Frente Amplio Unitario

Ley Hinzpeter: El retorno a la dictadura. Documento pretende criminalizar las movilizaciones y encarcelar a quienes organicen marchas ciudadanas

Por Susana Frías K.
Un informe enviado por la ONU otorga a Piñera un plazo de 60 días para informar sobre diversos aspectos del proyecto de normativa antiprotestas que atentarían contra los derechos humanos. Ley fue propuesta tras las masivas manifestaciones producidas a partir del año pasado. Redes sociales, parlamentarios y defensores de los derechos humanos cuestionan la dureza de las sanciones que propone.

Luego de las masivas protestas y marchas que se comenzaron a gestar el año pasado y que continuaron este 2012 y que culminaron con detenidos, heridos y saqueos, desde el gobierno el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se transformó en el rostro emblemático de un proyecto de ley cuyo fin es terminar con las manifestaciones. Se trata de la ley de Resguardo del Orden Público o más conocida como la "ley Hinzpeter".

La Comisión de seguridad Ciudadana, votaría el pasado 4 de julio el proyecto de ley que sanciona desórdenes públicos y saqueos, sin embargo, el gobierno acogió indicaciones de diputados UDI para perfeccionar la llamada "Ley Hinzpeter", por lo que se pospuso para el 18 de julio.

Según el Secretario de Estado, se quiere buscar libertad para expresarse, protección para las víctimas y que quienes comentan actos vandálicos tengan sanciones que hoy no existen.

ONU manifiesta su preocupación

Hasta esta fecha sólo ha sido conocida la preocupación expresada públicamente por Amnistía Internacional, que en marzo de 2012 envió una carta a los parlamentarios alertando sobre diversas normas contenidas en la "Ley Hinzpeter" que atentarían contra los Derechos Humanos. A ese texto se suma a otro enviada en marzo de 2012 por la misma organización, esta vez al Presidente Piñera, donde alertaban sobre diversas situaciones de derechos humanos que se han agravado durante su gobierno y donde, entre otras, se mencionaba precisamente ese proyecto de ley.

Lo que se ha tratado de mantener oculto es un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuestiona esa iniciativa, según lo dio a conocer el portal Yo no Voté por Él.

El pasado 23 de enero, como parte de un procedimiento especial, tres Relatores Especiales de las Naciones Unidas enviaron al gobierno una comunicación urgente donde expresaban su preocupación por los términos contenidos en el proyecto, dando un plazo a Piñera de 60 días para informar sobre diversos aspectos que atentarían contra los derechos humanos.

El Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y la Relatora Especial sobre los defensores de Derechos Humanos, hicieron presente que diversos compromisos internacionales vinculantes para el Estado de Chile constituyen obligaciones que se deben respetar los que, de acuerdo con los términos que trascendieron sobre el proyecto de Ley Hinzpeter, podrían verse vulnerados.

Se citan, por ejemplo, obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Resolución 15/21 del Consejo de Derechos Humanos donde se exhorta a "los Estados a que respeten y protejan el derecho de todas las personas a la libertad de reunión". Se cita el Comentario General 31 del Comité de Derechos Humanos donde se estipula que "los Estados parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho constitucional ni de otras disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento o de la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado".

¿Volviendo a los tiempos de Pinochet?

Fue durante la dictadura cuando los ciudadanos vivieron en carne propia la censura; ahora parece que retornan a esos tiempos. De forma más técnica, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, entrega algunos alcances de la ley que pretende impulsar Hinzpeter.

"No nos confundamos. La idea no es sancionar a los encapuchados. Nótese que tampoco se castiga al que incita a los actos violentos. El propósito de este inciso es más bien castigar a quienes convoquen a una movilización social que termina en desórdenes. No es necesario haber querido ese resultado, basta con haberlo previsto como posible", señaló el jurista en una columna de opinión.

Profundizando lo anterior, Zapata trajo a colación la Ley 12.927 de 1983, donde "la oposición al general Pinochet convocó a la ciudadanía a masivas y sucesivas jornadas de protesta nacional", cosa que provocó el surgimiento de los caceroleos y que "grupos minoritarios" recurrieran a la violencia.

Como reacción, "en octubre de 1983 Pinochet presentó a la Junta Legislativa un proyecto para agregar una nueva letra i) al art. 6 de la Ley de Seguridad del Estado. El objeto era precisamente criminalizar a los organizadores o convocantes de las jornadas de protesta".

Luego el abogado sentencia: "Al igual que ocurre con la iniciativa del Presidente Piñera ahora, la propuesta de Pinochet, 28 años antes, buscaba castigar a las personas por generar supuestas situaciones de peligro (abstracto o concreto), sin que importe si se ha tenido o no el dolo positivo de causar el mal que se pretende evitar. Hasta ahí el deja vú. A diferencia de 1983, ahora existe un Congreso Nacional independiente. Y si entonces la ley antiprotestas fue aprobada por la Junta en trámite secreto y en 10 días, no me cabe duda que nuestro Congreso actual va a frenar este peligroso proyecto de ley".

Las voces se alzan en contra

Representantes del mundo político, defensores de los derechos humanos y las redes sociales ya se manifiestan en contra de esta ley por considerarla una violación a los derechos ciudadanos. En este sentido, el diputado Luis Lemus anunció que al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara persuadirán al gobierno y a los legisladores oficialistas a "relocalizar el tema", centrándolo más en el "daño a personas y a los bienes públicos y privados". La iniciativa del Ejecutivo pone el acento en fortalecer el orden público.

"El problema principal de la iniciativa del ejecutivo es que se busca enfrentar la protesta social no en su raíz, sino a través de medidas coercitivas. Si hubiéramos aplicado este principio a distintas etapas de la historia de Chile y se hubiera sancionado con tres años de cárcel a una persona por tomarse las calles, de uno u otro signo, la historia habría sido distinta", asegura el parlamentario.

Amnistía Internacional tampoco concuerda con el proyecto legislativo, por considerarlo una vulneración a derechos humanos como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación.

Ana Piquer, directora ejecutiva del organismo, asegura que con esto "podrían quedar criminalizados como delitos hechos que no son más que el ejercicio de derechos humanos básicos, como el derecho a reunión o la libertad de expresión. También se pena a quien promueve la manifestación. Entonces podrían darse casos, incluso absurdos, en que si una persona promueve una manifestación a través de Twitter y ésta termina siendo violenta, el tuitero podría terminar siendo penado con la ley hasta por tres años de cárcel", advierte.

"En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanza agua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de torturas y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual, contra estudiantes", recalca.

Piquer afirma que el Estado tiene el deber de resguardar el orden público, especialmente cuando se producen hechos violentos, pero ello debe hacerse siempre dentro del marco de los derechos humanos, respetando el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente y recurriendo al mínimo posible de uso de la fuerza respecto de quienes utilicen la violencia.

"Al gobierno le conviene"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, sostiene que "a los gobiernos les conviene que pasen hechos de violencia en las marchas, porque van desacreditando a los movimientos sociales".

"La violencia en las manifestaciones, que cada vez aumenta más, tiene una raíz que es la desigualdad y la pobreza; la desigualdad, la no participación. La gente quiere participar y no tiene espacio y posibilidad de hacerlo y la desigualdad social genera violencia, y esa violencia es la que hay que atacar primero", expresa Martínez.

En tanto, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sostiene que "vamos en una senda peligrosa de seguir así". Asegura que la gente que tiene experticia en temas de seguridad considera que es un proyecto malo, "donde se está interfiriendo en una garantía fundamental de manera penal y todo el mundo sabe que el Derecho Penal y la sanción no resuelven los conflictos sociales. Nosotros estamos en contra de ese proyecto, porque tiene un límite demasiado poco claro entre lo que es un delito y un derecho constitucional".

"El ministro Hinzpeter suele meter dentro de un mismo saco a quienes legítimamente se manifiestan con aquellos que cometen delitos en el contexto de las manifestaciones y que son los menos", recalca.

Explica, asimismo, que en un Estado democrático el orden público no es una garantía fundamental, sino "el conjunto de condiciones que permite el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos, no la conculcación de derechos". Sostiene que un punto a debatir como sociedad es qué tolerancia tenemos para concebir una democracia en término de conflictos que se van resolviendo, a veces con manifestaciones, sobre todo cuando no hay otros canales de participación.

El diputado Felipe Harboe se suma a las críticas y señala que "el proyecto de ley es bastante malo. Establece la misma sanción y considera igualmente grave a un grupo de personas que baja a la calle a manifestarse e interrumpe el tránsito con el saqueo a un local comercial, o con la toma a un establecimiento educacional".

Discusión "interesante"

El parlamentario añade que la iniciativa, además, "establece en caso de la toma del establecimiento educacional sanciones privativas de libertad, lo cual es realmente delicado".

En tanto, para el fiscal nacional Sabas Chahuán, el cambio a la ley debe garantizar el derecho ciudadano a manifestarse.

"Va a ser una discusión interesante en el Parlamento y todo lo que sea fortalecer la represión de los que cometen delitos nos parece bien, siempre que se respete el equilibrio de todos nosotros a expresar nuestra opinión", dice Chahuán.

La derecha a favor

Mientras los ciudadanos, la oposición y los diversos organismos que resguardan los derechos humanos han estado mostrando su descontento con el proyecto de ley, la derecha se ha manifestado a favor e incluso ha pedido acelerar su aprobación, pese a que vulneraría los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Estas son algunas declaraciones realizadas por personeros de la derecha en torno a esta polémica ley.

Intendenta de la región Metropolitana, Cecilia Pérez, 30 de Junio de 2012:

"Todos los actores sociales incluidos los sectores políticos, deben rechazar (los hechos de violencia) no solamente con claridad y sin titubeos. Y deben rechazarlos con hechos concretos, como es aprobar un proyecto de ley que apunta en el corazón a condenar estos hechos y a darnos instrumentos legales que se puedan sancionar".

Diputado RN Cristián Mönckeberg, 30 de Junio de 2012:

"Piensen que hay miles y miles de chilenos que cuando se producen estas marchas y se producen estas manifestaciones ven cómo se ve alterado el orden público, se ve alterado el normal desenvolvimiento de la ciudad y se ve cómo impunemente se cometen delitos como el saqueo y nadie responde".

Diputado UDI Iván Moreira, 2 de Julio de 2012:

"Le exijo a mi gobierno discusión inmediata para la tramitación de las indicaciones y modificaciones a la ley de orden y resguardo público (...) No puede ser que el señor Gabriel Boric, líder de un grupo de cuatro muchachos, llame a una marcha para expresar enojo y además sostenga en programas de televisión que este no es un movimiento político, porque sus demandas van más allá de las reivindicaciones por educación".

Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, 29 de Junio de 2012:

"Con esta normativa se podrá castigar de manera real a las personas que no tienen ninguna justificación ni merecen ninguna contemplación por parte de la Justicia".

Qué dice el proyecto

Según indica el "Artículo 269, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio (esto es, una sanción privativa de libertad de 541 a 3 años) quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos: Realicen paros y tomas en establecimientos privados, fiscales y municipales; Alteren la libre circulación a personas, vehículos u otros: Insulten a la Fuerza Pública (FF.AA., Carabineros y Gendarmería); Inciten, promuevan o fomenten actos, marchas, etc, que después terminen en desórdenes".

Además, el ministro del Interior tendrá la facultad de formular querellas por delitos de "orden público" y Carabineros y PDI tendrá toda la libertad de incautar material audiovisual y fotográfico de las marchas o acto público.

A lo anterior, este punto sanciona a todas las protestas o "paros" aun cuando sean a brazos caídos de servicios públicos, así a modo de ejemplo, todo funcionario de la salud que participe cometerá este delito.

Con nombre y apellido

Asimismo, y respecto al inciso que señala que aquellos que llamen a manifestaciones y que terminan en desórdenes, en términos coloquiales propone que si por ejemplo Gabriel Boric o Camila Vallejo llaman a la realización de una marcha, donde se podría "preveer que iban a generarse desórdenes" Boric y Vallejos cometen un delito.

En cuanto al material que se pueda confiscar, la ley asegura "f) Consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, de conformidad a lo prevenido en el artículo 181".

¿Qué significa esto? Esta norma pretende facultar a Carabineros o a la PDI para que de mutuo propio, vale decir, sin necesidad de autorización de la Fiscalía o del Poder Judicial, puedan empadronar y solicitar copias "voluntarias" de las fotografías, filmaciones o grabaciones de audio que se hayan podido tomar.

¿Cuál es el tema? Si alguien en una marcha esta sacando fotografías, la policía podrá pedir sus datos y solicitarle que entregue sus fotos. Como se trata de archivos digitales es muy probable las policías se amparen en esta norma para llevar a las personas a la unidad policial. Cabe pensar que la norma admite que uno pueda negarse. Negarse no constituye delito, pero esto puede desembocar en diversos abusos. Especialmente es preocupante después de la detención del periodista de Chilevisión Luis Narváez en las protestas de 06 de octubre de 2011.

FUENTE: CAMBIO 21