 Una querella contra todos quienes corresponda, "chilenos o extranjeros, militares o civiles", por los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y que constituyen la estructura y esencia misma de esa "sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy, pero si que hasta ahora se juzge el golpe en sí y los delitos que ese propio acto implica", presentaron ante el juez especial, Mario Carroza, las presidentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, con el patrocinio del abogado Eduardo Contreras.
El texto de la querella, añade:
"El golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados".
Y luego expone los siguientes hechos:
"Como es de conocimiento de general, en los años de la dictadura y pese a los notables esfuerzos de los familiares de las víctimas y de sus organizaciones, con el apoyo de un grupo de abogados, de entidades humanitarias y religiosas y de la elevada actitud de determinados jueces y ministros de Corte, lo objetivo es que el avance en materia de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, fue escaso y excepcional.
La querella presentada en enero de 1998 en las nuevas condiciones del país y acogida a trámite por del Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue la que abrió paso a una etapa nueva en la historia judicial chilena. A fines de ese mismo año eran alrededor de 400 las querellas contra Pinochet y los demás responsables de las debía conocer un solo magistrado, el Ministro del Fuero don Juan Guzmán Tapia. Entre ellas las de casos emblemáticos como los de “Calle Conferencia”, “Caso de los 119”, “Operación Cóndor”, “Caravana de la muerte”, “Colonia Dignidad” y muchos otros.
El elevado número de querellas determinó a las autoridades judiciales a distribuir las causas entre un reducido grupo de jueces llamados “ de dedicación especial” que permitió la agilización relativa de los procesos en curso, los que hasta hoy no terminan de modo definitivo. Todavía más : el año 2010 se inició la presentación por parte de la AFEP de 1.300 nuevas querellas que corresponden a igual número de casos nunca antes investigados. Entre ellos figuran los del Presidente Allende y el General Bachelet.
En su inmensa mayoría esas nuevas querellas corresponden a los asesinatos de centenares de chilenas y chilenos anónimos, de todas las edades, sexo y condición social.
A estas fechas, tanto el tribunal de SS.Itma. como otros a los que se ha derivado causas, han obtenido logros judiciales significativos y concretos que anidan la esperanza de recuperar a plenitud la confianza en nuestros tribunales.
De lo dicho se concluye categóricamente que se encuentra establecido por los órganos pertinentes del Estado de Chile la existencia real de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el término de la dictadura, con la complicidad de numerosos civiles y medios de prensa comprometidos con ese régimen antidemocrático.
Está por tanto establecido que hubo centenares de detenidos desaparecidos y miles de ejecutados ilegalmente, torturados, violados y violadas y prisioneros sin juicio.
Es más, se ha sometido a proceso y condenado a algunas decenas de esos agentes del Estado, de los que unos 70 de ellos se encuentran hoy en prisión cumpliendo las penas impuestas de conformidad a la ley, luego de un debido proceso.
Esta es la verdad objetiva, esto es parte indiscutible de la historia judicial del país y esta situación contribuye objetivamente, aunque sea todavía de forma parcial, a los nobles propósitos de verdad y justicia que son contribuyentes del propósito superior de desarrollo y consolidación de la democracia.
Sin embargo sigue pendiente una carencia jurídica y judicial fundamental, como es el enjuiciamiento del origen mismo de las múltiples violaciones a los derechos humanos, esto es al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 como tal y los delitos previos que esa operación político militar conllevó.
Así como la confesa participación en ellos, en diversas condiciones jurídicas, de personas y autoridades de estados extranjeros lo que constituyò un gravísimo atentado a la soberanía nacional, que contó con la complicidad de nacionales, civiles y militares.
Ese criminal golpe no fue por cierto una locura matinal del dictador. Ese crimen de lesa patria y de lesa humanidad se vino fraguando con tiempo y en esa sórdida conspiración de políticos, mandos de las Fuerzas Armadas, dueños de medios de prensa, poderosos empresarios y aparatos de inteligencia extranjeros, participaron muchos individuos que nunca han sido procesados y que siguen gozando de inmerecida impunidad y libertad.
No podrá cerrarse jamás este negro capítulo de la historia si no se abre proceso en contra de los crímenes del golpe mismo en sí y del conjunto de ilícitos que se perpetraron.
¿Cómo podría explicarse que se juzgó las consecuencias y no la causa de los crímenes? ¿Puede haber crímenes tan alevosos como este genocidio cuya causa sea legítima?
¿Fueron sólo “excesos de autoridad” como sostienen varios de los que hace mucho que debieran estar encarcelados?.Si sólo fuera eso, ¿cómo se explican los numerosos juicios de derechos humanos ya con sentencia definitiva? Una necesidad elemental de justicia y racionalidad jurídica motivan la presente acción penal.
