Agoniza la Constitución de Pinochet
La institucionalidad chilena se desmorona entre protestas sociales (iniciadas por los estudiantes hace un par de años) de quienes se sienten apabullados por el modelo económico neoliberal y por la corrupción de algunos funcionarios. Esa institucionalidad de los años posteriores a la dictadura está representada sobre todo por la Constitución de 1980, contra la que la sociedad endereza la mayoría de sus quejas. La situación ha obligado a los candidatos presidenciales a abordar el tema de una eventual asamblea constituyente, asunto que a la derecha le causa escozor.
Las protestas sociales que comenzaron
los estudiantes en 2011 y que se mantienen hasta la fecha, los
escándalos de corrupción que sacuden a varias instituciones del país y
la incapacidad del sistema de dar respuesta a esos problemas son
factores que han propiciado el surgimiento de un debate que salió de las
universidades para instalarse en el centro del interés público: el
referido a la Constitución de 1980 (o “Constitución de Pinochet”), que
ya está completamente deslegitimada.
Los candidatos presidenciales ya
entraron a esa discusión. El 23 de abril la expresidenta y otra vez
candidata Michelle Bachelet (del Partido Socialista) presentó una
comisión de expertos constitucionalistas con el propósito de definir un
camino para el cambio de la Constitución.
Entre los nueve juristas de este grupo
se encuentra Fernando Atria, uno de los principales teóricos del
movimiento estudiantil y académico de prestigio; en 2003 la tesis con la
que se doctoró en la Universidad de Edimburgo fue premiada por la
Academia Europea de Teoría del Derecho como la mejor del año.
En su artículo La hora del derecho
(revista Estudios Públicos, 2003) planteaba una de sus ideas medulares:
La reconciliación tras los crímenes cometidos por el gobierno militar
sólo será posible cuando exista una nueva Constitución emanada desde el
pueblo. Según Atria la actual no representa a Chile, sólo a la derecha
chilena.
Las alarmas se encendieron luego de que
Atria diera una entrevista el pasado 23 de abril a CNN Chile en la que
sostuvo que el problema constitucional “tendrá que resolverse por las
buenas o por las malas”. Señaló que el cambio necesariamente se tiene
que dar “por fuera” de la actual legalidad, puesto que el quórum
necesario para reformarla es tan alto que ninguna iniciativa podrá
vencer el veto de la derecha.
Agregó que la institucionalidad
construida por el régimen militar (1973-1990), que en lo sustancial se
mantiene hasta nuestros días, fue hecha “para que no sea posible
decidir”.
En ese sentido recordó una reflexión del
principal ideólogo de la Constitución y fundador del partido Unión
Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, con la que revela lo que lo
llevó a redactar esa ley: “De lo que se trataba era de asegurar que aun
en el caso que lleguen a gobernar los adversarios, se vean constreñidos
a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. En
los hechos este plan se consumó.
Las declaraciones de Atria dejaron claro
que Bachelet está decidida a pelear por una nueva Constitución. Y a
pesar de la ola de críticas de sectores conservadores de izquierda y
derecha, y de medios como El Mercurio y La Tercera, la exmandataria no
desautorizó las palabras del jurista.
Por otra parte, Pablo Longueira,
candidato presidencial de la UDI, se ha mostrado vehemente en su rechazo
a la posibilidad de una asamblea constituyente. El lunes 6, cuando dio a
conocer los lineamientos de su campaña, expresó que le sorprendía “ver
esa consigna… eso de que quieren modificar toda la Constitución. ¡Es
impresionante! ¡Pero si vivimos en un país que es un ejemplo! Y resulta
que quieren una asamblea constituyente. ¡Qué falta de seriedad!”.
Además de Bachelet otros cuatro
candidatos promueven abiertamente una asamblea constituyente: El
presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami; Marcel
Claude, del Partido Humanista; el senador y presidente del Partido
Radical, José Antonio Gómez, y la presidenta del Partido Igualdad,
Roxana Miranda.
En entrevista con Proceso, Miranda
señala que “es clave cambiar en su esencia y radicalmente la
Constitución chilena, no para maquillarla como se ha hecho hasta ahora”,
dice en referencia a las numerosas reformas constitucionales hechas
desde el fin del régimen militar y que a su parecer no han cambiado su
esencia autoritaria, “sino para terminar con el neoliberalismo que fue
instalado en la dictadura pero que se ha mantenido y consolidado tras el
retorno a la democracia”.
Miranda afirma que “si no cambiamos la
Constitución van a seguir despojándonos. No hay que olvidar que desde
Pinochet en adelante todos los gobiernos no han hecho más que privatizar
los bienes comunes y despojarnos de nuestros derechos al agua, la
salud, la educación, la previsión social. Esto tiene que terminar, el
pueblo ya no resiste tanto abuso”.
