LA HISTORIA TRAS LA DESTITUCIÓN DE FERNANDO LUGO (II)
Paraguay: La destitución vista desde el Palacio
Publicado: 03.12.2012
El
procedimiento para destituir a Fernando Lugo no fue al azar. Esta
segunda parte de la extensa investigación periodística de la Agência Pública de Periodismo Investigativo
muestra cómo vivió Lugo este proceso. Además revela que un documento
distribuido en el Congreso definía con anterioridad los pasos del juicio
político que dejó fuera de la presidencia al ex obispo paraguayo.
Hace cinco meses, el 22 de junio de 2012, comenzó formalmente el proceso de impeachment (acusación) contra
Fernando Lugo, presidente elegido cuatro años antes en Paraguay. La
Cámara de Diputados hizo la acusación formal: declaró que el ex obispo
desempeñaba mal sus funciones. El libelo acusatorio, sin embargo, no
contenía prueba alguna y se limitaba a afirmar que las causas
mencionadas en él “son de pública notoriedad, motivo por el cual no
necesitan ser probadas”. Eran las 18 horas del 21 de junio. La defensa
tendría 17 horas para elaborar sus argumentos y dos horas para
defenderlos ante el Senado, que actuaría como juez al día siguiente.
La noticia del juicio político se hizo oficial aquella noche y
algunos grupos comenzaron a llegar tímidamente a la Plaza Independencia,
que queda delante del Congreso, en el centro de Asunción. Poco después,
la aglomeración fue tomando cuerpo. A la mañana siguiente, antes del
mediodía, cuando se inició la defensa, ya reunía a 10.000 personas.
“Nos autoconvocamos”, recuerda Katia María Guggiari, una joven
bajita, de cabellos tan largos como la tradición política de su familia.
Nieta de uno de los últimos presidentes liberales que gobernaron
Paraguay, José Patricio Guggiari Corniglioni (1928-1932), Katia,
contrariando a buena parte de esa tradicionalísima familia –con la que
rompió relaciones—fue a la plaza muñida de los consejos de un primo que
había vivido bajo la dictadura de Stroessner. “Lo más importante”,
recordó, “era quedarse lejos de la entrada del Congreso cuando
anunciaran el resultado del juicio político, porque la Policía
reprimiría inmediatamente”.
Lo que llevó a Katia a la plaza no fue el aprecio por el ex
presidente Lugo, por quien ella mantenía una antipatía indisimulada. “Yo
estaba absolutamente ofendida por lo que estaba ocurriendo. Pasamos 17
años en la transición. Finalmente habíamos entrado en la democracia y
ellos rompieron todo en 24 horas”, dice. “Eso duele”.
Cinco meses después, todavía conserva viva en el recuerdo la tristeza
de esos días. “Gente que no te conocía venía a abrazarte y decía
‘tranquilo, no está todo terminado todavía…”, cuenta. Pasó buena parte
del tiempo enviando mensajes de texto a los senadores del partido
liberal: “Mi abuelo se está revolviendo en la tumba”. Los liberales,
segunda fuerza política del país, habían cerrado un acuerdo con sus
enemigos de larga data, el conservador Partido Colorado, para la
destitución del primer presidente de centroizquierda en llegar al poder
en Paraguay. “Después de eso, pasaron muchas horas… Muy pocas horas,
pero parecía que fuese una eternidad”.
Dentro del predio del Congreso, el Orden del Día circulaba desde el
amanecer de ese viernes, detallando los procedimientos del juicio
político –y demostrando que se trataba de un acuerdo más que cerrado.
El procedimiento – vea aquí
una copia del documento– explicaba que a las 12 horas habría una sesión
para escuchar la defensa del presidente. A las 14:30 se constituiría un
tribunal para decidir la admisión de las pruebas ofrecidos por los dos
lados. A las 15.30, una sesión extraordinaria para formular alegatos y a
las 16.30 una sesión extraordinaria dictaría una sentencia.
El Orden del Día describía incluso cómo sería el final de la última
sesión: “Una vez confirmados los votos requeridos, se procederá a
declarar al acusado culpable, apartándolo de pleno derecho de su cargo”.
En las 17 horas que tuvo para intentar frenar el juicio político, el
equipo de defensa de Lugo presentó un planteamiento de
inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia a las 8:24 horas
del día 22 de junio, alegando que el derecho de defensa no había sido
respetado. La respuesta llegó el lunes siguiente, cuando Federico Franco
ya comandaba el país.
