Expertos analizan viabilidad de la asamblea constituyente
Los puntos clave que cuestionan la Constitución del 80
La Carta Fundamental,
redactada por un grupo de juristas adeptos al régimen militar, en plena
Guerra Fría y plebiscitada sin registros electorales, está bajo la lupa.
La Concertación está fracturada en torno a si reformarla o hacer una
nueva. Mientras la derecha se divide entre quienes buscan mantener la
columna vertebral de la obra de Jaime Guzmán o abrirse a cambios
tácticos que eviten el mal mayor. Aquí, los constitucionalistas examinan
las disposiciones más controversiales que aún la definen como un texto
autoritario, rígido e ideológico.
La convicción de que es
necesario cambiar la Constitución ha alcanzado un amplio consenso en el
mundo político, exceptuando a la UDI. Pero, ahora, es la fórmula lo que
tiene enfrentada particularmente a la Concertación. Mientras un
importante sector presiona por avanzar hacia una asamblea constituyente
que permita generar una Carta Magna más representativa de la sociedad
chilena en su conjunto, otro grupo se niega a patrocinar esta
iniciativa. En esta última posición se encuentra el presidente del
Senado, el socialista Camilo Escalona, por estimar, entre otros
argumentos, que el país no atraviesa una crisis institucional de una
magnitud tal que fuerce recurrir a este mecanismo. También están los que
usan de argumento, para oponerse a avanzar en esta línea, las reformas
políticas que el Presidente Ricardo Lagos patentó con su firma casi al
final de su administración, legitimando una obra atribuida al fundador
de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz. Lo cierto, es que en general los
constitucionalistas no se horrorizan con la idea, estén a favor o en
contra de aplicarla, a diferencia de algunos parlamentarios. Ello,
porque estiman que consiste en una herramienta legítima, como otra
cualquiera, para reformar parcial o totalmente la Carta Fundamental, si
se cumple con algunos requisitos formales, aun cuando no está
contemplada en nuestra Constitución.
El 16 de agosto del año 2005, luego que el Congreso Pleno ratificara
por una contundente mayoría las 58 reformas que se le introdujeron a la
Constitución y que terminaron con algunos de los más resistidos enclaves
autoritarios, como la institución de los senadores designados, Lagos
aseveraba que, “hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura
del espíritu democrático de todos los chilenos; y hoy Chile se une tras
este texto constitucional”. No tendría que pasar mucho tiempo para que
la satisfacción producida por esa conquista se desvaneciera y se
renovara el anhelo de hacer transformaciones más profundas a la Carta
Fundamental. Sobre todo a partir del hecho de que en los cambios no se
abordó el sistema electoral, que para la oposición es el origen de todos
los males de la sociedad chilena, ya que impide que las mayorías se
puedan expresar en la toma de decisiones. Sin embargo, en ningún caso es
la panacea ni lo único que se debe modificar, según coinciden varios de
los constitucionalistas consultados. Los principales elementos que
impedirían avanzar en nuevos cambios que el país requiere para impulsar
una democracia “más saludable”, además del binominal, son las Leyes
Orgánicas Constitucionales. En su mayoría aprobadas por la dictadura el
10 de marzo de 1990, sólo horas antes de entregar el poder a la naciente
democracia. Sin pasar por alto el “sesgo autoritario” que aún tendrían
algunos capítulos de la Constitución, también están surgiendo
cuestionamientos al rol que ha terminado jugando el Tribunal
Constitucional.
No solamente el binominal
Uno de los primeros expertos en advertir sobre el punto, fue el constitucionalista de la Universidad Diego Portales Javier Couso. En una columna publicada en El Mercurio del 8 de septiembre del 2009,
señalaba que “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
expandido el ámbito de lo que considera materia del ley orgánica
constitucional, lo que en la práctica ha hecho de este último un
guardián del orden legal heredado del régimen militar”. Lo que demuestra
que, aunque el cambio del sistema electoral es una pieza clave para
avanzar hacia una democracia más representativa, no es lo único que debe
modificarse a la Carta Magna.
