lunes, 3 de diciembre de 2012

Contraloría objeta contratos mal hechos por el ministerio de Transportes que afectan al Transantiago

Por Juana Leyton
El ministerio de Transportes renovó contratos de diversas empresas del Transantiago en forma directa sin llamar a licitación, para lo cual no cuenta con autorización. Diputada afirma que es otra muestra que no saben como se hacen las cosas ni tampoco estudian los temas.
El transporte público sigue generando controversias. Esta vez fue la Contraloría que entregó un dictamen contrario a los contratos de adjudicación directa de los servicios de este medio de locomoción, por cuanto no se ajusta a derecho.

En el dictamen se señala que "esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al decreto N° 4, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que modifica el Decreto N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -que aprueba el Reglamento de los Servicios Nacionales de Transportes Público de Pasajeros-, por las razones que exponen, entre ellas:

"En primer lugar, no resulta ajustada a derecho la modificación introducida al último inciso del artículo 1º bis del citado cuerpo reglamentario, dispuesta por el Nº1 del instrumento en estudio, mediante la cual se pretende extender de 18 a 36 meses el periodo de duración de las condiciones de operación que puede establecer el aludido Ministerio en los casos que se indica".

En términos simples, lo que ocurrió fue que el ministerio de Transportes renovó los contratos de las diversas empresas del Transantiago sin llamar a licitación, y como la Contraloría tomó razón de estos contratos hizo la observación al ministerio que no correspondía haber hecho esta renovación por la vía directa, sino que lo que debía hacer era una licitación.

Lo que la Contraloría le dice al ministerio de Transportes en esta resolución es que todos estos contratos deben quedar nulos ya que lo que se hizo no está ajustado a derecho, por no tener las facultades para hacer la renovación de contratos, es necesario licitar.

Ahora bien, en ese contexto señala la resolución que las concesiones de servicios de transporte público de pasajeros que se otorguen mediante licitación pública tendrán el plazo de duración que se determine en las respectivas bases y que una vez concluido dicho término, los servicios deberán ser nuevamente entregados en concesión mediante licitación pública, y que ésta deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre las concesiones.

No obstante lo anterior, de forma excepcional, el ministerio de Transportes podrá, por razones de interés público y de buen servicio, establecer condiciones de operación, condiciones de utilización de vías específicas para determinados tipos o modalidades de servicio, tarifas, estructuras tarifarias y demás condiciones que estime pertinentes, en caso que  no resulte posible poner en marcha los nuevos servicios licitados inmediatamente después que expiren los anteriores.

Agrega el precepto reglamentario en su último inciso, y en lo que importa, que "en todo caso, esta potestad deberá ejercerse por resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y su aplicación no podrá ser superior a 18 meses, período que sólo podrá ser renovado por motivos fundados".

Se tomaron atribuciones que no tienen

En conversación con Cambio21, la diputada María Antonieta Saa (PPD), señaló que "una vez más este gobierno demuestra su ineficiencia, y su desconocimiento de las normas del Estado. Creo que una vez más queda de manifiesto el total desorden porque no estudian ni conocen bien las normas que hay y piensan que están en la empresa privada".

"Es probable que no conozcan o no sepan la normativa vigente y al parecer tampoco estudian y manejan el Estado como si fuera una empresa privada. Se nota que no hay preparación y bueno el dictamen de la Contraloría lo deja bien claro, el ministerio no podía tomarse esas atribuciones y por ello debe anular lo hecho", señaló.

Por su parte, el diputado Joaquín Tuma (PPD), dijo a Cambio21 que "en realidad el ministerio debería tener facultades para hacer estos contratos de forma directa, pero si la Contraloría señaló lo contrario es porque no las tienen. En el marco de la mejoría del Transantiago tengo entendido que había conversaciones para establecer ciertas obligaciones en los contratos que no tenían antes, como por ejemplo la posibilidad de que ellos controlen la evasión".

"Ahora bien, como van a resolverlo, no lo sé. Si hay un contrato que está vigente y uno que se va a modificar en el cual el ministerio tuvo alguna atribución legal, por decirlo de alguna manera suave, me deja en la duda de cómo se va a resolver este problema. Debiesen llamar a licitación y ponerle término a esos contratos donde el ministerio no tiene facultades para hacerlos de forma directa. Me parece bastante complejo que un ministerio se tome atribuciones que no tiene y creo que debiesen haber consultado a la Contraloría antes o haber pedido una asesoría legal que responda a las necesidades del servicio", concluyó Tuma.

FUENTE: CAMBIO 21

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