Frente Amplio Unitario

A 31 años de su muerte: Una fría Operación de Inteligencia aplicó el Ejército para eliminar al ex presidente Eduardo Frei Montalva. Sepa cómo la prensa ha sido "utilizada" por ex agentes de la DINA-CNI

Por Equipo Cambio21 y Benedicto Castillo.
A eso apuntan las actuales investigaciones del Ministro en Visita, al cumplirse este domingo 20 de enero, 31 años del asesinato por envenenamiento del líder democratacristiano y Presidente de Chile entre 1964 y 1970. La orden de eliminar a Frei Montalva habría sido dada directamente por Augusto Pinochet

Más de 50 nuevas diligencias dispuso el juez para que sean pesquisadas, tanto por la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas (FTIR) y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, como por otras entidades requeridas especialmente.

Este domingo 20 de enero la familia Frei y la comunidad DC conmemoran en el Cementerio General el 31 aniversario de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva.

El magistrado investigador del magnicidio, Alejandro Madrid Croharé, cumple a su vez diez años en esta tarea. Contra lo que suponen sectores interesados en echarle tierra al caso, el ministro en visita ha ordenado nuevas diligencias.

“Operación Especial”

Lo más relevante en los últimos meses ha sido que Madrid estaría llegando al convencimiento de que la muerte de Frei Montalva fue planificada en el marco de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física”, como codifican los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas el asesinato de agentes enemigos o de personas relevantes.

Este rumbo podría tener en lo sucesivo la investigación del envenenamiento que afectó a Frei. Lo señalado estaría por materializarse.

En el marco de esta relevante hipótesis –aseguraron fuentes calificadas a Cambio21-, el ministro en visita “dispuso más de 50 nuevas diligencias, para que sean pesquisadas tanto por detectives de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas (FTIR) y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, así como por otras entidades requeridas especialmente”.

Del resultado de tales indagaciones dependerá el nuevo curso del proceso. Madrid resolvió no dar conocimiento a las partes del conjunto de las diligencias en ejecución, por necesidades propias de esta crucial etapa, la que “se encuadra perfectamente” con la orden que el miércoles 30 de diciembre de 2009 le dio la Segunda Sala de la Corte Suprema.

En esa ocasión, se ratificaron los procesamientos de los médicos Patricio Silva Garín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri, y los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra Arancibia.

En dicha resolución se le instruye que “oriente el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que se trata”, reza textualmente el mandato redactado por el ministro Jaime Rodríguez.

La hipótesis en ejecución se sustenta -dijo la misma fuente calificada- “en suficiente información” acopiada últimamente en la investigación. Nuestro informante hizo ver el “clima muy positivo” que ronda el proceso y la necesidad que Cambio 21 no publique “los antecedentes fundamentales” para el éxito de la investigación y con ello evitar grave daño, lo cual por cierto constituye un imperativo ético que se respeta.

No obstante, la fuente calificada aceptó que ocupásemos “la analogía correcta”, en beneficio de la necesidad de información a la ciudadanía. Esto es que los autores y ejecutores del magnicidio serían agentes de cuerpos de inteligencia, que actuaron en el marco de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física, de Carácter no Convencional”.

Esta hipótesis desploma el supuesto de una “conjura” en contra del presidente Frei Montalva, en un plan de civiles mezclados con políticos, empresarios y sicarios. Por tanto –fundamentó la fuente calificada- “los modelos paradigmáticos en esta clase de crímenes (como el de Frei Montalva) son los del líder gremial Tucapel Jiménez Alfaro y el bioquímico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo”.

Plan de eliminación

A la luz de los hechos de sangre que rodearon “los modelos paradigmáticos”, es decir Jiménez y Berríos, surgen dos consideraciones relevantes: La primera es que los autores y ejecutores, en aquellos sucesos, son agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La segunda, es que en las “bases del plan de eliminación” del ex mandatario se le habría situado en la condición de enemigo, “de amenaza para la Defensa y seguridad nacional”, desde el punto de vista de la lógica de la seguridad nacional.

Para entender esta trama criminal, hay que remitirse a la investigación del caso Tucapel Jiménez, donde el juez Sergio Muñoz develó toda la operación contra el dirigente y la metodología empleada por los aparatos de Inteligencia. Este magistrado estableció que, en la lógica de la dictadura militar, “las labores de Inteligencia, para la ‘adopción de medidas resguardadoras de la seguridad nacional’, eran consustanciales al ejercicio del poder”.

O, según el Reglamento de Inteligencia del Ejército de Chile, “es una función primaria del mando”, aplicable a todos los campos de acción interno y externo –económico, diplomático y bélico-, y con repercusiones en el desarrollo industrial y comercial.

Misterios a develar

Aterrizando todos estos hechos dados por verdaderos por la Justicia, el ministro en visita Alejandro Madrid tendría el desafío de lograr probar su eventual hipótesis, develando los siguientes misterios:

1.- ¿Quién habría sido la Autoridad Competente en la Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física de Eduardo Frei Montalva?

2.- ¿Quién el autor mediato del plan, los ejecutores directos, cómplices y encubridores del mismo plan?

3.- ¿Qué papel desempeñaron en el operativo los 6 inculpados: Médicos Patricio Silva Garín, coronel (S) de Ejército; Pedro Samuel Valdivia Soto, agente de la Clínica London de la DINA; Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri, patólogos de la Universidad Católica; Raúl Diego Lillo Gutiérrez, teniente del Ejército, agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); y Luis Alberto Becerra Arancibia, empleado civil de la DINE?