Por su parte, en una columna publicada por este medio el 9 de mayo del año pasado, el abogado y fundador de Océanos Azules, Pablo Ruiz-Tagle,
explicaba por qué las reformas lideradas por el Presidente Lagos no
eran suficientes para hacer de la actual una Constitución más
democrática. A su juicio, actualmente “el artículo 1 y siguientes
mantienen la referencia a la seguridad nacional, que es una doctrina que
supone la existencia del enemigo interno. Todavía el artículo 9
consagra normas sobre el terrorismo que contradicen principios básicos
del derecho penal. Algunas de las normas sobre nacionalidad y ciudadanía
del capítulo 2 de la Constitución vigentes infringen los derechos
humanos de tratados vigentes en Chile. Además el artículo 23 valida a
nivel constitucional el corporativismo al mantener una separación
arcaica entre política y los “grupos intermedios” o “gremios”. Hoy todo
el capítulo 3 de la Constitución protege la no interferencia estatal en
materia de derechos, pero no garantiza con la misma fuerza la igualdad
en materia laboral, salud y educación entre otros derechos. Esta falta
de garantías parece a algunos políticos una cuestión doctrinaria, pero
para la gran mayoría de los ciudadanos, son verdaderos enclaves
autoritarios, al dejarlos indefensos frente a los abusos de las AFP, las
Isapres, las Universidades Privadas o las organizaciones
empresariales”, entre otras cosas.
ADN autoritario
De hecho, para Ruiz-Tagle aunque las reformas políticas de Lagos
“fueron muy importantes. El problema es que no le cambió el ADN
autoritario” a la Carta Magna. En ese contexto, por ejemplo, explica que
“después de los cambios, el Presidente tiene más poder y más
atribuciones”. Pero tampoco se ha terminado con el “concepto neoliberal
de derechos”. De allí que estime que “es minimalista decir que lo único
que hay que cambiar es el sistema electoral”.
En este escenario, para crear la figura de la asamblea constituyente (AC) se requiere modificar el capítulo XV, sobre “reforma de la Constitución”, que no la contempla, y cuyos artículos 127, 128 y 129 precisan las mayorías necesarias. En este caso particular se necesita de los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio en cada Cámara, explica Couso. De ahí que, a su juicio, hasta ahora “las reformas hayan sido a la medida de lo que la derecha está dispuesta a conceder graciosamente”, agrega.
Más allá de que existe relativo consenso en que es necesario
modificar la Constitución, el punto es cómo hacerlo. La chilena no
contempla una fórmula para convocar una asamblea constituyente. Por lo
que, como explica el abogado constitucionalista Patricio Zapata, es
imprescindible que se modifique el capítulo relativo a ese aspecto,
estableciendo un mecanismo distinto al contemplado actualmente. Y es ahí
donde se enfrenta el principal problema, porque los quórums requeridos
son demasiado altos. Justamente porque fueron pensados para evitar que
la Carta Fundamental del ’80 fuera modificada, salvo que para ello se
alcanzara un consenso casi unánime, entre las dos mayores fuerzas
representadas en el Congreso, lo que se resguarda a través del sistema
binominal, pues tiende al empate.
La barrera de los quórums
En este escenario, para crear la figura de la asamblea constituyente
(AC) se requiere modificar el capítulo XV, sobre “reforma de la
Constitución”, que no la contempla, y cuyos artículos 127, 128 y 129
precisan las mayorías necesarias. En este caso particular se necesita de
los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio en cada Cámara, explica
Couso. De ahí que, a su juicio, hasta ahora “las reformas hayan sido a
la medida de lo que la derecha está dispuesta a conceder graciosamente”,
agrega. A juicio del constitucionalista, “en general, las situaciones
en que se da (la fórmula de la AC) existe la percepción generalizada de
que hay una crisis. Chile tiene un sistema constitucional defectuoso,
pero no estamos en un “momento constitucional”. La sociedad chilena no
ha hecho aún la asociación entre el desagrado que le genera la política y
algunas instituciones, como el Congreso”. Sin embargo, también cree que
con su actuación “la derecha está siendo miope, porque esto podría
explotar en 10 años”. Mientras que Ruiz-Tagle no solamente tiene la
convicción de que Chile debe avanzar “hacia una democracia más
inclusiva”, sino que es categórico en advertir que “el proyecto de la
Constitución está acabado. Necesitamos sentarnos a reflexionar sobre lo
que necesitamos”. Este proceso se debe iniciar lo antes posible,
argumenta, porque es lento, con cualquiera de los mecanismos por el que
se opte.
