El juez Muñoz Pardo sería el candidato de La Moneda
Las claves detrás de la quina que la Suprema propuso ayer para llenar un cupo en el máximo tribunal
Todo indica que el Presidente
Piñera elegiría al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero
advierten que lo propondrá al Senado cuando Ribera y Chadwick le den
garantías de contar con los votos necesarios para su aprobación, como
sucedió con Cisternas en noviembre, lobby que demoró más de tres meses.
La Corte Suprema zanjó ayer
en la tarde una nueva quina para que el Presidente Sebastián Piñera
elija su candidato a la vacante que dejó en el máximo tribunal el retiro
—en junio— de la magistrada Sonia Araneda. El juez Juan Muñoz Pardo fue
parte de la nómina y todo indica que sería elegido por el mandatario
para proponerlo al Senado, ya que hace semanas que el gobierno ha
llevado adelante conversaciones y gestiones en la Cámara Alta para
“amarrar” un consenso político que permita al ministro de la Corte de
Apelaciones obtener los dos tercios de quórum que requiere para
ascender.
Entre hoy y mañana debería llegar al escritorio de Piñera la quina
compuesta por los jueces Alfredo Pfeiffer —que la integra por derecho
propio—, Carlos Cerda, Carlos Aránguiz, Muñoz Pardo y Ricardo Blanco.
Muñoz Pardo obtuvo la mayoría, diez votos, y en el seno de la Suprema
contó con el apoyo del presidente de la Corte, Rubén Ballesteros y de
ministros como Juan Araya, Patricio Valdés, Héctor Carreño y Rosa Egmen.
No deja de ser una señal que a pesar de ser público y sabido que tiene
el veto permanente de la derecha en el Senado y que el propio gobierno
ya dijo en el Senado que no lo propondrá, el juez Cerda integra por
segunda vez este año la quina ya que obtuvo la segunda mayoría —al igual
que Aránguiz— con seis votos de los jueces Milton Juica, Sergio Muñoz,
Hugo Dolmestch, Aroldo Brito, Pedro Pierry y Lamberto Cisternas.
Las vacantes en la Corte Suprema no son un tema menor y en La Moneda
hay conciencia que en lo que resta del gobierno de Piñera les quedan,
aparte de esta, otras tres más que resolver, escenario que le permite al
Presidente dejar una impronta no menor en el máximo tribunal del país,
que tiene la última palabra en diversas causas de derechos humanos,
materias económicas, penales y de medio ambiente, cuestiones vitales en
la agenda pública según se ha verificado en el último tiempo.
Al cupo de Araneda que se llenará ahora, se suma que está pendiente
la vacante que dejó Adalís Oyarzún, quien también jubiló en junio y la
que se generará en enero, con el retiro de la ministra Gabriela Pérez.
Un año después, en enero de 2014 —dos meses antes que Piñera termine su
mandato— jubilará el juez Juan Araya, vacante que ya se comenta en el
oficialismo puede quedar resuelta por esta administración.
Con garantías
Tanto el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, como su par de
Interior, Andrés Chadwick, estaban esperando esta quina para reanudar
las gestiones a favor de la “carta de consenso” que impulsa La Moneda.
Los reparos a Muñoz Pardo surgen de la propia trayectoria del juez, la que ha tenido como sello su nítida inclinación a la tesis de aplicar la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos y detenidos desaparecidos. Así, sus detractores recuerdan que ha afirmado en varias ocasiones que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y que los denominados Convenios de Ginebra no son aplicables en Chile.
Hasta la semana pasada en el gobierno optaban por la cautela sobre la
opción por Muñoz Pardo, no porque desconocieran que es el candidato de
Palacio, sino principalmente porque —afirmaban— no querían dar una señal
equívoca al Poder Judicial de imponerle un nombre cuando aún no estaba
definida la quina. Ello, en el entendido del nuevo “clima” de relaciones que se ha tratado de establecer entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Sin embargo, en el gobierno reconocían que se han hecho las gestiones
necesarias y que han logrado consensos en el Senado a favor de Muñoz
Pardo. “Existe una buena voluntad política”, aseguraron en La Moneda.
Así, todo indica que el Presidente Piñera elegiría al ministro de la
Corte de Apelaciones de Santiago, pero advierten que lo propondrá al
Senado cuando Ribera y Chadwick le den garantías de contar con los votos
necesarios para su aprobación, como sucedió con Cisternas en noviembre,
lobby que demoró más de tres meses.
En el caso del juez Muñoz Pardo, el gobierno tiene terreno avanzado.
Además del respaldo de la UDI y RN, a su favor tiene una suerte de
acuerdo con sectores de la DC para votar por dicho magistrado, en el
entendido que ese fue el trato cuando se propuso y aprobó a Cisternas en
noviembre.
El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, aseguró que no es parte
de ningún acuerdo con La Moneda, y dijo que sólo apoyó a Cisternas
porque consideró que tenía los méritos suficientes y de paso criticó que
se politicen los nombramientos de la Suprema. No quiso adelantar si
apoyará o no al candidato de La Moneda.
Muñoz Pardo saca ronchas en varios sectores de la oposición, incluso
en la propia DC, donde no todos comulgan con la idea y más de un
parlamentario se declara “preocupado” por el perfil del candidato
y también por la “impronta” que consideran busca dejar Piñera en la
Corte Suprema. Se comenta incluso que el senador Eduardo Frei ya le
habría explicitado al ministro Ribera su negativa absoluta a votar por
el magistrado en cuestión.
No solo en la DC hay detractores. “No voté por Lamberto Cisternas, no
estoy dispuesto a ser parte de ese acuerdo, porque tengo un juicio
crítico y por eso no votaré tampoco por Muñoz Pardo”, sentenció el
senador PS, Juan Pablo Letelier.
El senador no sería el único en la oposición que no está dispuesto
apoyarlo y más de un parlamentario anuncia en privado gestiones en el
seno de las bancadas para tratar de alinear un rechazo al momento de
votar.
El lado B del candidato
Los reparos a Muñoz Pardo surgen de la propia trayectoria del juez,
la que ha tenido como sello su nítida inclinación a la tesis de aplicar
la prescripción en casos de violaciones a los Derechos Humanos y
detenidos desaparecidos. Así, sus detractores recuerdan que ha afirmado
en varias ocasiones que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y que los denominados Convenios de Ginebra no son
aplicables en Chile.
Además, le enrostran que fue voto de minoría —estuvo por absolver— en
la condena a un grupo de ex oficiales del Ejército por la muerte de
Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, matrimonio asesinado en
diciembre de 1973 en Coquimbo. También ratificó el fallo de prescripción
en la causa de los hermanos Saúl y David Urrutia Galaz, de quienes
algunos de sus restos aparecieron en dependencias del Ejército en
Colina.
Esta “tendencia” de Muñoz Pardo no es un dato menor si se considera
que son varios los casos de DD.HH. que están en su fase final y que
deberán ser resueltos por la Corte Suprema. Además, cabe recordar que
Piñera durante la campaña presidencial, puntualmente en noviembre del
2009, se comprometió con ex militares y ex carabineros a “no alargar”
los juicios en DD.HH. durante su mandato.
En el currículum del juez también está el polémico caso “El
Melocotón”: 24 abogados en plena dictadura se querellaron contra Augusto
Pinochet por fraude al fisco en la compra de terrenos. Muñoz Pardo,
juez del crimen de Santiago en esa época, rechazó la demanda y archivó
el caso sin investigar.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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