Políticos, lucro, universidades y corrupción
- Miguel Órdenes
- Investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales.
Respecto del escándalo de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), la acreditación mal habida de un par de
universidades (hasta ahora), y la detención de los presuntos
defraudadores es esencial preguntar por la fuente del problema. Mientras
muchas autoridades, políticos y analistas están aislando el problema en
los defectos del sistema de acreditación (con justa razón, por cierto),
creo que aislar el problema sólo en torno a la CNA es la salida fácil.
La tesis que se debiera imponer es más de fondo: la institucionalización
del lucro ilegal, amparada por una clase política permisiva, crearon
las condiciones para la emergencia de la corrupción en la CNA. Dos
actores conocidos: la clase política (Alianza, Concertación y más allá) y
el lucro de las universidades.
Hoy empiezan a emerger los responsables materiales detrás de los
supuestos delitos. Sin embargo, no se debe olvidar que la
responsabilidad principal recae sobre una clase política que durante
décadas miró para el lado respecto al lucro ilegal, creando las
condiciones para las distorsiones conocidas. He aquí los principales
responsables. Como dice el viejo adagio, no sólo es culpable el chancho,
sino quien le da el afrecho.
La polémica de la CNA es sólo una expresión de un sistema que, debido a los incentivos y al relajo legal, tiende a la corrupción. Acá hay una responsabilidad moral gigantesca y una tarea reparatoria mayor por la cual la clase política tiene que dar la cara.
Es cierto, no había capacidad para supervisar el
explosivo crecimiento del sector. Sin embargo, si observamos las señales
políticas de los últimos años, no cabe la menor duda que hubo graves
omisiones. Autoridades de gobierno hablando de “transparentar” el lucro
mediante un arreglo legal que diera espacio al festín comercial. Otros
derechamente defendiendo —con una escalofriante soltura, como Lavín— que
su interpretación de la ley no era lucro. Los más elegantes quitaron el
énfasis legal a la discusión, tratando de camuflar el tema en un debate
paradigmático. El ministerio de Educación mudo frente a las denuncias
efectuadas. Y la guinda de la torta, el rechazo del informe del lucro en
las universidades privadas que hace poco tiempo aconteció en el
Parlamento. Todas iniciativas que parecían ignorar el marco legal
vigente. Y mientras tanto, los abusos continuaron a vista y paciencia de
todos.
La permisiva actitud de nuestra clase política creó las condiciones
para la emergencia en el sistema universitario de un nicho enclenque,
abusivo, vicioso, y que vende la ilusión de que cualquier institución
pueda enseñar y cualquier persona puede asistir a la universidad, todo
dinero mediante. El dinamizador de este nicho fue el lucro ilegal, el
cual aumentó las probabilidades de distorsiones en el sistema. A mi
juicio, la polémica de la CNA es sólo una expresión de un sistema que,
debido a los incentivos y al relajo legal, tiende a la corrupción. Acá
hay una responsabilidad moral gigantesca y una tarea reparatoria mayor
por la cual la clase política tiene que dar la cara.
En los tiempos del accountability en educación, les llegó el
turno a nuestros políticos a rendir cuentas. En mi opinión, lo mínimo
que deben hacer es el fomento y la facilitación del cumplimiento de la
ley (sin esta garantía, nada en educación funcionará jamás). En este
caso particular se debe investigar, perseguir y extinguir el lucro de
las universidades de nuestro país pues es simplemente ilegal. Éste es el
piso mínimo. Con este objetivo cumplido, una renovada y más exigente
comisión de acreditación (¡por cierto vital!) podrá funcionar sin
distracciones (e.g. coimas) y enfocada en lo que siempre debió ser:
velar por la calidad de la educación. Mientras dentro de las reglas del
juego continúe la manga ancha para triangular dineros y retirar las
utilidades de las universidades, estarán las condiciones adecuadas para
que algún villano quiera aumentar sus ganancias privadas a costa de la
calidad de la educación y de los jóvenes que aspiran a beneficiarse de
ella.
La clase política podrá argumentar que como fruto de la extinción del
lucro habrán muchos menos universidades dispuestas a ofrecer el
servicio educativo. Es cierto. Pero los que quedarán serán aquellos que
genuina y éticamente quieren contribuir al desarrollo de nuestros
jóvenes y del país en su conjunto. El resto, ¡que se vayan! Los
proyectos educativos exitosos tienen como denominador común
instituciones y personas comprometidas con el desarrollo educacional
como principal objetivo (ejemplo: U. de Chile y U. A. Hurtado). El resto
es pan para hoy y hambre para mañana.
Es de esperar que nuestros líderes asuman su responsabilidad, se
hagan cargo de esta crisis y que actúen en favor del bienestar de la
mayoría. Es decir, crear las condiciones para la emergencia de un
sistema universitario genuino, motivado por el desarrollo integral de
los jóvenes (más que por el dinero), inspirado en principios humanistas y
que, al mismo tiempo, ahuyente a especuladores, corruptos y abusadores.
En los tiempos del accountability en educación, este es el estándar mínimo que la clase política debiera cumplir.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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