A juicio de Ruiz-Tagle existen tres tipos de asambleas
constituyentes: las que están contempladas en la Constitución y son
democráticas; aquellas que son democráticas, pero no están consideradas
en la Carta Fundamental (el caso de la generada por Rafael Correa en
Ecuador o la Cuarta Papeleta en Colombia); y, el modelo revolucionario,
que escapa de la lógica del derecho constitucional y la democracia
constitucional (como el caso de Cuba). Para el caso de Chile y con el
fin de hacer una Carta Magna representativa, el constitucionalista
plantea que como requisitos clave se debería contemplar que esté
respaldada por la mayoría; que se haga de acuerdo con el derecho y de
acuerdo al interés común. “Que no tenga una impronta presidencialista,
sino que responda a un proceso deliberativo que se inicie en el
Congreso, pero que incluya a la ciudadanía”, destaca. Por su parte, para
la constitucionalista de la Universidad Central Carmen Luz Peña, el de
Colombia “es un buen ejemplo de asamblea constituyente” para Chile. Pese
a que según Patricio Zapata en ese caso “el desplome (de las
instituciones) era objetivo. El Presidente se la jugó y lo apoyaron los
Tribunales). Algo a lo que, todos coinciden, todavía no se ha llegado en
nuestro país.
Una fórmula no tan mala
En todo caso, pese a las críticas que desde algunos sectores de la
oposición se hace a la manera como se han consensuado hasta ahora las
reformas que se le han incorporado a la Constitución, para Zapata “no ha
sido tan mala la forma como se ha hecho”. Incluso defiende que el ’89
se haya optado por “pactar 54 reformas antes de asumir el poder” por
parte de la Concertación. Por su parte, Peña recuerda que “el 2005 fue
rechazada la posibilidad de una asamblea constitucional y se optó por el
camino de la reforma constitucional. Así, se eliminaron los senadores
designados. Hoy, por la vía de los reemplazos se reproduce la idea”,
dice, aludiendo a la figura tan utilizada en esta administración y según
la cual varios senadores de la Alianza fueron llamados al gabinete,
decidiendo sus partidos los nombres de sus reemplazantes en el Congreso.
Constituyente versus bicameral
En medio de este debate, que puso en la agenda un grupo de
organizaciones sociales y particularmente el presidente del Partido
Radical y precandidato presidencial de la Concertación José Antonio
Gómez, es que la idea de la asamblea constituyente ha ido cobrando forma
en un amplio sector de la oposición. Por lo pronto, Gómez pasó del
discurso rápidamente a los hechos. Con el apoyo de los senadores PPD
Guido Girardi y Jaime Quintana; el PS Fulvio Rossi y el fundador del MAS
Alejandro Navarro, el 4 de septiembre pasado ingresó un proyecto de
reforma constitucional de artículo único (Boletín N° 8562-07)
que establece que “el tercer domingo del mes de noviembre del año 2013,
junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se efectuará
un plebiscito a fin de que los electores manifiesten su aprobación o
rechazo de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una
nueva Constitución Política”, lo que se ha bautizado como la campaña por
la “cuarta urna”. Cuyo principal detractor, como ha quedado de
manifiesto en diversas publicaciones, es el presidente del Senado, el
socialista Camilo Escalona que se opone a esta fórmula para hacer de la
Carta Magna un documento más representativo y democrático.
De allí que se adelantara al estallido de esta polémica y el año
pasado presentó, junto a otros cuatro senadores que suscribieron la
iniciativa, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional para
que se le entregara al Congreso la atribución de generar una Comisión
Bicameral que se abocara a reformar la Constitución. Previamente la
Cámara Alta había aprobado el proyecto de acuerdo incentivando este
proceso. Así, el 18 de enero de este año, Escalona ingresó al Parlamento
el proyecto (Boletín N° 8152-07),
suscrito además por sus pares Andrés Zaldívar (DC); Ricardo Lagos Weber
(PPD); y los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero. El mismo
que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Constitución de la
Cámara Alta, encabezada actualmente por el senador de la UDI Hernán
Larraín, porque inició su tramitación “sin urgencia”. Se especula que
luego que Gómez se decidiera a presentar su proyecto, quienes están por
la Bicameral podrían insistir en que se comience a acelerar la
tramitación de éste.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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