Sorpresivo anuncio de “reforma a la Reforma Procesal Penal”
La salida de libreto de Piñera que amenaza con tensionar nuevamente relaciones de La Moneda con el Poder Judicial
Sus palabras sorprendieron a
varios porque, si bien algo se había visto de forma previa en el
Gobierno, claramente la iniciativa está en pañales y el Ministerio de
Justicia contaba con tener más tiempo, al menos un par de meses. Dos
elementos confirman la salida de libreto del Presidente: la idea
original era tener la reforma para noviembre —fecha estimada para contar
con el proyecto— y frases en Palacio como “es el Presidente el que
impone los ritmos”, comprueban que se adelantó.
El último anuncio
presidencial de llevar adelante una “reforma a la reforma procesal
penal” puede terminar convirtiéndose en un nuevo pelo en la sopa de las
tensas relaciones entre La Moneda y el Poder Judicial. Esto en un marco
de gestos mutuos que se habían desplegado las últimas semanas para
tender puentes y lograr una suerte de “abuenamiento”, tras las
críticas al fallo que paralizó la Central Castilla y que gatilló el duro
reclamo de la Corte Suprema por “intromisión indebida” desde el
Gobierno.
La polémica decisión de la jueza del 13º Juzgado de Garantía de
Santiago, Valeria Vega, de dejar en libertad provisional a Pablo Ávila,
acusado del homicidio de un barrista de Colo Colo el domingo en la
noche, cayó al Presidente Sebastián Piñera como anillo al dedo. Se
convirtió en el escenario ideal para justificar públicamente su deseo de
introducir cambios profundos al funcionamiento y a las normas en las
que se sustenta la Reforma Procesal Penal (RPP).
“Como Presidente de Chile, como Presidente de todos los chilenos
tengo la obligación de que, cuando vemos que algunos eslabones de la
cadena no cumplen adecuadamente su labor en la lucha contra la
delincuencia, debemos tomar todas las medidas que están a nuestro
alcance, y por eso esta reforma a la reforma procesal penal”, dijo
Piñera ayer en la mañana desde Arica.
Sus palabras sorprendieron a varios porque, si bien algo se había
visto en de forma previa en el Gobierno, claramente la iniciativa está
en pañales y el Ministerio de Justicia contaba con tener más tiempo, al
menos un par de meses. Dos elementos confirman la salida de libreto del
Presidente: la idea original era tener la reforma para noviembre —fecha
estimada para contar con el proyecto— y frases en Palacio como “es el
Presidente el que impone los ritmos”, comprueban que se adelantó.
Desde el Ejecutivo esbozaron las ideas centrales de lo que se
pretende reformar, tres de ellas claves para La Moneda, y que levantarán
polvareda a nivel político y judicial: modificar la atribución
exclusiva de los jueces de garantía para determinar la validez de una
prueba; establecer mayores exigencias a las libertades provisionales y
aumentar las atribuciones policiales en las detenciones.
El viernes 28 de septiembre Piñera almorzó en La Moneda con su
ministro de Justicia, Teodoro Ribera y el presidente de la Corte
Suprema, Rubén Ballesteros, más los ministros encargados de las
respectivas salas que la componen: Nibaldo Segura (Civil), Hugo
Dolmestch (Penal), Héctor Carreño (Constitucional) —ambos remplazando a
Milton Juica y Sergio Muñoz que estaban fuera de Chile— y Patricio
Valdés (Mixta). Ese almuerzo fue claramente un intento de “abuenarse”
con los supremos, como reconocieron ese día en La Moneda, ya que la
invitación presidencial fue con motivo de la entrada en vigencia de la
ley que flexibiliza la destinación transitoria de jueces hacia
tribunales con mayor cantidad de procesos pendientes.
