CNA En Chile pasa con frecuencia que el espíritu de una norma suele terminar pervertido por los vacíos que quedan al momento de hacerla. Para enfrentar el escándalo de las acreditaciones de la educación superior, el gobierno envió al parlamento un proyecto en el que se reemplaza la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), caída en desgracia por los negocios que llevó adelante Eugenio Díaz. El proyecto, explica el académico Juan Eduardo García–Huidobro, tiene aspectos positivos; pero también vacíos y ambigüedades que gente lista puede aprovechar para transformar todo, otra vez, en un sistema donde no sería la calidad lo que determine la acreditación de una institución, sino el dinero.
Los escándalos de los últimos tiempos se han prestado para la mofa: “Más desacreditado que la Comisión de Acreditación”. El pasado 8 de enero el Ejecutivo tomó el toro por las astas y presentó un proyecto de ley que propone un nuevo sistema de acreditación, reemplazando la actual comisión por una Agencia Nacional de Acreditación.
Debería haber en los estándares criterios mínimos que cautelen la legítima participación y organización de estudiantes, académicos y administrativos en el seno de las instituciones. Se ha sabido de instituciones que impiden la creación de centros de estudiantes o de sindicatos
La propuesta posee indudables aspectos positivos y puede dar lugar a un sistema más confiable, transparente y más simple de entender, aunque habrá que poner mayor atención a algunos puntos que podrían desfigurar su sentido original.
La autoridad de la agencia radicará en su consejo, con consejeros nombrados a través de un proceso cuidado que les da legitimidad: selección de ternas establecidas por el Sistema de Alta Dirección Pública, elección -a partir de las ternas-  de consejeros por el Presidente de la República y ratificación del Senado. Muy distinto al sistema de consejeros “elegidos” por las instituciones que se tiene hoy.
Se propone que la acreditación sea obligatoria, lo que asegura a la comunidad que todas las instituciones de educación superior,estarán bajo control estatal: ya sea porque se encuentran en un período inicial de licenciamiento -de hasta seis años-, durante el cual su proyecto institucional es evaluado y su puesta en práctica acompañada por la agencia; ya sea porque están acreditadas.
Con el conjunto del sistema bajo la responsabilidad de la agencia será posible cautelar la unidad de criterios y una razonable homogeneidad de los procesos. Ella elegirá a los pares evaluadores, terminando con la “contratación” por parte de las universidades de agencias privadas acreditadoras, con el peligro evidente de “clientelismo” que posee este mecanismo. La Agencia, además, debe explicitar los estándares para las acreditaciones en sus distintas fases (Informe de autoevaluación, Informe de pares, etc.). Estos estándares establecerán una base para desarrollar un manual conocido por todos.
En términos generales, se puede apreciar que el sistema de acreditación se simplifica, lo que lo hace más comprensible: en esta línea es de destacar la supresión de la extraña escala de 1 a 7 años de acreditación. Habrá solo tres situaciones: acreditado (por seis años), acreditación provisoria (por tres años) y no acreditado con consecuencias claras: pérdida de reconocimiento oficial. También es un paso adelante el realizar una sola acreditación por institución cada seis años, que cubra la integralidad de la institución, sus carreras, sus postgrados, etc. y no la seguidilla de acreditaciones a las que están sometidas hoy. Por último, tanto el proceso de licenciamiento como el de acreditación dan lugar a un plan de desarrollo institucional para los siguientes seis años, lo que evita crecimientos desmedidos y no seriamente proyectados de programas y sedes.
Se incluye obligaciones claras y explícitas de información por parte de las instituciones, lo que permitirá tener un Servicio de Información de Educación Superior más completo y confiable.
Ciertamente que el proyecto es perfectible y que llegarán numerosas sugerencias de mejoramiento por parte de las instituciones, de los parlamentarios y de muchos académicos. Para contribuir a este proceso indicaría, por ahora, los siguientes aspectos.
El proyecto plantea la idea de permitir que las universidades puedan elegir agencias internacionales, en vez de la Agencia Nacional de Acreditación, para realizar su proceso de acreditación. Esta propuesta, aparentemente marginal, puede echar por tierra algunos de los valores del proyecto recién destacados, ya que:
  • a) Quiebra la igualdad de criterios y la existencia de sistemas y parámetros homogéneos para “acreditar” a las instituciones, que se aseguraba con un proceso más unificado. El proyecto habla que se debe resguardar un nivel equivalente de exigencia entre la agencia nacional y las extranjeras, pero esto no parece factible.
  • b) También se agrieta la transparencia y se introduce la legítima duda de si tal o cual institución que pagó por una acreditación extranjera se habría acreditado con la norma nacional.
  • c) En estos casos la asignación de los pares evaluadores no la realizaría la agencia, sino un organismo externo; así, se replica con agencias internacionales la extraña relación actual por la cual las instituciones son “clientes” de sus evaluadores.
  • d) Estas agencias “internacionales” actuando en Chile no responderían a nadie: ¿Qué interés va a tener un país en controlar a una agencia privada que actúa acreditando fuera del país? ¿Qué autoridad tendría la Agencia Nacional de Acreditación para supervisar a una agencia externa?
  • e) Si se observa el altísimo nivel de competencia y de publicidad que existe a nivel de la educación superior, esta modalidad, con toda seguridad, dará lugar a una forma nueva y costosa de competencia y marketing.
  • d) Por último, estimo que la única ventaja clara de esta medida es mantenerse cerca de la experiencia internacional y esto se puede lograr mejor incorporando -como se ha venido haciendo en el sistema actual- a un par evaluador externo, con experiencia relevante, en cada proceso de acreditación.
El proyecto plantea la idea de permitir que las universidades puedan elegir agencias internacionales para realizar su proceso de acreditación. Esta propuesta, aparentemente marginal, puede echar por tierra algunos de los valores del proyecto recién destacados
En relación a los estándares de acreditación me parece necesario agregar una observación de forma y dos aspectos de contenido. Respecto a la forma, sugiero la realización de un conjunto de seminarios y consultas con las instituciones de educación superior (universidades, institutos, centros de formación) respecto a los estándares enunciados por el proyecto, de modo en enriquecerlos y hacerlos más legítimos. También sería interesante establecer un mecanismo participativo regular de revisión y cambio de ellos. En relación a los contenidos, sugiero agregar uno que se refiera a los mecanismos de ingreso y selección y otro a la participación. Estimo legítimo y aun socialmente beneficioso que existan instituciones poco selectivas en el ingreso, pero ello supone necesariamente que esa institución se hace cargo de “nivelar” a sus estudiantes de modo que este ingreso irrestricto no sea la antesala de una pérdida fuerte de estudiantes a comienzos de las carreras. Además, debería haber en los estándares criterios mínimos que cautelen la legítima participación y organización de estudiantes, académicos y administrativos en el seno de las instituciones. Se ha sabido de instituciones que impiden la creación de centros de estudiantes o de sindicatos.


FUENTE: CIPERCHILE