La otra estadística arreglada por el gobierno: Rechazan que reconstrucción sea del 90%
Diversas
organizaciones de pobladores y sociales rechazan el balance presidencial
comunicado hace pocos días en Talcahuano y denuncian que entre un 20 y
un 50% de los conjuntos habitacionales de la reconstrucción no se
destinarán a familias damnificadas.
“Hemos llegado a un
índice de reconstrucción que supera el 90%”- aseguró el presidente
Sebastián Piñera en la entrega de la primera etapa del conjunto
habitacional Mirador del Pacífico, en Talcahuano, en la que unas 1.032
familias recibieron viviendas tras perder las suyas producto del
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
Piñera dijo que un
total de 155 mil viviendas están en manos de las familias damnificadas,
mientras que 57 mil están en pleno proceso de construcción. “El 96% de
las viviendas que fueron dañadas fueron reconstruidas y ya fueron
entregadas o están en pleno proceso de reconstrucción”- aseguró.
Organizaciones de
damnificados por el terremoto y sociales rechazan dichas cifras. Una
declaración es firmada por las organizaciones Red Construyamos, Región
del Bío Bío, Movimiento Nacional para la Reconstrucción Justa,
Ciudadanía y Territorio, Observatorio de Vivienda y Políticas Públicas,
SEDEJ, Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, Bio Bio, ONG
Surmaule, Talca, Fundación Hábitat para la Humanidad, Fundación
Patrimonio Nuestro, Reconstrucción Cómo Vamos, Cooperativa Territorio
Sur, Valparaíso y la Asamblea de Vecinos por la Reconstrucción de Villa
Olímpica, Santiago.
Los declarantes se
fundamentan en lo instituido por el propio Ministerio de Vivienda a
través de sus resoluciones exentas Nº 699 y 697 del año 2011.
Un comunicado declara
que “las principales organizaciones de damnificados y ONGs que hemos
trabajado en las zonas afectadas por el 27F, desde el año 2010,
demandamos que el presidente diga la verdad sobre la reconstrucción este
21 de mayo. También solicitamos que el mandatario anuncie medidas
administrativas para transparentar el proceso, y que se haga cargo, en
su última cuenta pública, de los abusos que están sufriendo los
damnificados a causa de intereses inmobiliarios”.
Para Henry Herrera,
director del consorcio Ciudadanía y Territorio, la prioridad es
transparentar el proceso y analizar las consecuencias de las
modificaciones realizadas a las resoluciones 699 y 697 del MINVU. Por
eso, solicita “que el Ministerio de Vivienda cumpla con la ley de
transparencia y haga públicos los documentos más relevantes de la
reconstrucción, y que colaborare activamente con el Consejo para la
Transparencia”.
Herrera, declara,
además, que “el ministerio, debe publicar todas las resoluciones que
asignan subsidios, aclarar el tema de los subsidios innominados y
transparentar las transferencias de fondos públicos relacionadas con la
reconstrucción, tal como exige el artículo 7º de la ley 20.285″. Para el
Director de Ciudadanía y Territorio, lo anterior favorecería la
fiscalización de las cifras y el monitoreo de irregularidades en la
reconstrucción”.
Carolina Manríquez,
dirigenta de Constitución y vocera del Movimiento Nacional por la
Reconstrucción Justa MNRJ, emplaza al Presidente Sebastián Piñera a
decir la verdad sobre las cifras de la reconstrucción y a hacerse
responsable por la mala calidad de muchas de las viviendas entregadas.
Además Manríquez declara: “qué es difícil de entender que el gobierno
esté entregando tantas viviendas de la reconstrucción a familias no
damnificadas, mientras tenemos a cientos de familias y adultos mayores
afectados por el terremoto, que pasarán un cuarto invierno en
mediaguas.”
Desde Concepción,
Eduardo Ampuero, de la Red Construyamos, señala que “las situaciones de
abuso que sufren los damnificados son graves y reiteradas, porque, en
muchas localidades, el Estado está aprovechando el terremoto y la
reconstrucción, para dañar el patrimonio de los pobladores y favorecer
al empresariado”. Según Ampuero, “el Estado se está apoderando de
terrenos de manera abusiva, para favorecer negocios inmobiliarios a
costa de población vulnerable, lo que sucede en Villa Futuro, Aurora de
Chile y en muchas otras poblaciones de la región del Bío Bío”.
Tusy Urra, también del
MNRJ, destaca la lentitud del proceso y explica que por diferentes
irregularidades hay conjuntos habitacionales que todavía no inician
obras o donde las obras se encuentran paralizadas. Según, la vocera del
MNRJ en Santiago, “la quiebra de constructoras, la tardanza en el pago
de subsidios a las EGIS, la falta de fiscalización de obras por parte
del SERVIU y otros factores relacionados con el sistema subsidiario,
impedirán que este gobierno cumpla su promesa de terminar la
reconstrucción nacional, y de eso, el presidente se debe hacer cargo”.
Marlene Ávila,
coordinadora del MNRJ en Talca, agrega que “en localidades como
Santiago, Rancagua, Talca y Curico, las obras están quedando mal
reconstruidas por un afán del gobierno por cumplir con las cifras, lo
que lleva a jugar con la dignidad y ansiedad de las familias, que solo añoran una solución habitacional.”
La misiva concluye
diciendo que “consideramos preocupante que el próximo gobierno reciba
una reconstrucción inconclusa, un gran problema de Estado no resuelto,
con cifras imprecisas, soluciones de mala calidad y procesos a medio
terminar. Y lamentamos, profundamente, que se hayan generado nuevos
problemas urbanos surgidos de un proceso de reconstrucción entregado
principalmente al mercado, y más orientado al lucro, que a las
necesidades de nuestra población más vulnerable”.
El Ciudadano
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