Privatización del agua: ¿Un buen negocio para Chile?
Juan San Cristobal
La próxima semana se conocerá el resultado
del sumario de la Superintendencia de Aguas contra la empresa Aguas
Andinas, por el corte que afectó a dos millones de personas en Santiago
el pasado martes. Al margen de este proceso, distintas organizaciones y
parlamentarios apuntan al precario sistema de privatización y usos del
recurso hídrico, quienes apelan a una mayor participación del Estado en
su manejo.
El corte del suministro que afectó a dos millones de personas
en Santiago el pasado martes, encendió las alarmas respecto de la
precariedad del modelo de privatización que hoy afecta a los recursos
hídricos.
Y es que en junio de 2012 el Estado de Chile vendió los últimos
porcentajes de propiedad que tenía sobre empresas sanitarias. El país se
desprendió así del 35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y
43% en Essbio, culminando un proceso de venta iniciado en la
administración de Eduardo Frei. Hoy la empresa de capitales españoles
Endesa es la que concentra la mayor cantidad de derechos de agua.
Por lo mismo, el senador Antonio Horvath, integrante de la comisión
de Medioambiente, advirtió sobre los procesos judiciales que existen en
esta materia y a la carencia de una política participativa en este tema.
“Hay un convenio que no conocemos de uso de las aguas para consumo
humano aprovechado para energía eléctrica, lo que está en tribunales.
Estos temas hay que resolverlos en forma transparente y privilegiar el
consumo doméstico, y lo que sea compatible con manejo integrado para el
riego, turismo o centrales de pasada. Pero en Chile no tenemos una
política pública, bien definida y participativa”, declaró Horvath.
Entre los argumentos para privatizar está la necesidad de aumentar la
cobertura y garantizar un servicio de agua potable para todos los
chilenos. Esta situación avanza lentamente, y hoy la escasez hídrica se
grafica con localidades del norte del país que sólo reciben el
suministro mediante camiones aljibes, en desmedro del consumo industrial
minero.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, subraya que la
fiscalización es débil y hoy los usuarios son víctimas de sobreprecios y
malas condiciones de servicio en el país: “Como tenemos una entidad
supervisora más preocupada de las utilidades de las empresas que los
derechos de los usuarios, es que hay un montón de abusos consecuencia de
ello. Empresas que cobran tratamiento de aguas sin tener la zanja o
estos cortes abruptos, que si bien justifico el corte de Aguas Andinas
por la medida, no se cumplieron los protocolos establecidos para la
comunicación”.
Para Manuel Baquedano, presidente del Instituto Ecología Política,
las condiciones monopólicas que arrastra la enajenación estatal son
detonantes de una situación abusiva y peligrosa para el Estado, sin
herramientas para recuperar dominio ante recursos hídricos.
Baquedano apunta que “como era una estructura del Estado, cuando se
privatiza queda en posición monopólica y privado, ni siquiera chileno,
porque el agua es española, un primer problema. Segundo, en el caso de
la producción de electricidad los derechos de agua fueron entregados
gratis por el Estado a las empresas, y así Endesa pasó a ser de una
empresa nacional a la principal empresa eléctrica y monopoliza todas las
posibilidades del uso de agua”.
Empresas transnacionales de España e Italia hoy son dueñas del agua
en Chile, mientras otros países trabajan en leyes y ministerios para
asegurar el abastecimiento. En tanto, las críticas al Ejecutivo urgen
por políticas energéticas sustentables, en desmedro de proyectos
hidroeléctricos. Lo cierto es que una emergencia como la del pasado
martes, tiene a los consumidores en el último eslabón de prioridades
legales para el llamado “vital elemento”.
FUENTE: RADIO U DE CHILE
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