“Como se trata de un procedimiento que técnicamente no es
jurisdiccional, las garantías del proceso judicial, no lo son de manera
absoluta sino parcial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y
el derecho de defensa del acusado”, razón la Suprema Corte. Y concluyó
desestimando el pedido sin más trámite (Vea aquí el documento).
Otro recurso, pidiendo la anulación del impeachment, al cual
fue anexado el Orden del Día que determinaba la condena del acusado,
también fue denegado meses después. El principal argumento de la Corte
Suprema es que el impeachment, por tratarse de un procedimiento
político, no tiene la obligación de seguir las normas del juzgamiento
común –como la del derecho a una amplia defensa.
Vea la versión íntegra del recurso y de la decisión de la Corte.
Vea las actas del Congreso.
Vea el documento de condena de Lugo.
LUGO, EN PALACIO; VOTO EN EL CONGRESO, LA GENTE EN LA PLAZA
La mañana comenzó con un frenético movimiento en la residencia
presidencial, donde Fernando Lugo viviría por unas pocas horas más.
Desde las cuatro de la mañana ya se reunían ministros, secretarios y
amigos cercanos del ex obispo. Se decidió que él debía ir al Congreso
para enfrentar las acusaciones. Después hubo marcha atrás. Al final, una
comitiva partió para el Palacio de gobierno, donde esperarían el
resultado de la misión de los cancilleres de los países de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR), que había llegado al país la noche
anterior, directamente de la conferencia Rio + 20 y después de los
llamados personales de Lugo a Dilma Rousseff y José Mujica, presidentes
de Brasil y de Uruguay, para pedirles ayuda.
Desde el interior llegaban, todavía, algunos líderes campesinos que
venían a dar su apoyo a Lugo. “No había más trabajo institucional.
Estábamos ayudando a arreglar todo para recibir a esos líderes que
venían del interior”, recuerda José Tomás Sánchez, ex-ministro de la
Función Pública. La llegada de los líderes sociales, aunque a
cuentagotas, asustaba al Congreso y fue tema de acalorado debate la
noche anterior en el canal Telefuturo entre el abogado de la defensa de
Lugo, Antonio Ferreiro, y el diputado colorado Oscar Tuma, principal
abogado de la acusación.
En el programa en vivo, el presentador preguntó a Tuma si el rápido
juzgamiento se debía al temor de que hubiese manifestantes en la calle,
lo que podría generar una reacción violenta –“lo que todos nos tememos”.
El diputado respondió que sí. “Tenemos informaciones de que hay
movilizaciones pagadas, funcionarios públicos que fueron a manifestarse
frente al Congreso con el único objetivo de desestabilizar este
proceso”.
Los
rumores circulaban también en las conversaciones de la mañana entre los
representantes de Unasur y los principales líderes políticos del impeachment.
En reunión con los dirigentes del Partido Colorado, los cancilleres
oyeron que el gobierno, “inviable”, tenía que acabar. “Y que tenía que
hacerse rápido porque, supuestamente, Lugo había convocado a elementos
subversivos y violentos”, según el relato del canciller Héctor Timerman al periódico Página 12.
Las informaciones de inteligencia que llegaban al Palacio de gobierno
decían exactamente lo opuesto: había un plan para provocar un choque
violento en la Plaza de Independencia, que se llenaba de personas. La
amenaza remitía al llamado “Marzo Paraguayo” en 1999, cuando siete
manifestantes fueron asesinados por francotiradores cuando protestaban
contra el gobierno de Raúl Cubas en esa misma plaza.
“Había gente infiltrada en medio de los manifestantes para provocar
un baño de sangre”, afirma un militar que formaba parte de la escolta
personal de Lugo. En una de las tres entrevistas concedidas a Pública,
el presidente depuesto confirma: “Teníamos esta información de
inteligencia, inclusive de la Policía, de que querían repetir el
escenario del Marzo Paraguayo del 99, y el mismo escenario de Curuguaty.
Así, el responsable último sería el Ejecutivo, dando consistencia al
argumento de la destitución”.
Algunas radios populares habían montado equipos de sonido en medio de
la multitud con bandas de protesta y los números de celular de
senadores y diputados –la orden era mandar mensajes con nombre y
apellido, pidiendo que “voten conscientemente y respeten la democracia”.