La candidata estima que la nueva
Constitución “debe ser hecha por el pueblo, por los más sencillos,
incluso por los que apenas saben leer y escribir”, en un proceso que el
Partido Igualdad denomina “la vía popular a la constituyente”.
Iniciativas
Cada vez más sectores sociales piden
el cambio constitucional e impulsan iniciativas para ello. El sábado 4,
los exdirigentes estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric lanzaron
la campaña “Marca tu voto”, que pretende que el pueblo se pronuncie en
las elecciones generales del próximo 17 de noviembre en favor de una
asamblea constituyente.
Esto se haría escribiendo en el voto las
letras “AC” –de asamblea constituyente–, además de la preferencia
electoral. La iniciativa es ambiciosa, ya que supone tener 40 mil
apoderados para igual número de mesas de votación en todo el país con el
fin de llevar un recuento de los apoyos. Y ya están reclutando a los
voluntarios.
El martes 7 un grupo de 160
intelectuales y artistas presentaron el Manifiesto por una nueva
Constitución. Entre los principales promotores de este movimiento están
Atria, el sociólogo Manuel Antonio Garretón y el director del diario El
Ciudadano, Bruno Sommer.
En entrevista con este semanario, Sommer
señala que “el proceso constituyente arrancó en Chile hace un par de
años al calor de asambleas ciudadanas que han surgido por conflictos
ambientales y demandas territoriales en diversas regiones del país”.
Hace referencia a las rebeliones que
desde 2011 se suceden en varias regiones, como Magallanes, Aysén (ambas
en el extremo sur de Chile) y Atacama. Señala que el objetivo del
manifiesto es “poner en el centro del debate de las presidenciales la
necesidad de una nueva Constitución y luego ver la forma en que llegamos
a ella”.
Agrega que este esfuerzo “no tendrá
sentido democrático si no emerge de una asamblea constituyente diversa,
plural y representativa del amplio espectro de nuestra sociedad”.
Falsa democracia
Gran parte de los problemas de
legitimidad de la Constitución de 1980 radica en su origen. Fue aprobada
en un plebiscito que no contó siquiera con registros electorales. La
oposición no tuvo posibilidad de hacer campaña y ni siquiera se le
permitió designar apoderados de mesa que fiscalizaran el conteo de
votos, los que mayoritariamente se hicieron a puerta cerrada bajo
supervisión de militares.
En su libro La danza de los cuervos
(2012, Ceibo Ediciones), el periodista Javier Rebolledo detalló la forma
que adquirió el fraude en el que participó la Central Nacional de
Informaciones (CNI):
“Todos los agentes del cuartel Loyola
(de la CNI) estaban acuartelados. En el casino les dieron la orden:
desde muy temprano debían acudir a las municipalidades de Santiago y
votar por el Sí (…) Al llegar al primer lugar de votación ingresaron
inmediatamente, nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los
vocales de mesa debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie,
se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir.”
Pero este fraude electoral ocultaba un fraude mayor: El diseño institucional del Chile posterior a la dictadura.
En su artículo ¿Cuántas veces se puede
tropezar con la misma piedra? –en el diario El Mostrador del 20 de
octubre de 2011–, Atria sostiene que “la trampa” contenida en la
Constitución de Pinochet se construyó sobre la base de tres cerrojos.
El primero es el alto quórum necesario
para reformar las denominadas leyes orgánicas constitucionales: En la
Cámara de Diputados se requieren 70 votos de 120; en el Senado, 22 de
38.
El segundo cerrojo es el sistema
electoral binominal, “un sistema único en el mundo, cuya finalidad era
asegurar a la derecha los 51 diputados que necesitaba para gobernar
incluso después de haber perdido todas las elecciones”, señala el
constitucionalista.
El tercer cerrojo es el Tribunal
Constitucional, que según Atria fue pensado para impedir la promulgación
de cualquier ley que contravenga el interés oligárquico.
La Constitución de 1980 se consolidó con
la anuencia de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la
Democracia, coalición que en sus orígenes incluía a 17 partidos desde la
Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, pero que no integró
al Partido Comunista.
En 1989 la Concertación pactó con el
gobierno militar un paquete de reformas constitucionales que fueron
plebiscitadas el 30 de julio de 1989. Éstas se presentaron como
democratizadoras, pero nadie informó que incluían un aumento del quórum
necesario para realizar reformas a los sistemas político y económico.
Este quórum inalcanzable fue utilizado
como excusa por los cuatro gobiernos de la Concertación (los de Patricio
Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que
gobernaron entre 1990 y 2010) para justificar ante la ciudadanía el no
haber hecho los cambios prometidos, que incluían una nueva Constitución y
el fin del modelo económico neoliberal.
Los gobiernos de la Concertación
contuvieron al movimiento social mediante la cooptación de muchos de sus
dirigentes. Pero tras la asunción de Piñera, en marzo de 2010, el
escenario político cambió. La llegada de la derecha al poder hizo volver
las grandes protestas, como las que sacudieron a la dictadura en los
años ochenta.
