sábado, 29 de diciembre de 2012

Investigación y reportaje especial. El otro lucro, el de las universidades públicas

Por Equipo Cambio21
Hasta el momento está claro que los recintos privados han encontrado la forma de obtener cuantiosas ganancias por sus servicios. Con la nueva comisión investigadora sobre el financiamiento de la educación superior se estudiará la situación de los recintos estatales y tradicionales. En algunos de ellos se han detectado casos de lucro puntuales. La pregunta es: ¿hay personas o entidades que se estén enriqueciendo ilícitamente a través de ellos?
Fue en tiempo récord que la oposición consiguió los votos necesarios para crear una segunda Comisión Especial Investigadora de la Educación Superior en Chile, que será la continuadora de aquella que entregó sus conclusiones en junio pasado y que, con su énfasis en las universidades privadas, fue la hebra que dio paso al escándalo de las acreditaciones.

"Hoy no les hemos fallado a los jóvenes ni a sus familias, lo cual es muy importante. Queremos decirles que no tendremos ningún miramiento en cuanto a estudiar y a fiscalizar a fondo todo lo que tiene que ver con la educación superior chilena. Aquí no solamente investigaremos a la Comisión Nacional de Acreditación, sino que también otros aspectos que pueden significar corrupción y hechos delictuales", dijo la presidenta de la Comisión, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda.

Con 51 votos a favor y una abstención, la instancia se abocará a revisar a fondo el sistema de Educación Superior y su forma de ingreso, además de evaluar el cumplimiento de las normas que exigen a las universidades sean entidades sin fines de lucro y los conflictos de intereses que puedan existir. También analizará el actual sistema de acreditación y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Pero a ello se agrega un énfasis nuevo, pues se centrará también en el financiamiento de las universidades públicas, el análisis de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de las universidades privadas que reciben recursos del Estado.
El diputado Rodrigo González (PPD), integrante de la comisión, comenta a Cambio21 que la diferencia entre las universidades privadas y públicas radica en que las primeras están orientadas al lucro y a repartir ganancias entre los accionistas, mientras que las segundas "lo que hacen son actividades que pueden tener una rentabilidad y generar un excedente. La diferencia entre éstas y las que tienen fines de lucro es que el resultado o el excedente que eventualmente pudieran percibir se reinvierten en actividades educativas".

Recalca que "no es que la universidades no puedan desarrollar investigaciones que puedan ser un gran suceso o pueden tener un gran éxito en su aplicación en la industria. Todo lo contrario: ojalá que eso se produzca y que las universidades generan su propia autosustentación. De lo que estamos en contra es que esa rentabilidad que se obtiene no se reinvierten ciencia, tecnología, en mejor docencia, en mejores remuneraciones a los profesores, en actividades que mejorar la calidad de la institución".

Ahora, agrega, si eventualmente hubiera lucro en las universidades públicas, "por supuesto que lo investigaremos. Si hay, por ejemplo, algún instituto que desarrolla actividades para empresas, genera utilidades y esas utilidades no son reinvertidas en la Universidad y se desvían y van a parar a bolsillos de los docentes o de sociedades para externalizar que puedan crearse. Han ocurrido situaciones de ese tipo. Hubo un caso en la Universidad de Chile, ha ocurrido en la UTEM, que por actitudes muy reprochable de grupos de docentes ellos han transformado actividades que son propias de la Universidad y que debieran ingresar todos esos recursos a la Universidad, en actividades lucrativas para ellos. Pero son cuestiones absolutamente ocasionales y si existen, por supuesto que vamos a investigar".

Irregularidades

Hasta ahora nadie tiene la certeza de si hay o no lucro en las universidades públicas y todavía es muy difícil comparar las contabilidades de una respecto de otra (Ver recuadro). Sin embargo, apenas se aprobó la segunda comisión investigadora los diputados UDI Gonzalo Arenas, María José Hoffman y Gustavo Hasbún arremetieron en contra de la Universidad de Chile y presentaron una denuncia en la Contraloría General de la República sobre la manera que funcionarios de la Casa de Bello habrían buscado para lucrar.

Según Arenas, lo que le están pidiendo al contralor Ramiro Mendoza es investigar las denuncias fundadas que tienen sobre la existencia de mecanismos de lucro dentro de la Universidad de Chile, "y especialmente a través de las más de 15 fundaciones que hoy día están al alero de la Universidad y que funcionan como verdaderas sociedades espejo y que sirven, según nuestro entender, para burlar las normas administrativas y legales que la rigen".

Ya unos días antes el mismo parlamentario había denunciado la existencia de tres informes de la Contraloría (de 2008, 2010 y 2011) que evidencian esta situación en tres facultades donde se habrían contratado consultoras constituidas por funcionarios de la institución.

