Estudiantes denuncian torturas, detenciones ilegales y secuestros “express” como accionar habitual de la policía
Helmuth Huerta
En tela de juicio está la actuación de la PDI y Carabineros en
el marco de las movilizaciones estudiantiles: siete denuncias de
golpizas a estudiantes fueron remitidas al Fiscal Nacional Sabas
Chahuán. El modus operandi de los presuntos policías es detener a
estudiantes, no necesariamente durante protestas, llevarlos a lugares
apartados y golpearlos, para luego dejarlos en libertad en cualquier
lugar.
Las denuncias dicen relación con estudiantes que son detenidos
en extrañas circunstancias, no necesariamente durante protestas. Son
subidos a vehículos y llevados a lugares aislados, donde los presuntos
detectives de la PDI o funcionarios de Carabineros actuarían sobre
seguro, vestidos de civil. Golpean a los estudiantes mientras uno o dos
policías permanecen con armas de fuego en mano. Eso indica la denuncia
conjunta de la Red de Organizaciones No Gubernamentales de Infancia y Juventud, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Organización de Defensa Popular (ODEP).
La abogada de ODEP, María Magdalena Rivera, informó que “estos casos
de siete personas son en el último mes. Los toman, los suben a
automóviles, son seguidos arriba de los microbuses hasta sus domicilios,
son amenazados, llamados por teléfono, cuando son detenidos son
maltratados, se les muestran fotografías de activistas en
movilizaciones. Son detenidos por personas de civil y no necesariamente
en las movilizaciones, algunos después de ellas y otros en días en que
no hubo manifestaciones”.
Javiera Pizarro, también de la Organización de Defensa Popular, entregó más detalles de las extrañas detenciones.
“Está el caso de un alumno de 17 años que hace pocos días fue llevado
a un lugar apartado por policías en moto no identificados, que le
dijeron que sabían en lo que estaba metido y lo golpearon. Por otra
parte, grupos de estudiantes han sido en diferentes momentos detenidos
por un auto blanco Yaris sin patente, en un secuestro express, donde se
les quiere conminar a hablar de manifestantes, se les muestran
fotografías”, denunció.
Uno de los casos resaltados es el de Angiel Astudillo Sepúlveda,
de 15 años de edad, detenida por Carabineros el 29 de marzo pasado, en
Viña del Mar. Se le imputaron cargos que la Justicia finalmente está
desechando, pero tuvo que pasar 40 días en el Centro Lihuen del Servicio
Nacional de Menores (SENAME) de esa ciudad, donde además, según su
madre, Soledad Sepúlveda, la obligaron a comer carne aunque la
secundaria es vegetariana.
“Sobre mi hija no tenían ni una prueba y la tuvieron detenida casi
dos meses, de un día para otro, sin avisarle a nadie, ni a un abogado ni
a su familia. La dejan en libertad y la niña en la calle, vagando,
porque no tenía plata para llegar a la casa. Ella es una niña tranquila,
que quiere salir adelante, estudia, va en segundo medio y es presidenta
de curso”, explicó la madre de Angiel.
Al respecto, Pablo Toro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ACES) y dirigente del Instituto Nacional, dijo que esta es una acción
orquestada por el Gobierno a través del Ministerio del Interior y llamó a
los estudiantes a sostener las movilizaciones. “No vamos a permitir que
se nos siga pasando a llevar, porque entendemos que el movimiento
estudiantil, el movimiento social, está en ascenso. Y por muchas cifras
de desarrollo económico que nos hable el Presidente en su cuenta
pública, ese desarrollo no llega a los sectores más populares de la
sociedad”, agregó.
Los estudiantes llamaron a denunciar situaciones de arbitrariedad e
ilegalidad en el actuar de Carabineros e Investigaciones, en el
trasfondo de la marcha nacional que la Confederación de Estudiantes de
Chile (CONFECH) convocó para el 28 de mayo.
FUENTE: RADIO U. DE CHILE
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