Titular de Educación dijo que iniciativa no era "seria"
Las fallas en el sistema de acreditación que advirtió el “informe del lucro” que Beyer ninguneó
Después de 25 sesiones que se
llevaron a cabo entre agosto de 2011 y junio de 2012, la comisión
investigadora de la educación superior, escuchó la voz de diversos
actores. Muchos de los puntos sobre los que alertó el documento, son los
que están hoy en el ojo del huracán y derriten el sistema de
aseguramiento de la calidad en la investigación que lleva la Fiscalía y
que le costó la salida al ex ministro Teodoro Ribera.
En julio de este año, la
Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora de
la educación superior que denunciaba no sólo las vulneraciones de
algunas universidades privadas a la ley que prohíbe el lucro, sino
también diversos vicios que sumaban más ingredientes a una educación
desigual y de mala calidad.
Uno de los puntos abordados por los diputados es el que ahora
despierta más cuestionamientos: el sistema de acreditación. “El informe
señaló oportunamente todas las debilidades del sistema de acreditación,
pero el señor ministro hizo caso omiso de ello,
desconociendo y desacreditando públicamente su valor, llegando a
reconocerlas sólo con ocasión del estallido del escándalo de la U del
Mar”, señala el diputado Rodrigo González (PPD), quien integró la
comisión.
Las advertencias no solamente colgaban al final del informe, sino que
se escucharon en diversas intervenciones mientras duró el proceso de
audiencias; como la del vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh),
Juan Manuel Zolezzi, quien señaló, refiriéndose a 2011, que hubo un
“sinnúmero de acreditaciones muy rápidas. Sería bueno revisar cuántas
acreditaciones hubo durante ese período. No tenemos ninguna posibilidad
de intervenir, y por lo demás, se vería mal intervenir como Consejo de
Rectores. El Contralor sólo puede examinar a las 16 universidades del
Estado, es decir, a 16 de 60. Las otras no tienen ningún tipo de
control, no obstante que algunas reciben mayor cantidad de recursos
fiscales que las del Estado”.
El propio Íñigo Díaz, entonces presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), señaló que por supuesto existía conflicto de
interés, “y como presidente me duelen mucho, porque hay inhabilidades
establecidas por la ley y una cantidad de otras inhabilidades que deben
ser definidas por las personas”, señaló e incluso entregó ejemplos:
“Tenemos el caso de los profesores de la Universidad Mayor, que eran
socios y dueños de una agencia acreditadora. Esa relación no está
limitada por ley, no obstante, la agencia en cuestión no puede acreditar
a esa institución, así como tampoco a la Universidad Andrés Bello, pues
firmaron una declaración en la que se comprometen a no acreditar en los
próximos años nada relacionado con esa casa de estudios, donde
precisamente ellos están trabajando actualmente. Con ello, se soluciona
el problema. Sin embargo, todos sabemos que los dueños de la Universidad
Andrés Bello también son propietarios de otras universidades y, por lo
tanto, deberían inhabilitarse con relación a todo el conglomerado”,
señaló en uno de los puntos de su intervención.
El sistema de conformación del Consejo de Acreditación, a juicio de
lo expresado por Íñigo Díaz en su turno de audiencia, debía cambiar
radical y sustancialmente. “Por lo tanto, los miembros del Consejo no
pueden tener relación contractual con ninguna institución, y deben ser
expertos, probos y bien remunerados, entre otras cosas. Sin embargo, la
ley permite esos conflictos de intereses”.
Las críticas al sistema
La comisión realizó 25 sesiones, entre el 9 de agosto de 2011 y el 18
de junio de 2012. Recibió en audiencia a más de 70 invitados y dentro
de las conclusiones menciona varios puntos que hoy están sobre la mesa:
“En particular, la acreditación hace crisis porque se estableció como
condición para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE) —enorme
fuente de recursos— y se estableció la obligatoriedad de la acreditación
para las carreras de Medicina y Pedagogía. Esto generó enormes
presiones para que las instituciones de educación superior y las
carreras de pedagogía fueran acreditadas”, señala el documento.
“En síntesis, el informe señala que se entrega financiamiento público a instituciones de educación superior acreditadas ‘sin consignar años mínimos de acreditación’, ‘pudiendo esta ser de sólo un año’, critica el ‘carácter voluntario’ del sistema de acreditación “basado en coherencia interna y no en estándares de calidad”, la conformación de pares evaluadores contratados por las propias entidades evaluadas, la integración de la CNA por representantes corporativos y la existencia de agencias privadas de acreditación”, señala el diputado Rodrigo González.
Entre las conclusiones también se incluyó que el “Ministerio
Educación no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar,
entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior
que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo
respecto a los conflictos de intereses existentes y denunciados de los
miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias
acreditadoras, de la omisión de los antecedentes de las dotaciones
académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus
balances, o de cuestiones relativas a publicidad engañosa, etc.”.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad de
Chile, Andrés Fielbaum, dice que el informe contenía diagnósticos y
conclusiones sobre posibles conflictos de interés y sobre los incentivos
perversos que genera la acreditación cuando hay lucro; esto porque la
acreditación permite a una institución de educación superior aumentar
sus rentas mediante el CAE. “Precisamente los fenómenos que hemos estado
presenciando en los escándalos explotados estas últimas semanas”, anota
Fielbaum.
