Cosme Caracciolo: “Si a Isasi le pagaron 25 millones: ¿Cuántos millones habrá recibido Longueira?”
Ilustración: Harol Bustos / El Ciudadano.
La revelación que la empresa Corpesca pagó a la diputada Marta Isasi para que respaldara la Ley de Pesca –promulgada en enero de 2013- está socavando aún más la credibilidad de la clase política y pone en jaque esta normativa que es fuertemente resistida por los pescadores artesanales.
El escándalo estalló el 10 de mayo cuando el sitio web del Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper), publicó la nota Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas.
La denuncia fue hecha por el exasesor de Isasi, Georgio Carrillo, quien respaldó su acusación en correos electrónicos que intercambió con el gerente general de Corpesca Francisco Mujica. Consultado por Ciper este último reconoció haber realizado al menos un pago a Carrillo de 25 millones de pesos (algo más de 50 mil dólares), con el aparente fin de retribuir informes que nunca se hicieron, y cuyo verdadero destino eran las arcas de la diputada Isasi.
Mujica señaló a Ciper que Corpesca (empresa del poderoso grupo Angelini) realiza habitualmente aportes a parlamentarios o candidatos de diversas tendencias.
Cabe destacar que Isasi, en representación de la Comisión de Pesca, fue quien informó este proyecto de Ley al pleno de la Cámara de Diputados para proceder a su inmediata discusión.
Con los días han aparecido nuevos antecedentes que complican aún más a Isasi debido a que ponen en evidencia hasta que nivel llegó su contubernio con empresarios pesqueros. El jueves 16 el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, reveló que en la sesión del 17 de julio de 2012 destinada a analizar la denominada “Ley Longueira”, ingresaron a la Comisión de Pesca en calidad de asesores de la diputada Isasi, Ramón Pino y Michel Campillay, quienes ocupan puestos gerenciales en Corpesca.
Esta información fue entregada por Navarro a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que se encuentra estudiando el caso Isasi.
El diputado Comunista por Iquique –el mismo distrito de Isasi- Hugo Gutiérrez dio a conocer -el lunes 13 a radio Cooperativa- correos electrónicos que intercambiaron Isasi con Mujica donde se demostraría “que ella estaba operando en favor de los intereses de Corpesca y el grupo Angelini”, según sostuvo este parlamentario. En mail de 24 de junio de 2011 Mujica dice: “Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca en reemplazo de la Ley 19.713″.
El adjunto era una presentación en que se le indicaba a Isasi el contenido del futuro proyecto de Ley que ella debía respaldar. Esto, en circunstancias que el Ministerio de Economía aún no lo ingresaba al Parlamento.
El diputado por Aysén René Alinco aseguró –el martes 14 a CNN Chile- que otros parlamentarios recibieron dinero de industriales pesqueros previo a la tramitación de la Ley de Pesca. “Este proyecto, llevado adelante por el ministro Longueira, lo pagaron los industriales de la pesquería y salmonicultura chilena”, acusó.
El interés empresarial en esta ley –mejor conocida como Ley Longueira- radica en que entregó la casi totalidad del patrimonio pesquero de Chile a las siete familias que controlan la actividad pesquero-industrial.
Al grupo Angelini –involucrado directamente en el mencionado caso de cohecho- esta nueva ley le asignó, en forma gratuita y a perpetuidad, el 52% de las cuotas de pesca de sardinas jureles y anchovetas las que fueron entregadas a sus empresas Corpesca S.A., Orizon S.A y South Pacific Korp.
Estas empresas, que operan en el extremo norte, fueron beneficiadas también con la autorización para que sus barcos industriales puedan ingresar a la zona reservada a la pesca artesanal.
La “Ley Longueira” determinó que el 99% de sardinas, anchoas y jureles (que constituyen la principal riqueza de Chile en términos de proteína marina y Omega 3) quedarán en poder de unas pocas grandes empresas que las destinan a la industria de la harina y aceite de pescado. Esto, con el fin de alimentar cerdos, pollos y salmones. La Ley Longueira sólo reservó un 1% de la cuota global para el consumo humano de las familias chilenas.
La principal víctima a la hoy cuestionada normativa fue la pesca artesanal, debido a que con ella fueron definitivamente despojados de sus históricos derechos de pesca, situación que –de no remediarse pronto- los condenará a la extinción. El martirio del pueblo pescador, en todo caso, había comenzado el 2002 –bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos- quien implemento una Ley de Pesca que estableció por vez primera la privatización de los peces en beneficio de los grandes empresarios pesqueros.
La nueva ley también dejó sin derechos de pesca a los pueblos originarios que viven de esta actividad como el pueblo mapuche-lafquenche, quienes no fueron consultados en abierta violación del Convenio 169 de la OIT, que es ley en Chile, y que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios en caso de impulsar proyectos que afecten su entorno natural.
