Frente Amplio Unitario

Ministerio del Trabajo excluye a ex funcionarios del gobierno de Bachelet de los programas de formación de líderes sindicales. Diputada anuncia fiscalización

Por Luis Casanova R.
Las bases de un programa de capacitación señalan que no pueden ser relatores (monitores) “aquellas personas que se encuentren actualmente o se hayan desempeñado en un cargo público dentro de los últimos cinco años”. “No es posible que con recursos públicos se definan proyectos sobre la base de exclusiones y persecuciones”, alegan desde la oposición.

La unidad de Diálogo Social de la subsecretaría del Trabajo, en su afán de "contribuir a mejorar la calidad del trabajo y así la empleabilidad y a la productividad vía capacitación", que es lo que informa en su sitio web institucional, elaboró un programa de formación sindical tendiente a potenciar liderazgos que ayuden a los empleados de Santiago y regiones a desempeñarse de mejor forma en el mundo laboral.

Hasta ahí todo bien. El problema surge con la Línea de Formación de Nuevos Líderes Sindicales y, específicamente, en uno de los acápites de las bases, que tiene relación con los relatores que van a estar a cargo de los cursos.

Cerradas las bases para postular a estos cursos de capacitación, a mediados de mayo de este año, el portal digital del ministerio publicó un extenso listado de preguntas y respuestas, ítem que esclarece todo tipo de dudas sobre los contenidos y procedimientos generales y específicos de los módulos.

Es acá, en el punto 6.1.4. ("Académicos"), donde surge la polémica, dado que el programa explicita qué tipo de profesionales están imposibilitados de ser monitores. Textual, se afirma que no pueden ser relatores "aquellas personas que se encuentren actualmente o se hayan desempeñado en un cargo público dentro de los últimos 5 años".

Uno de los postulantes pregunta a continuación: "¿Qué se entiende como cargo público?". Luego agrega: "Si uno trabajó a contrata u honorarios en algún ministerio, ¿es considerado también cargo público?"

Sin responder la consulta, el ministerio volvió a enunciar que "en ningún caso los cursos podrán ser impartidos o dictados por personas afiliadas a las entidades sindicales a las que pertenecen los beneficiarios de cada proyecto. Tampoco podrán impartir los cursos personas que hayan estado afiliadas y se hayan desafiliado en los dos últimos años de la respectiva organización sindical, ni tampoco podrán ser relatores aquellas personas que se encuentren actualmente o se hayan desempeñado en un cargo público dentro de los últimos 5 años".

¿Qué quiere decir esto? Que en cifras concretas, quedaron automáticamente excluidos para oficiar de monitores o relatores de estos cursos de liderazgo sindical todos aquellos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet que se desempeñaron en sus puestos entre 2006 y 2010, sumados a los que hoy (2011) aún permanecen en la administración de Sebastián Piñera.

Para conocer en detalle las razones de esta particular medida, se intentó conversar con el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda (RN), como asimismo con los encargados de la unidad de Diálogo Social de la entidad, ya sea en persona, por teléfono o vía email.

Se preguntó si el mentado plazo de cinco años de prohibición busca que personal de otros mundos políticos acceda a este programa, si existe un tinte político que influyó en esta determinación y también -a manera más amplia- si esta unidad de Diálogo Social mantiene una relación directa con la CUT y otros gremios existentes en el país.

Hasta el cierre de esta edición, ningún directivo de la Unidad Social, ni el subsecretario Baranda hablaron con Cambio21 sobre esta materia.

Se viene la fiscalización

Desde la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, la diputada Adriana Muñoz manifestó a este diario que la decisión del ministerio del Trabajo "es de una clara persecución. No entiendo que en un país en el que existe un Estado de Derecho y una plena democracia, existan exclusiones de esta naturaleza en las bases de un programa".

"Son intolerantes a la diversidad de pensamiento que pueda existir en esta área específica de dirigentes sindicales y funcionarios públicos y habla muy mal de lo que está haciendo el gobierno con los recursos de todos los chilenos en programas públicos de formación sindical", agregó.

La parlamentaria PPD explicó que "si bien es una unidad sobre la que no se conoce mucho sobre su trayectoria, es la primera señal que se da sobre una investigación ligada a la pertenencia histórica de determinadas personas que quieran optar al programa, además, dependiendo de su período de trabajo y si correspondió a uno u otro gobierno. De verdad, esto es terriblemente persecutorio. Nunca la Concertación lo hizo. Y eso que asumimos la conducción del gobierno después de una dictadura".

Muñoz, ex presidenta de la Corporación, anticipó que el siguiente paso será "fiscalizar directamente las bases, porque se trata de recursos públicos. Entonces, no es posible que recursos públicos se estén usando en programas y capacitaciones y se estén definiendo proyectos sobre la base de exclusiones y persecuciones".