Los conflictos de interés también fueron detallados en el informe de
la comisión investigadora, que señaló que en la implementación de la Ley
N° 20.129 (de Aseguramiento de la Calidad), “se observa que los
mecanismos de aseguramiento de la calidad han sido quebrantados por
varias razones: 1) haber definido un proceso de evaluación centrado en
insumos y procesos y no en resultados, 2) conflictos de interés que se
derivan del origen de las membresías de la Comisión Nacional de
Acreditación. Es la propia comunidad de educación superior la que vigila
los nombramientos de los miembros. En la práctica ha sucedido que esto
genera una identificación de los miembros con las instituciones que los
nombraron”.
“En síntesis, el informe señala que se entrega financiamiento público
a instituciones de educación superior acreditadas ‘sin consignar
años mínimos de acreditación’, ‘pudiendo esta ser de sólo un año’,
critica el ‘carácter voluntario’ del sistema de acreditación “basado en
coherencia interna y no en estándares de calidad”, la conformación de
pares evaluadores contratados por las propias entidades evaluadas, la
integración de la CNA por representantes corporativos y la existencia de
agencias privadas de acreditación”, señala el diputado Rodrigo
González.
El documento también planteaba propuestas que apuntaban a mejorar el
sistema. Por ejemplo, pedía al Mineduc que ejerciera sus facultades
fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa a los menos
en la Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP,
Universidad Andrés Bello (Laureate). También a las universidades del
Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás y Del Desarrollo.
Dentro de las propuestas legislativas, se proponía el término y
cambio del sistema de acreditación actual. “Derogar el sistema actual de
acreditación, debiendo el Estado definir los estándares de calidad de
las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a
cargo de las universidades públicas o privadas tradicionales de mayor
prestigio, pasando a ser ésta obligatoria, con pruebas nacionales para
todas las carreras. Acreditación por proceso y por resultado, por un
mínimo de seis años”, señalaba entre los puntos importantes. Otro de
ellos mencionaba la idea de crear la figura del “interventor
provisorio”. La propuesta era que este actor que jugará un rol
predominante ante eventuales irregularidades u anomalías tanto en la
calidad de la educación como en lo relacionado con el lucro. Este
personaje tenía por objeto velar por el destino final del proyecto
académico.
Beyer
Lo abordado por la comisión en el llamado “informe del lucro”,
demuestra con claridad dos cosas, para Fielbaum. Por un lado, que el
escándalo de la CNA está precisamente “propiciado porque hay
Universidades cuyo fin es lucrar, y que el lucro funciona torciendo los
objetivos originales de una institución educativa”. Y, en segundo lugar,
“la responsabilidad política del ministro Beyer en el escándalo CNA. El
ministro ha intentado lavarse las manos, utilizando de chivos
expiatorios a los Señores Díaz y Ribera, omitiendo que es su gestión la
que ha desechado todas las denuncias concretas sobre lucro”.
Después que la comisión diera a conocer el informe y en referencia a
las acusaciones por lucro, el secretario de Estado dijo que entender que
“hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero
nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos
permita validar ese tipo de denuncias”; un argumento que molestó a
quienes esperaban que la investigación aportara mayor energía a las
autoridades para fiscalizar.
Actualmente, el Mineduc trabaja en un proyecto —que será presentado
en los próximos días— que regulará el sistema de acreditaciones y
modificará la institucionalidad de la CNA. A pesar de esto, hay quienes
piensan que la crisis tiene un costo político que nadie ha pagado.
El diputado González dice que es el ministro Harald Beyer quien
deberá hacerse responsable “por no haber querido legislar con la
diligencia y oportunidad que el colapso del sistema de acreditación y la
desregulación descontrolada del sistema ameritaban, para fortalecer las
facultades del Mineduc de intervenir en las Universidades, detectar a
tiempo las irregularidades, restablecer la normalidad, proteger los
derechos de estudiantes y docentes, sancionar las faltas y detectar los
delitos de los propietarios y controladores de las Universidades que han
desconocido la esencia no lucrativa del quehacer universitario”.
Sin embargo, la ex presidenta de la FECh, Camila Vallejo, fue más
allá. Y no sólo puso el ojo sobre Beyer. Vallejo dijo en Radio ADN que
“no se pueden eximir de responsabilidades penales las autoridades
políticas” y que “la justicia tiene que llegar a las últimas
consecuencias, sin discriminar”, aunque dejó en claro que no se refería a
actores como Joaquín Lavín o Teodoro Ribera. “Existe responsabilidad de
gobiernos anteriores (…) eso no puede eximir al gobierno de tomar
acciones”.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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