EVALUACIÓN DE RED CONSTRUYAMOS ACERCA DE DESASTROSA POLÍTICA DE EMERGENCIAS SOCIALES
de Red Construyamos, el domingo, 16 de diciembre de 2012 a la(s) 5:39 ·
VETO PRESIDENCIAL DEJA EN EVIDENCIA LA VERDAD SOBRE "EXITOSAS" CIFRAS OFICIALES
Hemos sido testigos de la aplicación del veto presidencial a un acuerdo parlamentario. Tenemos clara comprensión de que con ello se ha descalificado la discusión parlamentaria y, además, se ha descalificado el sentido de existencia de los representantes populares, acentuando la decadencia de las instituciones y de su sistema de representación.
Pero lo que hace realmente impactante esta medida gubernamental es el hecho de que se hayan vetado esperanzas e ilusiones de mejorar las condiciones de empleo de la población más precaria, frustrando sus aspiraciones por el solo acto de una persona: el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Ciertamente, el Presidente ha hecho uso de una atribución constitucional, pero también sabemos que tal atribución no es otra cosa que uno de los enclaves autoritarios heredados del régimen dictatorial.
El pro-empleo, financiado por el Estado y administrado por municipios, ocupa laboralmente a una masa numerosa de personas proveniente de los sectores más pobres. Sin embargo, estos empleos –que ocupan en su inmensa mayoría a mujeres dueñas de hogar - se traducen en labores inadecuadas para las personas y, en su mayoría, en obras productivamente ineficientes. En general, el pro-empleo representa la ausencia de un sueldo base, alcanzando comúnmente a 70 mil pesos mensuales, y sin beneficios propios del derecho al trabajo como vacaciones, aguinaldos y otros. Esta negación de derechos mínimos, se hace más cruda y sensible en estas fiestas de fin de año.
El pro-empleo es una medida de emergencia que en una década se ha vuelto una solución permanente al desempleo y da cuenta de que no se han resuelto los serios problemas de trabajo y pobreza de nuestro país. Más bien, el pro-empleo ha sido una política para enmascarar el desempleo real y la precariedad social, ocultando a las zonas más deprimidas y desatendidas del país.
El pro-empleo no es la única forma de precariedad del trabajo en Chile y está relacionado con otras formas de precariedad laboral, como temporeros, faeneros y otros empleados en áreas pesqueras, forestales, agrícolas, industriales, etc. Se oculta con ello la existencia de una flexibilidad laboral oprobiosa que, sin embargo, los gobiernos siguen intentando profundizar. En Chile no existe garantía del empleo ni protección del trabajo. Se beneficia al gran empresariado, el que, además, publicita continuamente su bondad de empleador, de creador de riquezas y bienes, mientras se llevan las riquezas a costa de los explotados.
En realidad, las empresas poderosas no permiten el desarrollo del trabajo. Un par de familias controla 80% de la propiedad de la tierra en Arauco, siete familias controlan el mar a perpetuidad; y en la minería, SQM se propone controlar todo el litio en similares condiciones. Estos poderosos le imponen a Chile que el país se dedique solamente a la extracción de materias primas, las que se llevan a otras regiones del mundo para producir valor agregado en el extranjero, mientras tanto en nuestro país privilegian la concentración de la propiedad para mantener control sobre el mercado.
Estos hechos son ocultados bajo un constante discurso oficial basado en estadísticas económicas y laborales. Pero estos estudios están arreglados para ocultar la pobreza y manipular los datos que recibe la población.
DAMNIFICADOS Y RECONSTRUCCIÓN: OTRO “CUENTO” OFICIAL
Ante la crisis generada por el terremoto de 2010, el Estado ha respondido con constantes cifras de avances y con actos de propaganda, pero no con respuestas de fondo para enfrentar los grandes problemas de nuestro país en materia de emergencias sociales. Las cifras son constantemente manipuladas. En esta lógica de engaños, al gobierno le basta con deshacerse de un campamento de damnificados para señalar que la solución a la emergencia ya está ejecutada. Los subsidios de arriendo han venido a servir a este propósito, sacando a la gente de los campamentos para hacer figurar estos casos como soluciones. La evidencia está en que a la gente se le haya hecho firmar un compromiso de subsidio de arriendo sin que existan aún los respectivos proyectos habitacionales para estos damnificados, es decir, sin nada seguro. La pobreza y la desesperanza obligan a miles de familias a aceptar el mínimo, desarticulando a la vez toda posibilidad de organización unitaria de aquellos que padecen un mismo mal.
Tanto el problema del empleo precario como el de los damnificados del terremoto (incluyendo a las miles de familias calificadas como damnificadas sin serlo para expulsarlos de sus territorios), constituyen lo que puede llamarse el terremoto social de las políticas neoliberales. Para esta política de los gobiernos civiles pos dictadura la apariencia es fundamental, para lo que emplea la estrategia más básica de engaño: echar la basura debajo de la alfombra.
Felipe Kast ha renunciado a su cargo como encargado nacional de campamentos y pretende ahora lanzar su candidatura al Parlamento. Similar cosa hará el inefable director del SERVIU del Bio Bio, Sergio Jara. Denunciamos que personajes como éstos tienen la función de imponer apariencias a partir de supuestas cifras y articulando el engaño publicitario, y que no tienen la menor vergüenza para utilizar a la gente en sus campañas, convirtiéndola en cartel publicitario para sus carreras políticas.