Entrando en materia, digamos que constituyen hoy verdades indiscutibles científicamente comprobadas, tantoel carácter criminal del golpe, la presencia en su preparación y ejecución de parte de una potencia extranjera y el papel de sus servicios de inteligencia, la conspiración previa entre políticos chilenos, miembros de las Fuerzas Armadas y el auspicio de la Central de Inteligencia norteamericana, la CIA. Es más, todo ha sido expresamente investigado en primer lugar por organismos del propio Estado norteamericano. Baste sólo con mencionar el llamado INFORME CHURCH del Senado norteamericano, luego los numerosos documentos desclasificados de la CIA y, adicionalmente, el denominado INFORME HINCHEY.
La primera sesión del Senado del 94 Congreso de la Unión de los EEUU de Norteamérica, de fecha 18 de diciembre de 1975, conoció del Informe acerca de la Acción Encubierta en Chile entre los años 1963 a 1973 preparado por llevada a cabo por la Comisión Electa para el Estudio de Operaciones Gubernamentales concernientes a Actividades de Inteligencia, que incluye el papel de las Corporaciones Multinacionales en la sedición.
Esta importante Comisión fue presidida por el Senador republicano por Idaho, señor FranckChurch e integrada por una veintena de parlamentarios estadounidenses y funcionarios especializados. Es la razón por la que se le conoce mundialmente como el “Informe Church”. Un documento a prueba de toda duda o suspicacia pues se trata de un texto elaborado por personas que por su militancia política más bien son afines a los golpistas y en ningún caso de progresistas enemigos de la dictadura. Como dice su propia introducción : “Las declaraciones de los hechos contenidos en este informe son verdaderas bajo las mejores cualidades del personal de la Comisión para determinarlos. El informe y todos los juicios expresados en él están probados. Varias áreas son meramente mencionadas en él; la investigación en estas áreas continúa.”
“El fin del informe es señalar los hechos básicos de la acción encubierta en Chile para capacitar a la Comisión y sostener audiencias públicas. Este informe está basado en una extensa revisión de documentos de la Agencia Central de Inteligencia, El Departamento de Estado y Defensa, y el Consejo de Seguridad Nacional; y bajo testimonio de oficiales y antiguos oficiales.
Con muy pocas excepciones, algunos nombres de chilenos y de Instituciones Chilenas, han sido omitidos para evitar revelaciones de fuentes y métodos de inteligencia y para evitar daños innecesarios a chilenos que cooperan con la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, el informe procura ofrecer una imagen exacta del alcance, los fines y la magnitud de la acción encubierta de los Estados Unidos en Chile.”
El importante documento desarrolla lo que fueron las acciones subversivas encubiertas entre los servicios de inteligencia norteamericanos y políticos chilenos y propietarios de medios de comunicación, sus técnicas, las actividades clandestinas, presencia de las grandes empresas, el apoyo con dinero a determinados partidos políticos chilenos, papel de EEUU en las elecciones presidenciales chilenas de 1964 y de 1970, su influencia en determinados medios de comunicación, la desestabilización económica y política contra el gobierno del Presidente Allende así como las acciones llevadas a cabo a partir del 73, incluídos el enlace y colaboración con las policías nacionales y los servicios de inteligencia y contrainteligencia de las FFAA chilenas.
Se demuestra en este documento – que emana al fin y al cabo del propio Estado norteamericano - que mediante la inversión de millones de dólares se compró la conciencia y la acción de un vasto grupo de políticos, de parlamentarios y empresarios.
El fin era clarísimo : impedir que en Chile se produjera todo proceso de cambio social, económico o político que pudiera afectar los intereses norteamericanos en Chile.
Para ello, entre otros, se puso en movimiento a organizaciones terroristas como “Patria y Libertad” dirigida por el abogado Pablo Rodríguez Grez o el Comando Rolando Matus; se entregó cuantiosos recursos a gremios como el de los camioneros o a líderes del comercio, se provocó el acaparamiento y la escasez de productos, el estallido de bombas y la ejecución de atentados, las huelgas patronales y del transporte y se captó a dirigentes políticos de derecha y de centro.
Como se señala en el Informe,“los esfuerzos de los Estados Unidos para alterar el curso de la política chilena alcanzó la cima en 1970: la CIA fue orientada a emprender un esfuerzo para promover un golpe militar en Chile, evitando así el ascenso al poder de Salvador Allende. Esta tentativa, también llamada "Plan de Operaciones II", es el tema de un informe individual de la Comisión y será tratado abajo, en la sección III. Aquí, un breve resumen demostrará la extrema intervención encubierta americana en la política chilena.”
