En reñida votación en la Cámara de Diputados se rechazó informe del lucro: Oposición pide desestimar voto de diputado RN que se abstuvo
La votación fue de 46 votos a favor y 45 en contra y una abstención, con 92 diputados presentes. El voto de abstención, se sumaría a los de rechazo. Sin embargo, el diputado Gaspar Rivas se habría retirado antes de concluida la votación, por lo que su voto sería nulo.
La mañana de este jueves se realizó la exposición en el Congreso de la diputada del PRI y presidenta de la comisión investigadora del funcionamiento de la educación superior, Alejandra Sepúlveda, sobre el informe que detectó irregularidades en a lo menos siete instituciones y que fue preliminarmente rechazado por la Cámara de diputados.
Esto, luego de que la votación fuera de 46 votos a favor y 45 en contra y una abstención, con 92 diputados presentes. El voto de abstención, se sumaría a los de rechazo. Sin embargo, el diputado Gaspar Rivas se habría retirado antes de concluida la votación, por lo que su voto sería nulo. De ser así, el informe podría ser aprobado.
Frente a ello Sepúlveda señaló "no hay peor diputado que se siente en esta silla a calentar el asiento y que le ordenen como votar, porque Uds. saben que aquí hay lucro en la educación chilena y quien lo niegue no vive en este país. Aquel diputado que no quiera ver esto y vote en contra va a ser deshonesto consigo mismo".
"Del 100% del financiamiento de la educación superior, el 79% lo colocan las familias", agregó la parlamentaria explicando que a los alumnos más pobres se les entrega créditos y a los más ricos becas.
"El Estado ha tenido y tiene, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación". En ese sentido, Sepúlveda advierte que "el Estado en 30 años nunca hizo uso de sus facultades fiscalizadoras para determinar la existencia de lucro".
Por "lucro" se entiende "aquel retiro de excedentes en beneficio directo de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente". La investigación de la Comisión concluye que no solamente existe lucro en la educación superior, sino que además todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, especialmente respecto a la existencia de lucro, no funciona.
Por su parte, la diputada Carolina Goic (DC) afirmó que "el informe que se nos ha presentado es serio y responsable, pero a la vez es angustiante. Se ha jugado con los sueños de muchos".
También el parlamentario Guillermo Teillier (PC) sentenció que la "red de influencias en negocio de la educación superior nace en la dictadura, hoy varios dirigentes del período son directores de universidades".
Mientras que el diputado Mario Venegas (DC) sostiene que "el lucro es el ícono de una masiva protesta transversal que reclama por el fin de los abusos" y recordó que el actual Ministro Harald Beyer dijo en 2011 que "las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades".
El diputado Rodrigo González (PPD) llamó a aprobar el informe y afirmó que "si no cambia de actitud el Ministro de Educación, es un cómplice de este sistema" y llamó a Beyer a investigar a cada una de las universidades que menciona el informe y otras.
Desde RN, el diputado Alberto Cardemil sostiene que "hay sesgo y falta de objetividad en la selección de invitados" y aseguró que "vamos a votar negativamente el informe".
"El informe no cumple el objetivo", afirmó el diputado Gustavo Hasbún, señalando que el trabajo "es sesgado porque protege intereses económicos ligados a partidos políticos. El parlamentario se quejó además de por qué sólo se incluyeron algunas instituciones y no todas las que están lucrando.
El diputado Germán Becker (RN) sostiene que "las conclusiones que se emiten en el informe no provienen de antecedentes concretos" y aseguró que "es posible que haya lucro, pero las conclusiones no dicen absolutamente nada".
Por último, el diputado Romilio Gutiérrez (UDI) defendió al Ministro de Educación señalando que "el ministerio no tiene ni ha contado con las atribuciones para controlar y fiscalizar a las instituciones. Creo que más allá de ser una maniobra política y comunicacional la acusación constitucional, no contribuye al debate para mejorar el sistema de la educación superior. Deberíamos actuar con responsabilidad".
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FUENTE: CAMBIO 21
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