Unas horas antes de ese almuerzo, Ballesteros afirmó ante la prensa
que el caso de Castilla había dejado lecciones tanto para la Corte
Suprema como para el Gobierno, tratando de dar por superado el
duro impase por las críticas al fallo de Castilla y que provocaron un
malestar supremo que quedó de manifiesto en la resolución del pleno del
11 de septiembre.
Ayer en La Moneda declararon que fue en ese almuerzo donde Piñera le
“comentó” a los supremos la reforma a la reforma, aunque todo indica que
en realidad fue en el almuerzo anterior —el 14 de agosto—, cuando
estaban presentes en la cita casi la totalidad de los supremos. Sin
embargo, en la oportunidad no se les habló de cambios de la magnitud que
se delinearon ayer públicamente.
Alarmas
Desde tribunales se prendieron luces amarillas. Ya la criticada ley Hinzpeter —que busca fortalecer el resguardo del orden público— tiene duros detractores en la Corte Suprema,
despertando un arduo debate en el máximo tribunal, como lo demostró el
informe que envió al Congreso. En este, varios ministros advertían de
algunos aspectos que atentaban contra las bases del ordenamiento
jurídico. La “reforma a la reforma” sería más dura todavía.
Desde tribunales se prendieron luces amarillas. Ya la criticada Ley Hinzpeter —que busca fortalecer el resguardo del orden público— tiene duros detractores en la Corte Suprema, despertó un arduo debate en el máximo tribunal, como lo demostró el informe que envió al Congreso. En este, varios ministros advertían de algunos aspectos que atentaban contra las bases del ordenamiento jurídico. La “reforma a la reforma” sería más dura aún.
En tribunales, además, comentaron que cualquier cambio de envergadura
como se pretende, debe ser informado en la mesa de seguimiento de la
RPP, lo que hasta ahora no ha sucedido. Dicha instancia está integrada
por todos los actores que son parte del sistema: fiscalía, defensoría,
Corte Suprema, Policías, Registro Civil, Colegio de Abogados, la que se
reúne cada dos meses.
La última citación de esta mesa fue el 10 de septiembre, cuando
—según la versión de Palacio— el estudio y sondeo de opiniones sobre
esta reforma ya llevaba un par de meses en marcha, pero tampoco se
esbozó nada.
Consultado sobre el anuncio de Piñera, el ministro Dolmescht señaló
ayer que “no conozco esos antecedentes” y luego en la formalidad que lo
caracteriza, agregó que “el Presidente de la República tiene iniciativa
legal, puede hacerlo perfectamente y en su momento opinaré sobre ello”.
A la medida
No se oculta en Palacio, ni en público ni en privado, que el objetivo
de la reforma es fortalecer el discurso de la lucha contra la
delincuencia. El propio Presidente lo dijo ayer: “Esta iniciativa tiene
una sola misión y un solo objetivo: fortalecer la lucha contra la
delincuencia, fortalecer las garantías para todos los chilenos, pero
especialmente para la inmensa mayoría inocentes que quiere vivir en paz,
en tranquilidad y también fortalecer las garantías para las víctimas
que sufren las consecuencias de la delincuencia”.
Este punto es fundamental para una administración como la de Piñera,
cuya coalición levantó por una década la bandera electoral de la “mano
dura” contra la delincuencia y de terminar con la puerta giratoria. Pero
una vez ya gobernando, las duras objeciones por la inoperancia de los
gobiernos concertacionistas en este ámbito se transformaron en un
boomerang, pues la delincuencia pasó a ser uno de sus talones de Aquiles
por la sobreexpectativa generada.
La Moneda ha tratado de esquivar las críticas en esta área
responsabilizando especialmente a los jueces de garantía, a quienes
considera que en su gran mayoría adhieren a doctrinas de izquierda que
dificultan la implementación de la mano dura.
Entonces, no es menor que los cálculos de Palacio apunten a que la
reforma se discuta con la contienda presidencial del próximo año como
telón de fondo, permitiendo al gobierno de la Alianza blindarse de las
críticas y tener una respuesta concreta que defender.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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