RED Construyamos
16 de diciembre de 2012
Hemos sido testigos de la aplicación del veto presidencial a un acuerdo parlamentario. Tenemos clara comprensión de que con ello se ha descalificado la discusión parlamentaria y, además, se ha descalificado el sentido de existencia de los representantes populares, acentuando la decadencia de las instituciones y de su sistema de representación.
Pero lo que hace realmente impactante esta medida gubernamental es el hecho de que se hayan vetado esperanzas e ilusiones de mejorar las condiciones de empleo de la población más precaria, frustrando sus aspiraciones por el solo acto de una persona: el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Ciertamente, el Presidente ha hecho uso de una atribución constitucional, pero también sabemos que tal atribución no es otra cosa que uno de los enclaves autoritarios heredados del régimen dictatorial.
El pro-empleo, financiado por el Estado y administrado por municipios, ocupa laboralmente a una masa numerosa de personas proveniente de los sectores más pobres. Sin embargo, estos empleos –que ocupan en su inmensa mayoría a mujeres dueñas de hogar - se traducen en labores inadecuadas para las personas y, en su mayoría, en obras productivamente ineficientes. En general, el pro-empleo representa la ausencia de un sueldo base, alcanzando comúnmente a 70 mil pesos mensuales, y sin beneficios propios del derecho al trabajo como vacaciones, aguinaldos y otros. Esta negación de derechos mínimos, se hace más cruda y sensible en estas fiestas de fin de año.
El pro-empleo es una medida de emergencia que en una década se ha vuelto una solución permanente al desempleo y da cuenta de que no se han resuelto los serios problemas de trabajo y pobreza de nuestro país. Más bien, el pro-empleo ha sido una política para enmascarar el desempleo real y la precariedad social, ocultando a las zonas más deprimidas y desatendidas del país.
El pro-empleo no es la única forma de precariedad del trabajo en Chile y está relacionado con otras formas de precariedad laboral, como temporeros, faeneros y otros empleados en áreas pesqueras, forestales, agrícolas, industriales, etc. Se oculta con ello la existencia de una flexibilidad laboral oprobiosa que, sin embargo, los gobiernos siguen intentando profundizar. En Chile no existe garantía del empleo ni protección del trabajo. Se beneficia al gran empresariado, el que, además, publicita continuamente su bondad de empleador, de creador de riquezas y bienes, mientras se llevan las riquezas a costa de los explotados.
En realidad, las empresas poderosas no permiten el desarrollo del trabajo. Un par de familias controla 80% de la propiedad de la tierra en Arauco, siete familias controlan el mar a perpetuidad; y en la minería, SQM se propone controlar todo el litio en similares condiciones. Estos poderosos le imponen a Chile que el país se dedique solamente a la extracción de materias primas, las que se llevan a otras regiones del mundo para producir valor agregado en el extranjero, mientras tanto en nuestro país privilegian la concentración de la propiedad para mantener control sobre el mercado.
Estos hechos son ocultados bajo un constante discurso oficial basado en estadísticas económicas y laborales. Pero estos estudios están arreglados para ocultar la pobreza y manipular los datos que recibe la población.
DAMNIFICADOS Y RECONSTRUCCIÓN: OTRO “CUENTO” OFICIAL
Ante la crisis generada por el terremoto de 2010, el Estado ha respondido con constantes cifras de avances y con actos de propaganda, pero no con respuestas de fondo para enfrentar los grandes problemas de nuestro país en materia de emergencias sociales. Las cifras son constantemente manipuladas. En esta lógica de engaños, al gobierno le basta con deshacerse de un campamento de damnificados para señalar que la solución a la emergencia ya está ejecutada. Los subsidios de arriendo han venido a servir a este propósito, sacando a la gente de los campamentos para hacer figurar estos casos como soluciones. La evidencia está en que a la gente se le haya hecho firmar un compromiso de subsidio de arriendo sin que existan aún los respectivos proyectos habitacionales para estos damnificados, es decir, sin nada seguro. La pobreza y la desesperanza obligan a miles de familias a aceptar el mínimo, desarticulando a la vez toda posibilidad de organización unitaria de aquellos que padecen un mismo mal.
Tanto el problema del empleo precario como el de los damnificados del terremoto (incluyendo a las miles de familias calificadas como damnificadas sin serlo para expulsarlos de sus territorios), constituyen lo que puede llamarse el terremoto social de las políticas neoliberales. Para esta política de los gobiernos civiles pos dictadura la apariencia es fundamental, para lo que emplea la estrategia más básica de engaño: echar la basura debajo de la alfombra.
Felipe Kast ha renunciado a su cargo como encargado nacional de campamentos y pretende ahora lanzar su candidatura al Parlamento. Similar cosa hará el inefable director del SERVIU del Bio Bio, Sergio Jara. Denunciamos que personajes como éstos tienen la función de imponer apariencias a partir de supuestas cifras y articulando el engaño publicitario, y que no tienen la menor vergüenza para utilizar a la gente en sus campañas, convirtiéndola en cartel publicitario para sus carreras políticas.
RED Construyamos
16 de diciembre de 2012
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