Frente Amplio Unitario

Negligencias del ministerio de Educación en los escándalos de la acreditación y el lucro

Por Antonia Moraga
Las tardías respuestas de la cartera en las polémicas por la “acreditación desacreditada” y el lucro, se suman a los numerosos casos de incompetencia del gobierno

Después de la Reforma Universitaria de los años 60 la educación superior en Chile alcanzó un nivel reconocido mundialmente. Las universidades desarrollaban docencia, investigación y extensión y en ellas estudiaban muchos de los que actualmente son gravitantes en distintos ámbitos de la vida nacional.

Sin embargo, después del golpe de Estado la dictadura se encargó de borrar lo avanzado. Lo primero que hizo fue nombrar Rectores Delegados, que pasaron a ser verdaderos amos y señores de las casas de estudios.

En 1981, el D.F.L. Nº 1 reestructuró el sistema. Se distinguieron entonces tres tipos de centros de educación superior: las Universidades, los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT). Las sedes regionales de las universidades, pasaron a ser casas de estudios independientes.

La nueva normativa del gobierno de Pinochet, facilitó la proliferación de universidades, institutos y centros privados, que no reciben financiamiento de parte del Estado.

De este modo, el sistema de educación superior formado inicialmente por 5 universidades, cuenta actualmente con 60 universidades- 35 de ellas privadas-, 45 institutos profesionales y 69 centros de formación técnica.

La Ley N.º 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE, fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo del 90, último día de la Dictadura Militar. En su artículo 30 (aun vigente en la LGE) establece que las universidades "...serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial".

La ley 20.129, de noviembre 2006, estableció un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y creó la Comisión Nacional de Acreditación, con la función de "verificar y promover" la gestión de calidad en las Instituciones de Educación Superior. Su objetivo es promover el aseguramiento de la calidad y la instalación de mecanismos de autorregulación.

El problema es que es muy difícil que el mercado se "autorregule" ya hemos visto lo que pasa en otras áreas, como el retail, las farmacias, etc.

Los conflictos de intereses

"Señor ministro: ¿usted ha ganado o ha perdido su inversión"?... esta pregunta del panelista de Tolerancia Cero, Fernando Villegas, dejó mudo al entonces ministro de Educación Joaquín Lavín.

Y al responder no pudo mentir: "... he ganado" señaló compungido. Dos palabras que marcaron el principio del fin de su gestión en la cartera de educación y que coronaron su fallida participación en las negociaciones del conflicto estudiantil.

La forma en que las universidades lucran fue consignada en el informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que entre otras cosas detectó que varias casas de estudios pagan altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, externalizan servicios relevantes y utilizan las llamadas sociedades espejos.

Para retirar grandes suman de dinero y evadir la Ley que indica que las ganancias de las universidades se deben reinvertir, usan como triquiñuela la creación de estas sociedades, donde participan miembros del directorio o terceros relacionados, a las que se les pagan arriendos y otros servicios.

Según el informe, esta última práctica es utilizada por instituciones como la Universidad del Mar - que actualmente está siendo ampliamente investigada - pero también por otras, como la Universidad del Desarrollo, el negocio donde "ganaba" el ministro Lavín.

El diputado PPD Rodrigo González, señaló en Cambio21 que el gobierno ha actuado con negligencia en los casos que se han conocido y no ha querido investigar otros, porque no quiere perjudicar a los grupos económicos vinculados. "Lo que se ve en la universidad San Sebastián, Del Desarrollo, el grupo Laurette, etcétera y quizás la más entrecomillas rasca de estas es la que funcionaba en la región de Valparaíso y que hoy está siendo usada como chivo expiatorio."

Los conflictos de intereses también se ven al interior de la CNA. De sus15 miembros, sólo uno no está ligado a una institución de educación superior, Pedro Corona, que es representante del mundo empresarial. Lo mismo pasa con las agencias de Acreditación, encargadas de la calidad de las carreras, incluso una de ellas funciona en la sede de una universidad.

La mala voluntad

Desde el comienzo del gobierno de Sebastián Piñera se ha desviado la discusión de fondo. La gestión de Lavín fue desastrosa. El escándalo tras el reportaje del programa Esto No Tiene Nombre que dejaba en evidencia la mala calidad y gestión de la UTEM, fue coronado por otras frases para el bronce del entonces ministro: "por ningún motivo" matricularía a sus hijos en esa casa de estudios y "haré todo lo posible para que no se acredite".

Su asombro se desinfló rápidamente, durante su misión poco se hizo para mejorar la acreditación y a fines de ese año el sistema se mantenía igual. Basta con decir que la UTEM logró subir de uno a dos años su certificación. ¿Habrá mejorado tanto en un plazo de12 meses?

Después le tocó el turno al ministro Felipe Bulnes, quien usó como caballito de batalla la "Acreditación 2.0", la cual - prometió- sería implementada este año "Vamos a generar un nuevo sistema de acreditación de las instituciones y las carreras, un sistema de acreditación 2.0, para que miremos no solamente procesos, sino que resultados, como cuál es el valor agregado que le proporciona a un estudiante ingresar a estudiar a determinada carrera", anunció con bombos y platillos en ese entonces. Faltan escasos días para que finalice el año y recién empujado por la contingencia, el gobierno anunció que enviará un proyecto para modificar la Ley.

El rol del Ministro Beyer

El daño ya está hecho. Cada día crece más la lista de irregularidades denunciadas por los estudiantes, organizaciones sociales, parlamentarios e incluso la fiscalía y la contraloría.

Actualmente, las investigaciones de la Comisión de la Cámara de diputados y la Contraloría, señalan que al menos 9 casas de estudios superiores cometen irregularidades de todo tipo, mientras que dos directivos de Universidades y el ex presidente de la CNA fueron sometidos a proceso.

