo, para la
mayoría de nuestros políticos es más importante mantener vigente esta
forma de enriquecerse que hacerse cargo de la destrucción de los sueños
de miles de compañeros y sus familias. Y lamentablemente, ni el ministro
Beyer ni sus antecesores han tenido la autoridad para hacer frente a
esa situación.
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PÚBLICA
¿Cómo combatir esta crisis? Si proponemos que no existan las
universidades que lucran, ¿quién se hace cargo de sus estudiantes? La
pregunta no es menor: si sumamos los estudiantes del total de
universidades que están siendo investigadas, vemos que podrían ser hasta
200 mil los que arriesgan quedarse sin casa de estudios. Nuestra
respuesta ha sido explícita y lo repetimos en forma contundente: más y
mejor educación pública. Porque es aquella cuyos objetivos están
alineados con los objetivos del país, porque responde a criterios
democráticos, porque genera ciudadanía y desarrollo. Y porque ha quedado
demostrado: dejar a estos compañeros en manos del mercado es exponerlos
a que vuelvan a vivir situaciones idénticas pocos años después.
Los estudiantes hemos planteado miles de veces en los últimos años
soluciones claras a este problema (propuestas de reforma tributaria, de
superintendencia, de la entrega de Aportes Basales de Libre Disposición
para universidades públicas, etcétera). Se trata de soluciones que
confluyen en una idea central: “Educación pública gratuita y fin al
lucro”. Con la misma fuerza lo seguiremos planteando otras mil veces
más, no sólo porque esos cambios son necesarios, sino porque permiten
avanzar en algo que nuestra sociedad prácticamente no conoce: igualdad.
La solución a la desigualdad es igualdad. Como estudiantes hemos
enarbolado la bandera de la educación pública, gratuita y de calidad,
garantizada por el Estado como un derecho social universal. Todo lo
contrario a como actualmente conocemos la educación.
Hoy, el Estado actúa donde “los particulares no pueden”, es decir,
donde no les es rentable hacer negocios. Ello implica que la noción de
derecho sólo existe de verdad para una porción de la sociedad, lo que en
otras palabras significa que como tales, los derechos no existen. O son
para todos, o no son. Eso hace que en la práctica, más que estudiantes,
seamos clientes. Más que ciudadanos, seamos consumidores.
“Pronto nos van a llamar a “enfrentar a la derecha” y engrosar una “oposición unida”. Nosotros los invitamos a todos, hoy, a mantener una posición que nos permita enfrentar el lucro (y a los lucradores) y defender la educación como un derecho. Enfrentándose a quien haya que enfrentarse, caiga quien caiga”
Erradicar el lucro de la educación, significa abrir la posibilidad de
construir espacios de encuentro, de interacción y relación que hoy día
no existen. Finalmente, hacer de la educación un espacio público, en
donde los unos y los otros puedan encontrarse como iguales. No el
eufemismo de la “igualdad de oportunidades”: simplemente, igualdad. Por
eso debe ser gratuita. Porque para ojos del Estado no debería haber
diferencias. Al fin y al cabo, una experiencia donde el foco sea el
desarrollo de la sociedad en su conjunto, que ponga la colaboración y la
solidaridad como ejes por sobre el individualismo y la competencia que
hoy nos agobian.
Desde quienes conducen a la Concertación nos dicen que ya es hora de
pensar las presidenciales, que el movimiento entró en un definitivo
declive y, sin embargo, son las banderas del movimiento las que hoy se
comprueban como verdades: que tenemos un sistema en que el fin último
que persiguen muchas instituciones es el lucro y que alrededor suyo se
genera una dinámica de negocio que deja como última prioridad el aporte
de conocimiento y profesionales para el país.
Pronto nos van a llamar a “enfrentar a la derecha” y engrosar una
“oposición unida”. Nosotros los invitamos a todos, hoy, a mantener una
posición que nos permita enfrentar el lucro (y a los lucradores) y
defender la educación como un derecho, enfrentándose a quien haya que
enfrentarse, caiga quien caiga. Y por último, no tengan dudas que
volveremos a llenar las calles si continúan haciendo oídos sordos ante
las demandas que clama la mayoría de este país.
FUENTE: CIPER CHILE
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