Las radios transmitían, alternativamente, la música-símbolo del
nacionalismo paraguayo, la polca “Patria Querida”, y el juzgamiento en
el Congreso. “La plaza estaba cercada por vallas de metal”, recuerda
Katia María. “Cuando llegué, los policías que estaban alrededor de la
plaza me revisaron la mochila. Estaba todo controlado”. Pendía fresco,
sobre los manifestantes, el doloroso recuerdo del Marzo Paraguayo.
A la misma hora, los cancilleres se reunían con los líderes del
Partido Liberal. Según Timerman, su principal preocupación era la falta
de tiempo para la defensa. Oyeron como respuesta que debían irse del
país. “Señor, son las 11 de la mañana. A las 12 comienza el juicio
político. ¿Hay algo que ustedes pueden decirme para ayudarlos a que esta
situación no se agrave?”, preguntó Timerman. “No”, oyó como respuesta.
“La Constitución establece formas de hacer el juicio político, y no
plazos”.
“Fueron maltratados”, resume una fuente de Itamaraty. “Al final, era
una misión de ministros del exterior que fueron hasta Paraguay… ¿Y ellos
(los congresistas) hablando de que estaban haciendo todo de acuerdo con
la ley, que no necesitaban probar nada…?”.
No sólo eso: esa misma mañana, Franco tomó la iniciativa de llamar al
embajador brasileño, a la embajada de Asunción, para conversación sobre
el juicio político “en tono confiado”, según una fuente de Itamaraty.
La llamada fue interpretada por los gobiernos vecinos como una prueba
de la condena anticipada de Lugo. “Franco llamó al embajador de Brasil
en Asunción para decirle que esa misma tarde asumiría como Presidente.
En el parlamento todavía no se había sustanciado la acusación en el
Senado”, contaría más tarde el presidente uruguayo José Mujica.
Después de la fría recepción de los líderes de ambos partidos,
Timerman y el ministro brasileño Antônio Patriota se reunieron,
finalmente, con Federico Franco. Como en otras conversaciones, los
cancilleres advirtieron que Paraguay quedaría aislado si el impeachment
se llevaba a cabo y sería suspendido de organismos regionales como
Unasur y Mercosur. El argentino preguntó a Franco si consideraba justo
el procedimiento. “En Paraguay, un vicepresidente tiene tres tareas:
asistir a la reunión de gabinete, actuar como nexo con el Congreso y
asumir en caso de enfermedad, muerte o destitución del Presidente. Voy a
cumplir con la Constitución paraguaya”, respondió el vice.
“¿Te parece tiempo suficiente dos horas para preparar un juicio
político?”, retrucó el argentino. “Solamente Dios sabe el tempo que le
di”, replicó.
La conversación con Franco también terminó con la sombra de una
amenaza inminente de violencia. Timerman prosigue: “Pregunté si, en caso
de que convenciéramos a Lugo de pedir licencia, le darían seis meses
para preparar su defensa. Fue ahí que dijo una frase que ya habíamos
escuchado de otros dirigentes: ‘Este gobierno es inviable. Aquí, la
violencia comienza mañana’”.
LA ÚLTIMA REUNIÓN
De regreso en el palacio, a principios de la tarde, el entrar y salir
era constante y el clima, de incredulidad. El día anterior, Fernando
Lugo había comunicado ya a la nación que se sometería al impeachment.
Domingo Laíno, histórico miembro del Partido Liberal, recuerda que
intentó orquestar una reacción más fuerte contra lo que llama un golpe
montado por su propio partido. “Yo no soy Allende”, le respondió el
Presidente.
Mucho defendían la resistencia, inclusive algunos sectores del
Ejército paraguayo. Poco antes de las dos de la tarde, Lugo, todavía
presidente, convocó a los jefes militares. Se reunieron brevemente el
comandante del Ejército, Adalberto Garcete; el comandante de la Armada,
almirante Benítez Frommer; el comandante de la Fuerza Aérea, Miguel
Christ Jacobs; y el jefe del Gabinete Militar de la Presidencia, general
Ángel Alcibiades Vallovera.
Discutieron la posibilidad de publicar un comunicado de las Fuerzas
Armadas declarando su lealtad al comandante en jefe, el Presidente.
Después de una rápida discusión, la propuesta fue abandonada. “Lugo dijo
desde el inicio que no resistiría”, contó a Pública el general
Adalberto Garcete. Al final de la reunión, según fuentes militares, el
Presidente decretó: “Yo soy un mártir de la Historia”.