Tras asegurar que no consideran malo el lucro en la educación superior, Arenas dijo que además están recopilando antecedentes de la Universidad de Santiago, de la cual también tienen antecedentes, pero que por ahora están concentrados en la Casa de Bello, que es de la cual ya tienen la información: "Lo que queremos es transparentar, porque en la Universidad de Chile puede existir lucro, y ese lucro, si bien no tiene dueño, porque la Chile es del Estado, al parecer sí tiene accionistas, que son sus directores, administrativos y profesores de las diferentes facultades, quienes se están beneficiando de esta situación que estamos denunciando", aseveró a el Mostrador.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI), especificó "el caso de la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), que fue creada en 2003 para investigar, fomentar y difundir actividades que tengan relación con el desempeño de la Facultad de Economía y Negocios".

En su denuncia menciona a "numerosos académicos de la universidad, que estando contratados a tiempo completo por el plantel, reciben honorarios por trabajos realizados en programas y cursos organizados por la FEN", lo que genera sobresueldos que en muchos casos superan los 40 millones de pesos anuales.

A juicio del diputado Rodrigo González (PPD), en la UDI "andan buscando con lupa para empatar. La diferencia es que eso es una actividad puntual de un grupo de desviados que puede haber y de gente que desnaturaliza la actividad universitaria, frente a que la Universidad en su conjunto esté orientada a generar utilidades a los controladores o a las sociedades que las controlan".

Palabra de contralor

En general, todas las denuncias de irregularidades en las universidades terminan en la Contraloría General de la República que es, por ley, la encargada de investigarlas. El propio contralor, Ramiro Mendoza, mencionó algunos casos durante su exposición en la Comisión Investigadora de la Cámara, como el de la "Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT) de la Universidad de Santiago de Chile. Todas las irregularidades están en los informes de auditoría y claramente es una entidad pagadora de diferencias remuneratorias que los académicos creen tener derechos para estar en la universidad", dijo.

Sin embargo, el contralor diferencia entre entidades como esta, donde "ellos se preguntan cómo hacer esta diferencia por estar en el mundo universitario, y generan estas sociedades, que son las que salen a buscar contratos", pero se trata de sociedades que sólo le sirven a la Universidad. Lo distingue, por ejemplo, de organismos como el Idiem (Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile), que "tiene trabajo y es una tremenda fuente de recursos para la U". La SDT, en cambio, "son flujos internos que los da vuelta, le encargan programas computacionales a la SDT, bien pagados, pero son sus mismos funcionarios. A veces en el mismo horario. Otras veces se trata de funcionarios destituidos y que los mantienen por Código del Trabajo y con indemnizaciones exorbitantes desde el punto de vista del a todo evento".

También están la sociedad Celta S.A., de la UTEM, y la Universidad de Chile con el Parque Laguna Carén. "Hay un informe de auditoría respecto de las irregularidades de la administración, sobre la autogeneración de remuneraciones de quienes lo administraban y la falta de control total que tuvo la Universidad de Chile sobre el parque" explicó Mendoza y agregó que "hay un lucro encubierto en el desarrollo de ciertos emprendimientos que escapan a reglas de control. En algunos casos será muy justificado".

Zolezzi: Observaciones han sido subsanadas

El rector de la Usach y vicepresidente del Cruch (Consejo de Rectores), Juan Manuel Zolezzi, no duda que exista lucro en la educación privada, aunque difícil de probar, pero sí lo descarta en la estatal. Explica que en el caso de la Universidad de Santiago "ha habido denuncias, la Contraloría las audita normalmente, sin mayores dificultades, hace sus observaciones y nosotros las contestamos en forma adecuada, lo que finalmente es positivo".

Respecto del pago de sobresueldos a los académicos recalca que "en la mayoría de las universidades se usa para prestar servicios importantes para el país, y también porque se requiere mantener una cierta planta de académicos de buen nivel que significa pagar remuneraciones que es imposible de manera normal en la administración pública".

Agrega que esto "significa que se hace una prestación de servicios y una parte se le asigna al docente que participó directamente en el proyecto, en un horario distinto de su jornada normal. Es una manera de aumentar las remuneraciones para que puedan permanecer en las universidades. Esa figura es tradicional en lo que ha sido la situación de las universidades que están obligadas a autofinanciarse. Es un pago por servicio prestado por trabajos fuera del horario".

A su juicio, "hay que recordar que con los desafíos de los tiempos es necesario que las universidades y los docentes generen y lleven al mercado productos o inventos que se transformen en negocios que permitan allegar recursos a la institución. Eso es algo que se da en todas partes del mundo para la práctica de la investigación. La investigación puesta al servicio de la comunidad".

FUENTE: CAMBIO 21

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