Frente Amplio Unitario

El conflicto mapuche ingresó en estado de calma. El gobierno y el pueblo originario iniciaron los primeros diálogos para eliminar las desconfianzas

Por Jonathan Navarro
Hay determinación por ambos lados. El gobierno participó en instancias de debate al igual que las asociaciones del pueblo originario. Los protagonistas continúan la búsqueda de una salida que termine con esta disputa regional.

Justo en el tiempo de las argumentaciones, las autoridades enviaron con suma urgencia al Poder Legislativo la Ley Hinzpeter. Para maquillar el asunto, anunciaron medidas que beneficiarían a los pueblos originarios.

El conflicto mapuche ingresó en la etapa de negociación, conversación y de mayor tranquilidad. El gobierno de Sebastián Piñera aprovechó de apurar en el Congreso la controvertida Ley Hinzpeter o anti capucha, para ayudar a los organismos de seguridad en la identificación de sospechosos de atentados contra el orden público.

Como contrapartida, se anunció la prioridad que se proporcionará al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, requisito planteado por los comuneros para avanzar en el diálogo. Además se impulsará la creación de un consejo de los pueblos originarios, "representativo de la tradición y cultura" mapuche.

El Presidente reconoció que "había un retraso inexcusable en materia de desarrollo económico y social" que afecta a las etnias. "No es casualidad que las regiones más retrasadas en esta materia sean La Araucanía y el Biobío", dijo.

Exigencias y desacuerdos

Los representantes de las comunidades mapuche formularon peticiones de autogobierno, emancipación política y exigieron un perdón de parte del Estado chileno por los años de abusos.

De esta forma, el complejo escenario de las agrupaciones araucanas prosiguió por la senda de la incertidumbre. Siempre a la espera de que la indagatoria para encontrar a los culpables de los ataques incendiarios en la zona entregue resultados. "No soy partidario de utilizar en general ningún tipo de Ley Antiterrorista. En general, me declaro contrario a esa opción", manifestó a Cambio21 el senador DC Mariano Ruiz Esquide.

Para el congresista, la comunidad mapuche "reclama y agita los ánimos cuando se realizan estos planteamientos por parte del Estado", y agregó que esa instancia se debería evitar.

Incluso Ruiz Esquide dijo a este semanario que las determinaciones del gobierno no impedirán que haya gente que "siga quemando" predios, casas y parcelas. "Sin embargo, tengo la certeza de que las personas que provocan incendios son individuos ajenos al conflicto real".

En relación a la aplicación de una norma más dura y restrictiva en la IX Región, el parlamentario DC comentó que hay una clara "falta de confianza" en las políticas por parte de la gestión de Sebastián Piñera para descubrir una solución definitiva a este problema histórico.

En entredicho

La inquietud del pueblo originario y la reacción gubernamental por entregar mayor seguridad, y que se dio en primera instancia en las localidades de la VIII y IX regiones del país debido a los ataques incendiarios, fue el contexto con el cual las autoridades plantearon una estructura a gran escala y rigidez a la hora de controlar protestas y manifestaciones de las comunidades.

Según la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, el gobierno de Sebastián Piñera proyectó "mensajes contradictorios respecto de la tramitación del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público. En primer lugar, el presidente anunció que el gobierno insistiría con la suma urgencia del proyecto - urgencia que está vigente desde octubre de 2012 - con el fin de lograr su pronto despacho". Sin embargo, en la Cámara de Diputados se abocarán al tema recién en marzo.

En este sentido, la integrante de Amnistía aclaró que "el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y garantizar la seguridad de sus habitantes. (Entonces) puede adoptar medidas de diverso tipo, incluyendo legislación que permita sancionar determinadas conductas que pongan en riesgo el orden público", y añadió en Cooperativa.cl que desde el concepto estatal se debe velar porque dicho resguardo no vulnere los derechos humanos. "Es imposible tener verdadero orden público o garantizar la seguridad de quienes habitan en el país, sin asegurar como mínimo el respeto a sus derechos más básicos", puntualizó.

Añadió que se puede justificar la limitación a determinados derechos, como la libertad de expresión, en aras del orden público. Sin embargo, ese límite debe cumplir con un test de tres partes: estar establecido por ley, tener un propósito legítimo y ser demostrablemente necesario y proporcional. "El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que las restricciones nunca pueden ser tan extensivas como para poner en entredicho el derecho mismo", finalizó Piquer.

Creación de confianzas

El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Fuenzalida, argumentó que las acciones del gobierno entregan una mala señal al pueblo mapuche. "La imagen de que la política estatal es una farsa, una permanente trampa donde por un lado se hacen rimbombantes declaraciones de principios y de derechos, y por otro no se quiere revisar un centímetro el modelo político y económico chileno, acompañado todo aquello con una fuerte dosis de represión que excede permanentemente el Estado de Derecho", aclaró el especialista.

"Así ha sido hasta ahora, y probablemente lo siga siendo a menos que las partes se tomen en serio el diálogo a que se ha estado llamando. Si se quiere efectivamente avanzar en una convivencia pacífica", y complementó el también coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Central con que "lo primero que hay que hacer es restablecer (o crear) las confianzas necesarias. Por ello, el principio de buena fe es la clave para cualquier diálogo que se pretenda iniciar".

Esto se relaciona con lo expuesto por el senador Ruiz Esquide, quien catalogó la pugna en La Araucanía como "la deuda histórica" del Estado chileno con esta agrupación étnica.

"Debemos asumir definitivamente que Chile es un país multi racial y que por ende las diferentes etnias que en él viven, tienen los mismos derechos y los mismos deberes sin exclusión sin privilegios para nadie", subrayó el legislador por la VIII Región.

El representante DC afirmó que una de las complicaciones que se tiene en la actualidad, es que "aunque sea brutalmente duro decirlo, Chile como Estado, como comunidad de personas no traduce en actos esta exigencia de igualdad entre los hombres. Con la misma crudeza, es verdad que respecto a estos habitantes originarios de Chile, somos brutalmente racistas".

Y aseguró que se deberá instaurar una administración nacional, que sea elegida "por las comunidades a través de sus autoridades ancestrales para que esa institucionalidad pueda discutir los puntos pendientes con la dirección chilena, con plena responsabilidad", y adicionó que los planes tendrán que ir hacia "la tesis de la igualdad esencial de las personas y de los jefes de los pueblos originarios y del moderno estudio y avanzada labor en la concepción de la integración cultural. Podremos señalar algunas otras tareas o elementos de solución, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas".

FUENTE: CAMBIO 21