Fiscalía indaga nuevos correos y Peña deslinda responsabilidad en Ubilla
Investigadores detectaron correos entre Carlos
Alvarez, de la Unidad de Crimen Organizado de Interior, y el dueño de
empresa Tecnodata.
por Leslie Ayala y Andrés López
La Fiscalía Centro Norte detectó la existencia de contactos vía
correo electrónico entre Alfredo Giacoman, el dueño de la empresa
Tecnodata, firma que se adjudicó la cuestionada licitación de equipos
antidroga, con un funcionario del Departamento de Crimen Organizado de
la División de Estudios del Ministerio del Interior.
Los e-mail fueron hallados en el computador incautado a Giacoman en
su oficina. Según fuentes de la investigación, se trata de contactos
entre el dueño de Tecnodata y el sociólogo Carlos Alvarez. Los mensajes
incluirían datos relativos a la licitación, pese a que el funcionario no
tiene relación con el proceso de adquisición de los insumos.
Alvarez ha trabajado durante años en temas de seguridad. Fue
funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) desde su
creación. En 2003, estuvo a cargo de la División de Crimen Organizado
del organismo de inteligencia. En 2010 dejó voluntariamente la ANI e
ingresó a trabajar bajo las órdenes de Marko Magdic al Departamento de
Crimen Organizado de la División de Estudios de Interior.
Tras hallar los correos, los fiscales de la Unidad de Delitos de Alta
Complejidad, José Morales y Jaime Retamal, quienes indagan las
presuntas irregularidades en la licitación, se abocaron a intentar
establecer la actuación de este funcionario y la naturaleza de los
contactos con el dueño de Tecnodata. Una de las próximas diligencias
sería acceder al computador de Alvarez.
Declaración de ex fiscal
Ayer, en tanto, durante dos horas declaró en la Fiscalía Centro Norte
el ex jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior,
Alejandro Peña.
Al término de la diligencia, Peña dijo que estaba “con la conciencia
tranquila”, pues no tuvo “ninguna intervención directa en este proceso
(de compra de los equipos)”.
Fuentes cercanas a la investigación que desarrollan el OS-9 de
Carabineros y el Ministerio Público señalaron que en la declaración del
ex fiscal metropolitano Sur, este hizo una descripción del Plan Frontera
Norte.
Además, aseguró que las adquisiciones estaban a cargo del renunciado
jefe de proyectos de la repartición, Felipe Baeza, quien -dijo- los veía
directamente con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Peña, según las fuentes consultadas, declaró que el estilo de gestión
de Ubilla era de trato directo con los encargados de los departamentos y
que muchas veces él no se enteraba de esas reuniones. Incluso, el ex
fiscal aseguró a los fiscales que este actuar le provocaba conflictos de
liderazgo en su equipo.
El renunciado jefe de la División de Estudios habría dicho, además,
que la licitación por compra de densímetros con supuesto sobreprecio fue
validada por la dirección de presupuesto de la subsecretaría.
Al respecto, explicó a los fiscales que la compra de los equipos fue
analizada por John Barra -jefe de División de Administración y Finanzas-
y Felipe Baeza, quienes, reiteró, se entendían directamente con Ubilla.
Peña declaró a los fiscales que tras la publicación de Ciper, que
daba cuenta de presuntos sobreprecios de equipos antidroga, llamó a
Alfredo Giacoman. Agregó que éste se habría comprometido a enviarle una
minuta con los gastos que justificaban el precio pactado por los equipos
electrónicos.
Tras prestar declaración, en calidad de testigo, el ex fiscal explicó
que el contacto que tuvo con Giacoman fue “para pedirle cuenta de los
sobreprecios. Yo no conocía ningún proveedor”.
Respecto del rol de Ubilla en los procesos de compra, el ex fiscal Peña dijo a La Tercera que “como jefe de servicio era quien supervisaba todos los procesos de adquisiciones”.
A las 11.30, mientras Peña aún declaraba en la fiscalía, el
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, presentaba una querella por
fraude al Fisco y violación de secretos en las licitaciones
cuestionadas. La acción judicial, presentada en el Séptimo Juzgado de
Garantía, fue patrocinada por el abogado Luis Hermosilla. En el escrito
se solicitó a la fiscalía indagar posibles vínculos comerciales y/o
personales entre los empresarios, los miembros de la comisión evaluadora
y funcionarios del Ministerio del Interior.
El subsecretario Ubilla dijo sentirse tranquilo. Agregó que “soy una
persona que he actuado de manera proactiva para entregar todos los
antecedentes”.
En este sentido, subrayó que desde el inicio de la investigación ha
puesto todos los antecedentes de los que dispone en poder del Ministerio
Público.
Secreto
El segundo ex funcionario de Interior que se presentó ayer a declarar
ante los fiscales (pero en calidad de imputado) fue Felipe Baeza, quien
era el responsable directo de la licitación en su calidad de jefe de
proyectos y adquisiciones. El ingeniero comercial, quien no declaró e
hizo valer su derecho a guardar silencio, llegó junto a su abogado,
Pablo Larredonda. Al salir de la fiscalía, manifestó sentirse
“tranquilo”.
El tercer interrogado durante la tarde fue el jefe metropolitano
Antinarcóticos de la PDI, Iván Villanueva. El subprefecto, según su
abogado, Manuel Muñoz, declaró no haber tomado parte en la licitación.
El jefe policial declaró en calidad de testigo. “Es importante
señalar que el subprefecto Villanueva manifestó que no participó de
ningún proceso de licitación”, dijo su defensor.
El profesional añadió, sin embargo, que a Villanueva “con
anterioridad se le pidieron informes técnicos respecto de si los
sistemas que iban a comprar servían para el trabajo diario que realiza
la PDI en zona fronteriza”.
Los próximos pasos de los fiscales serían interrogar a los miembros
de la comisión evaluadora de los equipos, además del funcionario de
Interior Carlos Alvarez.
Empresa se ha adjudicado $1.400 millones desde 2006
Durante los últimos seis años, el Estado le ha pagado a
Tecnodata Ltda. al menos $ 1.460 millones en 245 licitaciones de
diversas instituciones públicas, según datos de Mercadopublico.cl. De
haberse hecho efectiva la licitación para el Plan Frontera Norte, ese
monto habría aumentado a $ 3.400 millones.
Las reparticiones de gobierno como el Ministerio de Interior,
intendencias y gobernaciones, concentran la mayor cantidad de dinero en
licitaciones a la firma de Alfredo Giacoman, con $ 609 millones desde
2006.
Entre los productos más requeridos en 23 licitaciones, destacan
detectores de alcohol y drogas (entre ellos densímetros y fibroscopios),
aparatos de radio y medidores de velocidad.
En segundo lugar se encuentra Carabineros, que ha pagado a la empresa
$ 502 millones en 41 procesos. Lo más requerido por la policía
uniformada ha sido la compra y mantención de equipos para alcotest y la
adquisición de detectores de metales.
La PDI es la tercera repartición pública que más licitaciones ha
adjudicado a Tecnodata desde 2006. Desde allí, se han pagado $ 210
millones por equipos electrónicos y de vigilancia.
El resto de los compradores públicos son las municipalidades, con $
68 millones; hospitales y servicios de salud, con $ 34 millones; Fuerzas
Armadas, con $ 25 millones; universidades, con $ 8 millones, y
Gendarmería, con $ 1,7 millón.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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