viernes, 14 de diciembre de 2012

El gobierno nuevamente repite el año en educación. Parlamentarios apuntan a falta de fiscalización incumplimiento de normas en colegios subvencionados

Por Teresa Frías K.
38 establecimientos serán cerrados ante el grave incumplimiento de las normativas, entre ellas, el no pago de las cotizaciones previsionales, adulteraciones de asistencia y serios problemas de infraestructura, provocando inquietud entre alumnos, padres y apoderados.
El ministro de Educación Harald Beyer y el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, dieron a conocer una lista de 38 colegios que perderán el reconocimiento oficial el año 2013 por haber incurrido en "graves y reiterados incumplimientos".

Éstos dicen relación con materias como el no pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, adulteración de las asistencias de alumnos (para aumentar el cobro de subsidios), falta de profesores o presencia de funcionarios sin título, además de problemas de infraestructura. Todos los sancionados corresponden a establecimientos particulares subvencionados, de los cuales la mayoría, 20,  pertenecen a la Región Metropolitana y 18 a otras regiones.

Entre estas últimas, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos lideran el ránking de licencias revocadas, con tres cada una; seguidas de Coquimbo, Valparaíso, el Maule y La Araucanía, con dos, y Arica y Parinacota, con una.

La pérdida del reconocimiento oficial implica que los establecimientos dejarán de percibir la subvención escolar y no podrán entregar certificados de estudios validados por el ministerio de Educación.

Una larga lista de anormalidades

Para el diputado, Sergio Aguiló (IC) "una vez más quiero reiterar como miembro de la comisión de Educación que efectivamente en el mundo de la educación privada y financiada con recursos del Estado, existe una cantidad enorme e infinita de irregularidades".

En esa línea agregó a Cambio21 que "es por eso que la grave irresponsabilidad del gobierno al dejar en manos particulares la educación pública, llevan a estas situaciones anómalas"

Además mencionó la grave situación a la que se verán enfrentados los apoderados y alumnos de estos establecimientos a raíz de no poder "cumplir con las reglas que se les indican". El parlamentario destacó como gran irregularidad el tema de la fiscalización señalando que "si hubiera sido la adecuada, no estaríamos lamentándonos a una semana de que termine el año escolar".

Por su parte, el diputado Patricio Vallespín (DC) afirmó que lo ocurrido "es fruto del funcionamiento de la Superintendencia de Educación, es bueno que se vea quien cumple y quien no lo hace".

Aunque el parlamentario mencionó que "hay que buscar soluciones para los niños, quienes tienen garantizada una educación, y eso tiene que ser resuelto y obvio el ministerio debe responder".

En conversación con Cambio21 concluyó que "aquí debiera existir una fiscalización permanente y sistemática. Si hubiera una responsabilidad efectiva, no habrían lamentaciones".

FUENTE: CAMBIO 21

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