Los tres comandantes permanecieron en el palacio, aguardando la orden
de retirada –que tardó en ser dada. Mientras estaban allí, los buscó el
embajador de Venezuela, Nicolás Maduro. El encuentro, que no duró más
que algunos minutos, ocasionaría una investigación del Ministerio
Público en los primeros días del nuevo gobierno, respecto de una
supuesta tentativa del venezolano de incitar un golpe.
Con gran alboroto, la prensa nacional e internacional acusó a Maduro de sugerir una sublevación militar.
Interrogados por la Fiscalía, órgano investigador del Paraguay, los
comandantes del Ejército y de la Armada lo negaron; Miguel Christ
Jacobs, entonces comandante de la Fuerza Aérea, lo confirmó. Dos meses
después fue nombrado Comandante de las Fuerzas Armadas. Los otros dos
aguardan pacientemente en sus casas: fueron transferidos a la reserva
poco después de prestar testimonio.
La posibilidad de una reacción, fuese política o militar, fue también
tema de la última reunión de gabinete de Lugo aquella tarde. Estaban
todos los ministros, incluyendo a los liberales, los asesores jurídicos y
los secretarios.
Según
los relatos, Lugo evaluó las posibilidades que se presentaban, oyendo
mucho, en su estilo vacilante que le valiera tantas críticas durante
todo su gobierno. Recordó que no habría respaldo internacional a una
resistencia armada. Una vez asumiera el nuevo gobierno, sería fácil
desmovilizar a los sectores del ejército, que tendrían que someterse al
nuevo comandante en jefe, Federico Franco. Abatido, Lugo se resignaba.
“Por mi formación, académica, espiritual, estoy contra todo tipo de
violencia. La historia política de Paraguay siempre fue violenta”,
apunta él en la tercera entrevista con Pública, dos meses después de
aquella tarde. “Creo que pasaré a la historia como alguien que ejerció
una presidencia dentro del marco pacífico, en todos los sentidos, y que
no incitamos a ningún tipo de violencia, viniese de donde viniese”.
Otra opción sería renunciar –hubo un pedido oficial de la Iglesia, a
través de la Conferencia Episcopal Paraguaya, para que Lugo lo hiciera
para “evitar un derramamiento de sangre”. El ex obispo se negó. Dos
meses después, la Iglesia pidió disculpas. “Todo el tiempo Lugo dijo que
no quería un derramamiento de sangre, que teníamos que entregar el
gobierno organizadamente”, dice la ministra de Salud, Esperanza
Martínez. “Dijo que no huiría o pediría asilo, que se quedaría en el
país a resistir por todos los medios posibles”.
Al final de la reunión, Fernando Lugo asistió por televisión a la
votación del fin de su gobierno. Cuando llegó a 30 votos, el quórum
necesario, mantuvo un silencio sepulcral. “Tenía cara de pena”, cuenta
el fotógrafo presidencial Rafael Ursúa.
“Vimos la votación por la televisión, y cuando terminó la
destitución, dijimos: ‘Presidente, nos vamos, porque no queremos estar
cuando asuma Franco’”, recuerda el canciller Timerman. “La Argentina
ofrece asilo a quien lo solicite”, dijo.
En la plaza, los manifestantes rodearon la radio para oír el conteo.
“La gente se abrazaba alrededor del parlante. Hasta que llegaron a 30
votos… Ahí creo que comenzamos a cantar Patria Querida. Y llorábamos”,
recuerda Katia María.
Pocos minutos después, comenzaron a estallar los gases lacrimógenos.
“Quedé muy impresionada porque nunca lo había vivido. Una amiga me
agarró y me tiró, sentí el olor del gas y comencé a correr”. En la
corrida, derrumbaron las vallas de metal, llegaron hasta la escalinata
delante de la catedral de Asunción. Allí se reunió gran parte de los
manifestantes durante la noche.
Las puertas de la catedral estaban cerradas.
Al caer la noche, los asistentes de Lugo comenzaron calmadamente a
retirar sus pertenencias del Palacio. Muchos ministros ya habían
partido. El ex presidente había grabado, poco antes, un comunicado
oficial en el que negaba legitimidad al juicio político, pero dejaba en
claro que lo acataría. Federico Franco asumió poco después.
“Ver allí a los ayudantes del Presidente sacando las cosas, las
despedidas, ver al Presidente diciendo adiós al personal del Palacio,
los asesores de seguridad… Fumar un último cigarrillo en la baranda,
mirando para el Río Paraguay… Y ver, en la sala, al Presidente viendo el
final por televisión… Fue muy triste”, recuerda el ex ministro de
Función Pública, José Tomás Sánchez.