Cohecho
Los pagos indebidos a la diputada Isasi están dando origen a una investigación judicial, a la presentación de un proyecto de ley para regular el financiamiento de las campañas y, por sobre todo, a intrincados conflictos políticos.
“Ante la gravedad de la denuncia pública realizada a través de los medios y el revuelo generado”, el Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra, abrió una investigación de oficio en contra de la parlamentaria Isasi ante la posibilidad que esta haya cometido delito al recibir una “donación” en dinero de Corpesca en 2009.
El miércoles 15 la más representativa organización de pescadores artesanales de Chile, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepa), interpuso una denuncia criminal por el delito de cohecho en contra de Marta Isasi y en contra quienes resulten responsables.
Entre las diligencias que solicitó la Condepa al Ministerio Público se pide llamar a declarar a Mujica –que fue despedido por Corpesca el 14 de mayo- “a fin que señale a que otros parlamentarios además de la diputada denunciada, se le han entregado fondos directamente o a través de asesorías o servicios”.
El senador socialista por la Región de Los Lagos Camilo Escalona se hizo parte de esta querella y solicitó al fiscal nacional Sabas Chauán la designación de un fiscal con dedicación exclusiva. Escalona apuntó como responsables de haber incurrido en cohecho en este caso a los diputados de su Partido Socialista Fidel Espinoza y Clemira Pacheco.
El 14 de mayo el diputado socialista por la región del Bío Bío, Manuel Monsalve, declaró –según consigna el web de Ecocéanos News- que “la Ley Longueira “es ilegítima” si la Justicia determina que hubo cohecho “ya que lo que se está estableciendo, es la posibilidad de que quienes votaron a favor, lo hayan hecho a cambio de dinero”.
El escándalo por pagos a Isasi ha puesto en cuestión la actual normativa que rige el financiamiento de las campañas electorales. El miércoles 15 los senadores de centroizquierda José Antonio Gómez, Alejandro Navarro y Pedro Muñoz Aburto, presentaron un proyecto de ley que se plantea “suprimir las donaciones anónimas y reservadas a campañas electorales, reducir el límite de gasto electoral y desvincular las decisiones públicas de los intereses privados”.
Este proyecto pretende modificar la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite, Control y Gasto Electoral, promulgada en 2003 y que nació en respuesta al creciente malestar en la sociedad con la clase política, que ya desde ese entonces aparecía como subordinada a los intereses de los grandes empresarios.
“A la luz de los hechos –sostienen los tres senadores en su proyecto de Ley- no queda claro si esta ley –de 2003- vino a poner coto a las prácticas que atentan contra la debida transparencia que debe tener cualquier proceso eleccionario y el ejercicio de la política, o más bien ratificó la manera de hacer las cosas antes de su dictación”.
Longueira, el nuevo rico
En entrevista con este corresponsal el líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, Cosme Caracciolo, señaló que el principal responsable de la promulgación es Longueira. “Si a la diputada Isasi se le pagó 25 millones para que votara de cierta forma una ley que llamamos Longueira. Y si seguimos en esa misma lógica de que por aprobar leyes se paga: ¿Cuánto se le habrá pagado al ministro Longueira? que es autor intelectual de este proyecto y principal lobista de los intereses de la pesca industrial”.
Caracciolo se hace otras preguntas: “¿Cómo Longueira, que sólo se dedica a la política, llegó a vivir en el condominio (San Damián) más exclusivo de Chile? ¿Cuánto creció su patrimonio al conseguir aprobar esta ley de Pesca? ¿Quién financia la campaña de Longueira?”.
Cabe señalar que Pablo Longueira fue designado candidato presidencial de su partido, la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) después que un escándalo de abusos empresariales tumbara –el 29 de abril- al exministro de Minería, Laurence Golborne. Este fue responsabilizado por la Corte Suprema de aplicar cobros inconsultos e ilegales a los clientes de supermercados Jumbo –en 2006- cuando era su gerente general.
A pesar del poco tiempo transcurrido, Longueira ya tiene su campaña desplegada en gran parte de Chile. Inmensas gigantografías con su rostro y con la frase “Por un Chile justo” se exhiben en las principales ciudades. En entrevista con radio Bío Bío y ante la consulta de quienes financian su campaña, el presidenciable derechista contesto: “Los mismos que a todos”, sin dar detalles.
Según Caracciolo las cantidades de millones de dólares que obtendrán de ganancia los empresarios beneficiados con la nueva ley de pesca “es impresionante, incalculable”, por lo que para ellos financiar las campañas de Longueira y de los diputados y senadores que la aprobaron “es un pelo de la cola”.
El pescador Caracciolo afirma que “ahora que ya se probó que una parlamentaria recibió dinero para aprobar este proyecto de ley, esta se debe dejar sin efecto”, anunciando que los pescadores comenzarán movilizaciones para conseguir este objetivo.
“Tendremos que volver a discutir para construir una ley que le haga bien al país. Que sea transparente y que asegure la sustentabilidad de los recursos pesqueros en forma real”, asegura Caracciolo.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
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