“El 15 de septiembre de 1970 - después de que Allende terminara primero en las elecciones pero antes de que el Congreso chileno hubiera elegido entre él y el candidato, Alessandri |4|, - el Presidente Nixon se reunió con Richard Helms, el Director de la Central de Inteligencia, el asistente al Presidente para asuntos de Seguridad Nacional Henry Kissinger y el procurador general John Mitchell. Helms fue comisionado para prevenir que Allende se hiciera con el poder. Este empeño se llevó a cabo sin el conocimiento del Departamento de Estado y Defensa o del Embajador.”
“Rápidamente resultó evidente tanto para la Casa Blanca como para los oficiales de la CIA que un golpe militar era la única solución para evitar el ascenso de Allende al poder. Para lograr este fin, la CIA estableció contacto con varios grupos de conspiradores militares y finalmente pasó armas y gas lacrimógeno a uno de ellos. La CIA sabía que los planes de todos los grupos de conspiradores se iniciaban con el secuestro del constitucionalista Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Rene Schneider.”
Sólo la Agencia Central de Inteligencia de los EEUU, la CIA, gastó secretamente ocho millones de dólares entre 1970 y el golpe militar en Septiembre 1973, con más de tres millones de dólares gastados en el año fiscal 1972. El Informe consigna detalladamente las sumas de dólares invertidas para financiar la ofensiva de los diarios de la empresa de “El Mercurio” de propiedad de Agustin Edwards así como la huelga de los camioneros en contra del gobierno constitucional elegido en 1970.
Consigna además los pagos a partidos chilenos, la determinación personalizada de los candidatos al parlamento a los que la CIA entregaría fondos así como los pagos para la infiltración en el movimiento estudiantil y en la Central de Trabajadores.
Como ya dijimos, también consta allí la directa participación norteamericana en el asesinato del general constitucionalista René Schneider,
Nuestra realidad actual muestra que lograron su objetivo plenamente.
Gracias a la dictadura impusieron un modelo económico, político y social acorde a sus fines, excluyente, desolidarizado, basado en la ganancia y la apropiación, dependiente del capital extranjero. El Cobre en los hechos está desnacionalizado y en Chile, en suma, no se recupera todavía una democracia plena.
Para ello se llevó a cabo el golpe de Estado que cristalizó el 11 de septiembre del 73 con la realización de un conjunto de ilícitos cometidos ese mismo día y que nunca han sido sancionados.
Si hemos hecho esta larga relación inicial es precisamente para recordar y explicar el contexto general en que se enmarcó la comisión de los delitos cuya investigación judicial reclamamos.
Por si fuera insuficiente, nos hacemos un deber en señalar que en respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de Inteligencia (IntelligenceAuthorizationAct) para el Año Fiscal 2000, conocida más bien como la "Enmienda Hinchey", la Comunidad de Inteligencia (CI), dirigida por el Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie de archivos relevantes de la CIA de ese período, básicamente a partir de recientes búsquedas documentales y estudió gran número de informes del Congreso concernientes a las actividades en Chile en los años 60 y 70.
Asimismo dicha Comunidad revisó las memorias de figuras clave, incluidas las de Richard Nixon y Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que se encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó con funcionarios de inteligencia en retiro que estuvieron directamente involucrados.
Esta amplia base de información otorga una gran fiabilidad a los hechos establecidos y que hemos intentado resumir en el presente escrito.
Resulta pues indispensable desde el punto de vista legal, judicial y ético, establecer judicialmente las responsabilidades de cada cual en los crímenes de lesa humanidad previamente perpetrados camino del asalto al palacio de la Moneda, así como los cometidos o iniciados el mismo día del golpe y sólo así podrá entenderse que el Poder Judicial de Chile cumplió cabalmente su papel de juzgar estos graves delitos.
Huelga comentar por ser hechos suficientemente conocidos que el mismo día 11 de septiembre del 73, junto con concretar y consumar el delito largamente preparado con mucho tiempo de antelación por los sediciosos, militares y civiles, se perpetró una serie de delitos conexos tales como el innecesario y abominable bombardeo a La Moneda, el despliegue de tropas militares por todo el país aterrorizando a la población y asesinando inocentes, torturando, saqueando propiedades.
El propio asalto armado a La Moneda es en sí un ilícito impune hasta hoy.
La inmensa mayoría de estos delitos relacionados estrechamente con el golpe y que forman parte del mismo ilícito no han sido investigados o lo han sido aisladamente. Tampoco se investigó nunca los actos terroristas que los golpistas cometieron en preparación del golpe".
Descargue el texto completo de la querella
FUENTE:RED DIARIODIGITAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario