Ex fiscal Peña y su renuncia al Gobierno por caso de corrupción: "Fui engañado y estoy sumamente dolido"
El polémico funcionario
defendió su inocencia en este caso, que provocó durante la presente
semana la salida de dos de sus ex subalternos del Gobierno e
incautaciones de computadores en las dependencias de la Subsecretaría,
la última, la del equipo del jefe del Departamento de Crimen Organizado
Marko Magdic, quien también trabajaba bajo sus órdenes.
"Ambos
fuimos engañados", así dijo el ex fiscal jefe de la Fiscalía
Metropolitana Sur Alejandro Peña en alusión al subsecretario Rodrigo
Ubilla y a la polémica por los presuntos sobreprecios en la licitación
de equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte que motivaron su
renuncia, hace una semana, a la jefatura de la División de Estudios del
Ministerio del Interior.
"No está involucrado para nada. Está sumamente dolido, igual que yo",
dijo Peña en una entrevista con el diario La Tercera, mostrando un giro
respecto de su declaración del martes ante la Fiscalía, cuando aseguró
que el responsable de la aprobación de los contratos con la empresa
Tecnodata era Ubilla en su rol de jefe del servicio.
El polémico funcionario defendió su inocencia en este caso, que
provocó durante la presente semana la salida de dos de sus ex
subalternos del Gobierno e incautaciones de computadores en las
dependencias de la Subsecretaría, la última, la del equipo del jefe del
Departamento de Crimen Organizado Marko Magdic, quien también trabajaba
bajo sus órdenes.
"En la Subsecretaría no hay desorden, todo esto es un hecho
profundamente lamentable. Sin embargo, cuando se cometen delitos no hay
control que resista", comentó el renunciado funcionario, que dijo
compartir además la decisión de Ubilla de congelar una licitación que
estaba pendiente con Tecnodata y que consistía en la adquisición de
visores termales para detectar a narcotraficantes en el altiplano.
"Me parece sumamente acertada. Creo que él debe seguir liderando la
investigación que se está realizando. No sé si otra persona pudiera
hacerlo, porque él conoce en detalle todo lo que se hizo", señaló Peña,
que puso énfasis en la seriedad del caso, que pone dudas sobre el Plan
Frontera Norte, que contempla un presupuesto de 10 mil millones de pesos
y fue diseñado para poner atajo al ingreso de drogas en límite norte
del país.
"Acá no se están comprando computadores ni automóviles. Acá se están
comprando instrumentos que estaban destinados a un noble fin, que era
evitar que la droga ingrese a nuestro país. Acá el único que gana es el
crimen organizado. Falta una jueza como Gloria Ana Chevesich (que indagó
las irregularidades del caso MOP Gate), que sacuda el sistema y que
investigue, que sacuda a todos los proveedores de estos equipos",
declaró Peña, que no oculta sus sospechas ante Alfredo Giacoman, a quien
asegura no conocer personalmente.
"No sé si Giacoman tenía permeado sólo mi departamento. Él no sólo es
un proveedor de acá. Estos sujetos no tienen ninguna ética en los
negocios", advirtió.
Los funcionarios acusados, caso a caso
En la entrevista, Peña dijo lamentar "en lo personal" la salida del
ingeniero comercial Felipe Baeza, hombre de su confianza y que él mismo
convenció de dejar la Fiscalía Sur para trasladarse a La Moneda. Baeza
fue interrogado como imputado y aparece como principal responsable de la
aprobación de los contratos. Ubilla le pidió la renuncia, que se
concretó el lunes.
"A Felipe lo traje yo. En su caso las confianzas están congeladas. Le
tengo un profundo aprecio. Si se comprueba su inocencia se le ha hecho
un profundo daño. Si se comprueba su culpabilidad no solamente se le ha
hecho un profundo daño al Fisco, sino también a las confianzas
personales", dijo.
Su opinión es distinta respecto del sociólogo y ex funcionario de la
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Carlos Alvarez, quien formaba
parte del Departamento de Crimen Organizado de Interior y debió
renunciar ayer, luego de que la Fiscalía detectara que intercambiaba
correos electrónicos con Alfredo Giacoman, el dueño de Tecnodata, la
firma proveedora de los equipos supuestamente sobrevalorados.
"Carlos Alvarez nunca transparentó su relación con Giacoman al
interior de la División. El no tenía por qué tener relación con los
proveedores y no tendría por qué haber tenido antecedentes de la
licitación", señaló Peña.
"Cuando trabajo en un grupo interdisciplinario, no puedo estar
vigilando las comunicaciones. Ni con quiénes hablan ni con quién dejan
de hablar, ni qué correos electrónicos envían. Está prohibido en la
Constitución. Además, estoy trabajando en La Moneda, con personas
honorables, no en el penal Santiago Uno", argumentó.
Fiscalía revisará compra a Tecnodata
En en el marce de este mismo caso, y según también reporta La
Tercera, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ordenó enviar al fiscal
regional Centro Norte, Andrés Montes, los antecedentes sobre la
adquisición vía trato directo de un equipo para realizar escuchas
telefónicas que en noviembre de 2009 le hizo el Ministerio Público a
Tecnodata.
La noticia fue confirmada al diario por el director ejecutivo de la
Fiscalía, Pedro Bueno, que aseguró que ésa es la única transacción que
la institución ha hecho con la firma de Alfredo Giacoman.
La compra sin licitación tuvo un costo de 25,2 millones de pesos y
consistió en un equipo marca Phoenix American Technologies, modelo
RT-8100, que también es usado por la Policía de Investigaciones y
Carabineros para interceptar llamadas.
Bueno explicó que el aparato se adquirió de manera directa dado que
Tecnodata es el único representante del fabricante norteamericano en
Chile. "No teníamos mucho dinero y llamamos a Estados Unidos, pero nos
dijeron que había que entenderse con Tecnodata", afirmó.
El precio pagado por la Fiscalía a Tecnodata es más caro que lo
cancelado por la PDI en otras oportunidades por el mismo aparato. En
septiembre de 2006 la PDI licitó tres unidades del modelo RT-8100 que
serían destinadas a Puerto Montt, con un costo unitario de 17,5
millones, que se adjudicó Tecnodata.
En febrero del 2008, la policía civil compró otro de estos equipos,
pero forma directa a Phoenix American Technologies, a un precio de 13,2
millones cada uno, casi la mitad de los que pagó la Fiscalía Nacional el
2009.
"Probablemente, nos costó más caro. Tratamos de pagar menos comprando
al fabricante, pero Phoenix nos dijo que no se podía, que debíamos
hacerlo a través de Tecnodata", señaló Bueno.
El dueño de la cuestionada empresa, Alfredo Giacoman, afirmó que "la
diferencia en los precios se debe a que la PDI tiene beneficios
tributarios para importar productos y la Fiscalía no puede hacer eso".
FUENTE: CAMBIO 21
No hay comentarios:
Publicar un comentario