Según una encuesta levantada en abril
por la Universidad Diego Portales, gran parte de la población chilena
está hastiada del modelo neoliberal. El 60% es partidario de estatizar
las universidades privadas, 63% piensa que hay que hacer lo mismo con el
transporte público y 80% es partidario de que existan farmacias
estatales. Además gran parte de la población es partidaria de
renacionalizar el agua y la minería del cobre.
En Chile alrededor de 68% de la fuerza
de trabajo está ocupada en empleos precarios, sin contrato. Casi dos
tercios de la población tiene trabajos ocasionales muy mal pagados.
Según el Banco Central, la deuda total de los hogares llega a 61.5% del
ingreso disponible anual.
Corrupción galopante
Al malestar social hay
que sumar la corrupción. En fechas recientes se suceden uno tras otro
los escándalos que implican a funcionarios y empresas privadas.
El pasado 25 de abril el Centro de
Investigaciones Periodísticas informó que el director del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, manipuló las cifras del
censo de 2012 y aumentó artificiosamente el número de ciudadanos para
ocultar la defectuosa realización de esta gran encuesta nacional.
Investigaciones posteriores demostraron que las cifras de inflación y
empleo también resultaron afectadas por la manipulación. Aunque Labbé
renunció, el daño a la institucionalidad quedó.
En octubre de 2010 la Cepal le comunicó
al gobierno que dejaría de participar en la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica (Casen) del Ministerio de Desarrollo Social, tras
comprobar que esta instancia –encabezada por el ministro Joaquín Lavín–
había reducido artificiosamente el número de pobres del país.
Otras instituciones han sido afectadas
recientemente por escándalos de corrupción: El Servicio de Impuestos
Internos (SII), por una condonación arbitraria de más de 50 millones de
dólares en impuestos otorgada por su director, Julio Pereira, a la
empresa Johnson’s, con la que mantiene vínculos comerciales; el Banco
del Estado, por cobros abusivos contra medio millón de clientes,
realizados en el gobierno de Bachelet pero descubiertos recientemente.
Por otra parte, las tres más grandes
cadenas de farmacias (Cruz Verde, Ahumada y Salco Brand) fueron
condenadas en 2012 por coludirse para alzar los precios de los
medicamentos, que ahora en Chile son los más caros del mundo.
En diciembre del año pasado la
Universidad del Mar (privada) fue clausurada por estafar a sus
“clientes”, a quienes ofrecía un servicio muy malo y muy caro. Con esto
quedaron a la deriva sus casi 20 mil estudiantes. Esto ocurría el mismo
mes en que se comprobó que directivos de la Comisión Nacional de
Acreditación recibieron sobornos para dar su aval a las universidades.
Un reciente caso de abuso contra
consumidores derivó en la caída del candidato presidencial de la UDI,
Laurence Golborne, quien fue reemplazado por Longueira. El 25 de abril
la Corte Suprema condenó a los supermercados Jumbo a indemnizar a los
perjudicados por cobros abusivos a sus clientes cuando Golborne era su
gerente general. Sólo tres días después el diario El Sur, de Concepción,
revelaba que Golborne ocultaba 3 millones de dólares en un banco de
Islas Vírgenes, lo que no había mencionado en su declaración
patrimonial.
El miércoles 8 el diario El Mostrador
publicó –a propósito de estos escándalos– el editorial El descrédito
funcional del Estado, en el que señaló que Chile “vive un proceso, a
estas alturas preocupante, de desinstitucionalización. La evidencia de
errores políticos o malos procedimientos en los más altos niveles de la
administración del Estado es permanente”.
El editorial cuestiona el papel jugado
por el conjunto de actores políticos, al afirmar que “tanto el gobierno
como los que aspiran a serlo en el próximo periodo debieran entender que
estamos llegando al cambio presidencial a trastabillones”. Agrega que
“hoy, merced a lo ocurrido en el INE, el SII, en el Consejo Nacional de
Acreditación, con la encuesta Casen y muchos otros casos, la pomposa
frase ‘hay que dejar que las instituciones funcionen’ suena un poco a
falsete”.
Mientras las instituciones caen en el
abismo del descrédito, las protestas se suceden una tras otra. El sábado
4 unas 12 mil personas participaron en Santiago y otras ciudades
chilenas en La Marcha de los Enfermos, quienes piden que el Estado les
ayude a comprar sus medicamentos, por los altos costos de estos.
El miércoles 8 unos 150 mil estudiantes
marcharon en todo Chile exigiendo el fin al lucro en la educación. El
gobierno respondió con represión y no se manifestó respecto de las
demandas centrales del estudiantado, que apuntan a un cambio radical en
el sistema educacional.
Todo esto pone más presión sobre la desvencijada institucionalidad pinochetista que aparentemente vive sus últimos años.
Por Francisco Marín
El Ciudadano
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