Columnas
21 de julio de 2012
Las frustraciones que deja la CASEN
El gobierno postergó la información pública de la CASEN 2011 -no obstante que ella estaba disponible- hasta tanto culminara el proyecto de salario mínimo, evitando así que los resultados contaminaran la discusión. De hecho, con los resultados de la CASEN 2011 hubiera sido aún más indefendible la postura del gobierno.
En los resultados públicos que se dieron a conocer el viernes último, y recurriendo a una vergonzosa presentación engañosa de datos agregados, el presidente Piñera afirmó que la pobreza se había reducido. Pocas horas después, el examen desagregado de las cifras muestra otra realidad: por una parte, un leve aumento en la pobreza no indigente y, por otra, una leve reducción de la extrema pobreza, entre 2009 y 2011.
Es así que, en el caso de la pobreza ésta aumenta en 0.2% (del 11.4% al 11.6%) y, en el caso de la indigencia, se reduce en 0.9% (del 3.7% al 2.8%).
Esta situación de estancamiento en nuestros niveles de pobreza habla de una trayectoria muy modesta, no obstante que reducir la pobreza y derrotar la indigencia son la prioridad que este gobierno ha anunciado desde que asumiera.
El apego de este gobierno a una focalización que deja afuera a los segmentos no pobres, pero vulnerables, y que los mantiene con la continua amenaza de empobrecer ante vaivenes de una economía que no controlan. Es cosa de analizar el anunciado ingreso ético familiar, que no es otra cosa que un conjunto de subsidios para los hogares de extrema pobreza y que, en definitiva, significa que el Estado chileno va a aumentar los subsidios desde el 0.11% del PIB al 0.28% del PIB.
Anticipándose a estos previsibles resultados, el gobierno argumentaba en el mes de mayo que el alza de los precios de los alimentos una vez más encarecería la canasta básica de los hogares, afectando de manera especial a los más pobres.
Curioso -por decir lo menos- que ahora el gobierno argumente en una dirección que fue totalmente ignorada en la medición anterior de la CASEN 2009, cuando el propio presidente Piñera atribuyera el alza de la pobreza de entonces a una responsabilidad del gobierno anterior, ignorando el más alto precio de los alimentos de esa época, en plena crisis financiera mundial.
Pero la situación del 2011 (cuando se aplica la última CASEN), nada tiene que ver con la del 2009. Si bien en 2011 hubo alza en los precio de los alimentos, ésta fue considerablemente menor que la experimentada en 2009 y, además, los precios se habían estabilizado cuando se estaba aplicando la encuesta CASEN en terreno a finales del año pasado.
A lo anterior, hay que agregar que, en el período que se efectuaba el trabajo de campo de la encuesta CASEN 2011, el gobierno hacía pública su satisfacción por el crecimiento económico del país y por la creación sostenida de empleos.
A diferencia de cuando se aplicó la CASEN 2009, en que junto con el desmedido precio de los alimentos, Chile vivió los impactos de la crisis en su bajo crecimiento económico y mayor desempleo, en esta ocasión nada de eso estuvo presente. Y a pesar de los mejores indicadores económicos y de empleo, la pobreza se resiste a decrecer.
En esta ocasión se puede decir, con toda propiedad, que es evidente que el crecimiento y el empleo no llegan a los más pobres, y que los empleos que logran llegar a estos hogares son de tan baja calidad que sólo aportan remuneraciones de pobre.
Los resultados de la actual CASEN 2011 ponen en cuestión el tipo de políticas vigentes y que el gobierno defiende cómo virtuosas.
En primer lugar, el apego de este gobierno a una focalización que deja afuera a los segmentos no pobres, pero vulnerables, y que los mantiene con la continua amenaza de empobrecer ante vaivenes de una economía que no controlan. Es cosa de analizar el anunciado ingreso ético familiar, que no es otra cosa que un conjunto de subsidios para los hogares de extrema pobreza y que, en definitiva, significa que el Estado chileno va a aumentar los subsidios desde el 0.11% del PIB al 0.28% del PIB. Estos recursos son los más bajos -sólo después de Perú- de América Latina que, en promedio, destina 0.40% del PIB en subsidios.
En segundo lugar, el encantamiento del gobierno con el PIB como medida de progreso en Chile (que es equivalente, en versión edulcorada, a la tesis del chorreo), en circunstancias que está en cuestionamiento en casi todo el planeta y por los más importantes economistas mundiales la utilidad del PIB como indicador de progreso, especialmente después del aprendizaje que deja la crisis de los países desarrollados.
Y, en tercer lugar, la convicción gubernamental de que es la cantidad de empleos que se crean lo que importa, en desmedro de su calidad. La ausencia de todo esfuerzo de este gobierno por una agenda de trabajo decente -materia que estuvo escondida en la reciente discusión del salario mínimo- elude aquello que realmente le puede cambiar la vida a los hogares de este país, en que tan importante como acceder a un trabajo formal, es contar con ingresos decentes del trabajo.
FUENTE: EL MOSTRADOR
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