Utilizan a medios de comunicación para dar pistas falsas

Varias falsas pistas se han divulgado en los medios para desprestigiar la investigación o para distraer al juez Alejandro Madrid.

La primera de ellas surgió con una destacada publicación de la revista “Qué Pasa”, el 10 de noviembre de 1995, bajo el título “Las Pistas Ocultas”. En este reportaje se señala que el coronel Gerardo Huber desmanteló el laboratorio del químico de la DINA Eugenio Berríos y participó en la elaboración del gas Sarín.

Dicho oficial fue jefe del Departamento de Logística del Ejército y hallado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo. En efecto, Huber fue jefe del Complejo Químico del Ejército, donde fue empleado Eugenio Berríos; fue asesinado por sus compañeros de armas, a la vez que Berríos desapareció en noviembre de 1991.

Por ello, el abogado querellante Alvaro Varela presentó al juez investigador los antecedentes y solicitó indagar todo ello, dada la vinculación con el tema que cruza todo la investigación suya, que es la producción de gases letales y en ello Berríos es protagonista.

Los detectives tomaron declaración al director y al editor del semanario, y luego al autor del reportaje, consultándole por el origen de su información. El reportero aseveró que “nadie le entregó los datos, porque él los tomó de otras publicaciones que leyó”.

Periódico “El Siglo”

Un segundo hecho de esta naturaleza afectó al periódico “El Siglo”, del Partido Comunista. En la edición N°1.456 del viernes 5 junio de 2009, publicó en portada y varias páginas interiores lo que llamó “Documentos Secretos de la CIA. Impresionantes revelaciones sobre el asesinato de Frei Montalva. Las vinculaciones de Agustín Edwards y la Empresa El Mercurio”, etc.

En resumen, publicó documentos supuestamente elaborados por la oficina de la CIA en Santiago, con antecedentes sobre una denominada Operación Walkiria, para asesinar a Frei.

Tras cartón, el periódico “La Nación”, el domingo 7 de junio de 2009, le dio patente de verídico, sin comprobar datos. Ante esto, el juez Madrid pide a sus detectives tomar declaración al director del semanario, el periodista Francisco Herreros, quien el 8 de junio indica que el informante es Ricardo León Servanti.

Esta persona resultó ser amigo y empleado del abogado Fidel Reyes Castillo, histórico defensor del general Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA. Contreras conocía con antelación el material que recibió Herreros.

En WikiLeaks

Fue tal el grado de desinformación que se echó a correr que hasta la Embajada de Estados Unidos en Santiago pudo haber sido sorprendida.

El lunes 7 de febrero de 2011, el diario español “El País”, publicó documentos filtrados por el sitio web WikiLeaks, que revelaron el contenido de un cable del embajador Paul Simons, donde decía: “La trágica historia reciente de Chile continúa dividiendo a su gente, y la muerte de este emblemático Presidente (Frei Montalva) parece destinada a ser un área más en que la verdad completa nunca será conocida”.

Según WikiLeaks, este cable referido al crimen fue enviado a Washington el 11 de diciembre de 2009, es decir cuatro días después que el juez Alejandro Madrid incriminara a cuatro médicos y dos agentes DINA-DINE, estableciendo con rigor científico el uso de sustancias químicas en la consumación del magnicidio.

El Mercurio y la sustracción del peritaje

La Fiscalía Centro Norte tiene en su poder los antecedentes de lo publicado por El Mercurio los días 20 y 21 de diciembre de 2010, restando validez a los peritajes que informaron del hallazgo de talio y gas mostaza en el organismo de Frei Montalva.

En distinto grado, participaron en ello los médicos de la UC Ignacio Sánchez (entonces, decano de Medicina, hoy rector de la PUC) y el pediatra Enrique Paris, además del neurofisiólogo Fernando Orrego, profesor en la Universidad de Los Andes, reconocido integrante del Opus Dei.

A pesar de que ninguno de estos facultativos son expertos en toxicología forense –como afirmaron a Cambio21 profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile-, los médicos Paris y Orrego, entrevistados por El Mercurio, restaron valor al peritaje de las doctoras Laura Börgel y Carmen Cerda, las cuales confirmaron la presencia de talio y gas mostaza en el cuerpo de Frei.

El periódico, además, publicó detalles del referido informe, por lo que las periodistas Cynthia Carvajal y Pilar Molina debieron declarar ante la policía y ante el propio juez Madrid. La segunda, para explicar la sustracción y posterior divulgación de una pieza secreta del sumario. Los interrogatorios se llevaron a cabo en diciembre de 2009 en el caso de Carvajal y en enero y octubre de 2010 respecto de Molina.

También debieron concurrir al tribunal los médicos Sánchez, Paris y Orrego en octubre de 2010. El primero por autorizar a su subordinado Paris a conceder la entrevista y los segundos por cómo obtuvieron el peritaje que estaba bajo recaudo judicial, por lo que su utilización indebida se considera un delito.

Molina confirmó a este semanario su comparecencia ante la justicia, pero descartó la tesis del desprestigio, señalando que sólo fue responsable de indagatorias periodísticas inherentes a la actividad y que Madrid no la ha vuelto a citar.

La publicación del peritaje y declaraciones de los médicos Orrego y Paris fue los días 20 y 21 de diciembre de 2009, justo una semana después de la primera vuelta de la elección presidencial, en que Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera resultaron con las primeras mayorías relativas para ir al balotaje en enero 2010.

Esta sucesión de hechos no es casual, sostienen los defensores de la tesis de una maniobra política y mediática destinada a restar credibilidad a la investigación del juez Madrid. Por ello, todos los antecedentes hoy están en la Fiscalía Centro Norte.

FUENTE: CAMBIO 21