Y como siempre el gobierno reacciona tarde

Acogiéndose a la Ley de Transparencia, la Corporación Defendamos la Ciudad solicitó en julio una serie de antecedentes respecto a la situación financiera y especialmente "la nómina de los miembros de los directorios de cada universidad constituida como fundación o corporación y la razón social y RUT de las empresas y sociedades relacionadas con cada una de esas universidades privadas".

La respuesta se demoró dos meses: "el Ministerio no cuenta con un documento que sistematice esos datos...implicaría la realización de un estudio de las escrituras públicas, lo que implicaría distraer al personal de este ministerio".

Finalmente a fines de Agosto hicieron la tarea. El ministro Harald Beyer dio a conocer - aunque incompleto -el informe de estados financieros de las universidades y propuso una regulación para los contratos con empresas relacionadas.

A esto se suma el reclamo de dos académicos de la Universidad de Chile, que pidieron a la Contraloría sancionar al Ministro Beyer y al jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, por no investigar dos denuncias con antecedentes sobre el lucro en la educación superior, realizadas desde el año pasado.

Hay que agregar el intercambio de declaraciones que tuvo Beyer, con el ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, quien hace unos días acusó al ministro de estar en conocimiento de irregularidades en las universidades Uniacc y Santo Tomás desde junio pasado. Beyer hecho tierra a la polémica llamando a "no desvirtuar la discusión de fondo".

Esa misma frase utilizó para defender a su lugarteniente en la CNA, Juan José Ugarte, cuya negligencia alcanzó límites escandalosos con los resultados de una auditoria de la Contraloría que concluyó que asistió sólo al 29% de las sesiones de la CNA. Es decir de las 113 citas, solo concurrió a 33.

La respuesta de fue insólita: "Yo como jefe de la División de Educación Superior participo de la CNA, del CNED, del Cruch, del CUECH, de una serie de instituciones, en las cuales tengo que representar al Ministerio y que por lo tanto en la medida de las capacidades profesionales participé en todas aquellas en las cuales no estaba inhabilitado", se justificó ante la prensa.

El ministro le puso piso al jefe de la Divesup, " tiene muchas otras labores que son incompatibles con éstas y recalcó que es uno de los 15 miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, por lo tanto, su voto no era totalmente necesario".

Al respecto, el diputado Rodrigo González, miembro de la Comisión de Educación, calificó como "pésimo" el actuar del jefe de la Divesup y afirmó que demuestra las prioridades del gobierno. "Tanto a él como al ministro no les interesa mejorar el sistema" señaló y agregó "frente a un informe como ese lo menos que cabía era pedirle la renuncia o si hubiese habido una actitud cabal de su parte, el mismo habría renunciado, porque no cumplió con sus deberes."

La solución

Existe consenso en la necesidad de apurar la normativa que modifica la ley de aseguramiento de la calidad de la educación.

En conversación con Cambio21, el experto José Joaquín Brunner, afirmó que "hay una merma de credibilidad y de confianza". Pero llamó a no dramatizar "no hay que pensar que los títulos académicos no tendrán valor." Y agregó "Estamos pasando por un momento delicado y un órgano clave del sistema está muy desprestigiado y hay que renovar rápidamente las bases de su prestigio".

El académico dijo que si bien el gobierno aún no envía el proyecto, una nueva normativa debería "cambiar drásticamente" la forma de integrar la CNA, con comisionados designadas por Alta Dirección Pública, "garantizando su total independencia, con dedicación completa y una remuneración acorde", de modo de evitar conflictos de interés.

Brunner, agregó que deben tener "reglas claras y sanciones drásticas", además de actuar con total transparencia, haciendo públicos los informes de pares y los juicios de evaluación y no sólo los acuerdos, como se hace actualmente.

Respecto al tema del lucro consideró que este "hace rato explotó", pero que aun no hay acuerdo para la nueva ley y afirmó que si se insiste en prohibir el lucro se deben exigir "reglas de transparencia claras y un organismo profesionalmente encargado de supervisar y fiscalizar que los recursos se gasten dentro de las universidades y no vayan al bolsillo de los dueños".

En ese sentido, destacó el "rol fundamental será el que tendrá la superintendencia de Educación, que deberá velar por el cumplimiento de la ley".

Para el diputado González, la creación la superintendencia no garantiza una mejoría en el sistema "tal como está no sirve, porque legitima el lucro en vez de servir para darle a las corporaciones el verdadero sentido que tienen que tener".
Atribuyó esto a que a que a las autoridades no le interesa terminar con el lucro. "El gobierno ha intentado evitar toda mención al tema y eludir el bulto. Ello responde a una concepción ideológica de la derecha donde el lucro no es tema y sólo importa la calidad de la educación".

A juicio del parlamentario "El lucro es el elemento que ha pervertido el sistema educacional, lo ha transformado en un negocio, ha endeudado a cientos de miles de familias, ha echado a perder la calidad de las profesiones y ha transformado este quehacer por crear nuevas sedes, nuevas carreras, sin que estas impliquen ningún sentido para el desarrollo del país o un campo de desempeño profesional para los jóvenes".

Nuevo presidente de la CNA

Matko Koljatic es Ingeniero Comercial, tiene experiencias en Acreditación Internacional como miembro del consejo de acreditación de AACSB International.

Debió renunciar la junta directiva de la Universidad Católica Silva Henríquez y del consejo de acreditación de la agencia acreditadora Acredita CI.

En sus primeras declaraciones se mostró confiado de establecer un sistema que garantice educación de calidad.

FUENTE: CAMBIO 21