En la plaza, la multitud se dispersaba. Dos meses después, en
entrevista con Pública, la voz del jefe de Gabinete de la Presidencia,
López Perito, tenido como el hombre fuerte de Lugo, aún se quiebra en el
recuerdo. “La gente esperaba que el Presidente no aceptase… Y después
vino la desilusión cuando les dijimos allí, en la plaza, se tienen que
ir porque el Presidente va a entregar el gobierno”, dice.
“Me sentí muy mal. Parecía todo muy absurdo, que se perdiese el gobierno de esa manera tan miserable. Sentí que les fallamos”.
A las seis de la tarde, recuerda Timerman, los cancilleres partieron
en dirección al aeropuerto. “Nos abrazamos y nos fuimos. Había poca
gente en las calles”.
EL NUEVO GOBIERNO
Federico Franco ha gobernado bajo grandes dificultades, entre una
economía estancada, el continuo aislamiento internacional sufrido por
Paraguay –el país fue suspendido de Unasur y del Mercosur semanas
después del impeachment– y los escándalos de corrupción –hay denuncias de que su renta personal aumentó 7 veces desde que era vice. En los sondeos de opinión,
el gobierno de Franco pierde mal en popularidad con el de Lugo y la
desconfianza hacia el liberal llega al 55%. Aun así, su gobierno está
lejos del letargo. En pocos meses, dio un giro radical en las políticas
de gobierno, barriendo del mapa los principales puntos incómodos de la
administración Lugo.
Un ejemplo es la luz verde a las negociaciones con el gigante
canadiense de aluminio Rio Tinto Alcán para la exploración, mediante un decreto
promulgado a comienzos de julio (de 2012) y elaborado por los
ministerios de Hacienda e Industria y Comercio. Según Esperanza
Martínez, ex-ministra de Salud, el fuerte lobby de Rio Tinto dividía al
gobierno de Lugo, por la fuerte resistencia de los sectores
progresistas: para ellos, significaba ceder el uso de “casi una turbina y
media de Itaipú” a la empresa privada.
A comienzos de agosto, el nuevo Ministerio de Salud aceleró el
proceso de aprobación de maíz transgénico VT3PRO de la empresa Monsanto,
que esperaba en la fila del Senave, el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y Semillas comandada en el gobierno de Lugo por el
ingeniero agrónomo Miguel Lovera, ligado a los movimientos campesinos
–hoy dirigida por un empresario del ramo de los agroquímicos, Jaime Ayala, presidente de la compañía Pacific Agrosciences.
Durante la gestión de Lovera, se impidió cualquier nueva liberación
de especies transgénicas –la soja ya estaba liberada. El ex ministro se
justifica: “La única cosa que presentaban eran las pruebas de campo de
la eficacia agronómica. No se habían realizado pruebas locales sobre el
potencial alergénico, tóxico y de contaminación. Eran apenas estudios
realizados por las empresas”. En agosto, Federico Franco firmó un decreto
que disminuyó las exigencias de los estudios ambientales previos para
liberar los transgénicos y otro permitiendo la importación de semillas
transgénicas de Brasil y de la Argentina.
Más allá de eso, el 30 de agosto (de 2012), la nueva dirección del SENAVE revocó
la resolución 1160, que establecía las normas para la aplicación de
agrotóxicos, estableciendo la necesidad de una autorización para la
realización de fumigaciones aéreas y terrestres, y de avisar a los
vecinos con 24 horas de antelación, indicando los productos a ser
utilizados y el grado de toxicidad. La nueva dirección también acabó con
la secretaría de participación ciudadana, que tenía equipos de campo
para dar asistencia a los pequeños productores, intermediar en los
conflictos de tierras y servir como un canal directo con el gobierno.
En total, 120 funcionarios del SENAVE fueron removidos, según la
denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
octubre (lea aquí).
Más allá del Senave, una coalición de organizaciones de derechos
humanos denunciaron los despidos masivos en diversos organismos de
gobierno, como en la parte paraguaya del emprendimiento hidroeléctrico
de Itaipú, centrados en funcionarios afines a las políticas del gobierno
de Lugo. Otros órganos, como el Indert y la Secretaría de Acción
Social, también sufrieron muchos despidos, según un relevamiento realizado por los propios trabajadores.
FUENTE: CIPER CHILE
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